La ley de remuneraciones, la eliminación de estancias infantiles, los megaproyectos en comunidades indígenas, la cancelación del nuevo aeropuerto y el proyecto de otro en Santa Lucía son sólo algunas de las acciones o intenciones del gobierno lopezobradorista que han hallado una tenaz resistencia desde todos los frentes. Ahora la administración federal enfrenta cientos de miles de recursos de amparo, que desbordan los juzgados.
En las oficinas de los juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en San Lázaro, en la Ciudad de México, hay cajas llenas de documentos y torres de papel con argumentos contra la ley que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República: 108 mil pesos al mes.
El pasado 28 de mayo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidió concentrar ahí todas las controversias sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para “aliviar la carga de trabajo” a los jueces, pues se trata de 5 mil 165 demandas de amparo de 27 mil 324 quejosos por los recortes salariales y la eliminación de prestaciones en la administración pública federal. Esos dos juzgados no habían tenido tanto trabajo desde el “gasolinazo” en 2017 y la reforma fiscal en 2013.
La también llamada “Ley de Salarios Máximos”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de abril, es el caso más judicializado en los primeros siete meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero no es el único.
Otras acciones y proyectos controvertidos están encontrando resistencia por la vía judicial, como la eliminación de las estancias infantiles, los megaproyectos en comunidades indígenas, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y el proyecto de un puerto aéreo en la base militar de Santa Lucía.
Es común que al inicio de cada administración aumente el número de amparos, señala una fuente de alto nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero en los primeros cuatro meses del actual gobierno los órganos jurisdiccionales tuvieron 37 mil 964 asuntos más que en el mismo periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto y 112 mil 371 más que en el de Felipe Calderón, según cifras del CJF.
De diciembre de 2018 a marzo de 2019 ingresaron 341 mil 366 asuntos, mientras que de diciembre de 2011 a marzo de 2012 fueron 303 mil 402 y de diciembre de 2006 a marzo de 2007, 228 mil 995. El CJF no publica estos datos desagregados. Este semanario solicitó la información, pero no tuvo respuesta.
El constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas dice en entrevista que el aumento en el número de amparos está directamente ligado a una sensación ciudadana de violación de sus derechos individuales, aunque no implica que “exista efectivamente un agravio por parte de la autoridad… pero ponen a andar la maquinaria judicial”.
–¿Usted a qué lo atribuye? –se le pregunta al jurista.
–Sociológicamente tengo la siguiente hipótesis: cuando el presidente López Obrador anduvo en campaña generó una gran expectativa en la población por sus muchas promesas. Y ahora que es gobierno, quizá no de mala fe, la cantidad de promesas le está haciendo tomar decisiones apresuradas. Esa necesidad de hacer demasiadas cosas, en el momento de ejecutarlas, genera un torrente de amparos que no habíamos visto. Al presidente lo rebasan sus propuestas.
La vía de la oposición
Con la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, el Poder Legislativo está prácticamente alineado con las decisiones presidenciales. En ese panorama se deja al Poder Judicial como la única salida.
Senadores que integran las minorías en la Cámara alta ya crearon un “Bloque de Contención” para llevar ante la justicia acciones de inconstitucionalidad. La primera de ellas fue contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que Morena y sus aliados aprobaron sin contratiempos y luego modificaron y volvieron a avalar para subsanar las contradicciones que ponían en riesgo su viabilidad.
Desde su campaña, López Obrador anunció que se “cortaría el copete de privilegios del gobierno” y se bajarían los sueldos de los altos funcionarios públicos, incluido el suyo, que ganaba 259 mil 527 pesos netos al mes, poniendo como tope 108 mil mensuales.
Pero los senadores de oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovieron acciones de inconstitucionalidad por considerar que esa ley viola el Artículo 14 constitucional, que establece que “a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”; y vulnera los derechos de igualdad y no discriminación, la seguridad jurídica, el principio de independencia judicial, el pacto federal y la división de poderes.
En mayo, el pleno de la SCJN reconoció que la ley incurre en omisiones legislativas, pero al no alcanzar la mayoría calificada –cuatro ministros votaron a favor y cuatro en otra–, no logró invalidarla, aunque sí fracciones de los artículos 6 y 7, por considerar que permiten el establecimiento discrecional de las remuneraciones y no fijan los parámetros para calcular el salario del presidente. La Corte ordenó al Congreso corregir esas omisiones.
