En un recorrido por las armerías del sur de Estados Unidos, Proceso comprobó que las constantes exhortaciones del gobierno mexicano a la administración de Donald Trump no surten efecto: ahí se puede adquirir todo tipo de armamento. Además, se confirmó que México no tiene recursos tecnológicos ni personales en los puentes fronterizos para detectar el ingreso de esa mercancía letal. No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores propuso a la autoridad estadunidense realizar un operativo conjunto para detener el contrabando de armas, en un esfuerzo equiparable al que se despliega contra la migración ilegal.
Nogales, Arizona/Cd. Juárez, Chihuahua.– El gobierno de Andrés Manuel López Obrador le exige al de Donald Trump que “congele” el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, pero la realidad en la frontera común expone un desinterés de Washington por hacerlo y la irresponsabilidad de las autoridades mexicanas para contenerlo.
El tráfico hormiga, como se conoce a la táctica usada por los traficantes para meter ilegalmente armamento a México, sigue vigente en los principales puentes trasfronterizos y, como pudo corroborar Proceso, este método parece pasar inadvertido para el gobierno de López Obrador.
“Hormigas” llaman los traficantes de armas a los miles y miles de mexicanos que todos los días cruzan caminando la frontera al salir de trabajar en Estados Unidos, tras realizar compras en supermercados o en los malls y que casi nunca son revisados por los aduaneros mexicanos encargados de cribar paquetes, bolsas y bultos.
En el tráfico hormiga se cuenta también a los mexicanos o personas de distinta nacionalidad que ingresan al territorio mexicano por Estados Unidos en su auto con placas de algún estado de la frontera norte, y que extrañamente son sometidos a escrutinio por la aduana mexicana.
En vehículos privados, camiones de carga comerciales, bolsas de mandado, mochilas, cajas de cartón y cualquier otro embalaje, todos los días entran a México ilegalmente cientos, si no miles, de armas procedentes de Estados Unidos.
Para corroborar que el tráfico hormiga está más latente que nunca y que el gobierno de Trump –pese a las promesas que le ha hecho al de AMLO– no asume como responsabilidad propia revisar a las personas y autos que cruzan a México, Proceso realizó un recorrido en armerías y puentes trasfronterizos a lo largo de la frontera sur de Arizona y de Texas.
La Oficina para la Rendición de Cuentas Gubernamentales (Government Accountability Office, GAO) del Congreso federal de Estados Unidos sostiene en su más reciente reporte que 70% de las armas confiscadas en México son de manufactura estadunidense. En el documento, fechado en junio de 2019, la GAO indica que la “vulnerabilidad de las fronteras del norte mexicano facilita el trasiego de armamento”.
Se refiere a que el gobierno mexicano carece de personal de aduanas y de tecnología en los puentes transfronterizos para revisar a las personas y automóviles que ingresan desde Estados Unidos.
Esta situación no es nueva, ha prevalecido durante décadas en la frontera norte del país y tuvo un auge en el sexenio de Felipe Calderón, con su guerra contra los cárteles de las drogas: los narcos respondieron aterrorizando al país y asesinando a decenas de miles de personas con su poder de fuego.
López Obrador, con la colaboración de Trump, prometió contener el tráfico ilegal de armas, algo que todavía no se palpa en la zona limítrofe.
Primero los “bisnes”
Portando una maleta grande y pesada que contenía equipo y cámaras de fotografía, el corresponsal y un reportero gráfico de Proceso registraron la ausencia de revisión aduanal a los mexicanos y personas de otras nacionalidades que ingresan caminando al país desde Estados Unidos.
Luego de visitar varias armerías en la ciudad de El Paso, Texas, simplemente para mostrar la facilidad con la que se adquieren rifles, pistolas y municiones de alto calibre, los reporteros ingresaron a México por el Puente Internacional Paso del Norte.
Cargando la maleta repleta de equipo fotográfico, los reporteros salieron del territorio estadunidense sin ser revisados por autoridades de ese país, ya que no es su responsabilidad, e ingresaron al mexicano por el puente que desemboca en la zona centro de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Junto a mujeres y hombres con bolsas de mano, mochilas y otros bultos, los reporteros incluso pasaron al lado de un soldado mexicano que ni se molestó en observar la mochila que el corresponsal portaba en la mano izquierda.
La entrada peatonal a México desde Estados Unidos es una ignominia. No existe ni siquiera un simple detector de metales que dificulte un poco el ingreso de armas completas o en partes.
Estas fallas las han aprovechado los cárteles de la droga y los contrabandistas de armas. En ciudades norteñas, como Ciudad Juárez, Chihuahua, y Nogales, Sonora, la población conoce el negocio. Los traficantes pagan cuotas de entre 30 y 2 mil dólares a los civiles que se presten a cruzar armas entre su equipaje y sus bultos.
