A 10 años del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora –que se cumplieron el pasado 5 de junio–, el IMSS promueve una denuncia contra los responsables del siniestro, e incluye al exgobernador Eduardo Bours Castelo y a otras 18 personas. Germán Martínez Cázares la redactó poco antes de renunciar como director de esa dependencia y su sucesor, Zoé Robledo, la ratificó en agosto pasado. En entrevista, el exfuncionario insiste: “Siempre es momento para ponerle un alto al cinismo de gobernantes, de servidores públicos. Yo no lo acuso, lo que digo es que si es responsable debe ir ante los tribunales”.
Impunes durante una década, las más altas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el gobierno de Felipe Calderón y del estatal de Sonora por el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, la Fiscalía General de la República (FGR) va ahora tras el exgobernador priista Eduardo Bours Castelo y los propietarios –como la prima de Margarita Zavala–, por su probable responsabilidad en la muerte de los 49 niños y los más de 100 que resultaron heridos.
La investigación contra Bours se inició con base en la denuncia que presentó el IMSS el 22 de mayo de este año, un día después de que Germán Martínez Cázares renunció como director general de la institución, pero que él mismo redactó como parte de un compromiso que –dice– asumió con los padres de los niños fallecidos y heridos en el incendio del 5 de junio de 2009.
La denuncia, de la que Proceso tiene copia, establece que, como gobernador de Sonora, Bours tenía el deber de garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil para que el servicio de la guardería cumpliera con los estándares mínimos de seguridad, pero “su conducta omisa generó peligro para los bienes jurídicos tutelados: la vida y salud de un grupo de especial vulnerabilidad, niños y niñas”.
Bours, “teniendo obligación por razones de su cargo de velar por la custodia, protección, seguridad de las personas, lugares e instalaciones, incumpliendo su deber que como titular del Poder Ejecutivo del estado de Sonora tenía, pudiera haber propiciado con ello daño a los menores y como consecuencia, la muerte de 49 menores y lesionados más de 100”.
Por ello, la querella presentada por el entonces apoderado legal del IMSS, Francisco Javier Morales Oviedo, es expresamente “en contra de José Eduardo Robinson Bours Castelo y/o quienes resulten responsables por la comisión del delito o los delitos que se llegaren a configurar”.
La ratificación de Robledo
La denuncia del IMSS se presentó unos días antes de cumplirse una década de la tragedia, el 5 de junio, y fue ratificada el 20 de agosto por el nuevo director del organismo, Zoé Robledo, justo a dos semanas de la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con padres de los niños fallecidos, el martes 3, en Hermosillo.
Robledo informó que el objetivo es que la FGR retome también la investigación que en 2010 hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), coordinada por el ministro Arturo Zaldívar –su actual presidente–, para sancionar a los responsables, incluidos los propietarios de la guardería y las autoridades federales y estatales involucradas.
Antes de reunirse con los familiares de las víctimas, López Obrador informó también que solicitará a Zaldívar que la SCJN colabore en las investigaciones para que haya justicia sin interferencias políticas.
Y es que, en efecto, Zaldívar elaboró un informe que, si bien le fue aprobado en el sentido de que hubo violaciones graves de garantías individuales en la tragedia de la guardería, la mayoría de los ministros exoneró a los principales implicados, entre ellos Bours, Juan Molinar y Daniel Karam Toumeh, exdirectores del IMSS, así como a los propietarios de la guardería.
Hoy existe otro contexto: Zaldívar preside la SCJN, la ministra Olga Sánchez Cordero –quien votó en contra de la impunidad– es secretaria de Gobernación y hay una denuncia ratificada ante la FGR contra Bours y quienes resulten responsables, entre ellos los propietarios de la guardería.
La denuncia de Martínez Cázares es explícita: “Es de hacer notar que la guardería se encontraba financiada por el IMSS y era administrada por particulares: Gildardo Francisco Urquides Serrano, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella y Sandra Lucía Téllez Nieves”.
Gómez del Campo Tonella es prima de la excandidata presidencial Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, en cuyo sexenio se le dio carpetazo a la investigación, pero también es prima de la esposa de Bours Castello, Lourdes Laborín Gómez del Campo.
