A partir del lunes 17, con el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, comienza una nueva etapa de la política migratoria mexicana, según declaraciones hechas a Proceso por una fuente de la Secretaría de Relaciones Exteriores que, aclara, eso no implicará militarizar la zona. También revela detalles del acuerdo del 7 de junio entre México –hoy transido por su vulnerabilidad– y Estados Unidos: El equipo encabezado por Marcelo Ebrard sólo se comprometió a reforzar la aplicación de la ley mexicana para contener la migración ilegal hacia el norte e impulsar el desarrollo de Guatemala, Honduras y El Salvador. Para conseguirlo, indica la fuente, se convenció al gobierno de Donald Trump de firmar su participación en el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica, que arrancará el jueves 20.
WASHINGTON.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunciará este 20 de junio en Tapachula, Chiapas, la aportación de 2 mil 900 millones de pesos al Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica (PDIC), con la intención de reducir el flujo migratorio a México y Estados Unidos.
“Conforme a las cifras publicadas en el informe trimestral enero-marzo 2019 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Fideicomiso de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe, mejor conocido como Fondo Yucatán, tiene $2 917 410 872.17 pesos”, dice el documento oficial.
“El anuncio lo hará el presidente López Obrador en Tapachula, contando con la presencia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, porque será en su país donde se inicie la instrumentación del programa Sembrando Vida, que será financiado con el dinero del Fondo Yucatán”, explica un alto funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En paralelo, se planea que el lunes 17 ya estén desplegados en toda la frontera sur mexicana los 6 mil efectivos de la Guardia Nacional encargados de impedir el ingreso de más inmigrantes centroamericanos al país, como acordó el gobierno de López Obrador con el de Donald Trump el pasado 7 de junio, a fin de evitar la imposición punitiva de un arancel de 5% a las exportaciones mexicanas.
En Tapachula, López Obrador y Bukele recorrerán dos o tres ejidos para que el mandatario salvadoreño observe el arranque del programa Sembrando Vida, que consiste en la instalación de viveros de árboles frutales y madereros para generar empleo.
El objetivo es homologar el inicio Sembrando Vida en El Salvador con el anuncio de que a través del Fondo Yucatán (unos 162 millones de dólares) México regalará la mitad de las cajas de árboles frutales y madereros a fin de que el gobierno salvadoreño aporte una cantidad similar.
“Es la primera ocasión que México hace un convenio de esta naturaleza con El Salvador para ayudar a ese país a crear fuentes de empleo y desarrollo que contribuirán a contener la salida de migrantes”, explica el funcionario de la SRE, quien corroboró la información obtenida por este semanario.
El PDIC arranca en El Salvador porque en Guatemala se desarrolla un proceso electoral que podría culminar en agosto y la ayuda mexicana para Honduras ya estaba programada para dentro de unas semanas.
Sembrando Vida es un programa social de alto impacto, pero tiene un tinte político.
En el acuerdo bilateral firmado el pasado 7 de junio, en el inciso sobre el PDIC, el gobierno de Estados Unidos se compromete a “liderar junto con México” la asistencia para el desarrollo de Centroamérica.
Las fuentes consultadas afirman que, durante la tensa semana de negociaciones en Washington entre el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y la representación del gobierno de Trump, ésta manifestó al principio su intención de no participar en el PDIC. “Casi los obligamos a cooperar. Sí firmaron. Eso costó horas de negociación”, señala el alto funcionario de Relaciones Exteriores.
Al arrancar Sembrando Vida en El Salvador sólo con fondos mexicanos se reta a Trump a cumplir lo que firmó e indirectamente se le obliga a participar o bien a exhibir su incumplimiento en uno de sus objetivos políticos y electorales: la contención del flujo de inmigrantes centroamericanos.
El PDIC está conformado por nueve proyectos de infraestructura y programas sociales financiados por el Fondo Yucatán: Uno de ellos es Escuelas México, mediante el cual se propone construir 22 planteles de nivel básico en los municipios que más expulsan migrantes.
El segundo, Escuelas Taller de la Frontera, busca ampliar el número de esos planteles en municipios fronterizos de Guatemala y erigir tres en Honduras y El Salvador. El tercero, Jóvenes Construyendo el Futuro, consiste en otorgar apoyos a mil ciudadanos de los tres países durante un año.
Otro programa del PDIC es Albergue para Menores Acompañados y no Acompañados, que por el momento prevé la creación de uno en Tapachula. A su vez, el denominado Mesoamérica sin Hambre prevé crear viveros para producir plantas y semillas.
La meta de Centros de Salud es construir al menos uno por país, en tanto que el ya mencionado Sembrando Vida consiste en apoyar a 500 sujetos agrarios de cada país durante un año, lo que beneficiaría a mil 500 familias.
