Son 17 mil 500 y se les conoce como “Servidores de la Nación”, perciben buenos sueldos, en algunos casos hasta más altos que los del presidente de la República, y forman un verdadero ejército electoral al servicio más bien de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. La naturaleza de esta estructura es denunciada por el asesor de la bancada perredista en San Lázaro, Rafael Hernández Estrada, en cuya opinión la labor de esas huestes lopezobradoristas bien pagadas es “inconstitucional”, toda vez que hacen uso electoral de los programas sociales y ensalzan la figura presidencial.
Se les ve por todos lados. Visten chaleco café y portan una credencial con el nombre grabado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es el ejército de “Servidores de la Nación” que se encargan de entregar los apoyos del gobierno federal, como las tarjetas de bienestar social.
Lo integran 17 mil 500 personas que todos los días recorren los lugares más ignotos del país. Ellos conforman un aparato político cuyo gasto supera los 2 mil 576 millones de pesos al año, y aun cuando están adscritos a la Secretaría de Bienestar responden a las órdenes de Gabriel García Hernández, quien aparece en la estructura de la Presidencia de la República al frente de la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo.
De acuerdo con un comunicado oficial, la función de García Hernández –uno de los hombres de mayor confianza de Andrés Manuel López Obrador desde hace años– es “coordinar a los delegados estatales y regionales del gobierno federal y llevar a cabo los programas integrales, desde las comunidades, los pueblos, los municipios, los estados, los programas de desarrollo económico-social”.
Senador de Morena con licencia, García Hernández trabajó en la Secretaría de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuando López Obrador fue el jefe de Gobierno del Distrito Federal (2000-2005). Luego fue director de Adquisiciones en la Oficialía Mayor, y más tarde la pieza clave para la conformación de la asociación civil Honestidad Valiente, de la que fue apoderado legal y sirvió de plataforma en las campañas presidenciales lopezobradoristas en 2006 y 2012.
En 2012, el PRI lo acusó de recabar donaciones y ser el vínculo entre Austeridad Republicana, un organismo al que ese partido señaló como el conducto para recibir dinero del gobierno capitalino por medio de contratos que tenían como destino final la asociación civil Honestidad Valiente.
En una investigación reciente, Rafael Hernández Estrada, exdiputado federal por el PRD, señaló que la estructura burocrática que maneja García Hernández tiene un fin electoral para el presidente. Cada una de sus acciones, dice, tiene la misión de entregar a nombre del mandatario los recursos y la encabezan los candidatos a gobernadores, diputados, senadores o alcaldes.
Y cita el caso de Jaime Bonilla Valdez, quien fue superdelegado estatal de programas para el desarrollo de Baja California, hasta que la coalición Juntos Haremos Historia –integrado por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y el partido local Transformemos– lo lanzó como candidato a la gubernatura por esa entidad.
El ejército de los Servidores de la Nación tiene un coordinador general de Programas para el Desarrollo y cobra 139 mil pesos al mes; le siguen los 32 coordinadores estatales de Programas para el Desarrollo –los superdelegados estatales– que perciben 122 mil 512 pesos; 128 subdelegados estatales, con 73 mil 507; 266 coordinadores regionales con igual percepción económica; 105 subcoordinadores regionales con sueldos diferenciales que van de 17 mil 504 a 10 mil 2017 pesos mensuales.
Con base en datos obtenidos de la nómina transparente de la Administración Pública Federal, Hernández Estrada estima que se invierten 2 mil 576 millones 951 mil 696 pesos anuales para el mantenimiento de esta estructura.
Precisa que además del pago de la nómina, los Servidores de la Nación reciben 662 millones de pesos para gastos de operación. Parte de ese dinero lo utilizan para pagar la renta de las 32 oficinas estatales; las 266 regiones en las que se dividió el territorio nacional y están bajo el mando de los coordinadores regionales, así como los traslados del personal.
También lo destinan al pago de la gasolina de los vehículos que utilizan los brigadistas en sus visitas domiciliarias, así como a centros de cómputo equipados, smartphones y la aplicación con la cual levantan el Censo para el Bienestar.
“A sus órdenes, señor presidente”
Aunque en el organigrama gubernamental la estructura de los Servidores de la Nación aparece en la Secretaría de Bienestar, su vértice y mando jerárquico superior se encuentra en la oficina de la Presidencia de la República en Palacio Nacional, ya que la coordinación general, a cargo de García Hernández, depende directamente del presidente.
Emulando a José María Morelos y Pavón, quien se definió como “El siervo de la nación”, quienes integran el grupo de brigadistas tienen varias funciones al servicio de AMLO.
En eventos como el del sábado 8 de junio en Tijuana, ellos se encargaron de la logística y de salvaguardar al presidente desde su llegada al aeropuerto y en el acto “En defensa de la dignidad nacional y en favor de la amistad con Estados Unidos”.
Ocho días después, en Durango, encabezaron abucheos a opositores en la gira del presidente, como la de Durango del 16 de junio, cuando protestaron en contra del gobernador panista José Rosas Aispuro. Meses antes, el 25 de febrero, en Aguascalientes sirvieron de custodios de seguridad en el acto encabezado por López Obrador.
Fue precisamente el tabasqueño quien designó a García Hernández coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo; también acordó los nombramientos de los delegados y subdelegados, que en su mayoría fueron dirigentes estatales de Morena.
