VILLAHERMOSA, TAB.- La llamada Ley Garrote se cocinó y aprobó en comisiones del Congreso de Tabasco en menos de 24 horas, y en dos horas la avaló en el pleno la mayoría morenista, pese a las críticas en el sentido de que esa ley va a “criminalizar” las protestas sociales.
El 24 de julio el gobernador Adán Augusto López Hernández envió al Congreso la iniciativa de reformas al Código Penal de Tabasco (CPT), el viernes 26 se aprobó en comisiones y el lunes 29 en el pleno.
En menos de una semana esta entidad transitó de la “industria de la reclamación”, achacada a Andrés Manuel López Obrador hace más de 20 años por encabezar bloqueos a pozos petroleros, a la Ley Garrote, respaldada por la presidencia del propio AMLO para garantizar las multimillonarias inversiones en su estado natal destinadas a impulsar la industria petrolera.
La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil por tres legisladoras de Morena, mientras que la diputada priista Ingrid Rosas Pantoja votó en contra, por considerar que las penas carcelarias que se impondrán a los opositores que bloqueen la ejecución de una obra “son más altas que las aplicadas a un violador u homicida”.
Rosas Pantoja fijó su postura de rechazo, llamó Ley Garrote al dictamen y condenó que se pretendiera aplicar en la tierra natal del presidente López Obrador, “principal orquestador de marchas, plantones, éxodos, bloqueo de calles (y) tomas de plazas públicas, tanto en el estado como en la Ciudad de México”.
Se trata de reformas a los artículos 196, 299, 306, 307 y 308, con adición de la nueva figura penal “Impedimento de ejecución de trabajos u obras”, en el que se encuadró el polémico artículo 308 bis.
Tras la votación en comisiones, el viernes a las 17:00 horas se citó a un periodo extraordinario para el lunes 29 a las 11:00 horas, a fin de discutir el dictamen y votarlo en el pleno.
Según la diputada perredista Dolores Gutiérrez, se pretendió que el dictamen pasara desapercibido el fin de semana, pero varios medios de comunicación nacionales informaron sobre la inminente aprobación de la iniciativa, lo que derivó en duras críticas.
Ante la presión, el mismo lunes por la mañana, antes de la sesión del pleno, el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, acudió al Congreso para reunirse con las fracciones del PRD y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a fin de tratar de convencerlas de que apoyaran el dictamen, para lo cual incluso ofreció modificar el nuevo artículo 308 bis.
De acuerdo con la diputada Rosas Pantoja, los cinco parlamentarios del PRI ratificaron a Medina Filigrana su rechazo al dictamen y le propusieron que se regresara a la comisión para someterlo a consultas públicas y a las opiniones de colegios de abogados pero, afirma, el funcionario se negó.
Por su parte, la bancada del PRD se dividió en tres legisladores a favor y tres en contra.
“Tenían prisa por sacar adelante el dictamen porque el 1 de agosto arrancaba formalmente la construcción de la refinería de Pemex en Dos Bocas”, dice la diputada Dolores Gutiérrez, que también votó en contra de la ley
En la iniciativa del Ejecutivo que se aprobó en comisiones “se mezcló” una propuesta hecha en febrero pasado por el coordinador de los diputados priistas, Gerald Washington, con el fin de aumentar penalidades de seis a 15 años para el delito de extorsión, para el cual en el artículo 196 se establece una sanción de cuatro a 13 años de cárcel, y ya adicionado con el 196 bis se aumentó a entre 10 y 20 años.
“Confundieron la gimnasia con la magnesia: la extorsión con la libertad de manifestación”, reprocha la diputada priista Katia Ornelas.
En el pleno, Washington se desmarcó del dictamen y aclaró que su propuesta de aumentar cárcel a extorsionadores era contra las bandas criminales que exigen pago “de piso” a empresarios y comerciantes, no para “criminalizar” las protestas sociales.
También en el pleno, el coordinador de los diputados del PRD, Agustín Silva Vidal, dijo que en acuerdo con la bancada de Morena se proponía modificar el artículo 308 bis aprobado en comisiones, el cual establecía prisión de uno a cinco años “al que, careciendo de facultad legal, impida total o parcialmente el libre tránsito de personas”, así como una multa de 50 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y del doble de cárcel si el responsable se hace acompañar “de personas menores de edad o se emplee violencia”.