En Ciudad Juárez, por ejemplo, muchas personas saben que por pasar una caja de balas de cualquier calibre con 50 unidades de El Paso a México por alguno de los puentes, les pagan hasta 100 dólares.
Meter partes de una pistola entre las bolsas de mandado, mochilas con útiles escolares o bultos con ropa o en muebles significa una ganancia de entre 30 y 200 dólares. Pasar, igualmente en partes, un rifle semiautomático de alto poder, puede implicar un pago de hasta 2 mil dólares, si se trata de un calibre .50.
No existe riesgo alguno porque no se hace un contrato con ninguna organización criminal. Son simplemente bisnes.
Con la misma facilidad se pueden adquirir pistolas, rifles y municiones de cualquier calibre en las decenas de armerías dispersas en el sur de Estados Unidos. Los reporteros visitaron varios de esos establecimientos en El Paso y en Douglas, Arizona, para comprobar que a los vendedores estadunidenses no les interesa el lugar a donde vayan a parar sus mercancías.
En algunas armerías los reporteros preguntaron precios: desde una pistola calibre .22 (para damas) hasta los rifles calibre .50. En una de las tiendas, cuando el reportero le preguntó al vendedor si había un descuento en la compra de dos pistolas calibre 9 milímetros, éste se apresuró a responder que sí, aunque debía consultarlo con el dueño.
El único requerimiento para comprar armamento en las ciudades y poblaciones fronterizas de Arizona y Texas es que el interesado no tenga antecedentes penales, lo que se puede obviar si la adquisición se paga inmediatamente y en efectivo.
De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, por los seis puentes fronterizos entre Ciudad Juárez y El Paso cruzan caminando diariamente, de sur a norte y a la inversa, unas 25 mil personas. Ni 1% de ellas son revisadas por el personal mexicano de aduanas.
Los armeros estadunidenses animan a sus clientes potenciales: “La única manera en que no le puedo vender es que exista una ley para prohibirlo; se puede llevar lo quiera, el calibre .50 si le gusta”, le dijo al corresponsal un vendedor en El Paso.
Desinterés de Trump
Casi desde el arranque de su mandato, una de las demandas de López Obrador a Trump fue detener el tráfico ilegal de armas. El estadunidense y su secretario de Estado, Mike Pompeo, prometieron aumentar la vigilancia en su frontera sur para garantizarlo.
A finales de agosto de 2019 funcionarios de ambos países se reunieron para definir estrategias de combate al narcotráfico y el contrabando de armas. Se acordó que, en reciprocidad a los esfuerzos del gobierno mexicano para contener el ingreso de inmigrantes centroamericanos y de otros países a Estados Unidos para solicitar asilo, Washington se comprometía a congelar el flujo de armamento.
Sin embargo, existen indicadores del desinterés de Trump por los efectos de ese delito en México.
De acuerdo con las últimas cifras que dio la organización no gubernamental Brady United, que pugna por prohibir la venta indiscriminada de armas, cada 24 horas mueren 310 personas a causa de heridas de armas de fuego. Si con esos datos Trump no tiene la intención de enviar al Capitolio un proyecto de ley que prohíba el comercio de armas semiautomáticas, es aún menos probable que intente aliviar la situación de su vecino del sur.
Además, el Centro para Control de Enfermedades, dependiente del gobierno federal estadunidense, informa que anualmente unas 113 mil 108 personas son víctimas de ataques con armas de fuego, 36 mil 383 de las cuales pierden la vida y mil 488 de los fallecidos son menores de edad.
Ni siquiera las matanzas masivas, pese al dolor que causan a la sociedad estadunidense, conmueven al presidente Trump ni al Congreso federal. Registros del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, muestran que en 2018 se vendieron en ese país armas por 10 mil 508 millones de dólares, ligeramente menos que los 12 mil 485 millones de dólares que alcanzó el negocio en 2017.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA), que cabildea en el Congreso federal estadunidense para evitar que se modifiquen las leyes que permiten la venta de las armas, invierte anualmente unos 2 mil 300 millones de dólares para lograr su propósito.
Al respecto la organización Open Secrets –dedicada a auditar las contribuciones que personas y organizaciones no gubernamentales realizan al sistema político de Estados Unidos para que no se modifiquen las leyes de venta de armas– reporta que por cada candidato del Partido Republicano al Congreso federal la NRA gasta 800 dólares, y por cada aspirante demócrata, 400. Esto sin contar las campañas de ambos partidos en los niveles estatal y local.
Open Secrets especifica que la NRA invirtió 21 millones de dólares para que Trump ganara los comicios de 2016 y que para impulsar su reelección en las elecciones del próximo 3 de noviembre gastará aproximadamente 36 millones.
