Señor director:
Nos referimos al artículo publicado en su revista el 28 de julio, denominado “Grupo México: negocios alternos e indemnizaciones a medias”, escrito por Patricia Dávila, donde se alude al Colegio de Ingenieros Ambientales de México AC (Cinam), el cual tengo el honor de presidir. En mi carácter de presidente del X Consejo Directivo del Cinam y representante legal del mismo, quiero poner a su amable consideración las siguientes aclaraciones:
1.– El Cinam no es una empresa, es una asociación civil no lucrativa fundada y constituida en 1996 en términos de la Ley de Profesiones y bajo los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública. Como todos los colegios de profesionistas, tiene la finalidad de vigilar que el ejercicio profesional de sus agremiados se realice dentro del más alto plano legal y moral.
2.– Nuestro colegio está conformado por 315 asociados profesionales, 250 asociados estudiantiles y 25 socios honorarios, distribuidos en siete delegaciones estatales (más tres en proceso de formalización) y 18 delegaciones estudiantiles.
3.– A lo largo de su historia, el Cinam ha colaborado desde sus inicios con diversas agencias ambientales del ámbito federal, estatal y local, tales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Secretaría de Energía, Pemex, Comisión Estatal del Agua de Jalisco, Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, así como con instituciones privadas y agencias internacionales, tales como Inbursa, GIZ, Embajada Británica, ONUDI y JIC, toda vez que dicha interacción forma parte de uno de sus objetivos fundamentales.
4.– Es dentro de este contexto que el Cinam, a petición de la Semarnat, tuvo la responsabilidad de participar en la respuesta a la emergencia causada por el evento del derrame de solución ácida proveniente del proceso de producción de cobre en la mina Buenavista del Cobre, en 2014.
5.– Al respecto, queremos aclarar que las actividades específicas encomendadas al Cinam fueron las siguientes:
A.– Supervisión del suministro de agua potable a las poblaciones de la cuenca del Río Sonora, como medida emergente por la contaminación de los cuerpos de agua: arroyo Tinajas, arroyo Bacanuchi, Río Sonora y presa El Molinito.
B.– Supervisión de diseño, construcción, instalación y distribución de 10 mil 188 arreglos de estructuras metálicas y tinacos.
C.– Supervisión de cumplimiento de la calidad del agua potable (NOM-127-SSA-1994) suministrada a la población.
D.– Desarrollo de estudios sobre el impacto social causado por el derrame de solución contaminada con metales pesados.
E.– Apoyo para la comunicación a las comunidades afectadas de los procedimientos de atención a la emergencia y para el pago de indemnizaciones.
F.– Estudio de contaminación con metales pesados del cauce de los arroyos Tinajas y Bacanuchi, con apoyo del IPN y la UAM.
G.– Suministro de equipo para atención de la emergencia a la Profepa (GPS, computadoras, drones, analizadores de pH y conductividad y equipo para la medición de metales pesados en suelos).
H.– Supervisión de la ingeniería, construcción y puesta en marcha de la planta potabilizadora de Bacanuchi.
6.– Los trabajos antes descritos implicaron el pago de honorarios a una plantilla que incluyó a más de 20 personas, desde técnicos hasta doctores con experiencia en diferentes disciplinas, durante un periodo de ocho meses, y los gastos inherentes a los trabajos en campo.
Con base en lo anteriormente expuesto, nos causa extrañeza que la revista a su digno cargo permita la publicación de artículos donde se insinúan posibles irregularidades que pueden deteriorar la imagen y prestigio de nuestra institución.
Es por ello que le estamos solicitando, de la manera más atenta, tenga a bien publicar el texto íntegro de la presente misiva, para aclarar a la opinión pública que nuestra participación en dicho proyecto fue con la mejor intención de apoyar a las autoridades ambientales en dicha contingencia, y que estamos convencidos de que actuamos de manera íntegra y apegada a los lineamientos establecidos por el código de ética que rige a nuestro colegio.
Atentamente:
Ingeniero José Alberto Cruzado Martínez, presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales de México
Respuesta de la reportera
Señor director:
Con respecto a la carta del doctor Lacy Tamayo, tal como él señala en ella, la información publicada por este semanario está basada en un estudio elaborado por la organización no gubernamental Poder, así como en una entrevista, ambas citadas en el texto.
Y en cuanto a la carta del ingeniero José Alberto Cruzado Martínez, tal como lo menciono en el texto, la información publicada se sustenta tanto en un estudio elaborado por la organización no gubernamental Poder como en una entrevista.
Atentamente:
Patricia Dávila
