A finales de diciembre pasado los zapatistas refrendaron su decisión de oponerse a los megaproyectos del gobierno de López Obrador, en particular el polémico Tren Maya, que las autoridades federales se empeñan en impulsar violando incluso el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Carlos González García, integrante de la Comisión Nacional del Congreso Nacional Indígena comenta a Proceso que el plan de resistencia combina tres estrategias: la organización social de las comunidades; la denuncia en medios y en instancias de derechos humanos nacionales e internacionales, y el despliegue de una estrategia legal por medio de amparos.
En diciembre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Concejo Indígena de Gobierno (CIG) expresaron que se resistirán a los megaproyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya sea el Tren Maya, el Corredor Interoceánico –o Transístmico– o el Proyecto Integral Morelos.
Si bien el EZLN anunció que defenderá los territorios indígenas “hasta morir”, también se dibujan otras vías para frenar esos megaproyectos. En Yucatán, por ejemplo, organizaciones cercanas al CNI evalúan interponer amparos contra la consulta que el gobierno federal organizó sobre el Tren Maya, confirman a Proceso dos representantes.
El abogado Carlos González García, integrante de la Comisión Nacional del CNI, sostiene que este organismo no interpondrá amparos en nombre propio –porque en su seno no hay consenso sobre el reconocimiento a las instancias del Estado mexicano–, pero apoyará a las organizaciones que se opongan por la vía legal a los megaproyectos.
En entrevista con Proceso, González recuerda que, en su última asamblea nacional, el CNI decidió crear un grupo de abogados que se abocará a proveer instrumentos legales a las comunidades en sus acciones de protesta contra el despojo de sus tierras y los megaproyectos.
Según González, esposo de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, el plan de resistencia contra los megaproyectos combina tres estrategias: “La organización social de las comunidades; la denuncia en medios y en instancias de derechos humanos nacionales e internacionales, y el despliegue de una estrategia legal por medio de amparos”.
“Una sola vía no basta”, sostiene González. Dice que en casos como los del Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos se presentará una “ofensiva legal con amparos para frenar el otorgamiento de licencias de construcción, se revisarán las Manifestaciones de Impacto Ambiental y los temas de consulta o los cambios de uso de suelo forestal.
Puntualiza: “El CNI no participa en estrategias jurídicas porque es un espacio, no una organización; sí impulsamos, sí apoyamos, pero a las organizaciones integrantes, no como CNI”.
Aclara también que el EZLN “no comparte la estrategia legal. (Los zapatistas) no están de acuerdo en utilizar las vías legales porque tienen 20 años de ruptura con el Estado mexicano, después de que en 2001 éste rompió los acuerdos de San Andrés”.
El historiador Felipe Ignacio Echenique March, otrora secretario general del sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), adelanta a Proceso que ya se alistan amparos contra los posibles daños arqueológicos que provocará el Tren Maya en la selva, especialmente en la reserva de Calakmul, que “está llena de vestigios arqueológicos”:
“Un grupo de historiadores y arqueólogos estamos preparando amparos y demandas contra quien o quienes resulten responsables por la destrucción del patrimonio nacional denominado monumentos arqueológicos, que existe o se presume su existencia en lo que será el tendido de la vía férrea denominada Tren Maya o en los espacios que detonará esa vía de destrucción”, indica Echenique March.
Y abunda: “Los presentaremos en cuanto las especificaciones sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación”.
“Yo no soy Salinas”
El pasado 20 de diciembre, en la conclusión de su Cuarta Asamblea Nacional –en la que participaron representantes de 24 estados–, el CNI-CIG y el EZLN tacharon a la consulta sobre el proyecto como un “vulgar engaño… cuyo objetivo no es otro que imponer por la fuerza el mal llamado Tren Maya, que entrega los territorios indígenas al gran capital industrial y turístico”.
Y, en su aniversario 26, celebrado el miércoles 1, el EZLN, en voz del subcomandante Moisés, arremetió contra los megaproyectos y la “simulación” de la consulta del Tren Maya –en la que “sólo unas pocas personas participaron”– y aseveró que los pueblos zapatistas “defenderemos (a la madre tierra) hasta morir si es preciso”.
Y añadió: “Sólo quien es un imbécil puede decir que son buenos los megaproyectos; un imbécil o un malvado y mañoso que sabe que miente y no le importa que su palabra esconda muerte y destrucción; entonces, el gobierno y todos sus defensores deberían decir claro qué son: si son imbéciles o si son mentirosos”.
