Las medidas más polémicas del gobierno lopezobradorista –la eliminación del Estado Mayor Presidencial o la construcción de la refinería de Dos Bocas, por ejemplo– se tomaron sin que se hubieran realizado los estudios y diagnósticos pertinentes. Este semanario los solicitó, pero diversas instancias de gobierno respondieron que no existen. Ya basta, dijo el presidente el 14 de febrero, “de estar haciendo análisis de la realidad sin transformarla. Puro experto, puro diagnóstico, pero no se hace nada por cambiar las cosas”. Como consecuencia de esta postura, la improvisación parece ser el nuevo signo de los tiempos.
Los proyectos de infraestructura, extinción de dependencias o entidades gubernamentales, y en general las decisiones polémicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tienen en común la ausencia de diagnósticos, estudios o evaluaciones.
Para documentar la planeación –o la improvisación– del nuevo gobierno, Proceso dio seguimiento a diferentes decisiones anunciadas por el mandatario e hizo 35 solicitudes de información a dependencias y entidades federales relacionadas con distintos ámbitos del quehacer gubernamental.
A siete meses de iniciado su gobierno, el presidente mantiene una intensa agenda de temas que, desde el 1 de julio de 2018 y ya en la Presidencia, en sus conferencias de prensa coloquialmente conocidas como “las mañaneras” acaparan la agenda pública y la atención mediática.
Entre las acciones más destacadas al iniciar su mandato, López Obrador lanzó una estrategia para combatir el robo de combustible.
En la mañanera del 27 de diciembre de 2018 anunció una “estrategia” en la que trabajaba su administración; habló del robo de mil 45 pipas de hidrocarburo al día, hizo cuentas por año y expuso, junto con el director de Pemex, Octavio Romero, la dimensión del ilícito: 66 mil 300 millones de pesos en ese año.
El plan anunciado por el presidente implicó cerrar ductos de Pemex durante un mes, lo que causó desabasto de combustibles en las principales ciudades del país, una compra millonaria de más de 500 pipas –sin licitación de por medio– y el involucramiento de miles de servidores públicos de 15 dependencias federales.
“Hay la hipótesis de que, de todo el robo, sólo 20% se da con la ordeña de ductos, que es una especie de pantalla; que la mayor parte tiene que ver con un plan que se opera con la complicidad de autoridades y con una red de distribución. Entonces son huachicoleros de abajo y huachicoleros de arriba”, concluyó el mandatario.
Dado que en esa mañanera se expusieron datos sobre la dimensión del robo y consideraciones sobre cierto modus operandi, Proceso solicitó información relativa a diagnósticos, estudios y diferentes indicadores relacionados con las secretarías de Hacienda y Energía, así como al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Presidencia de la República. En su respuesta, todas las dependencias se declararon incompetentes.
A su vez Pemex informó que su personal realizó una búsqueda exhaustiva y no encontró rastro documental alguno, ni siquiera de las cifras que expusieron el presidente y Romero.
Sólo Pemex Logística, filial que se encarga del transporte de combustible, respondió dando a conocer las acciones asumidas como parte del plan presidencial, y declaró que no había diagnóstico alguno pero justificó su actuación en virtud de la urgencia de la intervención.
En el caso de la refinería de Dos Bocas, anunciada por López Obrador desde que era candidato, tampoco hay diagnósticos, estudios ni expedientes en la Oficina de la Presidencia, a la que se envió una solicitud de información respecto a la que se declaró incompetente, pero recordando que el mandatario había designado responsable a la secretaria de Energía, Rocío Nahle:
Tanto la Secretaría de Energía como Pemex informaron que tenían un diagnóstico, cuyo envío está pendiente de entrega. Sin embargo, la petrolera añadió que declaraba la inexistencia de estudios –que se le pidieron– en materia ambiental, energética, financiera, geográfica, logística y relacionada con el marco jurídico de los derechos humanos, y en general, con todas aquellas acciones a que la normatividad obliga.
También dijo no contar con información sobre el área que hubiera generado, solicitado o contratado los diagnósticos y estudios antes mencionados, así como de los servidores públicos responsables. Expuso que no hay proyecto ejecutivo de la refinería, documentos donde se exprese el monto estimado, las formas de contratación, tiempo que tardará en concluirse y periodo estimado de recuperación de la inversión, todo esto indispensable para realizar el proyecto.
La declaratoria de inexistencia, sin embargo, no se basó en la responsabilidad que por orden presidencial asumió Nahle, sino en que el proyecto está en proceso deliberativo.
Política de austeridad
Proclive a lo simbólico, desde el periodo de transición López Obrador anunció que eliminaría al Estado Mayor Presidencial (EMP), el cuerpo responsable de la seguridad del Ejecutivo, y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ambos identificados con la represión política y los excesos del poder presidencial.
