La primera crisis ambiental que enfrentó el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México puso a prueba su desempeño. Pese a que se trató de un tema que conoce, se percibió una demora injustificada para aplicar medidas que atenuaran la emisión de contaminantes y previnieran el daño a la salud pública. Esto, a pesar de que ya existía un estudio detallado sobre las deficiencias en la cobertura del monitoreo atmosférico y un convenio para subsanarlas.
Autoridades federales y de la Ciudad de México actuaron de manera “tardía” y cometieron omisiones “graves” al atender la crisis ambiental de la semana pasada, pese a que desde septiembre de 2016 la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) alertó de la falta de tecnología para medir las emisiones de partículas contaminantes PM2.5 y, con base en ella, emitir protocolos a fin de evitar daños a la salud pública.
El problema no fue financiero. Desde abril de 2017 el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) asignó 150 millones de pesos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para resolver esas carencias y aplicar un programa de actividades en los siguientes tres años, es decir, hasta 2020.
Pese a ello, los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México comenzaron a padecer, desde el pasado jueves 9, una alta concentración de partículas PM2.5, contaminantes sólidos y líquidos suspendidos en el aire que afectan más a la salud que cualquier otro.
Sin embargo, la CAMe declaró contingencia ambiental sumada con ozono el martes 14 y la levantó la noche del viernes 17. Esta fue la primera crisis por contaminación que enfrenta la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, doctora en ingeniería ambiental y experta en cambio climático ante la ONU.
La “nata” de polución se hizo evidente el viernes 10. Pero no fue hasta el lunes 13 cuando la morenista explicó en conferencia que 80% de ésta se debía al aumento del número y extensión de los incendios, no sólo en la capital, sino en los estados aledaños. La mañana del martes 14, la CAMe ofreció una conferencia en la que declaró “contingencia extraordinaria”, pero sin restringir la circulación vehicular ni la asistencia a clases.
La exsecretaria de Medio Ambiente en la administración del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, usó la misma justificación que ha dado frente al aumento de la violencia, la inseguridad y otros problemas que ahorcan a la Ciudad de México: es herencia de la anterior administración.
“Se hace una contingencia extraordinaria porque no estaba establecido qué es lo que hay que hacer cuando hay altos niveles de PM2.5… Ni la administración pasada federal ni la local dejaron establecido un protocolo para ello”, dijo.
Eran tiempos de Tanya Müller al frente de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y de Miguel Ángel Mancera en la jefatura de gobierno capitalino. Pero ese argumento no era ninguna novedad.
Alerta desde 2016
Elaborado en septiembre de 2016, el Programa de inversión. Fortalecimiento de las capacidades de monitoreo de la calidad del aire en la Megalópolis, cuya copia tiene Proceso, evidenció que pese a contar con 53 estaciones y seis sistemas de monitoreo de la calidad de aire –correspondientes a la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala–, en la zona existen “grandes áreas” sin cobertura de monitoreo.
Por ello se ignoran las concentraciones de contaminantes y no se pueden establecer límites para aplicar protocolos de atención, como sí se hace con los niveles de ozono y partículas PM10, incluidos en el vigente Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial capitalina el 27 de diciembre de 2017.
Firmado por la Semarnat, la CAMe y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el estudio establece que “la mayor parte de las estaciones de monitoreo no funciona de manera correcta, no hay equipos para la medición de partículas finas PM2.5 y no se tiene información de los contaminantes transportados al Valle de México a través de las cuencas atmosféricas”.
Por ello enfatizaron la necesidad de ampliar la cobertura del monitoreo atmosférico, en extensión y en número de contaminantes, mediante la compra de estaciones reubicables y equipadas, así como de equipos para medición de partículas menores a PM2.5, carbono negro y parámetros meteorológicos.
También sugirieron crear plataformas electrónicas para que la ciudadanía se informe en tiempo real de las condiciones de la calidad de aire en la zona donde vive.