Finalmente, con el fin de mejorar la atención a la población en tránsito, el PDIC incluye el programa Rehabilitación de Albergues y Estaciones Migratorias, así como Brigadas de Retorno Asistido.
El funcionario entrevistado considera que, además de presionar a Trump para que contribuya al PDIC, la iniciativa mexicana atraerá casi de manera natural la participación internacional.
Detalles de la negociación
La semana pasada el presidente de Estados Unidos insistió en que México firmó un acuerdo paralelo y secreto con su gobierno, pero no reveló su contenido.
–¿Miente Trump con lo del acuerdo paralelo? –se le cuestiona al alto funcionario de la SRE.
–No miente. Él es el que le dio ese trato y yo no quisiera entrar en controversias con él. Pero todo eso nosotros lo hemos dicho; está en un informe, con detalle, y se ha informado. No hay algo secreto, un compromiso diferente que hayamos hecho. No hemos hecho un trato diferente.
En el recuento de las negociaciones en Washington, el funcionario de la cancillería mexicana acepta que Estados Unidos exigió hacer de México un Tercer País Seguro. “Así empezó la junta del miércoles” (5 de junio), comenta.
La intención de los funcionarios estadunidenses era que México se convirtiera en Tercer País Seguro. Según esta figura, las autoridades mexicanas tendrían que filtrar a los migrantes centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos para expulsar a quienes no tengan argumentos válidos y, a los que sí, otorgarles calidad migratoria en México para que, al paso de meses y hasta años, entraran legalmente al territorio estadunidense.
La contrapropuesta de López Obrador es reemplazar la figura de Tercer País Seguro por la de Primer País de Asilo, un sistema de corresponsabilidad.
“A nosotros nos gusta más, porque la ley mexicana dice que la gente no puede pasar sin ser identificada. Todo el flujo migratorio que llegue a Estados Unidos está tolerado al margen de la ley mexicana, eso es indiscutible”, expone la fuente de la SRE.
Sin la intervención mexicana, obligada o no por la amenaza arancelaria, el flujo migratorio irregular a Estados Unidos sería este año de 1 millón y medio de personas y en 2020 de hasta 2 millones. “Para Trump sería un desastre en términos de su campaña de reelección; podría decir que dejarlos pasar fue una decisión política de nuestro gobierno”, comenta el entrevistado.
La representación mexicana encabezada por Marcelo Ebrard respondió a la presión estadunidense con argumentos históricos. Recordó el desinterés de la potencia norteamericana por Guatemala, Honduras y El Salvador al concluir la Guerra Fría y los conflictos internos de esas naciones. Por eso se le reclamó al gobierno de Trump que se comprometiera con Centroamérica como lo hizo con Corea del Sur y Japón después de la Segunda Guerra Mundial.
Continúa el funcionario de la SRE: “Les dijimos: si los ayudas y funciona, sus economías mejorarán y te conviene. La falta de oportunidades económicas es el origen del problema, es parte de la ecuación. Después de una larga discusión, ratificaron dos puntos que nos interesan: comprometer los 5 mil 800 millones de dólares de ayuda a Centroamérica que anunciaron el 18 de diciembre de 2018 y su participación para liderar el PDIC”.
Respecto al despliegue de los 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera de México con Guatemala, el gobierno federal estableció que la medida es para apoyar al Instituto Nacional de Inmigración (INM), que tiene un problema muy serio de personal.
En los hechos, a partir del lunes 17 esa ayuda a los agentes migratorios estará a cargo de policías militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, marinos y unos 600 agentes de la que fuera Policía Federal con preparación administrativa.
“En esta ocasión lo que va a hacer el Ejército es ayudarle a la Guardia Nacional para que tenga los números muy pronto en la frontera sur, porque tenemos un plazo muy limitado. No podríamos esperar dos o tres meses a terminar todos los reclutamientos y demás”, dice la fuente de la SRE.
El tiempo limitado al que se refiere el entrevistado son los dos plazos de 45 días que la administración de Trump estableció en el acuerdo de Washington para que el gobierno mexicano demuestre que ha contenido el flujo migratorio desde Centroamérica y evite así la imposición de aranceles especiales a la exportación de sus productos hacia Estados Unidos.
Los representantes de Trump usaron “un tono de ultimátum –admite–.
Se acordó el viernes (7 de junio) que fueran 90 días: 45 para implementar medidas que redujeran los flujos migratorios y los segundos 45 días para una rueda de negociación. Muy difícil para México, porque supondría que fracasamos en algo. Tendríamos que sentarnos a discutir el modelo. Nosotros presentaríamos un sistema de gestión migratoria regional y ellos van a presentar un acuerdo bilateral para que los solicitantes de asilo estén en México en vez de la actual situación”.
