En 2017 el Congreso de Estados Unidos estableció que el CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, asumió el control de los principales puertos marítimos del país adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La organización criminal ha contado con el presunto apoyo de exfuncionarios de esa dependencia, por lo que la administración de López Obrador intenta que sea la Secretaría de Marina la que los tutele. La propuesta ha causado polémica, pues hay quienes dicen, desde la SCT, que eso significa la militarización de actividades que corresponden a civiles.
Más de un año después de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a combatir la violencia criminal y a erradicar toda forma de corrupción, los principales puertos de México –Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos– siguen bajo el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reconoce la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
“Los puertos marítimos son piezas clave para la introducción de los precursores químicos que después son vendidos a todo el mundo como metanfetaminas, heroína y fentanilo”, establece información de inteligencia administrada por esa institución que encabeza Alfonso Durazo, y admite que el gobierno federal no ha logrado desmantelar el control criminal de estos estratégicos centros portuarios del país.
“Actualmente, el CJNG tiene el control de los puertos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Coatzacoalcos y Veracruz. Desde el Pacífico (Lázaro Cárdenas y Manzanillo) entran los precursores químicos que son enviados desde China”, señala el documento del que Proceso tiene copia.
De acuerdo con el documento, elaborado con información de inteligencia de las secretarías de Marina y de la Defensa, el Sistema Portuario Nacional consta de 102 puertos y 15 terminales distribuidos en sus 11 mil 500 kilómetros de territorio costero. En el Pacífico hay 58 puertos y terminales, mientras que el Golfo y el Caribe cuentan con 59.
“Los puertos del Pacífico se volvieron estratégicos a la hora de elaborar las rutas criminales de drogas, debido a que los precursores químicos tienden a venir desde China, estando la costa del Pacífico mexicano en línea recta con las costas asiáticas”, enfatiza.
Añade: “El fenómeno de los puertos no ha sido algo que se diera de la noche a la mañana. En realidad, ha sido la manera más eficaz para los cárteles de introducir cargamentos de precursores (químicos), después de (que) los satélites internacionales que son operados por infraestructura estadunidense tengan el dominio de quién entra y quién sale del país en el terreno aéreo”.
Y subraya: “Debido a este nuevo tipo de tecnologías se volvió necesario para las organizaciones del crimen organizado innovar y buscar la introducción de los precursores de otra manera. Fue así como las organizaciones delictivas tomaron el control de los puertos marítimos, donde la introducción de los mismos se volvió el modus operandi de ellos”.
El documento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recuerda que, desde 2017, el informe “México: crimen organizado y organizaciones de tráfico de drogas”, del Congreso de Estados Unidos, estableció que el CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, asumió el control de los principales puertos marítimos del país y esto fue “un elemento primordial para entender la expansión de ese grupo” en los más recientes años.
Sin aludir a este cártel, el presidente López Obrador se refirió a la “gran corrupción” que existe en los puertos del país en la conferencia de prensa del jueves 9, en la que informó que están en curso varias investigaciones al respecto y acusó que están involucrados funcionarios de puertos adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
“Hay una gran corrupción en todo lo que es el manejo de puertos y ya estamos atendiendo este asunto… Tenemos investigaciones abiertas, pruebas de que administradores de puertos o están coludidos o se hacen de la vista gorda en actos de corrupción”, subrayó.
Y pese a que ya tiene más de 13 meses al frente del gobierno, López Obrador enfatizó que esta corrupción fue resultado de las complicidades de los gobiernos anteriores y específicamente de los extitulares de la SCT.
“Esto se toleró durante muchos años: secretarios de Comunicaciones –ahí se los dejo de tarea a ustedes para que investiguen– que se dedicaban a proteger actos de corrupción”, dijo a los periodistas.
Precisamente por eso, aseguró, el Congreso analiza una iniciativa de ley para retirarle a la SCT sus facultades en materia de autoridad marítima mercante y trasladarlas a la Secretaría de Marina, que se prevé avalar en el próximo periodo de sesiones.
“Por eso lo de la iniciativa de ley para darle más facultades a la Secretaría de Marina en la vigilancia de los puertos, porque siempre han existido estas diferencias entre la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Marina. Afortunadamente le tengo confianza a los dos secretarios y son gentes maduras y honestas.”
Funcionarios cómplices
En el documento de la SSPC, que un funcionario de la institución plenamente identificado entregó al reportero, se detalla en parte el modus operandi de funcionarios de los puertos bajo control del CJNG.
“El control de los puertos no tiene mucho mayor importancia, a menos que se tenga acceso a la lista de los materiales que transportan los transportes de carga. Según varios reportes de inteligencia, el control de los rayos gama en los puertos tienden a ser la pieza clave para poder omitir qué cargamentos se checan y cuáles no.”
Añade. “Quien controla esas máquinas da salida a todo tipo de mercancías. Si vienen los cargamentos con una diferente especificación y los controladores de los rayos gama lo saben, tienen la suficiente autoridad para frenarlos. La mayoría de los casos de corrupción que se tienen conocidos son con estos operadores”.