Los autores del estudio destacaron que la medición de PM2.5, así como de compuestos orgánicos volátiles, fue recomendada por el grupo de especialistas que asesora los trabajos de la CAMe, presidido por Mario Molina, premio Nobel de Química.
Ambos tipos de partículas, dijeron, están asociados con el aumento de síntomas de enfermedades respiratorias, la reducción de la función pulmonar, el agravamiento del asma y con muertes prematuras por afecciones respiratorias y cardiovasculares, la mortalidad infantil y el ausentismo escolar en niños.
El 10 de abril de 2017, siete meses después de la elaboración del diagnóstico, Banobras y la Semarnat firmaron el convenio de “apoyo financiero no recuperable” en la modalidad de “aportación” para la implementación de dicho programa de inversión por 150 millones de pesos, cifra calculada por la propia secretaría.
El documento, cuya copia tiene este semanario, deja claro que esa cantidad cubrirá el costo total del proyecto con cargo al Fondo Nacional de Infraestructura. Además ordena que se hagan convenios con cada entidad federativa que integra la megalópolis y se garantice la operación del programa durante los primeros tres años de su implementación.
Firmaron el acuerdo Francisco Antonio González Ortiz Mena, director general adjunto de Banca de Inversión de Banobras, y Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de Vinculación Institucional de la Semarnat y hasta febrero pasado, coordinador ejecutivo de la CAMe.
Experta y protagonista
El jueves 9 por la mañana, mientras la jefa de Gobierno se tomaba fotos con modelos de vestidos de novia en la calle República de Chile, en el Centro Histórico, los incendios se incrementaban en las orillas y las zonas altas de la ciudad.
Para el viernes 10 una inmensa columna de humo se alzaba por el rumbo de Santa Fe y se veía desde el Centro. Ya para entonces los capitalinos miraban el cielo raro. Todavía el sábado 11 la exdelegada en Tlalpan acudió a la calzada del mismo nombre a su tradicional jornada de tequio o trabajo comunitario. Por la noche su gobierno activó el Programa de Vigilancia Epidemiológica y se informó de la instalación de una mesa de trabajo permanente con autoridades ambientales.
La noche del domingo 12 la CAMe emitió una alerta ambiental, pero sólo dio algunas recomendaciones, como evitar hacer deporte al aire libre. Para el lunes 13, ya con severos cuestionamientos de la prensa, Sheinbaum señaló la “falta de protocolos” desde la administración anterior para atender altos niveles de partículas PM2.5. También atribuyó la situación a los poco más de 395 incendios ocurridos cuatro días antes, no sólo en la Ciudad de México, sino en el Estado de México, Hidalgo y Morelos.
Sergio Sánchez, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, mencionó también la influencia de las altas temperaturas, que hacen más difícil sofocar los incendios, así como la ausencia de lluvia y la limitada movilidad de la atmósfera, que evita la dispersión de contaminantes.
El martes 14, Sheinbaum anunció la cancelación de su agenda del día, pero apareció casi de inmediato en otra conferencia con la CAMe para anunciar la “contingencia extraordinaria” por PM2.5.
Sin embargo, el hecho tuvo poco efecto, pues un par de horas después el organismo activó la fase 1 de contingencia por PM2.5 y ozono y ordenó aplicar restricción vehicular, entre otras medidas.
La funcionaria también atajó las críticas de las redes sociales: “Hemos sido muy responsables, hemos consultado a los expertos. Se ha estado viendo la cuestión epidemiológica de salud. Soy la única gobernadora que ha estado en estas reuniones atenta”.
Desde entonces y hasta el viernes 17, al estilo de López Obrador, la funcionaria difundió en sus redes sociales breves videos en los que explicaba las medidas aplicadas en el día. Lo mismo hizo con una foto que la mostró viajando en el Metro junto a su escolta.
Para el jueves 16, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de gobierno convocó a su mentor, el Premio Nobel de Química Mario Molina, y a la titular de la Semarnat, Josefa González-Blanco, para fortalecer el mensaje de que tenían la crisis bajo control, aunque los niveles de contaminación no cedían. El viernes 17, en un reporte a las 19:00 horas, la CAMe levantó la contingencia.
