Señor director:
La entrevista realizada al empresario Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y los tres artículos sobre el Tren Maya –realizados por el reportero Mathieu Tourliere– publicados el 22 de diciembre de 2019 en Proceso permiten a la opinión pública tener una visión amplia del cuestionable proyecto, el cual no ha sido debidamente informado a los posibles afectados, según se aprecia en la publicación.
Una explicación de la probable intención del gobierno federal sobre el tren es lo relatado a Proceso por el comisario ejidal Luis Chilam Balam, del municipio de Bacalar, en Quintana Roo, quien relató que el director del Fonatur le dijo durante una visita sobre las tierras pensadas para el proyecto: “En el momento en que tú me estás entregando esto, me estás entregando las tierras por 100; ya no tienes nada que ver. Si yo lo vendo en 1 millón de pesos o si lo vendo en dólares, eso es mío…”
En lo escrito por Tourliere se aprecian otras importantes opiniones de los supuestos beneficiarios del proyecto, las cuales de manera notoria expresan que el Tren Maya es un suculento negocio para la clase empresarial y política, señaladas como “la mafia del poder”.
En dicho negocio probablemente los dueños de las tierras mejoren un poco su situación económica con la venta o renta de sus terrenos, o por poder ser obreros, albañiles, carpinteros, empleados, etcétera, que sirvan a la clase empresarial que explote el Tren Maya y todos los negocios que ese medio de transporte puede detonar.
Sin embargo, los terrenos de las comunidades por donde pasaría el tren deben tener un beneficio permanente que asegure el bienestar de las comunidades de esta generación y de las futuras.
Por lo tanto, es recomendable que especialistas, académicos y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales asesoren a los representantes de las comunidades que poseen los espacios que necesita el proyecto, para que en caso de asociarse con el gobierno federal y la clase empresarial lo hagan en igualdad de beneficios, ganancias y derechos. Los especialistas, académicos y las organizaciones tienen la palabra. Proceso ya cumplió con exponer el caso ante la opinión pública.
Atentamente,
Manuel Guerrero Ramos