La oposición en el Senado presentó una segunda acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, que es analizada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
El senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del grupo parlamentario del PRD, apunta en entrevista que el Bloque de Contención analiza presentar nuevas acciones: “Estamos analizando si es procedente una acción de inconstitucionalidad por lo que se aprobó ayer (el jueves 20) de ordenar la disolución del Consejo de Promoción Turística. O por la ley de austeridad, si insisten en meter al Poder Judicial”.
Santa Lucía
El lunes 17, el equipo de litigio estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), encabezado por Claudio X. González, anunció la determinación de un juzgado federal, con sede en el Estado de México, para suspender la construcción del aeropuerto civil-militar de Santa Lucía.
El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México determinó que el proyecto carece de permisos ambientales, de seguridad, viabilidad aeronáutica, prospección arqueológica, estrategias de viabilidad social, política e interinstitucional. También ordenó a las autoridades dejar intactas las obras del NAIM.
La determinación provocó la reacción de López Obrador que, tres días antes, amagó con revelar los nombres de los integrantes del colectivo #NoMasDerroches, a quienes identificó como “adversarios” ligados a “intereses políticos y económicos”. “Claro que hay un interés político y también económico”, dijo en la conferencia mañanera del viernes 14.
Aludió a la participación de la Coparmex, encabezada por Gustavo de Hoyos, así como de las organizaciones Causa en Común y Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia, encabezados por María Elena Morera, cuyo hermano, el empresario textilero Juan Ramón Morera, fue uno de los promoventes de los amparos.
No ha sido el único ataque que el gobierno federal recibe del colectivo #NoMasDerroches. Un aluvión de 147 trámites de amparo mantiene en vilo la viabilidad del proyecto desde finales de mayo.
Diez días antes, por la primera suspensión que otorgó un tribunal federal, sostuvo que sus “opositores” están vinculados a un sector que ya tenía las manos metidas en el “negocio o ya lo tenían amarrado”. “Desde luego esta obra de Santa Lucía les molesta mucho a los corruptos”,
añadió.
En el transcurso de dos semanas, explica Germán Carrasco Chávez, director de litigio estratégico de MCCI, Santa Lucía ya recibió siete suspensiones, tres definitivas y cuatro provisionales, por carecer de dictámenes ambientales, culturales, de seguridad, viabilidad aeronáutica y para que no se inicie la destrucción del aeropuerto en Texcoco.
“No por cuestiones de tratar de ir contra el gobierno. No queremos ser adversarios y opositores ni que se nos tache de conservadores o de alguna otra forma. Creemos que desde el punto de vista legal es muy cuestionable esta decisión por parte del gobierno”, señala el abogado.
A decir de Carrasco Chávez, la “iniciativa ciudadana” nació en enero de 2019 como un “experimento jurídico” para determinar la viabilidad de Santa Lucía, los daños a las comunidades aledañas y el impacto económico que implicará la destrucción del NAIM en Texcoco. En la estrategia, señala, participa una docena de despachos de abogados que actúa pro bono, cuyos nombres no se harán públicos, “para evitar represalias”.
–Aun así causa mucha suspicacia no saber quiénes son –se le señala.
–Si empezamos a revelar el nombre de todos los quejosos y los números de expediente, va a pasar como hace algunas semanas, que la persona en específico que acudió al juicio de amparo tenga represalias o le lleguen amenazas o ataques. Son muy delicadas las declaraciones que se hicieron por parte del gobierno de que van a exhibir quiénes son.
Resistencia indígena
Entre los casos polémicos destaca el del Proyecto Integral Morales (PIM), un megaproyecto eléctrico que incluye un gasoducto que desemboca en la comunidad de Huexca, Morelos, donde se proyectó construir dos termoeléctricas. La oposición de las comunidades se patentó en un mitin en Cuautla, en el que López Obrador reviró calificando a los inconformes de radicales de izquierda y convocó a una consulta ciudadana sin atender normas internacionales en la materia.
Días después, Samir Flores, uno de los opositores más visibles al megaproyecto, fue asesinado. La consulta se llevó a cabo pese al escándalo y detonó nuevos amparos.
A decir de Juan Carlos Flores, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire, adherida al Congreso Nacional Indígena (CNI) y donde se aglutina la resistencia contra el PIM, los pueblos indígenas han presentado 11 amparos, 10 por pueblos afectados y uno en materia agraria.
Hasta el cierre de esta edición seis han sido desechados y cuatro se han resuelto a favor de las comunidades relacionadas con el proceso de consulta que le dio supuesta validez al proyecto. No obstante, Flores sostiene que los juzgados locales se han subordinado a la voluntad presidencial.
