La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, habla con Proceso sobre la batalla que libra en varios flancos ese sistema de justicia transicional, emanado de los acuerdos de Bogotá con las FARC, al que el gobierno y la extrema derecha de Colombia y hasta la DEA se han propuesto desacreditar.
BOGOTÁ.- Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sabe que ese sistema de justicia transicional –creado en Colombia para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra interna– está bajo acoso de adversarios muy poderosos.
La Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ha intentado infructuosamente corromper a sus magistrados para descreditarlo. La ultraderecha colombiana busca derogar a la JEP mediante una Constituyente o un plebiscito. Y el presidente, Iván Duque, quien falló en su intento de modificar la ley estatutaria del tribunal, insiste en someterlo a reformas.
Para Linares, estos embates contra la JEP se inscriben en el contexto de polarización política que vive Colombia por los acuerdos de paz con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La Jurisdicción es la columna vertebral de esos acuerdos, porque es la encargada de enjuiciar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se registraron durante la guerra interna.
A la JEP pueden acudir exguerrilleros, militares, agentes del Estado y civiles para confesar los delitos que cometieron; a cambio pueden obtener sanciones alternativas, como sentencias máximas de ocho años o la posibilidad de pagar sus penas con trabajo comunitario y “libertad restringida”. En entrevista con Proceso, Linares plantea que después de 52 años de conflicto armado en Colombia “hay desconfianza, hay miedo a la verdad y hay dolor (…) Sabíamos que esto iba a ser difícil, pero no tan difícil. Ahí se nos cruzó otra cosa”.
Y esa “otra cosa” es el triunfo de Iván Duque, quien se convirtió en agosto pasado en presidente de Colombia con el respaldo del ultraderechista Centro Democrático (CD), partido del expresidente y senador Álvaro Uribe, el más enconado adversario de los acuerdos de paz con las FARC.
Duque, Uribe, el CD, la Fiscalía General y la embajada de Estados Unidos en Bogotá tienen en la mira a la JEP, aunque por razones diferentes.
–Hay una guerra contra la JEP –se le comenta a Linares–, en la que incluso participan sectores de Estados Unidos. ¿Por qué cree que ocurre esto?
–Sobre las diferencias o manejos que se puedan dar con gobiernos extranjeros yo no me pronuncio. No me corresponde. Lo que sí le puedo decir es que todo proceso de justicia transicional en sus etapas iniciales es muy difícil. Y la variable de la llegada al poder del partido contrario a los acuerdos de paz lo hace más difícil aún.
Entre la guerra y la paz
Linares es consciente de que no toda Colombia está a favor del proceso de paz, como lo demostró el plebiscito del 2 de octubre de 2016, en el que triunfó, por menos de un punto porcentual, el “No” al pacto con las FARC. El acuerdo fue modificado en las semanas siguientes y aprobado por el Congreso; pero la ultraderecha uribista lo sigue considerando un pacto de impunidad para la exguerrilla.
“Claro, es difícil explicarle a una víctima del conflicto, a una mamá, que el señor Romaña (un excomandante guerrillero), que seguramente tuvo que ver con el secuestro o muerte de alguien cercano, hoy goce de libertad y que no se ha presentado en la JEP”, explica.
Para el senador opositor Iván Cepeda, la ultraderecha le tiene miedo a la JEP por las verdades que puedan contar en ese tribunal actores del conflicto, como exmilitares y exagentes del Estado, que conocen pormenores de los nexos de ese sector con el paramilitarismo. El legislador cree que un personaje particularmente vulnerable en ese escenario es Uribe, quien enfrenta en la Corte Suprema y en la Comisión de Acusaciones del Congreso decenas de denuncias por manipulación de testigos, espionaje y otros delitos.
Eduardo Montealegre, exfiscal general colombiano, dijo que Uribe es “un expresidente acorralado por su pasado, por sus responsabilidades históricas (y) por el fantasma de los crímenes internacionales que cometió”.
Uribe, el político más poderoso de Colombia, tuiteó hace unos días que aunque su partido, CD, no tenga mayoría parlamentaria para cambiar la JEP, debe insistir. “En algún momento se dará”, escribió.
–¿Cómo vería usted que todas estas iniciativas para acabar con la JEP, como quiere Uribe, lleguen a tomar vuelo? –se le pregunta a Linares.
–Me acojo a los dictámenes de la Constitución. Somos un tribunal de rango constitucional y cualquiera puede acudir a los mecanismos previstos en la Constitución para impulsar iniciativas. Yo defiendo la JEP, pero no voy a participar en debates políticos que promuevan una u otra reforma.
–¿Pero usted, como presidenta de la JEP, es consciente de que el objetivo del sector más radical del uribismo es derogar este tribunal?
–Creo que hay sectores que no ven con confianza a la JEP, sobre todo en el partido de gobierno. No hay conformidad con el proceso que se pactó en La Habana (sede de las negociaciones con las FARC) y aspiran a reformar de fondo ese acuerdo. Yo confío plenamente en que se respetará la Constitución, que dice que no lo pueden hacer.
El cerco contra la JEP
En sus 15 meses de funcionamiento, la JEP ha estado bajo asedio. Duque se propuso cambiar seis artículos de su ley estatutaria, en su mayoría relacionados con la extradición. Para la oposición esa propuesta era innecesaria y sólo respondía a la pretensión del CD de iniciar una operación de aniquilamiento del tribunal.
