El Programa de Integración Tecnológica Aduanera (PITA) –que presuntamente incorporó equipo electrónico para las labores de control y revisión de mercancías en las aduanas– es deficiente y presenta muchas irregularidades.
Según un documento presentado por un grupo de empresas subcontratistas, “se tiene conocimiento de afectaciones en la instalación de diversos equipos de dudosa procedencia en el marco del PITA”.
En febrero de 2018 las administraciones General de Aduanas (AGA) y Central de Modernización Aduanera, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), recibieron información sobre los problemas de la nueva plataforma. La Administración General de Evaluación de la autoridad fiscal abrió una investigación, sin que hayan trascendido sus resultados.
El SAT recibió, entre otros, el contrato para proporcionar equipos asociados con el suministro de tecnología para su instalación en los puntos incluidos en el PITA; documentos sobre las especificaciones de lo provisto para el proyecto; datos de los aparatos vendidos, como número de registro; licencias de exportación de la tecnología; correos electrónicos intercambiados entre las partes implicadas en las transacciones del programa; y fotografías de los equipos de la plataforma, así como registros ligados a inspecciones a los recintos aduaneros incluidos en el programa.
“Hay sitios del Siave (Sistema de Supervisión y Control Vehicular) que poseen equipo próximo a caducar, lo cual corrobora que las adjudicatarias del PITA están incumpliendo” con el contrato rubricado con el SAT, señala el documento.
En octubre de 2015 el SAT convocó a la licitación LA-006E00001-N93-2015 con la intención de dotar a las aduanas de tecnología de punta para automatizar y digitalizar los cruces y así volver más eficientes los procedimientos y atajar la corrupción.
De las ofertas entregadas por cuatro consorcios y dos empresas individuales, la Administración Central de Modernización Aduanera, adscrita a la AGA, eligió el 2 de marzo de 2016 la propuesta de la alianza entre Sixsigma Networks de México (KIO) SA de CV –propiedad de María Asunción Aramburuzabala– e IBM de México Comercialización y Servicios, S de RL de CV.
La plataforma incluye la modernización de 60 puntos de revisión de mercancías en las aduanas fronterizas, marítimas e interiores; otros 52 puntos para el control de vehículos de pasajeros en cruces limítrofes y 310 sitios de videovigilancia en los principales inmuebles del SAT.
Con la lente desviada
Fotografías que integran el expediente del SAT evidencian que KIO y su subcontratista Informática El Corte Inglés (IECISA) instalaron docenas de lectores de placas y cámaras de identificación de pasajeros en carriles vehiculares a lo largo de la frontera, pero fuera del rango de enfoque y en contraposición a la instalación prescrita por el fabricante.
Los contratistas instalaron postes de sujeción de lectores de placas de ocho pulgadas de altura, cuando la solución tecnológica requiere de pilotes de dos metros, para así garantizar una correcta lectura.
Los aparatos funcionaban a la inversa. Los lectores apuntaban a los rostros de los pasajeros, y las cámaras de reconocimiento facial, a la parte baja de los automotores, en una frontera por la que circulan 17 millones de vehículos diarios.
KIO contrató a IECISA para instalar los equipos.
Además, el PITA mantiene cámaras del proyecto Siave que el SAT adquirió en 2012 y que están por cumplir su vida útil, pues no es posible actualizar su software. Por el debilitamiento de la iluminación no puede brindar una visión adecuada para leer las placas.
KIO y sus subcontratistas pintaron esos dispositivos para camuflarlos como tecnología nueva y cobrarlos así, según el expediente.
El contrato CS-300-LP-N-P-FC-016/16, consultado por Proceso y firmado el 17 de marzo de 2016 entre el SAT y los adjudicatarios, otorgó un lapso para mantener y luego sustituir esas cámaras, y así mantener el flujo vehicular en los cruces fronterizos.
El documento incluye la provisión de dos servicios por labores administrativas y otros 49 para videovigilancia, monitoreo de vehículos y lectura de placas, entre otros.
En una primera etapa, el proyecto implicaba la instalación y activación de unas 10 mil cámaras en más de 430 carriles fronterizos. El SAT tenía información de 262 cámaras obsoletas desplegadas en 131 carriles y 15 cámaras clonadas que la institución prometió sustituir.
El contrato, por 9 millones 906 mil 503 mil pesos (IVA incluido) y de 34 páginas, estipula que para determinar la correcta captura de placas “deberá efectuarse una lectura precisa de cada uno de los caracteres de la placa, junto con la correcta identificación del estado y país de origen”.
Para esa medición, el documento estipula que los proveedores están obligados a levantar mensualmente un muestreo en cada carril, para calcular el porcentaje de lectura correcta. La tasa mínima de captura debe ser de 95% para carriles de vehículos de carga y ligeros y cualquier dato inferior amerita descuentos mensuales en pago de prestaciones del contrato. Para la lectura correcta del número de contenedor, la meta es de 90%, y para la identificación de vehículos de carga vacíos y ligeros, 95%.
Las irregularidades de las cámaras vierten dudas sobre los reportes de operación entregados por el contratista. Además, fomentan el riesgo del contrabando de armas, dinero y drogas por la zona fronteriza, como ha ocurrido en la última década y que ha alimentado la violencia en el país.
En su Tercer Informe de la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación dictaminó que el PITA presentaba un avance de apenas 43% e identificó que 29 de las 49 aduanas nacionales carecen de la infraestructura necesaria para la aplicación de sistemas de reconocimiento no intrusivo.
La cláusula 10 del contrato establece que cuando los proveedores no presten los servicios en la forma, plazos y términos establecidos, no se otorgarán prórrogas “salvo casos fortuitos o de fuerza mayor plenamente justificados”.
El numeral 12 determina que los servicios no podrán ser subcontratados, pues los proveedores serán responsables de esos mismos servicios. La 17 explicita la rescisión del vínculo por 16 causales, como no entregar datos para la inspección, supervisión y verificación de los servicios pautados, su subcontratación o incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales. La cláusula 37 indica la actualización del equipo cuando sea necesaria.
Los ejecutores del PITA habrían subcontratado al menos a 14 proveedores de soporte tecnológico, operación de cámaras, labores de mantenimiento, construcción y abastecimiento de piezas.
Ricardo Peralta, quien hasta el jueves 23 era director general de Aduanas, aseguró a Proceso: “Estamos haciendo valer el contrato. Los titulares (de la obra) cuando se les invita a hacer estas revisiones, reaccionan muy rápidamente. Si la autoridad no les dice nada, pues no hacen nada”.
El funcionario asevera que las cámaras funcionan bien y que la revisión de la subcontratación de servicios corresponde a la Administración General Jurídica del SAT.
A la fecha, el SAT no ha multado al ejecutor del PITA por posibles incumplimientos.
Ante la posibilidad de que la dependencia recurra a unos 14 mil millones de pesos de los fideicomisos del Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Autoridades Aduaneras y para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera para rescatar al PITA, Peralta recordó que esos fondos sólo pueden destinarse a modernizar aduanas. (Con información de Sara Pantoja)