Aunque la prima de Zavala fue exonerada por un tribunal federal, aún hay juicios pendientes de resolución y precisamente por eso, antes de la denuncia que presentó ante la FGR, Martínez Cázares envió un exhorto al presidente de la SCJN, el 14 de febrero, para que éstos “se resuelvan a la brevedad posible a efecto de que se determinen las responsabilidades, sanciones o indemnizaciones correspondientes”.
En el documento enviado a Zaldívar, copia del cual tiene también el reportero, el exdirector del IMSS invoca razones de seguridad y certeza jurídica de las víctimas, el deber de este organismo de reparar los daños materiales e inmateriales generados a los afectados, así como el acatamiento a toda determinación de las autoridades.
El oficio a Zaldívar, firmado por Martínez Cázares, puntualiza: “No omito manifestarle mi más amplia disposición de colaborar, coadyuvar o atender cualquier requerimiento que se me realice en relación con los mencionados juicios, con el único objetivo de evitar que esta tragedia quede impune”.
Zaldívar, por la justicia
La reapertura jurídica del caso de la guardería ABC se debe a Martínez Cázares, senador de Morena, quien era presidente del PAN cuando ocurrió la tragedia. La gubernatura de Sonora fue su único triunfo en la desastrosa jornada electoral que lo llevó a renunciar a su cargo y a retirarse de la política.
Fue a invitación de López Obrador que Martínez Cázares volvió a la política como candidato a senador, cargo del que solicitó licencia para dirigir el IMSS, al que renunció el 21 de mayo, inconforme con la política de austeridad en ese organismo. Pero antes de hacerlo, él mismo redactó la denuncia de hechos que, al día siguiente de su dimisión, presentó el jurídico del Instituto, contra Bours y contra quienes resulten responsables.
“La redacté y la iba a presentar más cercana la fecha del 10 aniversario”, dijo Martínez Cázares, quien asegura que mantenía como funcionario una “relación discreta” con algunos de los padres de los niños que murieron.
“Ellos me propusieron inclusive el nombre del delegado del IMSS”, reveló en entrevista con Los Periodistas, que conducen en Radio Centro Alejandro Páez y el reportero, y precisamente por esa relación también envió la carta de febrero al presidente de la SCJN para acelerar los juicios pendientes.
El expresidente del PAN, quien soñó con ser candidato presidencial para suceder a Calderón, cree que están dadas las condiciones para que haya, por fin, castigo a los responsables del incendio de la guardería ABC, una demanda desoída por las autoridades desde que ocurrió la tragedia.
“Cuando mandé el documento del 15 de febrero hablé personalmente con el presidente de la Corte, con Arturo Zaldívar, y él tiene la convicción de que la autoridad debe investigar”, rememora Martínez, quien destaca que su denuncia se sustenta en lo que el propio Zaldívar acreditó en el informe que hizo, en 2010, sobre las responsabilidades al más alto nivel.
“Hay una línea de mando que da responsabilidad, sin duda, a quien tiene autoridad jerárquica sobre los subordinados y que las políticas públicas de protección civil, las políticas públicas de cuidado a los niños, niñas y adolescentes las encabezan las autoridades municipales, las autoridades estatales y, por supuesto, la subrogación y la instalación de las guarderías del IMSS las dan las autoridades del IMSS”.
Por eso, subraya, la denuncia que presentó en mayo ante la FGR no es una acción aislada ni es sólo contra Bours, sino que incluye a otras 18 personas, pero también está vinculada con el documento que envió a Zaldívar en febrero: “No es un asunto aislado. Lo de mayo no me lo saqué de la manga. Hubo otro compromiso y hubo otro documento, a mediados de febrero, en el que yo busco apresurar a la Corte para que se resuelvan los asuntos penales, para que no hubiera impunidad de nadie, porque los padres pensaban que había cierta inactividad del IMSS”.
Martínez Cázares dice que leyó en el libro La tragedia de la guardería ABC, de Diego Enrique Osorno, que Bours declaró que no le pesaba la tragedia y que dormía como un bebé. “Siempre es momento para ponerle un alto al cinismo de gobernantes, de servidores públicos. Yo no lo acuso, lo que digo es que si es responsable debe ir ante los tribunales a deducir esa responsabilidad”.
–Después de la tragedia se especuló que el incendio pudo haber sido inducido. ¿Eso también se debe investigar?