Y, en referencia directa a López Obrador, Moisés planteó: “El capataz no se quedó ahí, también retó a todos los pueblos originarios y dijo que no le importa lo que pensamos y sentimos, que ‘les guste o no les guste’ a los indígenas, él va a hacer lo que le ordenó su patrón; o sea, el mandón; o sea, el gran capital”.
En su primera conferencia de prensa matutina del año, el mandatario dedicó parte de su alocución en responder a los zapatistas: el jueves 2 recalcó: “No queremos pelearnos… no vamos a afectar a nadie, menos a las comunidades indígenas”, y tachó el discurso crítico como “mucha propaganda, mucha carga ideológica”.
Insistió: “No somos así, o sea, no le vamos a quitar la tierra a nadie; al contrario, estamos ayudando… o sea, si yo no soy Salinas… mucho antes que algunos dirigentes de esa organización llegaran a Chiapas ya nosotros trabajábamos; yo ya trabajaba en comunidades indígenas. Ellos todavía estaban estudiando y nosotros ya estábamos en las comunidades, y llevamos años así. ¿Y cuándo hemos reprimido a alguien?”.
“Ya nos chingó”
La defensa legal contra el Tren Maya se planteó al menos desde el pasado 7 de diciembre, cuando el CNI Peninsular convocó, en un “encuentro histórico”, a un grupo de organizaciones de la Península de Yucatán para discutir sobre el megaproyecto. Los asistentes llevaban el tiempo encima: apenas ocho días después –el 15 de diciembre– estaba agendada la consulta sobre el Tren Maya, y temían que arrasaría la aprobación al megaproyecto.
La reunión se llevó a cabo en la comunidad de San Antonio Ebulá, cuyos habitantes fueron violentamente expulsados de sus tierras en 2009 por un empresario de la región para construir ahí un desarrollo residencial de lujo.
El encuentro concluyó con un acuerdo: el CNI articulará la resistencia en la península para “enfrentar” al Tren Maya y “defender el territorio”, y ello con “rapidez”; se planteó la necesidad de interponer amparos –contra la consulta, en materia ambiental y en materia arqueológica–, y de realizar un trabajo de información a las bases, en las comunidades.
Debajo de una humilde carpa instalada en la entrada del poblado, los integrantes del CNI instalaron una cincuentena de mesitas de escuela. Ahí, representantes de comunidades indígenas y de organizaciones de la sociedad civil de la región debatieron durante más de cinco horas sobre las estrategias que adoptarían ante el megaproyecto.
“Los tiempos están a la vuelta de la esquina; el trabajo está en los pueblos, en las comunidades, hay que buscar la manera de hacer acciones conjuntas allá, en las bases”, urgió Sara López, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil. Y resaltó: “Con su consulta el gobierno ya nos chingó”.
Una mujer abundó en este sentido: “Se acerca el parto y no hay nada, nada; esto lo dijo AMLO desde hace un año, y nos hemos dormido”.
Durante la asamblea, varias exposiciones retrataron un panorama oscuro de la situación actual en la península y los posibles impactos negativos que llevaría el Tren Maya en la región, con base en la escasa información que dio a conocer el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Los asistentes plantearon que el megaproyecto empujaría a un gran número de habitantes de la península a aglutinarse en los nuevos centros turísticos para ofrecer su mano de obra y “ser esclavos”, bajo un modelo similar al de Cancún.
“Nuestros abuelos se enfrentaron a los hacendados, a la esclavitud desde hace 500 años; no ha habido una sola generación que no haya sufrido esto”, planteó Álvaro Mena, un joven maya de la región de Calakmul.
Gaspar Cahuiche, un indígena maya de 61 años, se levantó de su silla y, en un castellano inseguro, soltó: “Yo vine a platicar y no a escuchar, porque lo que dicen ya lo sé: como indígenas ya sabemos qué va a llevar el Tren Maya, dicen que ahora es buen desarrollo… pero quitan árboles y siembran la muerte”.
En entrevista, el campesino equipara el Tren Maya con las explotaciones de soya a gran escala, que destruyen los ecosistemas de los montes, entre ellos las plantas que las comunidades usan con fines medicinales.
