BOGOTÁ.- Perú es el país latinoamericano que más ha avanzado en las investigaciones de la trama de sobornos de Odebrecht. Tres expresidentes están procesados por ese caso y otro, Alan García, se suicidó el mes pasado cuando iba a ser detenido por el mismo asunto.
Además, otros 34 políticos, exfuncionarios y empresarios tienen causas judiciales abiertas y alrededor de 250 están bajo indagación.
A diferencia de la impunidad que reina en otros países latinoamericanos en los que Odebrecht corrompió con cientos de millones de dólares a funcionarios públicos a cambio de contratos, Perú y Brasil han llevado a la justicia a encumbrados políticos y empresarios que presuntamente participaron en el mayor caso de corrupción que se recuerde en la región.
El caso peruano llamó más la atención desde el suicidio de García, el pasado 17 de abril, porque esa muerte trágica se produjo en medio de una diligencia judicial para detenerlo por cargos de colusión, lavado de activos y tráfico de influencias.
Ese hecho le dio mayor relevancia y actualidad a lo que ya se sabía: que Perú ha ido hasta el fondo en las investigaciones de la red de sobornos de la constructora brasileña y ha imputado penalmente a cuatro expresidentes, a la exprimera dama Nadine Heredia, a la líder opositora Keiko Fujimori y a grandes empresarios, como el constructor José Graña.
En contraste, en México y Venezuela –dos de los cuatro países más corruptos de América Latina, según el índice 2018 de Transparencia Internacional– no se han presentado cargos contra nadie por ese asunto.
Ni siquiera contra el exdirector de Pemex y exencargado del área internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, Emilio Lozoya Austin, a quien tres exdirectivos de Odebrecht acusaron de recibir más 10 millones de dólares en sobornos, los primeros de los cuales fueron en pleno proceso electoral.
Ese señalamiento, que fue obtenido por la justicia brasileña y revelado en una investigación periodística de Quinto Elemento Lab difundida por Proceso en agosto de 2017, fue insuficiente para que el procurador general de la época, Raúl Cervantes, presentara cargos contra Lozoya.
En Perú, una acusación de ese calibre habría llevado al equipo especial de fiscales a cargo del caso Odebrecht a entrevistar a los exdirectivos que hicieron la declaración y a sustentar con evidencia documental, informática y testimonial esa denuncia para presentar, en su caso, los cargos penales correspondientes.
Una de las claves del éxito de la Fiscalía de la Nación de Perú en las indagaciones sobre los sobornos de la constructora brasileña fue la decisión de integrar un equipo especial de fiscales con dedicación exclusiva al asunto.
El equipo, encabezado por Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez, está integrado por 23 fiscales y decenas de asistentes, personal administrativo y peritos, entre los que figuran ingenieros civiles, contadores, abogados, economistas, analistas financieros, ingenieros en sistemas y especialistas en informática forense.
El grupo está divido en cuatro subequipos que llevan un total de 35 investigaciones, entre preliminares y preparatorias, que involucran a cerca de 300 presuntos responsables de delitos.
El equipo especial fue creado en diciembre de 2016, sólo días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública la operación de sobornos por al menos 788 millones de dólares que permitió a Odebrecht obtener contratos de obra pública en 10 países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela.
En México, la constructora brasileña pagó al menos 10.5 millones de dólares a funcionarios; en Perú, 29 millones de dólares, según ese primer reporte de las autoridades estadunidenses.
Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional (TI), dice a Proceso que el equipo especial de fiscales para el caso Odebrecht ha hecho un buen trabajo en términos investigativos y procesales, pues ha logrado respaldar con evidencias la gran mayoría de las hipótesis que manejan sobre cómo llegaron los sobornos a los acusados.
Para Rotta, otro elemento determinante ha sido el acuerdo de cooperación que estableció el grupo especial de fiscales peruanos con la Procuraduría General y el Poder Judicial de Brasil, donde purgan sentencias los principales exdirectivos de Odebrecht, incluso su expresidente, Marcelo Odebrecht, quien cumple en arresto domiciliario una pena de 19 años.
Esa cooperación, dice el director del capítulo peruano de TI, ha sido fundamental para obtener la información y las evidencias que permitieron avanzar en las investigaciones en Perú.
La procuraduría mexicana de Raúl Cervantes mantuvo en cambio una relación ríspida con sus pares brasileños. En agosto de 2017, luego de la investigación de Quinto Elemento Lab que involucraba a Lozoya, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) acusó a su similar de Brasil de variar la fecha de entrega de información sobre los sobornos que dio Odebrecht a funcionarios mexicanos.
