En caso de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declare que está insatisfecho con las medidas implementadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para frenar la migración irregular, obligaría a México a recibir a los solicitantes de asilo de Guatemala, mientras que las autoridades del país centroamericano –hundido en la corrupción, la inseguridad y la miseria– deberán atender a los hondureños y salvadoreños.
Estados Unidos, a su vez, revisaría los casos de los solicitantes de asilo mexicanos y asumiría parte de la “carga financiera” que una medida de esa naturaleza implicará para México y Guatemala, según confirmó a Proceso una fuente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En otras palabras: México y Guatemala tendrían el estatus formal de Tercer País Seguro para Estados Unidos, bajo el cual “cada parte aceptaría el retorno y procesamiento de las solicitudes de asilo de nacionales de terceros países que hayan cruzado por el territorio de una de las partes para llegar al territorio de la otra parte, para solicitar refugio”.
Así lo plantea en su jerga técnica el “acuerdo adicional” que los representantes de Trump y de López Obrador firmaron el viernes 7 en Washington, al que el mandatario estadunidense se refirió cuando señaló la existencia de un convenio “secreto”.
El martes 11, el canciller Marcelo Ebrard reconoció que si al concluir el plazo de 45 días Trump considera que México no frenó de manera suficiente el flujo de la migración irregular, entonces arrancaría una nueva fase de negociaciones en las que México debería aceptar el estatus de Tercer País Seguro (TPS) en otro lapso de 45 días.
De acuerdo con las estadísticas de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), 173 mil 719 guatemaltecos viajaron en familia o como menores de edad no acompañados a la frontera con Estados Unidos entre octubre y mayo últimos. Todos ellos son potenciales solicitantes de asilo y sus casos serán atendidos en México si entra en vigor el TPS.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) está colapsada, con 44 mil casos pendientes. Sólo en los primeros cinco meses del año recibió cerca de 25 mil solicitudes de refugio –195% más que en el mismo periodo del año pasado–, 13 mil de las cuales fueron emitidas por personas de Honduras.
Planteamiento “ridículo”
Ebrard aseveró que México “ganó 45 días” con la negociación y confió en que el “éxito” de sus medidas para frenar la migración –las cuales incluyen el despliegue de 6 mil agentes de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala– convencerán a Trump de renunciar a imponer un TPS a los países de la región.
Al mismo tiempo el gobierno estadunidense inició negociaciones con el guatemalteco pese a que éste se encuentra en la recta final de una intensa campaña política que culminará en las elecciones de este domingo 16. Según el medio informativo Voz de América, el gobierno de Trump y el de Jimmy Morales ya tienen un borrador de siete cuartillas sobre un protocolo de TPS para Guatemala.
La posibilidad de que ese país centroamericano se haga cargo de decenas de miles de solicitudes de asilo de hondureños y salvadoreños horrorizó a la organización Human Rights First, la cual tachó de “simplemente ridículo” el planteamiento de Trump de que esa pequeña nación reúne las condiciones para proteger a los refugiados.
La CBP reportó que entre octubre y mayo 187 mil 655 familias y niños de El Salvador y Honduras llegaron a su frontera huyendo por la violencia de las pandillas, especialmente de la Mara, que también opera con impunidad en Guatemala.
El ultimátum
El martes 11, Ebrard publicó el informe sobre su viaje a Washington que entregó al Senado.
En el documento describe cada paso de las negociaciones que la delegación mexicana emprendió para evitar que el gobierno de Trump impusiera un arancel a las importaciones de los productos mexicanos, pero también para impedir que México se convierta en Tercer País Seguro.
Al final del documento el canciller informó que los equipos de los negociadores iniciaron discusiones para hallar un “posible acuerdo bilateral” que “permita responder al reparto de la carga y a la asignación de responsabilidades para el procesamiento de solicitudes de refugio de los migrantes”.
El viernes 14 dio a conocer las bases de este “posible acuerdo” previo a su comparecencia en el Congreso. Se trata del mismo documento que Trump agitó ante la prensa y escondió en la bolsa de su traje el martes 11, tras reafirmar que en él había un acuerdo “secreto”.
Según el texto de una hoja, los equipos legales coincidieron en que el acuerdo forme parte de “un acercamiento regional al reparto de la carga con relación al procesamiento de solicitudes de refugio de migrantes”; en otras palabras, que no abarque solamente a México.
Después de reafirmar que su aplicación en México debería contar con la aprobación del Senado, la delegación mexicana en Washington se comprometió a “empezar a revisar de inmediato las leyes y regulaciones nacionales para identificar cualquier cambio que sea necesario para que un acuerdo de esa naturaleza entre en vigor”.
El tono del documento parece indicar que su elaboración fue de manera consensuada. Pero el último párrafo lo transforma en un ultimátum:
“Si Estados Unidos determina a su discreción, y después de consultarlo con México, que después de 45 días de la fecha en que se publicara la declaración conjunta, las medidas adoptadas por el gobierno de México no alcanzan resultados suficientes, el gobierno de México tomaría los pasos necesarios bajo su legislación nacional para que dicho acuerdo pueda ser vigente con la visión de asegurar de que pudiera entrar en vigor al término de los 45 días siguientes.”
Consultado al respecto en la conferencia de prensa, Ebrard declaró que “las medidas adicionales que se anunciaron el viernes incluirían, desde luego, discutir lo que ellos plantean”. Y añadió: “Ni modo que les digamos que entonces no discutimos nada”.
Y se mostró confiado: “México no fracasará. Estamos abiertos a una negociación si fracasamos, pero no vamos a fracasar”.
