La inopinada renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte reavivó la historia de los diferendos de los cuatro antecesores de Andrés Manuel López Obrador en Los Pinos –Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– con los representantes del Poder Judicial. Proceso hace un repaso de esos embates, chantajes y extorsiones del Ejecutivo a los ministros y la forma en que éstos los sortearon.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido objeto de la avidez presidencial. Durante el último cuarto de siglo, cuando se inició la actual etapa del máximo tribunal, ningún gobierno ha sido ajeno a su pretensión de influir en las decisiones de los jueces constitucionales, en especial cuando se ha tratado de asuntos del interés de la Presidencia de la República.
Sugerencias, presiones, chantajes, peticiones o propuestas de intercambio han marcado las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial de la Federación (PJF).
El ministro en retiro de la Suprema Corte, Genaro Góngora Pimentel, máximo representante de ese poder en el gobierno de Ernesto Zedillo, no fue ajeno a las pretensiones del presidente de la República.
Las conoció directamente, pero también a través de otros presidentes de la Corte, quienes al tiempo de estar al frente del tribunal constitucional presiden el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Ese órgano de control y vigilancia de los jueces federales y magistrados se ha convertido en un ente que ha despertado el interés de la Presidencia y su consejería jurídica desde la actual conformación del PJF, definida durante el gobierno de Zedillo.
Así ocurrió con el propio Zedillo, y con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto cuando estuvieron en Los Pinos. Según el actual presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, esto no ha ocurrido durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador.
Zaldívar abrió el tema de las presiones del Ejecutivo a la SCJN la semana pasada, cuando confirmó públicamente las que sufrió, directamente, por parte del gobierno de Calderón por dos proyectos: uno relacionado con las responsabilidades de altos funcionarios federales por el incendio en la guardería ABC; el otro, cuando Zaldívar se posicionó a favor de otorgar un amparo “liso y llano” a la ciudadana francesa Florence Cassez.
Años antes, cuando el gobierno de Zedillo buscaba superar los problemas financieros que había generado una crisis de pago en el país, necesitaba del apoyo de la Corte para tener el aval constitucional al cobro del financiamiento de intereses. El jefe del Ejecutivo mandó llamar a Los Pinos al entonces presidente de la Corte, Vicente Aguinaco Alemán.
El presidente de la República le dijo que ante la quiebra financiera del país necesitaba el aval constitucional al cobro al financiamiento de interés. ‘Llame a todos los señores ministros y hable con cada uno de ellos para que les diga cuál es el problema que enfrentamos como país’, le dijo Zedillo, según refiere Góngora.
Y añade: “Don Vicente no se comprometió a nada. Sólo se comprometió con el presidente Zedillo a que se reuniría con los ministros del pleno para que cada uno fijara su posición antes de que el asunto pasara al pleno”.
En una serie de votaciones divididas, la SCJN terminó por darle la razón al Ejecutivo.
Las presiones de Zedillo
Como presidente de la Corte y del CJF, entre 1999 y 2003, Góngora Pimentel coincidió dos años de gobierno de Zedillo y dos más con Vicente Fox.
Del primero, a quien en sus memorias el ministro considera como “el mejor presidente de la República Mexicana”, dice que tampoco se escapó de la tentación de querer influir en las decisiones del Poder Judicial para casos de interés personal. El último presidente de la era priista en el siglo XX invitó al presidente de la Corte a desayunar a Los Pinos.
“Cuando el presidente de la Corte es invitado a Los Pinos es para pedirle algo; y así fue: después de las amenidades de rigor, me dijo que un amigo suyo estaba siendo juzgado en esos tiempos ante un tribunal unitario… Me pidió don Ernesto simple y llanamente que le hablara a la magistrada y le pidiera que dictara sentencia favorable en el caso que preocupaba a don Ernesto, por estar su amigo preso”, escribe el ministro en retiro en sus memorias Los Supremos de la Corte (Proceso 2223).
El amigo del presidente era Óscar Espinosa Villarreal, el titular de lo que entonces era la Regencia del Distrito Federal. El entonces funcionario fue acusado de peculado: la administración de Rosario Robles Berlanga, quien sucedió a Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno capitalino, le imputó un daño al erario por 420 millones de pesos.
“Entonces le dije al presidente que yo no podía darle instrucciones a la magistrada, pues ella era independiente. Se me quedó viendo asombrado don Ernesto, al ver que no le habría de ayudar, dando instrucciones para que saliera su amigo. Con eso terminó el desayuno y salí del comedor sintiendo que el piso se movía. No, no había un temblor, ¡era la impresión de haberle dicho que no al presidente!”, recuerda Góngora Pimentel.
La segunda presión por parte del Ejecutivo la vivió con Vicente Fox como presidente de la República. En entrevista telefónica, Góngora precisa algo que en sus memorias dejó a la especulación: una cena que los ministros de la SCJN tuvieron con el panista en Las Cabañas, mandadas a construir en la residencia oficial de Los Pinos.
