Uno de los ejes del discurso del presidente López Obrador es la transparencia, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por uno de sus más cercanos operadores, Marcelo Ebrard, no ha podido informar cuáles son las funciones oficiales del empresario Javier Joaquín López Casarín, de tormentoso pasado en los negocios con el poder público. El amigo del canciller ha tenido actuaciones del más alto nivel en la dependencia…
El empresario Javier Joaquín López Casarín, operador y mano derecha de Marcelo Ebrard Casaubon, ejerce un poder fáctico dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): sin ser servidor público ni diplomático, tuvo interlocución en el más alto nivel con el gobierno de Donald Trump, gozó de un pasaporte diplomático, ha realizado misiones en nombre del canciller y, durante por lo menos tres años, tuvo como empleado al actual oficial mayor de la dependencia.
En la última década este personaje amasó una fortuna en contratos con gobiernos estatales, militó en la corriente Movimiento Progresista de Ebrard en el PRD, fue prófugo de la justicia e incluso pasó una noche en el penal de Topo Chico por un fraude millonario perpetrado en perjuicio de 26 mil 500 maestros de Nuevo León, con 23 carpetas de investigación vigentes.
En varias ocasiones la SRE minimizó la influencia del empresario en el círculo de Ebrard: por ejemplo, desmintió a Julie Hirschfeld Davis y a Michael D. Shear, corresponsales de The New York Times en Washington, quienes documentaron que, en pleno periodo de transición, López Casarín negoció en secreto con la administración de Trump los lineamientos del polémico plan Quédate en México.
Una carta en poder de Proceso refuerza la versión de los periodistas estadunidenses: el 4 de febrero de 2019, a dos meses de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, Kirstjen Nielsen, entonces titular del Departamento de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos, envió una carta a la sede de la Cancillería dirigida al empresario, al que identificó como “Javier López Casarín, jefe de Asesores del secretario Marcelo Ebrard”.
“Querido Javier –escribió la encargada de aplicar la política antimigrante de Donald Trump–, quería agradecerle por su liderazgo y hospitalidad durante el periodo de transición entre la administración pasada y la administración de López Obrador y, ahora que están en el gobierno, por su cercana cooperación con nosotros en un rango de temas de importancia
mutua.”
En la misiva, Nielsen reconoció al empresario por su “cercana cooperación con nosotros” y agregó: “Confío en que Usted y el secretario Ebrard seguirán siendo socios esenciales para el DHS y Estados Unidos”.
Inmediatamente la funcionaria dio las gracias “tardías” a López Casarín por el “regalo” que el mexicano le envió el año anterior: una “pintura hermosa de un águila”. “Fue un regalo muy encantador y un gesto amable, aprecio su generosidad y su consideración”, abundó.
Al respecto, el vocero de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, dice a Proceso que a principios de año Ebrard ofreció a López Casarín el cargo de director general eventual. Éste aceptó en un principio, pero en marzo pasado prefirió no entrar en el gobierno “por motivos personales”. Velasco no explica por qué Nielsen lo identificó como “jefe de asesores”.
El vocero reconoce que el empresario es amigo de Ebrard y “facilitó” encuentros con el gobierno de Trump durante el periodo de transición, pero insiste en que nunca tomó “ninguna decisión” ni participó en las reuniones sobre migración que se llevaron a cabo el año pasado.
Tras afirmar que el papel de López Casarín ha sido “sobredimensionado” en los medios, resalta que desde octubre pasado el empresario preside de manera honorífica el Consejo Técnico Académico y Científico de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La oficina alterna
En su libro Border Wars: Inside Trump’s Assault on Inmigration, Hirschfeld y Shear revelaron que, en noviembre de 2018, Ebrard envió a López Casarín a Washington para negociar el plan Quédate en México con Miles Taylor, entonces jefe de asesores de Nielsen en el DHS.
Según los periodistas, Washington ejerció presión sobre Ebrard y su equipo: Nielsen, Mike Pompeo –el secretario de Estado– y Taylor afirmaron que Trump podría volverse “loco” y cerrar la frontera en caso de que México no aceptara el plan. Finalmente la delegación mexicana accedió, a condición de que en el futuro se presentara como una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos.