La modificación se aprobó y al artículo 308 bis se le aumentó la penalidad de seis a 13 años de prisión, pero ahora para el que “extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local”.
Además prevé imponer multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten; la pena se incrementará en una mitad más “cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”.
“Un traje a la medida para la represión por la refinería de Dos Bocas”, deplora la diputada priista Rosas Pantoja.
Si estas reformas hubieran estado vigentes cuando López Obrador bloqueaba pozos petroleros “estuviera saliendo de la cárcel”, señala Katia Ornelas. Y advierte: “Es el fracaso de la política para resolver conflictos, poca disponibilidad para el diálogo y el fantasma del retorno de un gobierno represivo como el del 68”.
Para la diputada Gutiérrez, quien fue vocera del gobierno de Arturo Núñez, la nueva ley “es el cerrojazo a la industria de la reclamación que inició Andrés Manuel López Obrador, y como ya llegó a la Presidencia de la República, ahora dice que hay que portarnos bien”.
Bastaba con reformar un artículo
El gobernador López Hernández insiste en que el objetivo de las reformas al Código Penal de Tabasco no es coartar el derecho ciudadano de expresarse, manifestarse o transitar libremente, sino para acabar “con el reino de la impunidad”, la extorsión y el chantaje “de pseudolíderes y pseudosindicatos” ligados al PRI, los cuales, según él, durante mucho tiempo condicionaron las operaciones de empresas privadas, así como de Pemex e incluso de la Comisión Federal de Electricidad.
En rueda de prensa realizada horas después de la aprobación de la Ley Garrote, el mandatario morenista destacó que Tabasco ocupa el primer lugar nacional en el delito de extorsión, por lo que era necesario terminar para siempre “con esa puerta giratoria”, la cual permitió que los delincuentes entraran a la cárcel “por la mañana y salieran en la tarde”.
Dijo que para nadie es un secreto cuáles son los grupos dedicados a este ilícito y que “ninguna de las administraciones anteriores se atrevió a tocarlos ni con el pétalo de una rosa”. Se trata, precisó, de “una delincuencia perfectamente bien organizada que obtenía millonarios ingresos diarios, semanales, quincenales y mensuales”.
Y remató: “Si queremos que haya desarrollo económico, inversión privada e inversión pública que coadyuve a una mejoría en el nivel de vida de los tabasqueños, necesitamos garantizar la seguridad a la inversión”.
El miércoles 31 de julio el mandatario morenista publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto 115 con las reformas al Código Penal local, que entró en vigor el 1 de agosto.
Para el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío, con tan sólo aumentar la penalidad al delito de extorsión establecido en el artículo 196 del Código Penal bastaba para enfrentar el problema, sin reformar o adicionar otros que, de presentarse un recurso de inconstitucionalidad, habría “grandes posibilidades” de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación los eche abajo.
En entrevista con el portal Aristegui Noticias, el 30 de julio Cossío coincidió con las críticas: “Es una Ley Garrote por ser muy restrictiva de la protesta social… Si lo que se quería efectivamente era sancionar la extorsión, con este artículo 196 bastaba. Eso era lo que pudo haber hecho el estado”.
Sin embargo, añadió, el gobernador introdujo una gran cantidad de aspectos, “no para regular la extorsión, sino regular las marchas y las protestas”.
Puntualizó: “Tabasco es un estado con una situación económica grave desde hace muchos años, tiene tasas de desempleo altísimas y una recesión propia muy importante, pero no me parece que sea el mecanismo adecuado para criminalizar la protesta social mediante el establecimiento de estos tipos penales”.
En febrero de 1996, luego de varios días de bloqueos a pozos e instalaciones petroleras, así como ocho embates de policías locales y federales apoyados por el Ejército, y con la detención de 72 manifestantes, el entonces subsecretario de Gobernación, Arturo Núñez, leyó un mensaje en cadena nacional para condenar “la industria de la reclamación” que, afirmó, promovía López Obrador y afectaba gravemente a Pemex.
Casi un cuarto de siglo después, el ahora presidente de la República respalda la Ley Garrote. l