–Sí, hay una serie de hipótesis o líneas de investigación. Sí, yo creo que sí, el asunto de la bodega, la llantera que estaba colindante, la gasolinera a una distancia que no tenía razón. La respuesta es sí, la verdad es que la tragedia se pudo haber evitado y ahí es donde la investigación debe ir a fondo.
“Yo hablé en aquel tiempo, como director del IMSS, con el fiscal para que se agotaran todas las líneas. Insisto, para poner al IMSS a disposición de todas las autoridades que están investigando y deduciendo la responsabilidad.”
–¿Sabe si ya declaró Bours?
–No tengo conocimiento. Fue de los últimos trámites que hice yo como director del IMSS. Tampoco si va a ser llamado a los asuntos que están pendientes de resolución de la Corte.
También la prima
En la denuncia presentada por el IMSS ante la FGR se narran los antecedentes que derivaron en tragedia en la guardería ABC y las razones por las cuales Bours y otros personajes deben ser sancionados.
Recuerda también que en enero de 2017 la entonces Procuraduría General de la República emitió un comunicado de prensa aludiendo a una investigación contra Bours.
“Es preciso señalar que pudiera resultar como probable responsable de los hechos denunciados, de conformidad a la legislación aplicable a los gobernadores de los estados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil, que establece que las citadas autoridades tendrán dentro de su jurisdicción la responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil, por lo que tenía que velar por su ejecución y cumplimiento.”
La denuncia del IMSS dice que el gobernador debió comprobar que el inmueble de la guardería fuera viable y seguro, y no tan peligroso que derivó en la tragedia de junio de 2009.
“Como gobernador del estado de Sonora y como responsable del funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil, José Eduardo Robinson Bours Castelo habría tenido el deber de implementar acciones para identificación, análisis, evaluación, control y reducción de riesgos en materia de protección civil.
“Y más aún, era el encargado de velar por la seguridad y el bienestar de la población y el principal responsable del diseño de las políticas que guiaran el desarrollo de la entidad en materia de protección civil conforme al artículo 161 de la ley en cita: durante su gestión como gobernador durante el periodo del 13 de septiembre de 2003 al 12 de septiembre de 2009.”
Y añade: “Aunado a lo anterior, de acuerdo a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el estado de Sonora, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo y de la administración pública estatal, tenía que ser garante de la integridad física de los menores.
“Lo anterior implicaba que oportunamente se tomaran todas las previsiones y medidas de seguridad necesarias, es decir, diseñar las políticas públicas necesarias para la protección, atención, prevención y defensa de sus derechos.”
Pero además de Bours, en la denuncia se menciona a los servidores públicos implicados y en la ampliación de la misma, según Zoé Robledo, se incluye a 14 funcionarios involucrados en el estudio que elaboró el ministro Zaldívar, en 2010, y que fue rechazado por ocho ministros contra tres.
“En el voto de Zaldívar se establece la responsabilidad de varios funcionarios y también la posibilidad de que haya involucramiento de privados, de particulares, en la investigación. Lo que estamos solicitando nosotros en la Fiscalía General de la República es que se consideren los elementos del proyecto del ministro Zaldívar que desafortunadamente en aquella ocasión se votó en contra por parte de la Corte, fue un voto ocho a tres”, recordó Robledo.
En junio de 2010, a un año de la tragedia, Zaldívar concluyó en su informe que, “debido al desorden generalizado en el sistema de guarderías públicas subrogadas, diversos funcionarios de alto nivel eran responsables por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas”.
El proyecto del ministro incluía como responsables a Bours, así como a los funcionarios estatales Willebaldo Alatriste Candiani, titular de la Unidad de Protección Civil; Ernesto Vargas Gaytán, secretario de Hacienda; Fausto Salazar Gómez, director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, y a Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda.
Y por parte del IMSS se señaló a Daniel Karam, entonces director general; Juan Molinar; Sergio Antonio Salazar, director de Prestaciones Económicas y Sociales; la guanajuatense Carla Rochín Nieto, coordinadora de Guarderías; Arturo Leyva Lizárraga, delegado, y Noemí López Sánchez, titular del Departamento Delegacional de Guarderías.
Sin embargo, ocho ministros desecharon ese proyecto y los dejaron impunes.
