El innegable incremento de los homicidios ha obligado al Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, a modificar su estrategia de combate al crimen. Especialmente sensibles para la sociedad capitalina son los asesinatos de estudiantes, en ocasiones víctimas de delitos del fuero común, pero también del crimen organizado. Y aunque Sheinbaum ya anunció medidas para reforzar la seguridad, la persistencia de estos crímenes atiza los reclamos de la ciudadanía.
El jueves 13, cuando la prensa le preguntó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, si no era preocupante la violencia contra los estudiantes universitarios, tras el secuestro y homicidio de Norberto Ronquillo Hernández y el asesinato de Hugo Leonardo Avendaño Chávez en menos de dos semanas, ella contestó con cierta molestia:
“A ver, son dos casos y hay que saber exactamente. Por eso es importante la inteligencia y por eso la investigación es fundamental. Porque aquí no se trata de inventar culpables, o de hacer hipótesis, sino de saber exactamente qué está pasando, qué pasó en este caso, en estos dos casos, y poder llegar lo más pronto posible, sin vulnerar las investigaciones, con inteligencia, al resultado y que no haya impunidad.”
Sin embargo, debido a ambos homicidios ese mismo día Sheinbaum ordenó –por primera vez en los siete meses de su gestión– la instalación permanente del gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), donde están conectadas poco más de 15 mil 300 cámaras de vigilancia.
También instruyó a sus mandos dos reuniones diarias encabezadas por ella misma, para revisar los avances en las investigaciones. Incluso, le solicitó a la procuradora general de Justicia local, Ernestina Godoy, que diera una conferencia de prensa todos los días. Sin embargo, los reportes de la funcionaria prácticamente resultaron estériles argumentando el sigilo de la investigación y respeto al debido proceso.
A diferencia de los ocho homicidios o desapariciones de alumnos de la UNAM reportados en siete meses –de acuerdo con el colectivo universitario “Nos hacen falta”–, la administración de Sheinbaum se apresuró en atender a los familiares de Ronquillo y de Avendaño.
Entre los registros de los activistas destaca el crimen contra Aidée Mendoza Jerónimo, de 18 años, quien estudiaba en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente y fue víctima –presuntamente– de una bala perdida, el 29 de abril último mientras estaba en clase.
El gobierno capitalino de Morena tampoco actuó como ahora cuando a inicios de enero fue hallado el cuerpo de Leslye Leticia Hernández Moreno, estudiante de Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), plantel Centro Histórico.
Las manifestaciones de los compañeros de Leslye y los académicos de la UACM no consiguieron la atención de la jefa de Gobierno, aun cuando también exigían justicia para otras tres víctimas de feminicidio.
El homicidio de Norberto Ronquillo generó en redes sociales el hashtag #RenunciaClaudiaSheinbaum, que llegó a encabezar las tendencias de Twitter durante la tarde del lunes 10.
Al día siguiente, mientras se desarrollaba el velorio del joven chihuahuense, en un acto oficial en la alcaldía Gustavo A. Madero el presidente Andrés Manuel López Obrador le levantó la mano a Sheinbaum y le organizó una porra: “¡No estás sola, no estás sola, no estás sola…!”.
Los reclamos
El Portal de Datos de la Ciudad de México registra un alza en la tendencia sobre el número de carpetas de investigación abiertas por secuestro en la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX): 178 en diciembre de 2018, 180 en enero de 2019, 187 en febrero, 210 en marzo, 215 en abril y 223 en mayo, sumando mil 193 registros.
En la estadística de junio aparecerá el secuestro de Ronquillo, de 22 años, estudiante de la Universidad del Pedregal. La denuncia fue interpuesta en la madrugada del miércoles 5. El caso cobró relevancia por la movilización social que impulsaron su familia, la comunidad escolar y el rector del centro de estudios, Armando Martínez.
También organizaron cadenas de oración por el estudiante, las cuales repercutieron en territorio estadunidense; la universidad emitió un comunicado al respecto y sus alumnos organizaron manifestaciones dentro y fuera de la universidad con el hashtag #NosFaltaNorberto.
Mientras se desarrollaban las movilizaciones en las que se exigió el rescate del alumno, la jefa de Gobierno anunció su participación en el acto conocido como “Defensa de la Dignidad”, convocado por el presidente López Obrador en Tijuana en respuesta al amago del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los productos mexicanos si el gobierno del tabasqueño no frena la migración de los indocumentados.
Durante la madrugada del lunes 10, la PGJ-CDMX informó que halló el cuerpo de Norberto en Xochimilco. Sheinbaum y Godoy se reunieron con la familia del alumno y le prometieron investigar a fondo para hallar a los responsables.
La sociedad aún no superaba la indignación causada por el secuestro y homicidio del joven Norberto cuando en las redes sociales se reveló el asesinato de Hugo Leonardo Avendaño Chávez, de 29 años, alumno de la Universidad Intercontinental (UIC).
De acuerdo con el relato de uno de sus familiares, desapareció el martes 11 alrededor de las 23:00 horas en la calle Trabajadores Sociales, colonia Aculco, alcaldía de Iztapalapa. La víctima iba rumbo a la Parroquia Cristo Salvador, donde se preparaba para ser seminarista.
Tras la denuncia, la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Fipede) comenzó la labor. El jueves 12, tras una llamada de emergencia, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hallaron la camioneta de Avendaño en una zona de la alcaldía Tlalpan. Su cadáver estaba en el asiento trasero.
Momentos antes, la PGJ-CDMX citó a una conferencia de prensa en la que Ernestina Godoy aclaró que el caso de Leonardo no fue un secuestro, “es un homicidio”.
