Al margen del discurso oficial del presidente López Obrador, en los hechos México ya cumple las funciones de tercer país seguro para los migrantes que esperan obtener asilo en Estados Unidos. Aunque esa figura implica no sólo la contención, sino también la atención a las personas que salen de Centroamérica con destino al país del norte, la presión política y económica del presidente estadunidense Donald Trump orilló al gobierno mexicano a poner énfasis en la detención y la deportación de las familias que escapan de la cruel realidad centroamericana.
En los últimos 45 días, ante la mirada satisfecha del presidente estadunidense Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador echó a andar todo su aparato civil y militar para impedir que decenas de miles de centroamericanos lleguen a pedir asilo a Estados Unidos.
Bajo las órdenes del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon –quien selló el compromiso de reducir “significativamente” el paso de refugiados por el país–, se endureció la presencia militar en las fronteras sur y norte. En junio, la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a cerca de 30 mil centroamericanos y deportaron a 21 mil 912. Muchos viajaban en familia, a menudo con bebés.
El ritmo de deportación –un promedio de 730 personas por día– rebasa en 31% el registrado en mayo de 2015, cuando alcanzó su mayor intensidad la estrategia de contención migratoria conocida como Plan Frontera Sur, que lanzó la presidencia de Enrique Peña Nieto. Esa estrategia incrementó los abusos y la violencia contra los migrantes y, a decir de defensores de derechos humanos, obligó a muchos de ellos a seguir rutas más peligrosas.
En Chiapas, Veracruz y Tabasco, elementos de la GN instalaron retenes e intensificaron los patrullajes; efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) se apostaron en las orillas del río Suchiate para repeler a los migrantes que cruzan en balsas; se multiplicaron los operativos y las redadas en hoteles y casas particulares, mientras que los hoteleros y transportistas fueron amenazados con penas de cárcel si prestan sus servicios a personas indocumentadas.
A la par, Washington intensificó su programa conocido como “Quédate en México”: en junio las autoridades estadunidenses devolvieron a 9 mil 91 solicitantes de asilo centroamericanos (303 por día) a los “puntos de retorno” del lado mexicano de la frontera, donde aguardarán a que un juez de migración del vecino país determine si les otorga el estatus de refugiado.
López Obrador se negó a enviar una nota diplomática a Washington para reclamar una serie de medidas que adoptó la administración de Trump contra los migrantes en semanas recientes.
Éstas incluyen redadas para deportar a 1 millón y medio de indocumentados y la entrada en vigor de una nueva orden que impide a los extranjeros pedir asilo en la frontera sur de Estados Unidos si no lo hicieron antes, al menos, en México. Esta última medida fue abiertamente criticada por el parlamento de la Unión Europea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Este lunes 22 vence el plazo de 45 días que Trump otorgó a México el pasado 7 de junio, y durante el cual el gobierno de López Obrador se comprometió a reducir “significativamente” la llegada de migrantes centroamericanos a su frontera, a cambio de que el presidente estadunidense no cumpla su amenaza de imponer un arancel general sobre los productos mexicanos.
Un día antes, el domingo 21, el secretario de Estado Mike Pompeo pasará por México, en una etapa relámpago de la gira que está realizando por la región. Se reunirá a puerta cerrada con Ebrard y le informará si Trump determinó “a su discreción” que el gobierno mexicano hizo un trabajo suficiente para frenar la migración centroamericana, que desde enero pasado creció de manera vertiginosa: más de 400 mil personas de ese origen llegaron a la frontera de Estados Unidos, la mayor parte de ellos en familia.
En el caso de que Trump considere que México no hizo lo suficiente, Washington obligará al gobierno federal a abrir negociaciones para llegar a un acuerdo de Tercer País Seguro.
Hasta el momento Trump parece satisfecho con el desempeño del gobierno mexicano: en su cuenta de Twitter ha escrito que México “lo está haciendo muy bien en la frontera” y que “está haciendo un muy buen trabajo en detener personas mucho antes de que lleguen a nuestra frontera”.
La de Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la Cámara de Diputados por Morena, fue la única voz disonante en la llamada Cuarta Transformación sobre la gestión de la crisis migratoria, pues deploró que Trump “se jacta de que ganó”.
El pasado lunes 15 el legislador arremetió contra las concesiones del gobierno mexicano ante Trump: declaró que México se convirtió “no de hecho, sino de derecho”, en Tercer País Seguro, equiparó los centros de detención migratoria de México con “campos de concentración nazis” y criticó: “No se vale pagar aranceles con migrantes; es decir, carne humana por una medida económica”.
