El cambio de administración federal dejó al descubierto a los altos mandos policiacos y funcionarios de distintos niveles que contribuyeron a manipular pruebas, fabricar culpables y encubrir delitos relacionados con el caso Ayotzinapa. El pasado 22 de julio la CNDH presentó denuncias contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, por realizar ilegalmente la diligencia en el río San Juan que le sirvió al entonces procurador Jesús Murillo para confeccionar su ya desacreditada “verdad histórica”. Sin embargo, la FGR todavía está integrando sus propias carpetas y ninguna de las dos instituciones ha fincado responsabilidad alguna al propio exprocurador.
Han pasado cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Uno de ellos es el hijo de Ezequiel Mora, un hombre bajito, fornido, de tez morena curtida por el sol del campo y a quien el dolor en los pies le ha impedido asistir recientemente a las reuniones con la Comisión de la Verdad que integró el gobierno federal.
Desde su casa en Tecoanapa, en el sur de Guerrero, donde nació y creció su hijo Alexander, Ezequiel insiste en que Tomás Zerón, quien fue director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), sembró “los huesitos de alguien para apagar el fuego que le estábamos haciendo (…) Nadie está tan enojado con Zerón como lo estoy yo. Él y Murillo Karam son los responsables de que mi hijo no esté aquí conmigo. Ellos me lo quitaron y encima inventaron su verdad”.
En diciembre de 2014, el entonces procurador general de la República Jesús Murillo Karam, luego de intensas protestas por la exigencia de aparición con vida de los normalistas, dio a conocer que los jóvenes habían sido secuestrados, asesinados y luego calcinados en el basurero de Cocula, el municipio contiguo a Iguala, donde se perpetraron ataques de la policía la noche del 26 de septiembre.
A lo que llamó la “verdad histórica”, Murillo Karam agregó que los integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos colocaron los restos en bolsas y luego los tiraron al río San Juan.
Un año después, en septiembre de 2015, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto removiera a Murillo Karam y lo sustituyera por Arely Gómez, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que los restos que se habían localizado en el río correspondían al hijo de Ezequiel, Alexander, pero que el grado de descomposición era tan alto que sería imposible entregárselos a la familia.
Los restos de las bolsas encontradas en el río habían sido enviados a un laboratorio en Innsbruck, Austria, donde un grupo de especialistas lograron la identificación.
Ezequiel recuerda que gente de la PGR se puso en contacto con él: “Ese mismo día me dijeron que vendrían a darme algo de lo que había quedado. Después me avisaron que sería en 15 días, luego me dijeron que en un mes, y luego ya no vinieron a darme nada”.
En abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puso en duda el hallazgo. Los especialistas mostraron que el titular de la AIC habría sembrado la bolsa en el río y llevado al detenido Agustín García, El Chereje, supuesto miembro de Guerreros Unidos, al lugar de los hechos.
Las acusaciones
Tres años después Zerón enfrenta una denuncia penal por estos hechos. Él y otros nueve funcionarios presuntamente manipularon, transgredieron y alteraron la que probablemente sea la única evidencia forense sobre el destino de los normalistas, en particular el de Alexander Mora Venancio.
La causa penal está fundamentada en las recomendaciones efectuadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en sus apartados 31 y 34 y en las 14 adicionales que efectuó la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República (FGR) en el expediente DGA/510/CDMX/2016.
Las denuncias fueron interpuestas por la CNDH el pasado 22 de julio y son las únicas que se han presentado. El domingo 15 el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer que la FGR presentará los recursos y las diligencias para responsabilizar a Murillo Karam, así como a Zerón y al extitular de la Oficina para el caso Iguala, José Aarón Pérez Carro.
Dichas denuncias estarán fundamentadas en buena parte en las que la CNDH ya presentó y contarán con el apoyo de las recomendaciones que ese organismo emitió en noviembre de 2018.
La primera de ellas por la probable responsabilidad en la comisión de conductas irregulares “por haber realizado actos de investigación en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, sin encontrarse bajo la conducción del agente del Ministerio Público en virtud de mandamiento ministerial”.