–¿De no lograrse los objetivos en 90 días, Estados Unidos impondría los aranceles?
–Ellos no dijeron que impondrían un arancel a los 90 días, que ya vi que Trump sacó un tuit diciendo eso, o lo implica. Lo que se quedó está en el informe: a los segundos 45 días tendríamos que llegar a un acuerdo, pero no se dice que al término de eso se impondrían tarifas, o sea que podríamos sacar el termino tarifas de la negociación. En otras palabras, sería una mesa migratoria, con un plazo, pero ya no son tarifas.
Se respetará derecho de asilo
La semana pasada, mientras Ebrard hacía público el acuerdo migratorio de Washington y negaba que Trump impusiera su voluntad sobre la política migratoria mexicana, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, estimaba que México recibiría de Estados Unidos a unos 50 mil solicitantes de asilo centroamericanos.
El entrevistado explica que esa cantidad es incorrecta, pues de enero pasado a la fecha Estados Unidos ha devuelto a México unos 10 mil solicitantes de asilo por tres puntos fronterizos. “Si las medidas que estamos poniendo en práctica tienen efecto, ese flujo tendría que reducirse. No habría por qué suponer que vamos a recibir a muchos más”, sostiene.
Sin embargo, no se atreve a hacer un cálculo fundamentado, si bien aventura un número: “Cuando menos unos 20 (mil) recibiremos”.
–¿Cumplir con el acuerdo firmado con Estados Unidos implicaría en algún momento la repatriación de migrantes centroamericanos? –se le plantea al funcionario.
–A los que se les detenga en el sur. En el norte no estamos pensando en hacer lo mismo. Habría que ver en los próximos días. Hasta hoy la política es: en el sur les dices: “compañeros, dennos oportunidad”… Salvo a los que pidan asilo y refugio, eso es otra cosa.
Las autoridades mexicanas no van a repatriar a los centroamericanos que ya están en el país y están haciendo fila o tienen citas para continuar sus trámites. Deportarlos viola las leyes mexicanas porque equivale a negarles el derecho de asilo.
Hasta el cierre de esta edición, el INM tenía registrados a unos 50 mil centroamericanos en la frontera norte mexicana, alrededor de 10 mil que ya fueron devueltos de Estados Unidos tras rechazarse sus peticiones de asilo y 15 mil que esperan ingresar para solicitarlo.
La crisis migratoria tiene copada a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que con su presupuesto de 23 millones de pesos no puede solventar ni procesar todas las solicitudes de refugio, pues actualmente hay alrededor 6 mil centroamericanos en el país. Con base en el reporte de la Comar sobre el incremento de esas peticiones, la SRE prevé que para finales del presente año habrá ya un mínimo de 20 mil refugiados.
“Las razones del aumento en las solicitudes de refugio son un indicador de qué tan mal están las cosas allá (en Centroamérica). Nuestra política va a ser no negárselos y, entre otras cosas, ellos tienen que permanecer en el país. Tenemos ese pronóstico”, enfatiza la fuente de la cancillería.
Ante este escenario, el gobierno mexicano ya conversa con los gobernadores de los estados afectados por la oleada migrante, con el fin de coordinarse para brindar apoyo económico y humanitario a los centroamericanos.
En particular inquietan al gobierno de López Obrador los migrantes menores no acompañados que pretenden atravesar el país, cuyo número se calcula hasta ahora en 9 mil. Al respecto, el entrevistado explica:
“Ya invitamos al DIF. Ellos ya tienen todo un protocolo que han ido preparando con Gobernación. También estamos invitando a la Unicef, porque para nosotros sería prioritario atender la situación de los menores, no sólo en el tránsito hacia Estados Unidos, sino lo que pasa después con ellos en Estados Unidos y en los lugares de origen.
“Queremos invitar a la Unicef porque además la dirige una estadunidense (Ann Putman Marks), una persona que propuso Estados Unidos. Como para decirles: ‘Oye, aquí en la región necesitamos otra cosa’. Ella traía un programa muy interesante sobre escuelas y programas más conocidos.”
Para finalizar, se le pregunta al funcionario de la SRE si a partir del lunes 17 se militariza la frontera sur. Y contesta:
“Ya estaba prevista la presencia de la Guardia Nacional en esa área. Está presente en todo el territorio y eso no quiere decir que vamos a militarizar todo el territorio. Lo que utilizaremos ahorita es el respaldo a los agentes migratorios. ¿Quién los ayuda? No hay quien los ayude… La Policía Federal se está disolviendo o integrando a la Guardia Nacional.”