Sur militarizado
Previo al arranque formal de la GN, agentes de la Policía Federal, el Ejército y la Marina acompañaban a los agentes del INM en acciones específicas. Sin embargo, en el sur del país el nuevo cuerpo de seguridad ya sustituyó prácticamente al instituto.
El colectivo Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, que aglutina a unas 40 organizaciones de Guatemala y México, documentó el despliegue generalizado de la GN en el sur del país, con retenes conformados por “máximo tres agentes del INM y más de 10 elementos de la GN”.
En un informe publicado el pasado lunes 15, dicho colectivo indicó que en Chiapas “el reforzamiento de la militarización ha afectado la dinámica trasfronteriza tradicional por la detención de personas jornaleras de Guatemala que trabajan en las plantaciones cafetaleras”. Reportó también que las estaciones migratorias de Chiapas y el centro de detención de Tenosique, Tabasco, están hacinados.
En Tabasco, la GN arribó a principios de julio. Cinco vehículos quemados aparecieron en la carretera Villahermosa-Teapa, con una manta firmada por un delincuente local que decía: “Bienvenidos, Guardia Nacional, sabemos que vienen con todo, pero haber (sic) cuantos salen vivos de aquí, se alinean o los alineo”.
De acuerdo con el gobernador Adán Augusto López Hernández, de Morena, en una primera etapa 500 elementos del cuerpo de seguridad operarán principalmente en operativos migratorios en la frontera sur, a pesar de que las ejecuciones no cesan en Tabasco: 11 personas fueron asesinadas entre el 12 y el 17 de julio pasados, entre ellas dos mujeres y un niño de 12 años.
Se llevaron a cabo redadas masivas: en una casa de Nacajuca fueron detenidas 68 personas, en el hotel Palominos del centro histórico de Villahermosa fueron capturadas otras 20, mientras que, durante un operativo en un motel de la periferia de la capital, agentes del INM, de la GN y policías detuvieron a 132 personas.
Asimismo se incrementaron las deportaciones masivas en la entidad. Tan sólo del 5 al 12 de julio, 290 hondureños fueron deportados de Villahermosa a San Pedro Sula en un avión de la Policía Federal.
El gobierno estatal amagó con aplicar la ley de extinción de dominio a hoteleros, transportistas, empresarios y todo aquel que ofrezca sus servicios a migrantes indocumentados. En Tenosique, socios de la Unión de Taxistas fueron advertidos por sus directivos de que podrían ser sancionados hasta con 15 años de cárcel por tráfico de personas, en caso de que los sorprendan transportando migrantes en situación irregular.
El pasado 27 de junio las autoridades federales y veracruzanas realizaron una intensa redada contra migrantes centroamericanos en el puerto de Veracruz: en el Hotel Azteca catearon habitación por habitación y detuvieron a 180 escondidos en cuartos, pasillos, estacionamiento y hasta en una bodega; también revisaron el motel Venus, así como los hoteles Impala, Mérida y Latino, de los alrededores de la central de autobuses.
El operativo desembocó en la captura de 260 migrantes, quienes fueron concentrados en el auditorio Benito Juárez. Al día siguiente fueron trasladados a la estación migratoria de Acayucan, donde fueron deportados.
Diana Damián, integrante de la organización civil Formación y Capacitación, AC (Foca), subraya la “incongruencia” entre la promesa de regresar los militares a sus cuarteles que hizo López Obrador en su campaña electoral, y las acciones que ordenó bajo la presión de Trump.
“No sólo no los regresó a sus cuarteles, sino con mayor intensidad los lanza a las calles, a los pueblos y ciudades, a los caminos y carreteras, a perseguir y detener migrantes”, dice Damián. Subraya que, si bien se creó la GN con un marco jurídico, las organizaciones civiles y los ciudadanos todavía desconocen cuáles son realmente sus funciones.
Desde su punto de vista, “no son un cuerpo policiaco nuevo con funciones de seguridad pública; la mayoría son los mismos marinos y miembros del Ejército mexicano; sólo les pusieron una insignia y ya”.
El complaciente
Desde la toma de posesión de López Obrador, el mandatario sacó paulatinamente la gestión de la política migratoria de las funciones de la Secretaría de Gobernación –a la que pertenece el INM– y la entregó a Ebrard.