El 28 de octubre de 2014, por lo menos entre las 16:49 y 16:57 horas, El Chereje, quien se encontraba bajo custodia de la SEIDO, estuvo en el puente del río San Juan con Zerón de Lucio; no hay registro de la orden y del acta de traslado, de sus objetivos y circunstancias, de aseguramiento de custodia, de la diligencia de reconstrucción de hechos ni de las evidencias recogidas (como restos óseos) ni de su análisis.
De esa manera Zerón presuntamente violó dos artículos de la Constitución, el 21 y el 20, en su apartado B, así como los artículos 2 y 3 del Código Federal de Procedimientos Penales entonces vigente, así como diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la PGR, al haber practicado una diligencia extraoficial. Además, el funcionario trasladó al detenido sin asistencia legal, sin facultades para practicar esa diligencia y tampoco tenía autoridad para dar órdenes a peritos que son auxiliares del Ministerio Público.
El entonces funcionario presuntamente quebrantó la cadena de custodia de la evidencia, lo que de comprobarse –y sólo por ello– le ameritaría una pena de ocho años de cárcel, según el Código Penal Federal en el numeral 225 de la fracción XXXI, sobre los delitos cometidos por servidores públicos que alteren, destruyan, pierdan o perturben ilícitamente el lugar de los hechos.
A la lista de denunciados penalmente se suma Abraham Eslava Arvizu, entonces jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, a quien se le acusa de acompañar y avalar las diligencias efectuadas por el director de la AIC en cohecho.
A Arvizu no le correspondía la conducción ministerial de la diligencia practicada el 28 de octubre de 2014, en las inmediaciones del río San Juan, por lo que “podría haber incurrido en responsabilidad porque su presencia en el traslado del detenido Agustín García Reyes carece de legitimación, de donde resultaría que colaboró en la posible comisión de una conducta ilegal, no en su carácter formal de agente del Ministerio Público de la Federación, sino como una persona ajena a la ‘diligencia’ y a la investigación”.
El Proyecto de dictamen de evaluación técnico jurídico que realizó la Visitaduría General en 2016, a cargo de César Chávez, coincide con las causas administrativas y penales que podrían imputarse a Arvizu, quien durante la administración de Enrique Peña Nieto fungió como un brazo operativo del gobierno del Estado de México dentro de la SEIDO y hoy vive en Estados Unidos. Arvizu presuntamente accedió a acompañar y avalar la actuación de su íntimo amigo, Tomás Zerón, a sabiendas de las violaciones a la ley que ello propiciaría.
Bernardo Cano, quien fue director general adjunto adscrito al Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, es acusado por las mismas causas que Arvizu. Y se suma a la lista Jaime David Díaz Serralde, agente de Seguridad “C” adscrito a la Policía Federal Ministerial, quien además “intervino ilegalmente” en el traslado del detenido y en su custodia durante la incursión de Zerón al río San Juan.
Díaz Serralde falseó además el oficio de traslado del MP y amenazó y torturó al Chereje durante su viaje en helicóptero de la SEIDO a Cocula.
Mauricio Cerón Solana y Patricia Gómez Ramírez, peritos en medicina forense y criminalística, enfrentan procesos legales por presuntamente no cumplir su obligación de dar seguimiento a los procedimientos para preservar los indicios mediante el registro de la cadena de custodia correspondiente, aunado a que no emitieron un dictamen en el que hicieran referencia a su actuación; es decir, supuestamente no cumplieron con las directrices establecidas para la debida preservación y procesamiento de indicios.
“Con sus acciones y omisiones, contravinieron lo previsto en el artículo 123 Quintus del Código Federal de Procedimientos Penales”, dice la denuncia de la CNDH.
Otra de las funcionarias imputadas es Eva Hernández Moreno, perita en fotografía, a quien se señala de falsear su declaración en relación a la fecha en la que levantó la imagen de las bolsas donde se habrían localizado restos humanos. Ella dijo que la foto fue tomada el 29 de septiembre, pese a que el testigo métrico, la etiqueta, deja claro que la evidencia se levantó un día antes.
