En el noroeste de China viven los uigures, población musulmana que es sistemáticamente reprimida por el gobierno chino. Un millón de esos ciudadanos de origen turco viven detenidos en campos de “reeducación” –así los llama Beijing–, que según la ONU y diversas ONG son auténticos campos de concentración. Las autoridades chinas alegan que se trata de centros donde se pretende prevenir cualquier tipo de extremismo islámico.
Ginebra.- En agosto de 2018 China fue sometida a revisión por el Comité contra la Discriminación Racial, de la ONU; en una sesión que apuntaba a caer en la monotonía, una de las expertas del comité tomó por sorpresa a la delegación de Beijing y preguntó sobre el millón de uigures (islamistas de origen turco) detenidos en los llamados campos de reeducación, cuyo fin es frenar el extremismo musulmán.
Fue la primera vez que se cuestionó al gobierno del presidente Xi Jinping en un foro de las Naciones Unidas sobre la situación de unos 13 millones de musulmanes que viven en Sinkiang y especialmente sobre los campos de reeducación que, en opinión de defensores de derechos humanos, son auténticos campos de concentración.
En el nombre de la lucha contra el extremismo religioso, China convirtió a Sinkiang en “algo que se asemeja a un campo de internamiento masivo, envuelto en secreto, una especie de zona en la que no hay derechos”, afirmó en esa ocasión Gay McDougall, experta del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Según informes de ese Comité, los musulmanes turcos “son tratados como enemigos del Estado únicamente sobre la base de su identidad étnico-religiosa”, dijo McDougall, quien argumentó que ser uigur en China se había convertido “en motivo de castigo”.
En aquella sesión McDougall también cuestionó a Beijing sobre el destino de los jóvenes uigures que regresaron a Sinkiang después de estudiar en el extranjero y le pidió explicaciones sobre más de un centenar de ellos que desaparecieron; algunos habían sido detenidos, otros, al parecer, murieron en detención.
Además con el pretexto del adoctrinamiento político y cultural, “a todos los detenidos se les violaron sus derechos al debido proceso, mientras que la mayoría nunca fue acusada de un delito, juzgada por un tribunal de justicia ni tuvo la oportunidad de impugnar la legalidad de su detención”, observó.
Poco después de dicha sesión en la que Beijing evitó hablar sobre el tema, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que documenta la situación en esos centros de detención masiva.
Según el informe “Erradicando un virus ideológico”, de HRW y publicado en septiembre de 2018, el gobierno chino ha llevado a cabo “durante mucho tiempo” políticas represivas contra los pueblos musulmanes turcos en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang, en el noroeste de China.
Estos esfuerzos se han incrementado radicalmente desde finales de 2016, con la llegada del secretario del Partido Comunista, Chen Quanguo, quien asumió el liderazgo de Sinkiang.
En su informe, HRW presenta pruebas de la detención arbitraria y masiva perpetrada por el gobierno chino, de la tortura y maltrato a los musulmanes turcos en Sinkiang y detalla los controles sistemáticos y cada vez más generalizados de la vida cotidiana allí.
Aunque el gobierno chino no proporciona información sobre la cantidad de detenidos, estimaciones confiables sitúan el número en alrededor de 1 millón. Dentro de esas instalaciones secretas, los detenidos se ven obligados a someterse a un adoctrinamiento político durante días, meses e incluso años.
Por ejemplo, una de las entrevistadas dijo que su esposo, sus cuatro hermanos y sus 12 sobrinos –todos los hombres de su familia– han estado detenidos en campos de reeducación política desde 2017.
Se habla también de muertes en esos campos, lo que ha generado inquietudes acerca del abuso físico y psicológico, así como estrés por malas condiciones, hacinamiento y reclusión indefinida.
Asimismo, cita el documento, los exdetenidos denunciaron intentos de suicidio y duros castigos por desobediencia en las instalaciones.
En los últimos años el gobierno de Xi ha dedicado enormes recursos financieros, humanos y técnicos para el control social en Sinkiang.
Beijing detiene a las personas y las somete a mayores niveles de control, no sólo en función de su propio comportamiento o creencias, sino también de los miembros de su familia, “una forma de castigo colectivo que es contraria al derecho internacional de los derechos humanos”, acusa HRW.