Enfatiza el documento: “La información de cargamentos con cuestiones relevantes son comunicadas a los grupos criminales y después se roban los cargamentos. Todo esto ocurre bajo el contexto de la fuga de información”.
Entre los personajes identificados por ser parte de “la corrupción portuaria”, el documento identifica a un prominente funcionario desde 1988: “Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler. Fue director de Pemex con Carlos Salinas de Gortari (sic), secretario de Energía con Ernesto Zedillo, secretario de Comunicaciones y Transportes con Felipe Calderón, y presidente de la Bolsa Mexicana de Valores”.
El documento de la SSPC indica que durante la administración de Téllez como titular de la SCT, entre 2006 y 2009, en el gobierno de Calderón, “la Marina Mercante mexicana sufrió una reducida presencia de navieras mexicanas y hubo un gran desprestigio de funcionarios públicos designados por él”.
Enfatiza: “Entre esos funcionarios se encontraban César Patricio Reyes Roel y Raymundo Mata Contreras. El segundo como director general adjunto de Marina Mercante, de la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, fue investigado por fraude y quebranto de 5 millones de pesos contra el Sindicato Nacional Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana, e incluso se llegó a emitir una orden de arresto en su contra”.
Según el documento, Reyes Roel, exdiputado federal del PAN, “apoyó en 2010, públicamente, al priista César Duarte, exgobernador a quien recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le ha bloqueado 868 cuentas bancarias con un acumulado de más de 5 mil millones de pesos. En octubre de 2012 se le vinculó a Téllez Kuenzler con delitos de lavado de dinero, fraude fiscal y contrabando, en una investigación encabezada por Ramón Cabrera León”.
Sin embargo, en la actualidad, al menos un alto funcionario de la SCT ha sido puesto bajo sospecha de corrupción: Nada menos que el director general de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, Héctor Mora Gómez, acusado de supuesta implicación en lavado de dinero del narcotráfico.
En efecto, el 9 de abril del año pasado, durante la comparecencia ante el Senado del titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, el senador panista por Aguascalientes Antonio Martín del Campo aseguró que en 2017 la Corte de Distrito del Sur de California presentó cargos contra Mora Gómez por presuntos actos de lavado de dinero y tráfico de drogas, con base en una investigación de 18 meses realizada por la DEA.
Al mostrar un legajo de documentos que, según dijo, es el resolutivo de la DEA, el legislador federal añadió que ese mismo año la Dirección General de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos “identificó a Mora Gómez como un narcotraficante destacado, siendo que congeló precisamente sus cuentas”.
Al respecto, Jiménez Espriú dijo desconocer el asunto y solicitó a Martín del Campo una copia del documento, mostrándose “muy interesado en que eso quede perfectamente esclarecido”.
Añadió que entre los requisitos que el presidente de la República le pidió cuidar al realizar los nombramientos, fue que 60% de la calificación de las personas propuestas sea la honestidad clara y pura, que 30% sea su vocación por el servicio público y que 10%, que sepa manejar el abanico.
En respuesta, el capitán Héctor Mora calificó como “un invento” los señalamientos del senador que lo vinculan con el narcotráfico: “Me parece nefasto que me digan eso a mí, que no he tenido contacto con las drogas, ni siquiera de consumo, mucho menos de otro tipo de índole”.
“Militarización”
En este contexto es que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó, a petición del gobierno de López Obrador, la iniciativa que pretende quitar el control de los puertos a la SCT y unificar la autoridad en la Secretaría de Marina.
Estaba previsto que el 10 de diciembre se aprobara la iniciativa, pero ante las críticas, provenientes inclusive del propio gobierno, el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, solicitó posponer la dictaminación de la iniciativa.
Incluso Jiménez Espriú se opone a la reforma, porque implica una “militarización” de actividades que corresponden a civiles.
El propio coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Héctor López Gutiérrez, declaró al diario Milenio que la iniciativa es “inconstitucional”, pues estaría violando el artículo 129 de la Constitución, que establece que “en tiempos de paz, ninguna actividad civil puede ser desarrollada por autoridades militares”.
Además, argumentó, una iniciativa así es “propia de gobiernos dictatoriales: “De 180 países de la OIM (Organización Marítima Internacional), sólo siete (como) Corea del Norte, que tiene un régimen dictatorial terrible, y Chile, que sufre problemas producto de la dictadura de Pinochet. ¿No le dice a usted algo de lo inconveniente que es el manejo por parte de autoridades militares de los puertos comerciales de la Marina Mercante? Estados Unidos, que es potencia militar, no tiene militarizados sus puertos (…) ¿Por qué México sí?”.
Pero López Obrador sostiene que no se trata de militarizar, sino de dar mayor seguridad en los puertos mediante la Secretaría de Marina “por la importancia estratégica que tienen”, como lo enfatizó el 9 de diciembre último.
“Cuando se habla de militarizar se exagera. No es eso, es tener el control de los puertos por contrabando, por tráfico de drogas, ser más eficientes en todo lo que son entradas de mercancías, de carga y de sustancias en puertos. Es como se está actuando en aduanas y como estamos actuando en todo.”
Mientras tanto, el Cártel del Mencho sigue controlando los principales puertos de México…
