El Colectivo Solecito cerró el jueves 8 sus trabajos en el narcocementerio más grande de Latinoamérica: las fosas de Colinas de Santa Fe. Su labor incansable arrojó resultados ambivalentes: una enorme cantidad de restos humanos que pueden contener evidencia de ADN para identificar a personas desaparecidas, pero que a la vez revelan la magnitud de la tragedia que azota a Veracruz. Es el turno de las autoridades de proseguir las investigaciones, pero el trabajo está lejos de terminar. Las madres que se despidieron de ese infierno seguirán buscando a sus hijos, como las de otros colectivos que se afanan en fosas igual de terroríficas en otras zonas del estado.
Veracruz, Ver.- En medio de la nada, donde no sopla el viento y el sol quema, en 36 hectáreas de dunas, caminos pedregosos, árboles y cactus, integrantes de Los Zetas, del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Gente Nueva, pero también policías estatales, convirtieron Colinas de Santa Fe en su holocausto veracruzano.
Todos esos grupos armados dejaron ahí 22 mil fragmentos óseos, cientos de cuerpos sin cabeza, huesos quemados y 298 cráneos, de 50 de los cuales no se ha podido obtener su ADN por el grado de deterioro que presentan. En ese campo fueron enterradas más de 300 personas en los últimos ocho años, periodo que abarca el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa y una fracción del panista-perredista Miguel Ángel Yunes Linares.
Desde hace tres años, cuando el Colectivo Solecito inició la búsqueda de sus familiares desaparecidos, sólo han sido identificados los restos de 22 personas. Y no existe únicamente esta fosa clandestina; también están la de Arbolillo, en Alvarado (con más de 240 cuerpos) y el predio La Guapota en Úrsulo Galván, con 80 fosas donde aún no se han contado ni exhumado los cadáveres por falta de coordinación de las autoridades locales. En esas tres fosas, localizadas en estos tres años en la región del sotavento veracruzano, se calcula que fueron desaparecidas, asesinadas y enterradas más de 700 personas.
La mañana del jueves 8 se celebró una misa en un cementerio clandestino para que familiares de los desaparecidos pudieran “clausurar los trabajos” de búsqueda. Con más de 21 mil fragmentos óseos por analizar y medio centenar de cráneos inservibles para obtener pruebas de ADN pero con la esperanza que un “hueso largo” –costilla o fémur– coincida con un nombre. Las mujeres del Colectivo Solecito saben que la tarea apenas empieza y el viacrucis puede prolongarse varios años más.
Lucía Díaz, directora de Solecito y quien busca desde 2013 a su hijo Guillermo Lagunes Díaz, un DJ que fue secuestrado en su domicilio del fraccionamiento Reforma del Puerto de Veracruz, expone que este “infierno” jamás tendría que haber sucedido ni ser solapado por “gobiernos corruptos”, como los de Duarte y Yunes. “Cuánta juventud perdimos aquí –lamenta, mientras observa las cruces de madera–, pero sabemos que la impunidad fomenta la criminalidad”.
–¿Por qué no se pudo obtener ADN de algunos cráneos? –se le plantea a la señora Díaz.
–Por múltiples factores. Hay cráneos con indicios de que se les pudo haber vertido ácido o quemado antes de enterrarlos… en tres años la fauna nociva, serpientes, tlacuaches u otros animales, también degradaron evidencias que podrían haber sido claves para la identificación de nuestros seres queridos. La omisión de las autoridades para actuar también cuenta.
Rosalía Castro, quien se integró a Solecito tras la desaparición de su hijo Roberto Carlos Casso Castro en noviembre de 2011 (cuando fue interceptado por sicarios cuando viajaba por la carretera a Puente Nacional), dice que en septiembre harán una “revisión de carpetas”, porque hay decenas de casos en que al familiar de un desaparecido se le tomó muestra de ADN pero jamás se cotejó ésta con los restos hallados en alguna fosa clandestina.
El termostato digital de los teléfonos móviles indica 33 grados centígrados, la sensación térmica indica unos cinco grados arriba. En modestos coches, taxis, camionetas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, camionetas de la CNDH y a pie van llegando las integrantes de Solecito a la fosa clandestina.