Omisiones “gravísimas”: Greenpeace
En entrevista con Proceso, Pablo Ramírez, coordinador de la campaña de Calidad del Aire, de Greenpeace México, evalúa el proceder de la CAMe y, en particular, el de Sheinbaum ante la primera crisis ambiental de su gobierno.
“Me parece un tema gravísimo el decir que la contaminación del aire en la Ciudad de México es algo extraordinario, siendo que llevamos más de 30 años respirando mala calidad del aire”, asegura.
Experto en la materia, recuerda que desde que inicio el nuevo gobierno capitalino ya se habían decretado cuatro contingencias por ozono. No obstante, los niveles de PM2.5 ya eran altos. Además, retoma el mencionado estudio de la CAMe de 2016 y asegura:
“Sheinbaum hizo parecer que nunca hubo una alerta, que las cosas estaban bien, que nunca supieron que había un problema, cuando sí lo hubo. Sí había una alerta desde 2016, que decía que no había capacidad suficiente para monitorear PM2.5. Sí, esto incumbe a la administración anterior, pero estos diagnósticos también deben llegar a la nueva administración. Y por lo que dice el documento, a ellos les correspondería seguir implementando y ejerciendo el recurso. Hay que ver qué pasó con ese dinero”.
Ramírez también critica la tardanza de las autoridades locales y federales en reaccionar ante la crisis. Menciona que el gobierno capitalino, mediante la Sedema, tiene atribuciones para tomar medidas antes de declarar una “contingencia extraordinaria”.
Según el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Ciudad de México vigente –que será modificado en los próximos días–, la Sedema “a través de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire está facultada para establecer coordinadamente, con las autoridades competentes de la administración pública local y federal, la aplicación de las medidas en transporte, servicios e industria, para reducir las emisiones contaminantes, y, por tanto, evitar contingencias ambientales atmosféricas”.
De acuerdo con Ramírez, la CAMe también tiene “atribuciones para decretar este tipo de contingencias, aunque no haya protocolos, cuando la salud de la población y el medio ambiente se ven en peligro”.
Incluso señala que las autoridades, mientras no emitieron medidas obligatorias, como el doble no circula y la suspensión de clases –activadas hasta el miércoles 15 y jueves 16, respectivamente– “expusieron a las poblaciones vulnerables” a la concentración de contaminantes.
“Fue una irresponsabilidad brutal que las clases no se hayan cancelado sino hasta el jueves 16 –insiste–. Fue sumamente negligente. Se los comieron los tiempos y no tuvieron chance de tomar una decisión contundente cuando debieron tomarla, no tres días después de que inició el problema.”
Lejos del Acuerdo de París
Por si fuera poca la falta de efectividad del gobierno capitalino para atender la crisis ambiental, el plan climático de la Ciudad de México no se apega al Acuerdo de París de 2015, fundamental para evitar un mayor calentamiento planetario, según el Grupo de Liderazgo Climático.
Éste es la alianza de 94 de las urbes más grandes del mundo, que califica el acoplamiento de las determinaciones del pacto global firmado en la capital francesa que regirá a partir de 2020, el cual conmina a los países firmantes a mantener el incremento de la temperatura global en un máximo de 1.5 grados centígrados.
De acuerdo con su sitio web, el Programa de Acción Climática de la CDMX 2014-2020 estipula una reducción acumulada de 10 millones de toneladas de dióxido de carbono en comparación con 2012 (equivalentes a 30% del volumen total, que es de 30 millones de toneladas). No obstante, entre 2014 y 2018 la ciudad sólo redujo la emisión de 4 millones 810 mil toneladas del compuesto químico, es decir, menos de la mitad del compromiso adquirido.
Entre 2018 y 2030 la urbe debe reducir sus emanaciones en 50%, y para 2050 a cero. Pero ni el gobierno de Miguel Ángel Mancera ni el de Sheinbaum se han comprometido a declarar carbono neutral en la metrópoli a largo plazo. (Con información de Emilio Godoy).