En esa estructura se incluyen los “superdelegados”, sobre quienes hay acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia promovidas por diputados y senadores de oposición, quienes los acusan de atentar contra las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).
Entre los “superdelegados” más connotados destacan Delfina Gómez, excandidata de Morena a la gubernatura en el Estado de México, y Carlos Lomelí en Jalisco, señalado como beneficiario de contratos millonarios para venta de medicinas al gobierno mediante nueve empresas, entre ellas Abastecedora de Insumos para la Salud, que en este 2019 recibió un contrato por 164 millones de pesos.
Los delegados estatales, previa aprobación del coordinador general, se encargan de nombrar a los coordinadores regionales, quienes a su vez integran las brigadas de los Servidores de la Nación.
En su análisis de esa estructura, Hernández Estrada detectó que sus miembros están ligados a Morena y usan ese aparato como trampolín para sus carreras políticas.
El 36%, dice, fueron candidatos de Morena a cargos de elección popular en los comicios de 2018 o en los locales de 2016 o 2017; 32% son dirigentes locales de ese u otros partidos aliados; 25% ocuparon cargos de elección popular postulados por ese partido, entre ellos alcaldías, diputaciones locales y federales, así como regidurías y sindicaturas, y 7% ocuparon cargos administrativos o fueron contratistas de gobiernos emanados de Morena.
“Toda esta estructura realiza el Censo para el Bienestar, y la entrada de las tarjetas para el bienestar y los apoyos económicos de todos los programas sociales los hacen con un fin de operación electoral”, sostiene Hernández Estrada.
Explica que la operación electoral de los Servidores de la Nación se da desde su integración en 266 coordinaciones regionales que cubren los 300 distritos electorales en los que se divide el territorio nacional.
“Ahí es cuando se nota claramente que tienen un fin electoral”, apunta el asesor de la bancada perredista en la Cámara de Diputados. Precisa que ese reforzamiento de la imagen del presidente López Obrador se da por la relación directa que hay entre los brigadistas y los beneficiarios, haciendo a un lado a todas las instituciones públicas, tanto municipales como estatales y federales, para que el apoyo sea entregado de manera directa.
Hernández Estrada afirma que este tipo de promoción personalizada viola el artículo 134 de la Constitución, así como la Ley Electoral, porque rompe con el principio de equidad en la contienda y con el de neutralidad al que están obligados los servidores públicos que disponen de recursos por el cargo que detentan y que están obligados a utilizarlos de manera institucional e imparcial.
De acuerdo con los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional, los servidores públicos deben disponer de los recursos de manera neutral, con eficiencia y honradez, de conformidad con planes y programas de trabajo y con fundamento legal. Es decir, no deben favorecer a partido o persona alguna, además de que está prohibido que la propaganda gubernamental realice promoción personalizada de un servidor público.
Contrariamente a lo marcado en la Constitución, dice el investigador, a través de los Servidores de la Nación el gobierno de Manuel López Obrador aplica en forma parcial los recursos públicos bajo su responsabilidad. Primero, con el pago de nómina a toda la estructura de ese aparato, y luego con el uso indebido del importe de los programas sociales que son el motivo del Censo para el Bienestar.
“Esto es así porque son los Servidores de la Nación quienes levantan los datos de los beneficiarios y son ellos los que distribuyen los apoyos económicos al entregar las respectivas tarjetas bancarias u otros medios de pago.”
Considera que también se viola el principio de neutralidad e imparcialidad de la ley porque los Servidores de la Nación visten una indumentaria y despliegan un discurso basado en el presidente López Obrador y no en el gobierno federal.
Precisa Hernández Estrada: “Lejos de todo esto, la estructura de los Servidores de la Nación utiliza no sólo los recursos del erario con el pago de la nómina con más de 2 mil 500 millones de pesos y gastos de operación por 600 millones de pesos anuales, sino que también hacen mal uso de los programas sociales, que representan miles de millones de pesos que son utilizados en esta promoción electoral”.
Tal propaganda, insiste, viola la prohibición de incluir el nombre del servidor público, en este caso el del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo muestran centenares de videos y fotografías registrados por ciudadanos en los que toda la estructura aparece haciendo promoción personalizada, sostiene.
–¿Esta estructura es paralela al gobierno y a Morena?
–Sí. Es una estructura verticalista que emana de la cúspide que se ubica en la oficina del presidente de la República, donde se encuentra el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, quien coordina a los superdelegados, que a pesar de estar adscritos a la Secretaría de Bienestar, la titular sólo se limita a firmar los nombramientos que le propone el coordinador general.
–¿Lo que vemos es la formación de una estructura encabezada por López Obrador que tiene un fin político electoral?
–Así es. Es una estructura que ya está trabajando, aprovechándose de los recursos públicos federales, que son cuantiosos y están formando una corriente electoral favorable a López Obrador, a su partido Morena y a los candidatos que postule para las siguientes elecciones, sobre todo las de 2021.
“Con toda anticipación y violando todas las reglas que rigen las campañas electorales, ya está en marcha un operativo desde el más alto nivel del Estado para fortalecer las posibilidades electorales de Morena, buscando que tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Luego de eso, seguirán trabajando para las elecciones locales y la presidencial de 2024.”