La UIC reaccionó de inmediato con un comunicado en el que exigió a las autoridades que “actúen en consecuencia para investigar, encausar y castigar a los responsables evitando la impunidad, y que tomen las medidas adecuadas para esclarecer los hechos y evitar que se repitan”.
A su vez, a manera de control de daños, Sheinbaum ordenó la instalación permanente del Gabinete de Seguridad y en la alcaldía de Venustiano Carranza anunció que en la próxima semana se oficializará el reforzamiento de las labores de inteligencia y formación policial para combatir la impunidad y garantizar la seguridad en la ciudad.
Agregó que la Guardia Nacional –cuerpo de seguridad del cual dijo al arranque de su gobierno que no era necesario en la ciudad– comenzará en julio las labores de seguridad.
Familias sin apoyo
Desde 2015 el colectivo Nos hacen falta, integrado por alumnos y académicos de la UNAM, construye una base de datos sobre homicidios, feminicidios y desapariciones de los integrantes de la comunidad universitaria, para exigir “verdad, memoria, justicia y garantía de no repetición” para las víctimas.
De los 76 crímenes reportados entre 2002 y 2019, al menos ocho se han cometido en lo que va del gobierno de Sheinbaum Pardo. Las víctimas son alumnos y profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades, de la Escuela Nacional Preparatoria y de las instalaciones que están dentro y fuera de la Ciudad Universitaria.
El 22 de enero último fue hallado sin vida en su propia casa Pablo Enrique Peñaloza Díaz, profesor de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. El 20 de marzo, Jenifer Sánchez Domínguez, de 16 años, alumna del CCH Oriente, desapareció en la alcaldía de Iztapalapa y su cuerpo se halló el 26 de mayo en un lugar conocido como El Pozo La Longaniza, en Chicoloapan, Estado de México.
El 29 de abril, Aidé Mendoza Jerónimo, de 18 años, murió a causa de una bala supuestamente perdida que entró por su espalda en un salón del CCH Oriente. Al día siguiente desapareció José Eduardo Sánchez Luna, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración.
La organización Nos Hacen Falta expuso que en mayo fue cuando registraron más crímenes contra la comunidad universitaria: Viridiana García, de la Facultad de Filosofía y Letras, desapareció el día 8; Liliana Uribe Olivera, profesora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, fue asesinada el 12 de ese mes por dos sujetos que intentaron robarle su camioneta en el municipio mexiquense de Tlalnepantla.
Raúl Alexis Yael Torres, estudiante de derecho de la FES Aragón, fue ultimado a tiros el día 29 a unos pasos de su casa, en la colonia Morelos, en el barrio de Tepito. Las primeras investigaciones arrojaron que fue usado como escudo humano por un hombre que pudo ser el objetivo del agresor.
El domingo 2 de junio, Regina Hidalgo Lezama, de 17 años, estudiante de la Preparatoria 4, fue declarada desaparecida, aunque siete días después se informó que la encontraron con vida en Acapulco.
De acuerdo con un integrante del colectivo, quien aceptó ser entrevistado bajo reserva de su identidad, la UNAM ha emitido comunicados en los que lamenta los asesinatos de sus integrantes, pero “en la mayoría de los casos no da ningún tipo de apoyo a las familias, no se involucra de manera alguna con los procesos legales y, por el contrario, obstruye las investigaciones”.
Para el activista, es “clasista y racista” la actuación del gobierno de Claudia Sheinbaum si se compara la atención que brindó a las víctimas de escuelas públicas con el apoyo prestado a los de universidades particulares.
Institución vulnerable
En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se ha padecido el homicidio de uno de sus integrantes; el primero durante el gobierno de Sheinbaum.
El 16 de enero último, estudiantes y profesores del plantel Centro Histórico organizaron un acto cultural y de protesta en el que incluyeron la pinta de un mural con los rostros de sus cuatro compañeras víctimas de feminicidio: Leslye Leticia Hernández Moreno, del plantel Centro Histórico (2018); Martha Karina Torres (11 de mayo de 2013) y Nancy Lara Bandera (23 de julio de 2018), de Cuautepec, y Campira Camorlinga Alanís (31 de diciembre del 2016), del plantel Del Valle.
La manifestación se realizó luego de que policías capitalinos encontraron en una zona pantanosa de Xochimilco los restos que después fueron identificados como los de Leslye, de 18 años. Fue vista por última vez cuando viajaba en su bicicleta en la colonia Barrio 18, de la alcaldía Xochimilco.
Durante dos meses, familiares, amigos e integrantes de la comunidad de la UACM organizaron brigadas para intentar localizarla. La PGJ-CDMX emitió una ficha de búsqueda y, finalmente, el cuerpo fue hallado.
En aquella manifestación, las inconformes señalaron que en los cuatro casos la posición de las autoridades universitarias evidenció “la indiferencia y simulación institucional interna frente a las violencias contra las mujeres”.
Sin embargo, para la UACM fue más violento el año pasado, cuando al menos seis alumnos fueron asesinados en circunstancias relacionadas con feminicidio, homofobia, riñas y asalto a mano armada.
Una de las víctimas es Isaac Luna García, de 19 años. La última vez que lo vieron con vida fue el 16 de febrero en un bar de la Zona Rosa.
También fueron ultimados Héctor Antonio Sarmiento y Jorge Gustavo Martínez Olivo, ambos de 27 años, y Miguel Omar Arteaga Cabrera, de 25. Ellos estudiaban en el plantel Cuautepec y fueron baleados en la colonia Arbolillo, el 3 de abril.
Édgar Leonardo Arreola Cortés, también del plantel Cuautepec, murió el 22 de julio durante un asalto con arma de fuego, y César Ramírez Méndez fue asesinado en un asalto en el transporte público, cerca del plantel San Lorenzo Tezonco, donde estudiaba.
