Uno de los logros más aplaudidos del gobierno de Juan Manuel Santos (terminado en 2018) en Colombia fue la firma de la paz con la guerrilla de las FARC. Ese triunfo político ahora está en riesgo, pues el actual mandatario colombiano, Iván Duque, cede a la presión de los sectores más conservadores –encabezados por su mentor, el expresidente Álvaro Uribe– y ha emprendido una campaña de desprestigio contra los exrebeldes que amenaza con echar por la borda ese acuerdo que puso fin a 52 años de guerra.
BOGOTÁ.- El presidente colombiano, Iván Duque, que comenzó su gestión en agosto pasado con una agenda de gobierno mucho más moderada de lo que esperaba su partido, el derechista Centro Democrático (CD), ha terminado cediendo, con el paso de los meses y por cuenta de un desplome en su popularidad, frente al sector más extremista de esa colectividad política.
Este alineamiento del mandatario con posturas más conservadoras ha corrido el debate político colombiano hacia los terrenos de la extrema derecha.
Hasta hace pocos meses, durante la etapa final del gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), la premisa era implementar los acuerdos de paz alcanzados con la exguerrilla de las FARC. Hoy, la premisa del CD y de su líder, el expresidente Álvaro Uribe, es socavarlos.
Y Duque, quien llegó a la política hace apenas cinco años de la mano de Uribe tras una larga carrera en el Banco Interamericano de Desarrollo, aparece en el nuevo escenario como un mandatario acotado por su inexperiencia política y por la influencia que ejerce su mentor en los asuntos de gobierno y en el Congreso, donde encabeza la bancada del CD.
La cruzada de la ultraderecha colombiana tiene en la mira a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a las altas cortes colombianas.
La JEP es el tribunal que juzga los delitos cometidos en el conflicto armado por guerrilleros, militares, policías y civiles, y puede imponer penas muy bajas a los culpables –de entre cinco y ocho años de “libertad restringida”–, si ellos cuentan la verdad a las víctimas, algo que, según la oposición, “aterra” al uribismo, por su historial con el paramilitarismo.
Y las altas cortes, como la Suprema y la Constitucional, han sido cuestionadas por Uribe desde que fue presidente (2002-2010) pues le impidieron postularse a una reelección y le abrieron indagaciones relacionadas con delitos de lesa humanidad y espionaje a sus adversarios políticos.
Uribe, quien tiene una mala imagen entre 57% de los colombianos, según la encuestadora Datexco, enfrenta ahora mismo 16 causas penales en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en julio pasado ese tribunal lo llamó a juicio por los delitos de soborno y manipulación de testigos.
Con esa presión judicial, el poder político se ha convertido para el expresidente en un “pasaporte a la impunidad”, afirma el senador izquierdista Iván Cepeda, quien asegura que por esa razón un punto central en la agenda del gobernante CD es lo que ellos llaman una “reforma a la justicia”, que buscaría restringir las competencias de las altas cortes.
Para Cepeda –a quien según la CSJ Uribe trató de implicar en delitos presionando a testigos para que declararan contra él–, lo que hay en Colombia es una campaña de desprestigio contra los acuerdos de paz con las FARC, que pretende “hacer fracasar” ese pacto que puso fin a 52 años de conflicto armado interno y perpetuar la impunidad de la extrema derecha.
En ese conflicto participaron guerrilleros, militares, agentes del Estado, terratenientes y civiles.
“Pero aquí –dice el legislador– lo que pretende la extrema derecha es que sólo haya castigo para los jefes de la exguerrilla e impunidad para el resto de actores. Por eso hay un bloque de fuerzas políticas, económicas y sociales encabezado por Uribe que va contra el acuerdo de paz”.
El eje antiacuerdos
Cepeda señala que el asunto trasciende las fronteras nacionales e involucra a fuerzas externas, como un sector del Partido Republicano de Estados Unidos, cercano a Marco Rubio, senador por Florida, y a funcionarios de la administración de Donald Trump, empeñados en seguir la “fracasada” guerra contra las drogas del último medio siglo.
“Esta ultraderecha nacional que busca su impunidad, unida a intereses externos, quiere convertir el problema de la extradición de colombianos a Estados Unidos por asuntos de narcotráfico en una especie de punta de lanza contra el proceso de paz”, señala el senador colombiano.
