El partido de Francois Legault, primer ministro quebequense, presentó una iniciativa para que jueces, policías y profesores, entre otros funcionarios, no puedan portar signos religiosos en horas de trabajo. El proyecto tiene respaldo ciudadano pero también ha provocado numerosas protestas porque es visto como discriminatorio, sobre todo contra las musulmanas.
Montreal.- Quebec podría convertirse en la única provincia canadiense que prohíba que diversos funcionarios –jueces, policías, fiscales, guardias penitenciarios, profesores y directores de primarias y secundarias públicas, entre otros– porten símbolos religiosos (velos, turbantes, kipás, crucifijos) en horarios de trabajo. Para ello, el 28 de marzo la Colación Futuro de Quebec (CAQ), del primer ministro Francois Legault, presentó ante el Parlamento provincial su proyecto de ley sobre la laicidad del Estado.
Del 8 al 16 de mayo diversos grupos de la sociedad participaron en audiencias parlamentarias para mostrar sus posturas sobre el proyecto; se espera que la iniciativa sea aprobada en las próximas semanas –con o sin ajustes–, pues la CAQ tiene mayoría en ese órgano legislativo.
De esta forma el gobierno quebequense busca terminar con un debate que ha durado varios años. En este asunto, la provincia francófona se distingue del resto de Canadá por elementos anclados en su historia (donde el catolicismo ocupó un puesto predominante) y por su relación actual con la fe, en una tierra con altas tasas de inmigración.
El proyecto de la CAQ tiene amplio respaldo ciudadano; pero también ha generado una importante ola de protestas pues va en contra de la Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades, incluida en la Constitución por Pierre Elliott Trudeau –padre del actual primer ministro canadiense, Justin Trudeau–, y considerada uno de los pilares del multiculturalismo. Quebec cuenta con una carta similar.
El día en que la CAQ presentó su iniciativa, Justin Trudeau declaró: “Para mí es impensable que legitimemos la discriminación contra cualquier persona por su religión en una sociedad libre”. Otros políticos así como grupos de la sociedad se han sumado al coro de críticas. No obstante, Legault señaló que el proyecto respeta la historia, los valores y la voluntad de la gran mayoría de los quebequenses. “Es tiempo de fijar reglas, ya que es así como vivimos en Quebec”, expresó.
La iniciativa, conocida como Proyecto 21, indica lo siguiente: “Esencialmente, el proyecto busca afirmar y definir la laicidad del Estado en el derecho quebequense de acuerdo con cuatro principios: separación del Estado y la religión, neutralidad religiosa del Estado, igualdad de los ciudadanos, libertad de conciencia y de religión”.
Tal iniciativa fue una de las principales promesas de campaña de Legault. Cabe señalar que la CAQ obtuvo 75 de los 125 escaños del Parlamento en los comicios de octubre. Una encuesta de la firma Léger, publicada un día después de que se presentó el proyecto, indicaba que 74% de los consultados aprobaba la prohibición para jueces y policías, mientras 69% estaba de acuerdo con la interdicción para profesores y directores de escuela.
La propuesta de la CAQ incluye una cláusula para que los funcionarios que ya porten algún símbolo religioso puedan seguir haciéndolo tras la entrada en vigor de la disposición, a condición de que continúen en el mismo cargo y no cambien de institución. Esta cláusula fue considerada por diversos analistas como una estrategia de Legault para suavizar las críticas a su proyecto. No obstante, de acuerdo con la encuesta de Léger, 55% de la población piensa que no deberían hacerse excepciones por antigüedad.
El Proyecto 21 prevé el uso de la cláusula derogatoria. Se trata de un mecanismo constitucional que permite blindar esta ley, durante cinco años, de recursos judiciales que hagan referencia a violaciones tanto de la Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades como la de Quebec. En 1977 el gobierno quebequense recurrió a dicha cláusula para la puesta en marcha de la Ley 101, que protege la lengua francesa.