El 3 de julio de 2018, dos días después de la jornada electoral, el hoy mandatario visitó al presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional y, en la primera conferencia de prensa que dio en el Salón Tesorería, anunció en definitiva la extinción del EMP y su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En esa y otras oportunidades López Obrador ha expuesto que su decisión se relaciona con la política de austeridad; añadió que así se eliminan los privilegios y los lujos, por lo que este semanario solicitó a la Secretaría de Hacienda los documentos que acreditaran tanto un diagnóstico como otros estudios relacionados con esa decisión. La dependencia se declaró incompetente.
La Sedena y la Secretaría de Marina respondieron a solicitudes similares. Dijeron que habían realizado una búsqueda exhaustiva y declararon la inexistencia de información relativa al tema.
Respecto al Cisen, la entidad que según el presidente se dedicó al espionaje político que, afirma, hoy ya no existe, tampoco hubo diagnóstico ni documentos previos, de acuerdo con las respuestas obtenidas en las solicitudes de información.
Hacienda se declaró incompetente para responder y sugirió que se consultara a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En cualquier caso, se realizaron pedimentos a esa última dependencia, así como a la Secretaría de Gobernación, de la que dependía el Cisen. Ambas respondieron con la instrucción de pedir la información al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que respondió en los siguientes términos:
“Se realizó una búsqueda exhaustiva en los registros y archivos de las áreas que conforman esta Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano, sin que se localizara antecedente o información relacionada con cualquier instrumento jurídico cuyo objeto, contenido o entregable, tenga relación con la solicitud de referencia.”
Por lo anterior, ni Gobernación, secretaría a la que estuvo sectorizado el Cisen, ni la SSP, a la que se encuentra supeditado el CNI, e inclusive el propio CNI, cuentan con rastros documentales que hayan registrado la necesidad y viabilidad de su sustitución.
Otras extinciones
La primera semana de la administración, el 7 de diciembre, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, anunció el fin del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), creado en 2013 por el gobierno de Enrique Peña Nieto para financiar a micro, pequeñas y medianas empresas. El 19 de abril la Cámara de Diputados aprobó la extinción del organismo, que durante su existencia tuvo un presupuesto cercano a 34 mil millones de pesos.
Aunque el anuncio original lo dio a conocer Márquez Colín, la respuesta a la solicitud de información realizada a la Secretaría de Economía orientó a repetir el pedimento al propio Inadem.
En su respuesta, el Inadem declaró sin mayor abundamiento que la información era inexistente. En la solicitud se requirieron, además de un diagnóstico a partir del cual se fundara la decisión, los indicadores de éxito conforme a los objetivos planteados originalmente y el seguimiento de los programas que operaba la entidad, así como el direccionamiento presupuestal para 2019.
En éste como en otros casos, la argumentación que se ha planteado remite a la política de austeridad, consistente en reducir la burocracia y operar programas de manera directa por dependencias centrales, en este caso por la Secretaría de Economía. Sin embargo, la respuesta que al mismo pedimento de información dio la Secretaría de Hacienda fue una declaratoria de incompetencia.
Otros organismos cuya extinción se anunció también el 7 de diciembre fueron el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y el fideicomiso ProMéxico; el argumento de cierre: su alto ejercicio presupuestal.
Desde el periodo de transición –y luego ya como presidente–, López Obrador se refirió ampliamente al caso de ProMéxico; advirtió que éste tenía oficinas en 47 ciudades del extranjero y que con su cierre se ahorrarían 5 mil 459 millones de pesos anuales.
A propósito de ese anuncio, se solicitó a diferentes dependencias información sobre diagnóstico, indicadores de resultados y análisis financieros. Las secretarías de Hacienda y Economía se declararon incompetentes y remitieron al propio fideicomiso.
Para el caso de ProMéxico se solicitó, además del diagnóstico e indicadores de resultados, el proyecto de sustitución o redireccionamiento presupuestal. Como las otras dependencias, el fideicomiso declaró la inexistencia de esa información.
También el 7 de diciembre el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, informó que desaparecería el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), la instancia hasta entonces encargada de coordinar esta tarea dentro y fuera del país.
“¿Qué es lo que va a pasar? De una vez se los comento: entra en liquidación el CPTM. Es un hecho su desaparición. Vamos a ser un Estado no obeso sino más delgado, más productivo. Vamos a dar resultados con dos subsecretarías, no con tres. Vamos a dar resultados no sobre el número de turistas sino con la generación de la mayor derrama económica”, dijo Torruco.
La respuesta –entregada a Proceso el pasado 19 de marzo– a la solicitud correspondiente a la extinción del CPTM fue también la declaración de inexistencia de indicadores, diagnóstico y plan de orientación a la política turística. La instancia se limitó a afirmar que el pedimento de información era inatendible porque el organismo no había desaparecido. Nada sobre seguimiento ni plan de extinción.
En la mañanera del pasado 14 de febrero, en medio de las protestas y posicionamientos de organizaciones ciudadanas y académicos contra la aprobación de la Guardia Nacional, López Obrador hizo un esbozo de su noción del trabajo técnico: “Los expertos y las organizaciones de la sociedad civil no sé qué estén pensando, porque ya basta de la simulación, de estar haciendo análisis de la realidad sin transformarla. Puro experto, puro diagnóstico, pero no se hace nada por cambiar las cosas”.