También se abrió un proceso penal contra Blanca Alicia Bernal Castilla, agente del MP federal adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO, por la posible comisión de los ilícitos previstos en los numerales 225, fracción XXX (retención del detenido sin cumplir los requisitos legales) y 244, fracción VII (falsificación de documentos, asentando como ciertos hechos falsos) del Código Penal Federal.
Existe otra denuncia contra el fiscal adscrito a la misma unidad de la SEIDO, Jorge García Valentín, por permitir la salida del Chereje de la subprocuraduría sin que existiera acuerdo ministerial que ordenara su traslado.
Murillo Karam, aún sin cargos
Además de los hechos en el río San Juan, la CNDH formalizó una denuncia contra otros funcionarios públicos que en diversos eventos de la investigación presuntamente cometieron delitos.
Carlos Gómez Arrieta, entonces jefe de la Policía Federal Ministerial, tiene una de las denuncias más señaladas por su probable participación en la tortura del detenido Carlos Canto Salgado, evidencia registrada en un video que circuló en redes sociales y en donde aparecen otros policías que están igualmente indiciados. De encontrarse responsable de tortura, se hará acreedor a una pena de 10 a 20 años de prisión.
La CNDH denunció también ante la FGR a la agente del MP Lourdes López Lucho Iturbe, por su actuación en otros casos de secuestro, y a la coordinadora General de Servicios Periciales de la PGR, Sara Medina Alegría.
Otro funcionario señalado es el exjefe de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch. Al estar bajo su mando dos policías federales involucrados en la investigación por desaparición, él sería responsable en orden jerárquico. El mando policiaco fue después nombrado titular de la AIC y hoy es funcionario activo en el Gobierno de la Ciudad de México.
Del mismo modo, el exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez Pérez, está señalado por orden jerárquico al estar al frente de los policías estatales que la noche del 26 de septiembre participaron de manera activa en los bloqueos y movilizaciones que se hicieron a la altura del puente Mezcala.
Trinidad Larrieta, titular de la Oficina para el caso Iguala de la CNDH, calificó como “cínica” la reciente aparición de Vázquez Pérez junto al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien acompañó a una reunión con la Comisión para la Verdad y la Justicia que encabeza Encinas.
El pasado martes 17, el exgobernador Aguirre, el exprocurador de Justicia Iñaki Blanco y el exsecretario de Seguridad Pública Vázquez Pérez se comprometieron ante la comisión de Encinas y frente a los padres de los normalistas a ampliar sus declaraciones sobre el caso, cuando en realidad “ese debería de estar ya en la cárcel”, dijo Larrieta en referencia a Vázquez Pérez.
Otras denuncias, éstas administrativas, se dirigieron contra Ricardo Juan Dios Martínez, agente del MP federal adscrito a la Dirección General de Asuntos Internos de la PGR, y contra César Alejandro Vázquez, quien se desempeñó como Visitador General.
A Vázquez, a quien los padres de los normalistas habían propuesto para ocupar el cargo de fiscal para el caso Ayotzinapa, la CNDH lo señala por las irregularidades y las omisiones en que incurrió al no vincular a Tomás Zerón directamente en materia penal y señalarlo únicamente por causas administrativas.
En contraste, el reciente informe Doble injusticia de la ONU sobre violaciones a derechos cometidas por servidores públicos, señala que “por parte de la Visitaduría General de la PGR hubo un genuino esfuerzo institucional para investigar y determinar posibles responsabilidades legales de algunos funcionarios públicos involucrados en la investigación del caso. Estos esfuerzos se materializaron a través de un proyecto de resolución –con fecha de agosto de 2016– en el que se determinaban dichas responsabilidades”.
Entre los 235 funcionarios y exfuncionarios denunciados por la CNDH ante la FGR no aparece Murillo Karam, autor de la “verdad histórica” del caso y quien en orden jerárquico estaría al frente de las investigaciones, por lo que la Fiscalía General de la República apenas realizará las imputaciones pertinentes.
De ese total, 119 funcionarios están denunciados por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y 21 por faltas administrativas, según los registros de la CNDH. l