Con paraguas y sombreros, caminando lentamente, las mujeres se internan en el difícil terreno para recorrer las cruces de madera y la numeración colocada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en las casi 160 fosas de Colinas de Santa Fe. Las mayores se abstienen de subir a “la olímpica”, una fosa de dimensiones similares a las de una alberca, donde los criminales enterraron a 15 personas en una sola acción.
Antes de la misa las madres del Colectivo Solecito cuelgan una enorme lona con 290 rostro de jóvenes desaparecidos en Veracruz. “Mire, Lucy, este es mi hijo Abelardo”, le dice una señora a la líder de Solecito. “¡Ay, qué guapo!”, responde ella. Otra apunta con el dedo a la mitad de la lona: “Este muchacho ya apareció en Arbolillo” (otro cementerio clandestino hallado en Alvarado). “Sí, su madre se puso muy mal… tenía otras esperanzas”, exclama alguien más.
Una mujer de pelo teñido de rubio y caireles se acerca a la lona, acaricia con su mano derecha un rostro y llora. Levanta la mirada y vuelve a sollozar. Al comulgar con el sacerdote, es de las primeras en tomar la ostia consagrada.
Al fondo, con los brazos cruzados y fumando un cigarrillo, pero con actitud de respeto, espera don Lupe, el buscador de Guerrero “contratado” para aportar su experiencia en la búsqueda de las fosas clandestinas veracruzanas. “El can número 1”, le dicen las integrantes de Solecito con gratitud.
Recordatorios de impunidad
Pedro Huesca Barrada, exfiscal investigador especializado del gobierno de Javier Duarte y adscrito a la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina durante el Operativo Veracruz Seguro, fue levantado el 15 de abril de 2013 en Ciudad Cardel junto a su oficial secretario Gerardo Montiel Hernández por policías estatales y un grupo de sicarios.
Pasaron casi cuatro años para que ambos fueran encontrados en Colinas de Santa Fe. Su aparición –fueron los primeros de los 22 identificados hasta el momento– derribó la versión de que el cementerio clandestino sólo era utilizado por células de Los Zetas y del CJNG, ya que Huesca y Montiel fueron víctimas de desaparición forzada.
La investigación reveló que presuntos integrantes del CJNG y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) trabajaban en coordinación: la causa penal 49/2013 narra la detención y declaración de Obed Pulido Murrieta, El Cocho (halcón), Josué Acosta Isidoro, El Tortuga (sicario), y Alberto Lewis, El Pantera (jefe de la plaza), integrantes del CJNG a quienes se les ordenó llevarse al “licenciado Huesca” con el apoyo de policías y mandos de la SSP.
En el mismo cementerio clandestino también fue identificado Giovanni Palmeros Arciga, quien desapareció el 26 de enero de 2014, cuando conducía su auto compacto por el bulevar Ávila Camacho, pero había tomado unas copas, le fallaron los reflejos e invadió el carril contrario a la altura del hotel Camino Real de Boca del Río. Giovanni fue detectado por elementos de la patrulla 325 de la Policía Naval, quienes lo pusieron a disposición de la Dirección de Tránsito y Vialidad. Durante 47 meses su padre, René Palmeros, emprendió la búsqueda que en 2017 lo llevó a Colinas de Santa Fe.
La Policía Científica, la entonces Procuraduría General de la República y la FGE le confirmaron la noticia: el cuerpo de su hijo se encontraba en aquel narcocementerio: “Durante más de tres años parecía que a mi hijo se lo había tragado el mar. Quedamos devastados, pero tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque queremos justicia, no la impunidad de siempre”, expuso Palmeros al reportero en una entrevista telefónica.
La causa penal 182/2015 indica que desde el 8 de agosto de 2015 se encuentran en la cárcel los oficiales de tránsito José de Jesús Hernández Salazar y José Luis Castro Castro, quienes tramitaron amparos, mismos que están en revisión en juzgados federales, pero otros dos oficiales continúan prófugos: Mario Pérez Hernández y José Luis Chávez Esmediche.
Aquí también fueron inhumados el cráneo y 17 huesos de Gerson Quevedo Orozco, secuestrado por criminales del CJNG el 15 de marzo de 2014. Su familia tardó más de 45 meses en dar con su paradero. Cuando su hermano Alan y otro muchacho buscaron a Gerson en una casa de seguridad del fraccionamiento Arboledas San Ramón, municipio de Medellín, ambos fueron tiroteados por sicarios.