La publicación del libro causó una fuerte molestia en la SRE, no sólo porque confirmó que el plan Quédate en México fue producto de un acuerdo, sino también porque exhibió el papel de López Casarín en discusiones que impactaron en la soberanía del país.
Después del periodo de transición, López Casarín volvió a aparecer en el círculo de Ebrard. El 1 de diciembre de 2018 organizó la cena para la delegación del gobierno estadunidense que asistió a la toma de posesión de López Obrador; nueve días después viajó a Marrakech para la cumbre de la ONU en la que México destacó en la firma del Pacto Mundial sobre Migración.
Por estas fechas Ebrard le encargó a López Casarín que buscara un local en Washington para instalar una suerte de “oficina paralela”, donde fungiría como enlace del canciller con el gobierno de Trump sin pasar por la embajada, a cargo de Martha Bárcena Coqui, según reveló la periodista Martha Anaya en enero de 2019 y fuentes cercanas al caso lo confirmaron a Proceso. La diplomática, quien no fue nombrada por Ebrard, sino por López Obrador, se quejó con el presidente y la oficina nunca se abrió.
El 17 de enero de 2019 la Cancillería le entregó a López Casarín el pasaporte diplomático D00058887, en el que aparece como “director general en la Secretaría de Relaciones Exteriores”. Con ese documento, el empresario viajó, por ejemplo, a Nueva York el 18 de enero de 2019, donde participó en el proceso de compra de 571 pipas destinadas a distribuir gasolina, en plena ofensiva de la administración contra el robo de hidrocarburos. El pasaporte diplomático de López Casarín fue cancelado en marzo pasado.
Todavía el pasado jueves 9 la SRE le ofreció a López Casarín otra oportunidad de lucirse: fungió como moderador en una ponencia de la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules, titulada “El impulso del conocimiento y la innovación en la política exterior de México”.
En este acto, frente al cuerpo diplomático mexicano, se presentó el robot REK, una máquina parecida a una muñeca rusa con una tablet instalada en el pecho. Ebrard celebró el acontecimiento en su cuenta de Twitter.
López Casarín no sólo tiene vínculos con el secretario de Relaciones Exteriores. En los datos curriculares que presentó en su declaración patrimonial, José Antonio Domínguez Carballo, el oficial mayor de la SRE y quien fue director general de Asuntos Políticos en la Secretaría de Gobierno capitalina y posteriormente auditor general durante la administración de Ebrard, dejó un hueco entre 2014 y 2018.
Según su perfil en la red laboral Linkedin, desde julio de 2015 Domínguez Carballo fue gerente regional de estrategia en la consultoría CRIPTO Estrategia Política y Gobierno, una de las empresas de López Casarín. La SRE precisó que, según el funcionario, no tenía obligación de reportar esta ocupación en su declaración patrimonial.
No queda claro el origen de la relación entre Ebrard y López Casarín; sin embargo, en 2012 el empresario militó en el Movimiento Progresista, la corriente que el entonces jefe de gobierno capitalino creó en el PRD junto con su mentor, Manuel Camacho Solís, para ganar influencia en el partido con vista a las elecciones presidenciales de 2018.
En abril de 2012 López Casarín se presentó como suplente de Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, candidato a diputado federal por el distrito 11 del entonces Distrito Federal –correspondiente a la entonces delegación Venustiano Carranza– por la coalición Movimiento Progresista. Meses después el empresario se desistió de la candidatura.
En aquel entonces López Casarín tenía un contrato con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca, en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, para dispersar los recursos de los programas sociales a través de tarjetas bancarias, por 40 millones de pesos anuales. Este servicio se extendió al menos entre 2012 y 2014, por un monto que rebasó los 120 millones de pesos.
En agosto de 2014, mientras la administración capitalina de Miguel Ángel Mancera responsabilizaba a Ebrard por las irregularidades en la construcción de la Línea 12 del Metro, Reporte Índigo informó que López Casarín distribuyó a los medios un libro anónimo de 49 páginas titulado La verdad de la Línea 12 del Metro, el cual presentaba una serie de documentos dirigidos a exculpar a Ebrard.
Negocios millonarios
López Casarín, quien se ostenta como filántropo y promotor de la innovación tecnológica, y presidente de la fundación Reinventando a México, construyó su fortuna al amparo del sector público: entre 2011 y 2019 su empresa Soluciones y Programas Integrales SPI, SA de CV, obtuvo contratos millonarios para distribuir tarjetas destinadas a repartir dinero de programas sociales, al menos con los gobiernos de Oaxaca y Baja California.