La Fraternidad de Policías de Montreal respalda la iniciativa de Legault. En el mismo sentido, Daniel Baril, vicepresidente del Movimiento Laico Quebequense, celebró la propuesta de la CAQ en las páginas del diario Le Devoir, señalando que las personas pueden mostrar sus convicciones religiosas en todo momento y lugar, salvo cuando trabajen en un contexto laboral laico.
“La disposición debería también incluir al personal de las guarderías públicas y de los servicios educativos especializados”, señaló por su parte Claude Kamal Codsi, coordinador de la Concentración por la Laicidad, en la audiencia parlamentaria del 16 de mayo. El Partido Quebequense manifestó que estudia apoyar el proyecto de Legault, pero desea que las escuelas privadas también cumplan con la normativa.
El Partido Liberal de Quebec y Quebec Solidario, agrupaciones opositoras, votarán contra el proyecto, pues consideran que divide a la sociedad y restringe la libertad religiosa de los individuos. Justin Trudeau explicó su postura el día en que se presentó la iniciativa. Sin embargo, en las últimas semanas ha expresado que prefiere ver cómo se desarrollan las cosas en el Parlamento antes de comentar puntos específicos.
Varios analistas han dicho que el asunto es muy sensible para Trudeau, ya que su insistencia podría percibirse como una intromisión en la política de Quebec. No hay que olvidar que faltan cuatro meses para las elecciones federales. En Ottawa, tanto el Partido Conservador como el Nuevo Partido Democrático criticaron la iniciativa de Legault, aunque también subrayaron la facultad de Quebec para legislar al respecto.
En contra
Fatma Elabid cursa una licenciatura en educación primaria en la Universidad de Montreal. Llegó de Argelia en 2015 con visa de trabajadora calificada. Era docente en su país, pero debió volver a las aulas universitarias para tener el derecho de enseñar en Quebec. “Antes de llegar me insistieron en que no tendría problemas laborales por el velo que porto. Con la nueva ley, no podré ser profesora”, contó a Radio-Canadá. “Duele mucho el sentimiento de ser excluida”, agregó.
“El Proyecto 21 es desatinado. La neutralidad del Estado debe recaer en acciones y no en apariencias. Una persona puede no portar símbolos religiosos, pero en sus acciones puede favorecer o perjudicar a los miembros de una comunidad. Es muy pernicioso pedir a la gente que se retire de ciertos espacios públicos por sus símbolos religiosos, como ocurrió en Francia”, comenta a Proceso Christian Nadeau, presidente de la Liga de Derechos y Libertades de Quebec.
El Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses advirtió que la ley convertirá a miembros de varias minorías, especialmente a las musulmanas que usan el velo, en ciudadanos de segunda categoría, quienes de por sí enfrentan dificultades para encontrar empleo.
Gabrielle Bouchard, presidenta de la Federación de Mujeres de Quebec, señaló ante el comité parlamentario el pasado 15 de mayo que el proyecto representa un ataque directo a los derechos de las mujeres, sobre todo a quienes viven ya situaciones de discriminación cotidiana, en referencia a las musulmanas. Por su parte, la alcaldía de Montreal, ciudad donde reside la mayoría de los inmigrantes, adoptó por unanimidad una declaración para criticar el proyecto de Legault.
La particularidad quebequense
A diferencia de las demás provincias canadienses, el catolicismo ha tenido un papel básico en la historia de Quebec. Tras la llegada de miles de personas provenientes de Francia, principalmente durante el siglo XVII, dicha religión se practicó de forma casi unánime entre los colonos. Con la incorporación de la denominada “Nueva Francia” al imperio británico, la jerarquía católica logró conservar un fuerte dominio sobre las costumbres y la educación de los quebequenses.
Sin embargo, una serie de reformas en distintos ámbitos entre los sesenta y setenta del siglo XX –periodo conocido como la Revolución Tranquila– hizo que las autoridades católicas perdieran fuerza, aunque la herencia persistió en la identidad cultural.