El mandatario insiste en que es necesario reformar ese tribunal para “fortalecer la extradición como un mecanismo que ha probado su eficacia en la lucha contra los criminales trasnacionales”. El partido de gobierno y su líder, Uribe, quieren una Constituyente para derogar la JEP, lo que abriría la posibilidad de que se modificaran otras legislaciones, como la que prohíbe al exgobernante presentarse para una nueva reelección.
“Se pueden proponer ajustes a la JEP”, dice Linares, “siempre y cuando los promuevan por las vías democráticas. En democracia, el Congreso negó las objeciones (de Duque). Y constitucionalmente los tres próximos gobiernos (este y los dos que siguen) no pueden alterar la esencia del acuerdo (de paz)”.
Las acciones contra la JEP también han incluido procedimientos irregulares de parte de la DEA, que empleó al menos a un agente mexicano que se hizo pasar por narcotraficante para intentar sobornar, sin éxito, a magistrados del tribunal.
Los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino incluso presentaron en junio una demanda penal contra agentes de la DEA por realizar operaciones “ilegales” en Colombia para incitar a la comisión de delitos. Ambos dijeron que todo fue parte de planes para “socavar” los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC.
–¿Usted ha hablado de este tema con el embajador de Estados Unidos en Colombia (Kevin Whitaker)? –se le pregunta a Linares.
–No. En alguna oportunidad comentamos algo de un tema protocolario, nada de fondo, porque a mí no me es permitido. Yo soy juez.
–¿Los ataques a la JEP, el encono de la ultraderecha contra este sistema de justicia transicional, pueden conducir a su desaparición?
–Para mí no cabe la posibilidad de que se acabe la JEP porque ya tiene un arraigo suficiente como para seguir adelante. Le pueden hacer el camino más difícil o más fácil, pero como colombiana, como ciudadana, como profesional formada en los parámetros de un estado de derecho, confío plenamente en que hay pesos y contrapesos que evitarán que el proceso de paz se vaya a caer.
–Pero es un hecho que este gobierno le ha hecho el camino más difícil a la JEP…
–Es que ganó las elecciones un partido que siempre se opuso al proceso de paz. Aquí no se habló durante la campaña ni de educación ni de salud. Aquí lo que importaba era quién estaba a favor y quién en contra del acuerdo.
–Muchos funcionarios que han atacado a la JEP comentan en privado que en el tribunal hay abogados y asesores muy cercanos a las FARC.
–Eso no es cierto. Los magistrados de la JEP fueron elegidos por cinco expertos internacionales. Y el punto de partida para aspirar a la JEP era ser expertos en derecho internacional, en derecho humanitario, en derecho penal. El problema es que aquí se asocia la experiencia y la trayectoria en derechos humanos con ideologías de izquierda.
La comisión que eligió a los magistrados de la JEP fue encabezada por el abogado peruano y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Diego García-Sayán, y de ella formaron parte el exdefensor del pueblo de España, Álvaro Gil-Robles, y el jurista colombiano José Francisco Acuña.
La presidenta de la JEP, abogada experta en derechos humanos y maestra en filosofía y administración pública, dice que el tribunal de paz es un organismo plural, con jueces liberales y conservadores, como todo conglomerado humano: “Cada magistrado conforma sus equipos y ahí puede haber expertos en derechos humanos que han pasado por organizaciones de defensa de presos políticos, pero todo eso aquí se asocia a la izquierda”.
–¿Hay mensajes distorsionados de la JEP por intereses políticos?
–Decir que aquí hay abogados de las FARC es un mensaje distorsionado. Si aquí hay alguien que esté impedido de participar en una investigación penal, que nos lo hagan saber e inmediatamente se procedería.
–A escala internacional la JEP ha tenido mucho respaldo, incluso de algunos sectores de Estados Unidos y la Unión Europea, pero aquí tiene muchos enemigos…
–Nadie es profeta en su tierra –dice Linares–, y es verdad que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el embajador de Estados Unidos (Jonathan Cohen) consideró a la JEP una institución fundamental para enfrentar los crímenes de guerra y los abusos de los derechos humanos.
El martes 2 el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió que se respete la independencia y autonomía de la JEP y que se le otorguen los recursos necesarios para desempeñar sus funciones, que son “esenciales” para la paz en Colombia.
–Es paradójico que, a la par de ese respaldo internacional, la DEA ha montado operaciones para sobornar a funcionarios de la JEP –se le plantea.
–Sobre ese hecho no me puedo pronunciar en ningún sentido porque yo soy una de las magistradas de la sección de apelación.
Esa sección, explica, deberá resolver una apelación que presentó la Procuraduría contra un fallo de la Sección de Revisión de la JEP que en mayo pasado negó la extradición a Estados Unidos del exjefe de las FARC Jesús Santrich, cuyo paradero hoy se desconoce.
En ese fallo, la Sección de Revisión criticó el operativo que montó la DEA contra Santrich para entramparlo en un negocio de cocaína que le propusieron agentes mexicanos que se hicieron pasar por enviados del Cártel de Sinaloa. Para los magistrados, ese operativo fue violatorio del orden jurídico colombiano y de la soberanía nacional.