No obstante, para el gobierno de López Obrador “la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad parte del entendimiento de que ambos países somos corresponsables de atender las causas y efectos de grandes retos como el flujo de drogas de sur a norte y el tráfico ilícito de armas y de dinero de norte a sur”, como se lee en el documento “El problema de las drogas y tráfico de armas”, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), del cual este semanario tiene copia.
Para alcanzar sus objetivos, a pesar de que no se vean avances en la contención del flujo ilegal de armas por la frontera norte, como resultado de la mencionada reunión de agosto de 2019, los dos gobiernos crearon el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos. El gobierno de AMLO le expuso al de Trump que el combate al contrabando de armas es una de las prioridades inamovibles del sexenio.
“Este delito es uno de los factores que explican la violencia en México, y esta actividad es encauzada en gran medida por los grupos delictivos dedicados al narcotráfico, ya sea para su propio uso, venta ilícita o medio de pago en especie”, sostiene el documento de la SRE.
Éste destaca asimismo que “el combate estructural al tráfico ilícito de armas es crucial, como lo evidencian los sucesos ocurridos en Culiacán, Sinaloa (17 de octubre), Bavispe, Sonora (4 de noviembre), y Villa Unión, Coahuila (30 de noviembre), que muestran la gran capacidad de fuego de los grupos de la delincuencia
organizada”.
De esa forma las autoridades mexicanas hicieron saber a las estadunidenses que al disminuir el flujo ilegal de armas bajaría el de drogas, porque los cárteles tendrían menos poder para intimidar a los gobiernos locales y a la sociedad. Pero en Washington no hay señales que indiquen un próximo cambio en las leyes, y menos en pleno año electoral.
Operativo conjunto
“Se estima que anualmente ingresan ilegalmente 250 mil armas de fuego a México, y que 70% de las armas aseguradas en México proviene de Estados Unidos, primordialmente de Texas (27%), California (16%) y Arizona (9%)”, subraya el citado reporte de la SRE.
El 21 de julio de 2019, en su reunión con Pompeo, el canciller Marcelo Ebrard pidió que el gobierno estadunidense, en colaboración con el mexicano, desplegara un operativo para contener el flujo de armamento de norte a sur en los puntos fronterizos estratégicos; San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros.
“México requiere del gobierno de Estados Unidos un esfuerzo equiparable al que se ha implementado para contener el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, incluyendo cooperación de tecnología, operativos espejo, intercambio de información y despliegue de autoridades y mecanismos de revisión fronteriza”, enfatiza el gobierno mexicano en el documento.
Para tal efecto, el gobierno de López Obrador desplegó efectivos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Guardia Nacional y de otras dependencias federales. Por el lado estadunidense colaborará personal de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), ATF y el Buró de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interior (HSI).
El operativo conjunto se basa en el compromiso de que “el gobierno de México no va a descuidar el esfuerzo de control migratorio que ha desplegado en todo el país” y se llevará a cabo en los siguientes puntos fronterizos:
–En el puesto “El Centinela”, en Tijuana, Baja California, se desplegarán 41 elementos y ocho vehículos por turno. Del lado estadunidense estará en San Ysidro, California.
–El puesto “Samalayuca”, en Ciudad Juárez, Chihuahua, contará con 58 efectivos y 10 vehículos por turno. Del lado de Estados Unidos se ubicará en El Paso.
–En Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas, se ubicará el puesto “La Antigua Garita”, con 37 elementos y ocho vehículos por turno.
–El puesto de “El Encanto” (jurisdicción de Nuevo León) estará en China (NL) y la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con 37 efectivos y ocho vehículos por turno. Del otro lado de la frontera estará en McAllen, Texas.
–Por último, el puesto “Pancho Villa la Y” (también en jurisdicción nuevoleonesa) se instalará en Matamoros y en San Fernando, Tamaulipas, con un despliegue de 37 elementos y ocho vehículos por turno, mientras del lado norte se ubicará en Brownsville, Texas.
Al reconocer la necesidad que tiene el gobierno de México en parar el torrente de armas ilegales, la SRE le propuso a Pompeo que en los cinco “puestos” del lado estadunidense se integren dos agentes mexicanos a los equipos de CBP, el ATF y el HSI.
“El 21 de noviembre el gobierno de México presentó una propuesta de acuerdo bilateral para institucionalizar el intercambio de información y establecer un marco jurídico bilateral para realizar acciones de combate al tráfico ilícito de armas. El gobierno de Estados Unidos está revisando el proyecto de acuerdo.
“El gobierno de México no está solicitando donaciones de equipo para este esfuerzo de cooperación, sino la acción decidida de las autoridades estadunidenses en su propio país para frenar el tráfico de armas hacia México”, concluye el reporte de la SRE.