“Hay una consigna del Ejecutivo federal sobre el trabajo de los juzgados locales. En el caso de la consulta de febrero, los tres amparos que interpusimos argumentando la violación de los estatutos de la OIT sobre la consulta indígena fueron desechados. En cambio, los tribunales federales se han mantenido más independientes”, señala en entrevista.
Dicho proceso, añade Flores, lo han seguido bajo el acoso de grupos armados y las amenazas del delegado de los programas de desarrollo en Morelos, Hugo Eric Flores, quien presidió al extinto Partido Encuentro Social.
Antes, la organización de pueblos en torno al CNI, en voz del subcomandante insurgente Moisés, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, rechazó la construcción del Tren Maya y llamó a otras comunidades para hacer lo mismo contra el Corredor Transísmico.
Una de las estrategias es la vía judicial: “El CNI como tal no entra a estrategias legales; más bien son las comunidades que lo integran”, explica el abogado Carlos González.
“Hay planteamientos –básicamente el zapatista– que rechazan cualquier acuerdo o cualquier participación dentro de la legalidad. El resto de las comunidades sí tiene, en diversa medida, relación con las instancias del Estado mexicano y es donde se dan estas estrategias legales”, añade.
Respecto al PIM, González advierte que de aprobarse, se replicará en otras comunidades del país: energía, negocios inmobiliarios, carreteras, extracción de recursos, entre otras prácticas.
“Estamos convencidos de que proyectos como el PIM, el Corredor Transísmico y el Tren Maya forman parte de estos muros que pretenden construir los gobiernos de Estados Unidos y México para contener la población migrante de Centroamérica y del propio México hacia Estados Unidos”, apunta el abogado.
Estancias infantiles
El 5 de febrero de 2019 el gobierno federal anunció que el programa de estancias infantiles, creado en el gobierno de Felipe Calderón, tenía que desaparecer porque se habían detectado casos de corrupción en el manejo de los fondos y que en su lugar se entregaría a cada familia la ayuda directa, mil 600 pesos bimestrales y 3 mil 600 a niños con discapacidad.
Legisladores locales y federales de oposición se aglutinaron en un Frente por la Niñez para impugnar por la vía de los amparos esa decisión. Usaron los medios de comunicación y la tribuna de los congresos para llamar a los padres de familia a asesorarse con ellos para promover amparos.
El gobierno federal ha sido notificado de mil 171 recursos promovidos contra la autoridad debido a las afectaciones derivadas de los cambios al programa de estancias infantiles, según Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar. Pero de acuerdo con cifras de los senadores, hay 5 mil 100 demandas de amparo.
Dulce Reyna Rodríguez, representante de la guardería Mi Dulce Estancia, en Guadalupe, Nuevo León, dice a Proceso que apoyó a López Obrador en su campaña, pero cuando se enteró de que el gobierno iba a cancelar el programa, buscó al senador Samuel García, junto con las encargadas de las 211 estancias de la entidad, para preparar una estrategia legal.
“Seguimos en operaciones. Estamos trabajando a marchas forzadas. Algunos niños tuvieron que dejar la estancia porque la cuota aumentó al doble”, dice Reyna.
“Como los papás trabajan demasiadas horas, nosotros tenemos un horario de operación de las seis de la mañana a las siete de la tarde; por ese horario nosotros teníamos una tarifa de 250 pesos; ahorita estamos cobrando 400 y aun así no alcanza, porque la Sedesol daba 950 pesos por cada niño”, explica.
Samuel García, integrante del Frente por la Niñez asegura en entrevista que ya han logrado 580 suspensiones que obligan a la Secretaría de Bienestar a otorgarle el subsidio a las estancias, como medida cautelar en lo que se resuelven los casos. “Estamos seguros de que vamos a ganar los amparos por el principio del interés superior de la niñez. Se viola el derecho del niño, el de las madres trabajadoras, el de responsabilidad hacendaria”, asegura.
El miércoles 19 Ariadna Montiel compareció ante la Subcomisión de Estancias Infantiles del Senado. Ahí fue cuestionada sobre por qué se habla tanto de corrupción en las estancias y a la fecha no hay denuncias.
“Se tomó la decisión de eliminar ese personal de las delegaciones, hicimos cambios. Pero sí hay corrupción en estancias como negocios de funcionarios, en incrementar el padrón con niños que no existen… porque había mamás anotadas con dos hijos y cuando las buscamos, nos aseguraban que sólo tienen un hijo”, indicó.
La funcionaria federal dijo que alistan denuncias penales, mientras que la oposición espera ganar la batalla judicial. “No vamos a permitir que las visiones conservadoras determinen nuestro trabajo. Vamos a seguir defendiendo desde la Cuarta Transformación lo que creemos justo”, terminó.