“Estuvimos los 11 ministros. Entonces, don Sergio Salvador Aguirre Anguiano le dijo al jefe del Ejecutivo: ‘Señor presidente, los ministros necesitamos un avión’. Entonces, Fox preguntó si los ministros viajaban mucho. ‘Sí, tenemos que ir a todos los circuitos’, le respondió el ministro. Entonces el presidente volteó a ver al secretario de Hacienda (Francisco Gil Díaz), quien estaba en la reunión, y éste dijo: ‘Señor presidente, un avión necesita de cuando en cuando mantenimiento, requiere una tripulación, combustible’.
“En ese momento Fox entendió y dijo las siguientes palabras que quedan para la historia: ‘Bueno, les daremos un avión, pero siempre y cuando a cambio nos den sentencias favorables’. Don Salvador se puso rojo. ‘No, así no’, respondió, y ahí quedó el asunto del avión”, cuenta el ministro en retiro, a quien López Obrador pretendió como consejero jurídico presidencial durante las elecciones de 2006.
Góngora Pimentel fue relevado en la presidencia de la Corte por el ministro ya en retiro Mariano Azuela Güitrón, quien junto con el ministro Aguirre Anguiano, también en retiro, representaba al sector más conservador del Alto Tribunal.
La relación de Azuela con el gobierno de Fox fue estrecha. Tanto, que fungió como su asesor para el desafuero de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Dice Góngora en entrevista: “Estaba el gabinete de Vicente Fox elucidando qué hacer para impedirle a López Obrador que entrara a las elecciones presidenciales. Unos decían una cosa y otros otra. Entonces, tan práctico, el señor Fox dijo: ‘No nos hagamos bolas. Vamos a hablarle al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que venga y que nos diga cómo pararlo por no obedecer una suspensión provisional’”.
Los ministros en Los Pinos
En diciembre de 2000 la empresa Promotora Internacional Santa Fe promovió un juicio de amparo (el 862/2000) contra la expropiación del predio El Encino. En ese lugar la administración de Rosario Robles intentó abrir una calle para desahogar el aforo vehicular en las avenidas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández, en Santa Fe.
El juicio lo ganó la empresa. Sus representantes reclamaron que el expediente de la expropiación estuvo mal integrado. El equipo jurídico de López Obrador apeló la sentencia ante un Tribunal Colegiado, pero éste lo revocó. No sólo eso: decretó que el entonces jefe de gobierno violó la suspensión concedida a la empresa quejosa.
Continúa Góngora: “Y le hablaron a Mariano (Azuela) y fue a Los Pinos. Le explicaron de qué se trataba y él les comenzó a decir lo que tenía que hacerse. El presidente de la Corte les dijo cómo podían sancionar por no obedecer la suspensión provisional. Fue una mancha terrible”.
En septiembre de 2004, Rubén Aguilar, quien se desempeñaba como vocero de la Presidencia, confirmó la reunión que mantuvo Fox con Azuela Güitrón. Cuando se conoció públicamente la reunión, los otros 10 ministros de la Corte se deslindaron de esa actuación de Azuela.
“Tú estás solo en esto”, le dijeron. Dos años después, la Cámara de Diputados comenzó el análisis del desacato de la suspensión, con el que formalmente inició el proceso de desafuero contra López Obrador.
El gobierno de Felipe Calderón tampoco fue ajeno en su acercamiento al máximo tribunal. Pero lo hizo a través de la presión en casos que eran de especial interés para su gobierno: que no se sancionara a funcionarios federales por el homicidio de 49 infantes en el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en 2009; ni se liberara a la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada por su gobierno de formar parte de una supuesta banda de secuestradores.
En junio de 2010, tras presentar la facultad de atracción 1/2009 para deslindar las responsabilidades en el caso del incendio en la guardería ABC, el recién nombrado ministro Arturo Zaldívar recibió en su oficina a Fernando Gómez-Mont, entonces secretario de Gobernación.
El 4 de junio de 2011, en su columna “Serpientes y Escaleras” de El Universal, Salvador García Soto publicó que Gómez-Mont llegó a la SCJN y le soltó directo a Zaldívar: “Vengo a pedirte en nombre del presidente que reconsideres tu dictamen”.
Y agregó: “Dice el presidente que no se te olvide quién te postuló”.
Zaldívar reviró: “Dile al presiente que no se le olvide que, independientemente de quien me postuló, yo trabajo para otro poder, que no es el suyo”.
El proyecto abría la posibilidad de fincar responsabilidades a Juan Molinar Horcasitas, entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social. “Para eso no te pusimos”, le reprochó Gómez-Mont.
Las presiones se repitieron en 2012 y fueron difundidas por el reportero Jorge Carrasco en enero de 2013 (Proceso 1890). El jueves 10, el propio Zaldívar validó esa versión en una conferencia de prensa: “Jorge Carrasco, en enero de 2013, establece las presiones del caso ABC y del caso Florence Casssez, y desde entonces se sabía de estas presiones”, dijo.