“Vinieron las empresas a dar una semilla modificada, transgénica. Cuando siembran la soya pasa la fumigación (aérea); cuando ya está creciendo la soya tiene plagas, se fumiga fuerte líquido también; cuando sale el fruto de la soya, fumigan también. Varias fumigaciones pasan allá. Por esto está enfermo el monte, y se contaminan también las medicinas. Está enferma la Tierra, no puede curar las enfermedades de la humanidad también… hay muchos peligros para nosotros como indígenas”, dice.
Durante el encuentro, Juan Manuel Sandoval, investigador del Instituto Nacional de Antropología, recalcó por su parte que las vías del tren atravesarán zonas arqueológicas –en especial en Calakmul–, e insistió en que “las autoridades del INAH están de acuerdo con el tren; los trabajadores no”.
“Descalificaciones”
Paradójicamente, la consulta representa uno de los flancos más débiles del Tren Maya: en lugar de dar legitimidad al megaproyecto, podría resultar contraproducente y servir de base legal a una serie de amparos de comunidades indígenas.
El proceso de consulta incluyó dos elementos: el primero consistió en una “consulta indígena”, en la que el Fonatur y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas organizaron asambleas informativas y deliberativas con autoridades ejidales del sureste para “establecer un diálogo” con ellas y pactar acuerdos para su integración en el proyecto.
El segundo fue la “jornada de ejercicio participativo ciudadano”, en la que la Secretaría de Gobernación convocó a todos los habitantes de la península a depositar una urna marcada con un “sí” o un “no” respecto al Tren Maya. El ejercicio no despertó interés, y la poca gente que acudió a votar puso su boleta a favor del megaproyecto.
De acuerdo con los datos oficiales, se registraron 100 mil 940 boletas; es decir, 2.86% de la población inscrita en el padrón electoral de los 84 municipios donde se instalaron casillas –y apenas 12.5% de las boletas que fueron impresas y distribuidas para la votación–. El 92.3% de los votos salió a favor del Tren Maya.
Si bien era evidente que la consulta indígena del gobierno federal incumplía con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Proceso 2250), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) enumeró en un informe publicado el pasado 20 de diciembre las razones por las cuales el proceso “no ha cumplido con todos los estándares internacionales en la materia”.
Con un tono cauteloso pero sin equívocos, el organismo cuestionó el cumplimiento de la consulta con cada uno de los elementos básicos del Convenio 169; es decir, determinó que no fue totalmente “previa” ni “libre” ni “informada” ni “culturalmente adecuada”.
Respecto al carácter “previo”, la ONUDH señaló que la convocatoria del gobierno planteó el objetivo de establecer acuerdos con las comunidades respecto a su participación en la implementación del Tren Maya y la distribución de beneficios, lo cual, según el organismo, “podría dar a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado de la consulta”.
En materia de información, recalcó que el Fonatur solamente dio a conocer los “posibles beneficios” del proyecto, sin mencionar “los impactos negativos que pudiera ocasionar”, y deploró que “la ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada”.
Por otra parte, observó que, en las asambleas, “las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas, como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta”.
Y finalmente subrayó que la consulta no fue culturalmente adecuada, dado que el gobierno federal definió “unilateralmente” a sus interlocutores –las autoridades ejidales, principalmente–, dio un periodo “demasiado corto” para deliberar y no proporcionó traducciones “adecuadas”.
Este informe contrastó con las afirmaciones de López Obrador y del Fonatur, que presumían en público el apoyo de la ONU al Tren Maya y a la consulta indígena.
Además, prendió las alarmas en el gobierno federal, pues los incumplimientos al Convenio 169 de la OIT abren la puerta a que los opositores al Tren Maya presenten amparos para anular la consulta.
Unos días más tarde, el 23 de diciembre, la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República –es decir, la propia oficina de comunicación de López Obrador– emitió su respuesta para “contribuir a la certeza jurídica del proceso de consulta”, en la cual hizo evidente su molestia.
Tras resaltar los datos sobre la participación en las asambleas, el gobierno afirmó que se trató de un diálogo “abierto, constructivo y horizontal”, basado en el “respeto”, la “buena fe” y “sin ningún tipo de simulación o manipulación”.
Y soltó: “Expresamos nuestra preocupación ante las descalificaciones que han vertido diversos actores, en especial la ONUDH, pues prejuzgando sobre hechos futuros relacionados con el proyecto de desarrollo, abonan a un clima de incertidumbre y de falta de respeto a la legítima voluntad que han expresado las comunidades indígenas”.