Para los maestros de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el nombre del empresario está asociado con el de Guadalupe Castillo García, otrora líder de esta fracción sindical: durante cerca de tres años se les descontaron a los 26 mil 500 agremiados 144 pesos mensuales para pagar un supuesto seguro de vida que Castillo contrató con Soluciones y Programas Integrales SPI.
Cada quincena el sindicato entregaba a la empresa entre 1 millón 200 mil y 1 millón y medio de pesos, según consta en los talones de cheques que los sindicalistas conservaron y presentaron como evidencias. En esos dos años fallecieron más de 200 maestros, y cuando sus familiares trataron de cobrar el seguro de vida se dieron cuenta de que nunca existió.
En diciembre de 2015 los profesores interpusieron una demanda colectiva. Castillo García tramitó amparos y López Casarín huyó a Francia. El primero fue detenido el 7 de julio de 2016 y López Casarín, quien era buscado por la Interpol, cayó el 28 del mismo mes en el aeropuerto capitalino, mientras descendía de un avión comercial proveniente de París. Ambos fueron trasladados al penal de Topo Chico, pero salieron al día siguiente para seguir su proceso en libertad.
El profesor Reynaldo González, exsecretario de Desarrollo Tecnológico y Comunicación de la Sección 30, fue expulsado del SNTE en febrero de 2017 por dar seguimiento a la denuncia. En entrevista con Proceso relata que, si bien acudieron 18 mil maestros a demandar, las autoridades sólo reconocieron a 4 mil 700; también relata que la fiscalía estatal únicamente judicializó una de las 23 carpetas de investigación abiertas.
Recuerda: “Inmediatamente después de que detuvieron a Guadalupe Castillo, me busca el jurídico (de Soluciones y Programas Integrales); viene de México, dice que ellos también habían sido defraudados, que a López Casarín le gustaría resolver esto. Lo grabé. Él nos explicaba cómo entregaban el dinero al líder, a quien se le entregó un Mustang del año para venderle el seguro. Estas grabaciones las entregué a la fiscalía”.
Añade que posteriormente los maestros se dieron cuenta de la mentira, pues nunca existió una póliza que apoyara el seguro de vida. “Es muy infantil, hay evidencias de que cada quincena se pagó a la empresa por el seguro”, sostiene González.
“Estamos muy decepcionados, porque en 2015 descubrimos el fraude; la fiscalía nos ha cambiado de fiscal cinco veces. Uno de ellos me llamó con mucha discreción y me dijo: ‘Profe, olvídense del asunto, aquí hay mucho dinero de por medio, hay gente poderosa, y ustedes no tienen con qué moverse’”, dice.
En Sinaloa, la misma empresa de López Casarín fue inhabilitada por siete años el pasado 10 de diciembre por incumplir sus obligaciones en un contrato de más de 205 millones de pesos que le otorgó el gobierno estatal en septiembre de 2012 para imprimir 1 millón 500 mil licencias de conducir con datos biométricos; la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas determinó que los plásticos eran de mala calidad y tuvo que contratar a otra empresa para reelaborar los documentos.
En Baja California, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid otorgó a la empresa una serie de contratos entre 2014 y 2019, mediante adjudicación directa, para operar el programa De la Mano Contigo. La empresa repartió tarjetas para “facilitar la dispersión de los apoyos y beneficios que, en materia de educación, salud y desarrollo social, brinda la Administración Pública”. Entre 2014 y 2019 la administración panista gastó más de 360 millones de pesos en este servicio.
López Casarín también dirige la empresa Focim Construye, SA de CV, que comparte domicilio y sitio de internet con la consultora CRIPTO. Entre sus clientes tuvo a Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Desarrollo Social y el gobierno de Morelos.
En este último estado, Focim obtuvo un contrato de 39 millones de pesos en consorcio con Desarrolladora Cava, propiedad de Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca; el primero es senador panista y ambos son hermanos del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Además, Jorge Espino Ascanio, quien laboró entre 2013 y 2016 en Focim, es actualmente el auditor superior de Tamaulipas.