“Pasamos de un catolicismo étnico, de masas, muy insertado en la espiritualidad, a uno centrado en la cultura”, comenta a Proceso David Koussens, profesor de la Universidad de Sherbrooke y titular de la cátedra de investigación en derecho, religión y laicidad.
A principios del siglo XX los católicos en Quebec representaban alrededor de 90% de la población. Una encuesta realizada en 2014 por la firma CROP indicaba que 75% seguía definiéndose como católico, pero sólo 32% declaraba ser practicante activo.
Como explicó Jean-Philippe Warren, profesor de sociología en la Universidad Concordia, en un artículo publicado en The Conversation, muchos quebequenses asumen la herencia cultural del catolicismo, pero critican cualquier injerencia de la religión en los asuntos públicos. No obstante piensan que las personas que profesan otros cultos siguen los mismos principios.
En este sentido, diversas voces opinan desde hace varios años que la idea de laicidad en Quebec es muy complaciente con el catolicismo, al otorgarle un espacio de importancia en historia y costumbres.
El día en que la CAQ llevó su iniciativa al Parlamento provincial, también presentó una moción para que fuera retirado el crucifijo que cuelga en uno de los muros de este recinto desde hace décadas. La moción fue aprobada por unanimidad. Varios gobiernos habían rechazado mover este objeto; incluso Legault había asegurado durante meses que no lo haría, por considerarlo un elemento del patrimonio cultural. Su moción fue interpretada como un esfuerzo para reducir las opiniones sobre una laicidad “selectiva”.
Para Koussens, el Proyecto 21 puede considerarse ejemplo de laicidad “reductora”, enfocada sobremanera en los símbolos. “Se enfoca sólo en la visibilidad de las expresiones religiosas en la escena pública”, añade.
El Proyecto 21 no es el primer esfuerzo en materia de laicidad en Quebec. En 2007 el gobierno liberal pidió a Charles Taylor y a Gérard Bouchard, dos académicos de renombre, un informe sobre el tema.
En sus conclusiones, Taylor y Bouchard subrayaron que no existía un problema significativo de convivencia entre los distintos grupos religiosos y culturales. No obstante, recomendaron que jueces, fiscales y policías no portaran símbolos confesionales y que el crucifijo del Parlamento fuera retirado. Sus recomendaciones fueron archivadas durante años.
En 2014 el Partido Quebequense –entonces en el poder– presentó su propuesta de Carta de Valores, pero la iniciativa cayó en desgracia tras la derrota de esta agrupación en las urnas. Asimismo, el gobierno liberal de Philippe Couillard aprobó en 2017 una ley que obligaba a brindar y recibir servicios públicos con el rostro descubierto. Sin embargo, fue suspendida a raíz de varios recursos presentados ante los tribunales.
La intención de Legault es que su propuesta no corra con la misma suerte. De ahí la idea de recurrir a la cláusula derogatoria. Los grupos en contra del Proyecto 21 esperan, por ende, conocer la versión final del documento y así saber si tendrán margen de maniobra por vías judiciales.
Mientras tanto, la Comisión de Escuelas Anglófonas de Montreal ya anunció que no acatará la medida. Cabe señalar que el documento final también deberá precisar qué disposiciones se pondrán en marcha para buscar que la ley se cumpla (por ejemplo, intervención policial, sanciones económicas o suspensiones laborales). Legault y algunos de sus ministros no han sido claros al respecto.
Christian Nadeau, presidente de la Liga de Derechos y Libertades de Quebec, dice que su organismo seguirá lo que ocurra en el Parlamento. “Vivimos en una sociedad diversa, pero iniciativas como ésta muestran que hay toda una serie de categorías y que los derechos son secundarios”, comenta. Del mismo modo, considera que la esfera política busca desde hace tiempo sacar provecho de este asunto. “Es una cortina de humo, pero lo presentan como un tema urgente. Legault y otros políticos así lo han hecho. La discusión debería darse sobre medio ambiente, educación, empleo”, agrega. l