En octubre pasado, la procuraduría brasileña reveló que la PGR se había negado reiteradamente a firmar los “términos de compromiso” para compartir información del caso y que además había incumplido las reglas de cooperación internacional que permiten el acceso a testimonios y expedientes.
Es decir, la cooperación judicial con Brasil –que para Perú se convirtió en una herramienta de enorme utilidad en sus investigaciones– por alguna razón fue al menos desdeñada por la PGR de Cervantes y de su sucesor interino, Alberto Elías Beltrán, ambos cercanos a Peña Nieto.
Elisabeth Ungar, experta colombiana en lucha contra la corrupción, dice que la manera en que Perú ha conducido las investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht a la clase política es “un ejemplo” que deberían seguir otros países, como México y Colombia, donde las fiscalías y el sector judicial han estado “capturados” por el Ejecutivo y poderes fácticos, como el empresarial.
La politóloga y exdirectora de Transparencia por Colombia señala que otro factor decisivo en Perú para el avance de las averiguaciones judiciales y el procesamiento de personalidades de la élite política y empresarial ha sido la independencia que han mostrado los fiscales y los jueces, quienes han actuado con valentía incluso dentro de instituciones que están lejos de ser intachables.
El pasado 31 de diciembre el fiscal de la Nación de Perú, Pedro Chávarry, destituyó sorpresivamente a los dos fiscales a cargo del grupo especial del caso Odebrecht, Vela Barba y Pérez Gómez, a quienes acusaron de intentar obstaculizar sus indagaciones y de tener vínculos con una red de corrupción judicial.
Ese mismo día hubo en Lima protestas callejeras contra la destitución de los fiscales y Chávarry no sólo dio marcha atrás en su decisión y los restituyó en sus cargos, sino que dimitió como fiscal de la nación el 8 de enero. Una Junta de Fiscales Supremos eligió en su reemplazo a Zoraida Ávalos.
En Perú y Brasil, a diferencia del resto de países de Latinoamérica, los fiscales de la nación no son designados ni electos por el presidente, el Poder Judicial o el Congreso, sino por la propia institución, lo que según expertos les garantiza más independencia que a sus pares de otras naciones.
Delación premiada
El politólogo peruano Carlos Meléndez, un especialista en política comparada, considera que la clave de los avances en las investigaciones del caso Odebrecht en su país es que la fiscalía adoptó la figura de la “delación premiada”, la cual permite que involucrados en un delito brinden información relevante a la justicia sobre una organización criminal a cambio de beneficios judiciales.
Siguiendo el modelo de Brasil, Perú acogió esa figura que ha sido una herramienta muy eficaz para desentrañar el entramado de sobornos de la firma brasileña.
En febrero pasado, el equipo especial de fiscales peruanos firmó un convenio con Odebrecht mediante el cual los exejecutivos de la constructora darán testimonios, pruebas documentales y evidencias informáticas sobre la ruta y los beneficiarios de los sobornos en Perú, a cambio de la exención de penas.
Con ese arsenal probatorio, los fiscales peruanos han podido sustentar sus casos, ninguno de los cuales ha llegado a juicio. Todos se encuentran en etapa preparatoria y los presuntos responsables están en prisión preventiva –que en Perú puede extenderse hasta 36 meses–, bajo indagación o en el caso del expresidente Alejandro Toledo, quien se refugió en Estados Unidos, pedido en extradición.
Meléndez considera que esa herramienta judicial, que no existe en México, puede ser muy útil para luchar contra la corrupción y, en general, contra la delincuencia organizada.
El doctor en ciencias políticas de la universidad estadunidense de Notre Dame es un crítico del “exceso” que se observa en los fiscales para aplicar la ley a los involucrados en el caso Odebrecht, que pueden pasar hasta tres años en prisión preliminar y preventiva sin que se les inicie un juicio.
Dice que jueces y fiscales “prefieren una condena anticipatoria a basarse en la presunción de inocencia”.
Para Meléndez, los operadores de la justicia están sintonizados con la indignación ciudadana frente a la histórica corrupción y con el clamor popular “de que se vayan todos”. Y esto ocurre en medio del generalizado descrédito de los partidos.
En el caso Odebrecht, afirma, la justicia está “politizada” y cuenta con el respaldo de una ONG que han cobrado gran protagonismo y de varios medios que respaldan, aplauden y dedican amplias coberturas a la actuación del equipo especial de fiscales.
El periodista Ernesto Cabral, quien cubre el caso Odebrecht para el portal Ojo Público, dice que la sensación de impunidad es muy fuerte en Perú “y eso explica que cuando los fiscales comienzan a detener a políticos y expresidentes, la gente piense que por fin se está haciendo algo contra la corrupción y apoye todo lo que se haga al respecto”.
