Señor director:
Le solicito la oportunidad de dar cabida en Palabra de Lector a la siguiente carta, que dirijo al doctor Enrique Luis Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México:
1. Soy estudiante del sexto semestre de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras. Mi número de cuenta es 31328128–2. Semestres atrás, una compañera de la Facultad me acusó de acoso.
2. Se inició un proceso en mi contra en la Unidad de Violencia de Género (UVG), negué categóricamente de lo que se me acusaba, una supuesta y subjetiva “mirada lasciva”, viéndome, sin embargo, dispuesto a disculparme y dialogar con la compañera.
3. Ella rechazó todo intento de mediación e inició un escarnio social terrible hacia mi persona. Colocó mi nombre en “los tendederos” de denuncia de la facultad, lo subió a las redes sociales como #MeToo y Feministas FFyL, respaldada precisamente por colectivos feministas.
4. Ella desechó la denuncia, según me dijo la Mtra. Karla Amozurrita, encargada del Programa de Equidad de Género de la Facultad. No obstante, el escarnio en mi contra continuó. Los compañeros siguieron la campaña de odio y segregación en mi contra, difamándome continuamente, tildándome de acosador, violador, agresor sexual, etcétera.
5. Pese a haberse desechado la denuncia, la compañera acudió a denunciarme por el mismo acto el pasado 21 de marzo. El día 27 acudí a la oficina del jurídico de la facultad, donde me entregaron unas medidas cautelares dictadas y firmadas por el director de la FFyL, doctor Jorge Enrique Linares Salgado.
6. Reiteradamente me ha sido negado el acceso al expediente que existe derivado de la queja de la compañera. Tanto la UVG, la UNAD y el jurídico se echan la bolita de que “está ahí” o “está allá”.
7. Considero lo anterior como una plena y reiterada violación a mis derechos humanos y universitarios, ya que me dictaron las medidas sin reciprocidad, nunca me las entregaron sino hasta pasada una semana de su emisión, y no tuve derecho de réplica con el director de la FFyL. Además, Socorro Damián, anterior abogada, me dijo: “aquí partimos de que las mujeres tienen la razón”.
8. Por otra parte, existe una clara violación al debido proceso ya que no me han proporcionado el expediente ni mi derecho a tener un asesor. No puedo entrar a clases gracias al radicalismo de compañeras feministas que me han calumniado, difamado y amenazado continuamente a mí y a mis escasos amigos.
9. Por último, cabe mencionar que también se están violentando mis derechos a la presunción de inocencia, libre tránsito, acceso a la información y, sobre todo, el del respeto a la dignidad humana. Tengo que acudir a terapia psicológica “gracias” al hostigamiento que vivo día con día producto de una falsa denuncia.
Ante usted y los lectores, me declaro perseguido político y acuso que la denuncia se deriva de mi activismo político a favor de la desocupación del Auditorio Justo Sierra que lleva décadas en el secuestro y abandono.
Solicito a usted respetuosamente que provea de las medidas para mi protección, que propicie el espacio para el diálogo con los supuestos afectados, se haga la reparación de todo el daño moral hacia mi persona y se respeten mis derechos universitarios y humanos. Podría escribir ríos de tinta de nombres de amistades que perdí, pero sólo mencionaré las dos más importantes para mí: Luna Mariana Martínez y Yuriko Zatto, a quienes adoro y espero volver a ver muy pronto.
Atentamente:
Mario Jaime Ramírez Velázquez
Respuesta a la Secretaría de Cultura de un trabajador inhabilitado
Señor director:
Hago referencia a la carta publicada en la prestigiada revista Proceso No. 2218 de fecha 5 de mayo del año en curso, signada por los CC. Omar Monroy Rodríguez y Antonio Martínez Velázquez, mediante la cual formulan comentarios a las declaraciones del suscrito publicadas en Proceso No. 2215 del 14 de abril de 2019, para hacer las precisiones siguientes:
Las afirmaciones que aducen en el sentido de que no se despidieron o se dieron de baja trabajadores, resultan subjetivas, toda vez que precisamente la gran mayoría de este personal ha sido contratado por muchos años y, que quede claro, no sólo por la administración pasada, sino también por las anteriores a ésta, y que viene desempeñando funciones de carácter permanente que el personal de plaza no podía desempeñar dadas las cargas de trabajo.
Por lo tanto, en estricto derecho humano y laboral deben considerarse trabajadores, como categóricamente lo afirman y aceptan los signantes de la carta al referirse a “los trabajadores que pertenecen a los capítulos 1000 y 3000”. Adicionalmente, en forma prorrateada se les cubren 12 meses de honorarios y laboran todo el año independientemente de la temporalidad a que se refiere su contrato.
Asimismo, el suscrito comentó que la Secretaría de Cultura debía hacer un diagnóstico caso por caso para gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Cámara de Diputados la autorización de presupuesto para crear nuevas plazas y asignarlas a este personal por una justa causa, y no, como lo hicieron, para dar por terminados sus contratos.
Finalmente, respecto de la inhabilitación del suscrito, considero oportuno comentar que precisamente Omar Monroy Rodríguez ejecutó la resolución emitida por el área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Secretaría, mediante oficio que firmó No. SC/UAF/008/2018 de fecha 6 de diciembre de 2018.
Atentamente:
Lic. Antonio Hernández Brito
