Señor director:
Se pide investigar el posible acto de corrupción de parte del alcalde de Ciudad Isla, Veracruz, Fernando Molina Landa, quien usa una empresa fantasma para vender por debajo del precio del mercado el estadio de la localidad, cuyo terreno donó mi abuelo, Alberto Cházaro Lagos.
El mandatario local justifica la venta del inmueble con un proyecto de saliva, pues nunca ha mostrado los contratos sobre la comercialización, actuando en la opacidad.
Mi abuelo Cházaro Lagos donó el terreno del estadio que lleva su nombre, para que se le diera la vocación de un espacio deportivo para sus habitantes, en específico para practicar el beisbol. Sin embargo, las escrituras que avalan la donación las han extraviado.
En el acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo 039/2018 se aprobó la desincorporación del inmueble del régimen de dominio público y su incorporación al régimen de dominio privado.
Se trata de un espacio de 14 mil 325.66 metros cuadrados, ubicado en la calle Raúl Sandoval, esquina con Ignacio López Rayón, colonia Centro, y pretenden venderlo a la empresa Almo Desarrolladora, SA de CV, por 11.5 millones de pesos, en tres pagos. Sin embargo, el valor comercial es de más de 84 millones de pesos.
De acuerdo con el acta 039/2018, Almo Desarrolladora fue constituida bajo la escritura pública número 195, el 17 de septiembre de 2004, otorgada ante la fe del licenciado José Juan Castañón González, titular de la Notaría Pública 5 de ciudad de Sabinas, Coahuila, inscrita bajo el folio mercantil 338075 del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, Registro Federal de Contribuyentes: DAL040917NA1, representada por Alberto Lara Morales. No obstante, nadie conoce a esta empresa, su currículum, teléfonos ni dirección fiscal.
En la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, del 13 de noviembre de 2018, aparece la autorización para que el estadio sea cambiado de régimen, bajo el argumento de que el inmueble no está destinado a ningún servicio público. Sin embargo, eso es falso; el estadio es de la ciudad y la autoridad es la que no permite su uso.
En el acuerdo del cabildo se señala la existencia de un año de plazo para que se construya una plaza comercial en dicho espacio; de lo contrario, el inmueble regresará al patrimonio público. De esa manera, el plazo vencerá el próximo 13 de noviembre.
Somos más de mil 100 ciudadanos los que nos oponemos a la demolición del estadio donado por mi abuelo; nuestra petición firmada se la hicimos llegar al diputado local Juan Javier Gómez Cazarín. También le solicitamos la intervención del Congreso estatal para esclarecer la falta de transparencia en el proceso. El diputado no ha respondido en nuestro favor.
A principios de agosto último las autoridades municipales han intentado desalojar a los locatarios que laboran en el estadio. Según el propio alcalde, cuenta con el apoyo de dicho legislador para demoler el inmueble.
Cabe aclarar que cuando el presidente municipal presentó una tienda Soriana como proyecto ancla, la propia empresa desmintió el anuncio.
En el sitio de internet del ayuntamiento se expone un video promocional de cines Cinebox, propiedad de Corporación Henry; no se sabe si esta empresa es la que pretende comprar el espacio o sólo sería el arrendador.
Existe un descontento general por la situación. Sólo el proceso de compra-venta genera sospechas de que se está haciendo un posible acto de corrupción de parte del alcalde, de la directora del catastro municipal, Tania Aguirre Rivera, hijastra de Molina Landa.
En el asunto también está implicado Eduardo Soler Leal, sobrino de la esposa del alcalde y, a su vez, secretario particular.
Por tales motivos, reiteramos que existen dudas sobre la venta del estadio. Al presidente municipal le urge demoler el inmueble antes del 13 de noviembre próximo.
(Carta resumida)
Atentamente,
Alberto Cházaro Medina