El miércoles 15, la JEP negó –con el voto de tres de cinco magistrados– la extradición a Estados Unidos del excomandante de las FARC Jesús Santrich, quien fue acusado el año pasado por la DEA y por un tribunal federal de Nueva York de conspirar para enviar cocaína a ese país.
La negativa de la JEP, que desató una airada reacción de Uribe y su partido y provocó la renuncia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien dijo no compartir la decisión, fue fundamentada por ese tribunal en el hecho de que Estados Unidos y la Fiscalía se negaron a aportar pruebas sobre el delito atribuido a Santrich y sobre la fecha en que se cometió.
La constatación de la fecha es importante porque, en cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC, todos los delitos comunes –entre ellos el narcotráfico– cometidos por los exintegrantes de esa guerrilla antes de la entrada en vigor de ese pacto, el 1 de diciembre de 2016, fueron amnistiados.
En cambio, los delitos graves o de lesa humanidad deberán ser juzgados por la JEP.
Pero el acuerdo también señala que si cualquier excombatiente incurre en cualquier delito después de diciembre de 2016 será juzgado por la justicia ordinaria y puede ser extraditado por narcotráfico.
Según la DEA, Santrich trató de traficar cocaína a Estados Unidos entre 2017 y 2018. Pero las autoridades estadunidenses rechazaron reiteradamente entregar a la JEP el material probatorio que sustentara esa acusación. El exguerrillero sostiene que todo se trató de un “burdo montaje” de la DEA.
En todo caso, el fallo de la JEP, que ordenó la inmediata liberación de Santrich, fue apelado por la Procuraduría ante la sala de apelaciones de ese tribunal, por lo que no es un caso cerrado.
Estados Unidos, en el gobierno de Barack Obama (2009-2017), respaldó las negociaciones y el acuerdo de paz con las FARC, pero la DEA siempre se opuso a ese pacto, al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos acordado con la exguerrilla y a la decisión de Colombia de suspender las aspersiones con glifosato de los cultivos de hoja de coca, por el potencial cancerígeno del herbicida.
El gobierno de Duque busca reanudar esas fumigaciones.
Tras conocer el veredicto de la JEP, Uribe leyó un comunicado del CD en el que deploró la decisión y sostuvo que los acuerdos del presidente Santos con las FARC “crearon un cogobierno con el narcotráfico que imposibilita al Ejecutivo para combatirlo”.
Enseguida, Uribe y sus aliados políticos comenzaron una campaña para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que tendría como propósito una “reforma a la justicia”, lo que amplios sectores interpretan como la desaparición de la JEP y de otras altas cortes.
El exjefe del equipo del gobierno colombiano que negoció la paz con las FARC, Humberto de la Calle, dijo que la reacción de Uribe “es un eslabón más en una tarea de demolición del sistema judicial que abarca la Corte Constitucional, la Corte Suprema y ahora la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Viraje sin réditos políticos
En medio de esta disputa, Duque enfrenta cada vez más presiones de su propio partido para radicalizar sus posturas frente a la JEP y los acuerdos de paz.
El mandatario, cuya experiencia en el mundo político se limita a cuatro años como senador, ya ha hecho concesiones importantes al sector más ultraderechista del uribismo.
En esa línea, Duque no sólo emprendió una batalla contra los acuerdos de paz al objetar seis artículos de la ley estatutaria de la JEP. También decidió reeditar la guerra contra las drogas en los términos punitivos que hoy exige Washington, y optó por una diplomacia de línea dura contra el régimen que encabeza Nicolás Maduro en la vecina Venezuela.
El problema para Duque es que ninguna de sus políticas más extremas le está saliendo bien.
Su andanada para restarle atribuciones a la JEP ha sido detenida por la oposición en el Congreso; su alineamiento con Washington en la guerra antidrogas no es reconocida ni por Trump, quien lo ha recriminado en público, y su apuesta por lograr una rápida caída de Maduro –en alianza con los “halcones” de Washington– ha resultado fallida.
Además, su viraje a posiciones más conservadoras tampoco ha producido el efecto que él esperaba en sus índices de popularidad.