Mediante su cuenta en Twitter Calderón negó los hechos: “Mi gobierno fue respetuoso de otros poderes. En los casos donde el Ejecutivo fue parte ante la @SCJN, sus representantes expresaron los argumentos que a su juicio eran procedentes. Jamás una presión indebida, mucho menos una amenaza abierta o velada”, escribió el jueves 10.
En marzo de 2012, cuando el caso de Cassez se discutió por primera vez en la Corte, Zaldívar era el presidente de la Primera Sala, donde se resuelven los asuntos civiles y penales que llegan en última instancia al máximo tribunal. Pero era también el ponente en la revisión del amparo 517/2011, con el que la francesa combatió su condena a 60 años de cárcel, acusada por el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, del secuestro de tres personas.
Dos semanas antes de la discusión, cuando Zaldívar decidió hacer pública su propuesta de dar un amparo “liso y llano” –que implicaba la liberación inmediata de la francesa–, el gobierno de Calderón presionó por distintos medios para que modificara su propuesta y lo mismo hizo con otros ministros, incluida Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación, y quien propuso reconsiderar las pruebas presentadas por García Luna.
Los oficios de la UIF
En marzo de 2012, por medio de declaraciones a la prensa, Calderón envió un mensaje a Zaldívar y a Sánchez Cordero: “Jueces, magistrados y ministros, queremos un país en el que imperen la justicia y la igualdad, no la arbitrariedad; justicia basada en instituciones y procesos, que hagan que sea justicia de verdad, no abuso del poder, que es paso previo al autoritarismo y a la impunidad; y no la creencia de que la ley puede cumplirse a capricho”.
El amago estuvo precedido por distintas visitas que realizó Roberto Gil Zuarth, entonces secretario particular de Calderón, a los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes iban a resolver el amparo solicitado por Cassez para reponer el procedimiento judicial en la causa penal por la que fue condenada, acusada de delincuencia organizada, secuestro de tres personas y portación y posesión de arma exclusiva del uso del Ejército.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la influencia del Ejecutivo se ejerció a través del entonces consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, quien estuvo detrás del nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la SCJN, designación a la que éste renunció la semana pasada por estar bajo investigación por presunto lavado de dinero.
La relación entre el exconsejero jurídico de la Presidencia con el ahora exministro se remonta al tiempo en que éste se desempeñó como titular de la entonces Procuraduría General de la República. Ahí, Castillejos fungió como su coordinador de asesores y se mantuvo en esa posición hasta el ascenso de Enrique Peña Nieto, cuando escaló a la asesoría jurídica del presidente.
La relación de Castillejos y Medina Mora quedó exhibida en el candado que éste propuso para frenar la investigación que emprendió el gobierno de Chihuahua contra Enrique Peña Nieto por la llamada Operación de Saneamiento Financiero, orquestada por el entonces secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, y con la cual presuntamente se desviaron millonarios recursos de ese estado para las campañas intermedias de 2015.
El gobernador de aquella entidad, Javier Corral, denunció a la Consejería Jurídica de Presidencia por presentar la controversia constitucional 183/2018-CA, la cual tenía como propósito blindar las competencias de ese estado respecto a la actuación de Peña Nieto.
Corral demandó en un recurso de reclamación que el ministro Medina Mora no conociera del caso, ya que éste fue jefe de quien precisamente había promovido la controversia: Castillejos Cervantes.
Al parecer, el presidente López Obrador tampoco ha escapado a la tentación de influir en la SCJN. El propio mandatario lo confesó en enero pasado, cuando dijo que su gobierno había logrado frenar en la Suprema Corte un proyecto de Medina Mora que pretendía amparar a Beatriz Sánchez Navarro, exaccionista del Grupo Modelo, quien reclamaba la devolución de impuestos por 47 millones de pesos.
El jueves 10 el periodista Mario Maldonado reprodujo en su columna de El Universal las partes medulares del oficio 110/F/B/5182/2019 mediante el cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de 11 personas físicas y morales “ligadas” a Medina Mora, entre ellos sus hermanos José y Juan Pablo.
Según Maldonado, una vez que el ministro renunció a la Corte, la UIF giró un segundo oficio (número 110/F/B/5213/2019) para descongelar las cuentas de la familia.
En un tuit, el titular de la UIF, Santiago Nieto, aseguró que “el bloqueo de las cuentas bancarias de Medina Mora se realizó después de su renuncia, por lo que lógicamente no pudo ser un mecanismo para que dimitiera”.
Hasta el momento, no existe mayor información sobre la investigación judicial o financiera contra Medina Mora. Lo cierto es que López Obrador tendrá derecho a proponer una terna de candidatos para suplir el asiento dejado por éste.
Con ello, su gobierno tendría la posibilidad de romper una mayoría calificada –ocho de los 11 ministros– en caso de que hubiese una controversia de inconstitucionalidad que le afecte.