Las fosas de la zona montañosa
“Es como una jornada laboral, día a día, desde que sale el sol y previo al atardecer”, explica Araceli Salcedo, del Colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba-Orizaba, quien con medio centenar de madres de desaparecidos y con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Fiscalía General de la República (FGR) y peritos de la FGE suben durante medio kilómetro el cerro de Río Blanco, en la colonia Venustiano Carranza, para continuar con esa laboriosa exhumación de cuerpos que empezó el año anterior y en la cual hasta ahora han exhumado 12 osamentas.
Once de ellas aún tienen tejido adherido, lo cual indica que las personas fallecieron entre siete y 10 años antes, es decir, entre 2009 y 2012, lo que coincide con los primeros años del sexenio de Javier Duarte (2010-2016), cuando Los Zetas aterrorizaron la región montañosa de Veracruz.
Con binomios caninos, trajes de bioseguridad, machetes, palas, picos, cubrebocas, guantes, repelente de insectos y protector solar, la brigada mixta sube el cerro para continuar los trabajos en cuatro cuadrantes de 20 por 20 metros.
“El trabajo parece interminable. Tenemos puntos marcados aquí, pero también del otro lado en Los Sótanos (otra congregación de Río Blanco), donde tenemos la certeza de que criminales también enterraron a nuestros desaparecidos”, dice Araceli Salcedo, vocera de Familias de Desaparecidos Córdoba-Orizaba, quien desde septiembre de 2012 busca a su hija Fernanda Rubí Salcedo, levantada por un comando en una discoteca de Orizaba.
La forma en que localizaron este narcocementerio es parecida a la del Colectivo Solecito con el de Colinas de Santa Fe. El año pasado un grupo criminal abordó a este colectivo en la alameda de Orizaba cuando los activistas vendían dulces a fin de recaudar fondos para sus búsquedas.
“Nos entregaron un croquis, señalándonos el punto donde sólo nos decían que había fosas en esa región”, relata Salcedo. Ninguno de los 12 exhumados tenía identificación ni zapatos. Una de las osamentas “parece ser del sexo femenino”.
En el predio La Guapota, congregación de Paraíso y Porvenir, en Úrsulo Galván, se tienen ubicados 80 “puntos positivos” de fosas clandestinas. Están a cinco kilómetros de los balnearios turísticos de Playa Juan Ángel y Chachalacas. Sin embargo no se ha logrado establecer el número total de cuerpos enterrados a causa de la descoordinación entre la FGE y el gobierno estatal, además de que ambos alegan que carecen de suficiente presupuesto.
En las fosas clandestinas de Arbolillo, en Alvarado, autoridades de la fiscalía estatal registraron el hallazgo de 248 cuerpos en 18 meses de labores, pero hasta ahora sólo han conseguido identificar a ocho personas, de acuerdo con el oficio 583/2018 de la fiscalía.
En las instalaciones del Servicio Médico Forense de Veracruz hay más de 500 cuerpos almacenados con la categoría NI (No Identificado), desorden al que se suma la pésima gestión de las fosas comunes en los panteones municipales. En el de Palo Verde, Xalapa, el colectivo Familias Enlaces Xalapa ha denunciado el mal manejo de 295 cuerpos en las fosas comunes.
Lucía Díaz, del Colectivo Solecito, indica que en la clausura de los trabajos del cementerio clandestino de Colinas de Santa Fe se tiene que recordar que hay 3 mil 600 carpetas de desaparecidos durante el gobierno de Javier Duarte y otra cantidad de cientos correspondientes al bienio de Miguel Ángel Yunes, cuyo número oculta adrede el fiscal general, el panista Jorge Winckler, aunque se ha estimado que pueden ser alrededor de 400 en el periodo 2016-2018.
En la clausura de los trabajos del narcocementerio de Colinas de Santa Fe, el más grande de Latinoamérica, se realizó una misa en que los familiares de personas desaparecidas fueron resguardados por elementos de la Policía Federal, la Policía Científica, la Policía Estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
No acudieron el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ni el fiscal general Jorge Winckler, quienes han declarado en distintos momentos que una de sus prioridades es procurar justicia y colaborar en la identificación de cuerpos hallados en las fosas clandestinas. l