Tal vez la medida “más innovadora y perturbadora” sea el uso, por parte del gobierno, de sistemas de vigilancia masiva de alta tecnología. Las autoridades de Sinkiang realizan la recopilación masiva obligatoria de datos biométricos, como muestras de voz y ADN, utilizan inteligencia artificial, así como “big data”, para identificar, perfilar y rastrear a todos en la zona.
Básicamente el propósito de los campos y el adoctrinamiento es simple: se trata de erradicar de la mente pensamientos sobre el extremismo religioso, el terrorismo violento y sobre todo “curar” enfermedades ideológicas. Si la educación no va bien, el gobierno seguirá proporcionando “educación gratuita”, hasta que los alumnos logren resultados satisfactorios y se gradúen “sin problemas”.
Dentro de los campos, los detenidos se ven obligados a aprender chino mandarín, cantar alabanzas al Partido Comunista y memorizar las reglas aplicables principalmente a los musulmanes turcos. Los que se encuentran fuera deben asistir a las ceremonias a la bandera y de adoctrinamiento político, entre otras medidas.
Los detenidos no pueden salir a menos que sus guardianes consideren que se han convertido en “sujetos chinos leales”. Los musulmanes turcos que viven fuera sufren restricciones de movimiento que van desde el arresto domiciliario hasta prohibición para salir del país.
Puede ser un delito tener alguna relación con “26 países sensibles”: Afganistán, Argelia, Azerbaiyán, Egipto, Indonesia, Irán, Irak, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Libia, Malasia, Nigeria, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Yemen.
Las personas que han estado en esos países, tienen familias o se comunican con alguien allí, han sido interrogadas, detenidas e incluso juzgadas y encarceladas. De igual forma se documentó la separación de familias por endurecimiento de controles migratorios.
China se defiende
En la más reciente sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó el pasado viernes 12 en Ginebra, el vicegobernador de Sinkiang, Erkin Tuniyaz, afirmó que “al establecer centros de educación y capacitación vocacional de acuerdo con la ley, nuestro objetivo es educar y salvar a aquellos que fueron influidos por el extremismo religioso y cometieron delitos legales menores”.
“Esto evitará que se conviertan en víctimas del terrorismo, del extremismo y ayudará a proteger los derechos humanos básicos de los ciudadanos”, afirmó.
Según Tuniyaz, “los extremistas religiosos divulgaron creencias siniestras como que los yihadistas tienen que matar a otros para ir directamente al cielo, incitaron a que resistieran la gestión gubernamental y rechazaron toda cultura secular”.
Y argumentó que “envenenadas por esos pensamientos extremistas, muchas personas actuaron como drogadictos y hacían cosas que la gente normal no podía entender”.
Justificó que como muchos de los jóvenes no tienen formación y les es difícil aceptar el conocimiento moderno, “por eso en esos centros se ofrecen cursos en el idioma común del país, así como conocimientos jurídicos para evitar la radicalización”.
El funcionario presumió que los centros de reeducación tienen médicos de tiempo completo y además cuentan con aire acondicionado, baño, teléfono, televisión, instalaciones deportivas y bibliotecas.
“La gente tiene mayor sentido de la felicidad y sobre todo de la seguridad”, encomió el vicegobernador de Sinkiang ante la mirada incrédula de varios miembros del Consejo.
Consejo decepcionante
Para algunos diplomáticos consultados por Proceso resultó “muy desafortunado” que el Consejo no haya impulsado una resolución por los campos de detención masiva en Sinkiang; criticaron la ineficiencia del organismo de retar a una potencia mundial como China.
En lugar de una resolución, 22 países emitieron una declaración conjunta en la que le pidieron a la alta comisionada Michelle Bachelet mantener informados a los miembros del Consejo sobre la evolución de los hechos relacionados con el tema.
Finalmente, Sarah Brooks, de la ONG Servicio Internacional para los Derechos Humanos, declaró a la prensa: “Debemos tener claro que lo que está ocurriendo en Sinkiang es la destrucción generalizada de una minoría y una cultura, desde la destrucción de los sitios religiosos hasta la separación de familias, incentivos para el matrimonio mixto y el encarcelamiento de más de 350 académicos e intelectuales”.