Tal transferencia se concretó en la primera quincena de junio: el 7 de junio el secretario de Relaciones Exteriores pactó en Washington con la administración de Trump el endurecimiento de las medidas de contención. Y en la conferencia matutina de AMLO del siguiente 11 de junio, Ebrard presentó un “equipo especial” para aplicar la nueva estrategia migratoria que él encabeza.
Tres días después, el académico Tonatiuh Guillén López presentó su renuncia al INM por estar en desacuerdo con la estrategia antimigrante. Desde diciembre anterior el doctor en sociología promovía el “nuevo modelo de política migratoria” de la Cuarta Transformación, que planteaba un punto final a los operativos y las redadas contra los migrantes y se enfocaba en la protección a los derechos humanos.
Lo sustituyó Francisco Garduño Yáñez, quien era el encargado de las cárceles federales. Con su llegada se disparó el número de operativos y detenciones.
Además de otorgar el mando migratorio a Ebrard, López Obrador cedió a Ebrard la gestión del Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, mejor conocido como Fondo Yucatán, que hasta el pasado 26 de junio fue operado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Estos recursos estarán destinados a “programas, proyectos y acciones en los ámbitos de infraestructura, desarrollo de capital humano, equipamiento de instalaciones y albergues, desarrollo de sistemas de registro, control y seguimiento de sistemas de flujos migratorios, así como asistencia, capacitación, estudios e intercambio comercial de bienes y servicios relacionados con los mismos” en el sur de México y en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Con el respaldo del presidente, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió personal a la frontera sur para involucrarse en temas operativos, territoriales y de comunicación.
Un ejemplo: el pasado 3 de julio la dependencia convocó a unos 50 periodistas en las orillas del río Suchiate, en Chiapas, donde se realizó la presentación formal de la GN y de su nuevo jefe regional, el general Vicente Antonio Hernández Sánchez, quien funge desde noviembre pasado como comandante de la 36 Zona Militar, con sede en Tapachula.
El protagonismo de Ebrard en materia migratoria viene de meses atrás, incluso antes de que López Obrador tomara posesión como presidente de la República. En noviembre de 2018 el aliado de López Obrador sostuvo una reunión a puerta cerrada con Mike Pompeo en Houston, Texas.
El diario The Washington Post reportó que, durante este encuentro, el gobierno mexicano entrante aceptó un plan llamado “Quédate en México”, que convertiría el país en sala de espera para los solicitantes de asilo extranjeros. Olga Sánchez Cordero, la actual titular de Gobernción, desmintió la noticia de inmediato.
Dos meses después, el 20 de diciembre de 2018, la administración de Trump anunció el lanzamiento del programa conocido como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), que era en todos puntos similar al programa “Quédate en México” revelado por el diario estadunidense.
A pesar de que Guillén sostuvo que México no tendría la capacidad para recibir a los solicitantes de asilo extranjero en la frontera norte, el gobierno federal acotó la medida –prometió trabajos a los solicitantes de asilo–, aunque afirmó que este programa fue una “decisión unilateral” de la administración Trump.
Ésta lo desmintió en abril, cuando un juez suspendió la medida: la Casa Blanca aseveró que el programa fue producto de “un programa de cooperación extensamente negociado” con el gobierno de López Obrador.
La devolución de 18 mil 503 solicitantes de asilo en el marco del programa “Quédate en México” despierta alertas en la frontera norte. Gustavo Sánchez Vásquez, el alcalde panista de Mexicali, ya informó a López Obrador que la ciudad “no tiene recursos para atender a más migrantes o asilados, que los albergues civiles están casi al máximo de su capacidad y que no existe un protocolo para atender el problema”.
Desde la campaña electoral de 2016 que lo llevó a la presidencia de Estados Unidos, Trump solía atacar a México y repetir que construiría un muro en la frontera, el cual pagarían los mexicanos.
Lo cierto es que, hasta el momento, el gobierno mexicano paga solo la política de contención migratoria: el pasado miércoles 17, el subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga insistió en que el gobierno federal “está asumiendo prácticamente la totalidad” de los costos y de la atención a la política migratoria.
Recordó que “el INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) están exentos de las medidas de austeridad que hemos visto en otras instancias de gobierno, respecto a la reducción de plazas, en el arrendamiento de autos”. (Con información de Isaín Mandujano, en Chiapas; Noé Zavaleta, Veracruz; Armando Guzmán, Tabasco, y Javier Cruz, Baja California.) l