En agosto pasado, al juramentar como presidente, Duque tenía una aprobación de 55%, según la encuestadora Datexco, que le permitía emprender un rumbo de gobierno autónomo. Aunque nombró como ministros de Hacienda, de Defensa, del Interior y del Trabajo a personajes muy cercanos al exmandatario, se distanció de los ultras del CD, que habían advertido que harían “trizas” los acuerdos de paz con las FARC y ofreció garantías a los desmovilizados de esa exguerrilla.
Pero una iniciativa de ley que aumentaba los impuestos a las clases medias y una huelga estudiantil en demanda de más financiamiento a la educación pública minaron su popularidad, mientras los dirigentes y legisladores más “duros” de su partido lo dejaron lidiar solo con el aluvión de críticas.
En diciembre pasado, con sólo cuatro meses en el cargo, la favorabilidad de Duque se había desplomado a 28%, 27 puntos menos que en agosto, y el nivel de rechazo llegaba a 62%, de acuerdo con Datexco.
Su firme posición exigiendo la salida de Maduro del poder en Venezuela le hizo ganar algunos puntos de popularidad a principios de este año, pero en la medida en que la estrategia de Estados Unidos, Colombia y Brasil para expulsar al régimen chavista ha fracasado, su imagen positiva se ha vuelto a desplomar.
A esto también han contribuido los regaños que Trump le ha dado en público por no hacer “nada” para detener el tráfico de cocaína colombiana hacia Estados Unidos, algo injusto para un presidente tan determinado a aplicar la estrategia antidrogas que piden los ultraconservadores de Washington.
Hoy, la favorabilidad del presidente colombiano está en 30% y tiene 59% de rechazo, dos puntos más que Uribe, según Datexco.
El exitoso programa televisivo de sátira política La tele letal se refiere a Uribe como “el presidente eterno”, mientras que a Duque como “el presidente tierno”. La ventaja de este último es que no hay ningún proceso penal que manche su trayectoria.
El martes 14, el exfiscal Eduardo Montealegre, tras enterarse de que el legislador uribista de la Comisión de Acusaciones del Congreso, Edward Rodríguez, pidió a la Corte Suprema investigarlo por corrupción, divulgó un comunicado en el que denunció una “arremetida” del “presidente eterno” contra la justicia.
Uribe, señaló Montealegre, está “acorralado por su pasado, por sus responsabilidades históricas, por el fantasma de los crímenes internacionales que cometió” y los cuales “pretende ocultar con su política de siempre: cacería de jabalíes a la justicia, montajes a quienes denuncian los delitos que ha cometido y persecución a defensores de derechos humanos”.
Y remató: “No descansaremos en investigar y denunciar los crímenes de guerra en que incurrió Álvaro Uribe y su ronda de violadores a los derechos humanos”.
Uribe siempre ha negado las acusaciones en su contra y ha dicho que son producto de “montajes” armados por sus adversarios políticos.
La masacre silenciosa
Un contrapeso a la corriente ultraderechista que maneja los hilos del poder en Colombia y que limita el margen de acción al propio presidente Duque es la comunidad internacional, que es una decidida partidaria de los acuerdos de paz.
El Consejo de Seguridad de la ONU, la comisión de derechos humanos de ese organismo, la Unión Europea y los sectores demócratas del Congreso de Estados Unidos han hecho reiterados llamados al gobierno colombiano a respaldar con mayor decisión la reinserción de excombatientes de las FARC y a detener el asesinato de líderes sociales.
El Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia reportó que entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de este año han sido asesinados 317 líderes sociales en el país, casi cinco a la semana en promedio.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha hecho reiterados llamados al gobierno a reforzar las medidas de protección a los dirigentes involucrados con la implementación de los acuerdos de paz y a los excombatientes de las FARC, quienes también están siendo asesinados.
El martes 14, el excomandante del frente 21 de las FARC, Wilson Saavedra, fue asesinado por dos sicarios en el suroccidental municipio de Tuluá, mientras compraba un pastel para su hijo que cumplía cinco años.
El jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, dijo que desde la entrada en vigor de los acuerdos de paz han sido asesinados 139 excombatientes y 31 de sus familiares.
Advirtió que hay sectores interesados en llevar a Colombia “a una encrucijada que puede desembocar en un nuevo ciclo de violencia”. Hay, dijo, una “combinación perversa de factores que conspiran para que así sea”.
