A fin de obtener contratos de obra pública, la constructora brasileña Odebrecht corrompió durante años a altos funcionarios de gobierno de varios países latinoamericanos. Hasta donde se sabe, México no fue la excepción. Y la Fiscalía General de la República investiga el caso. Impedido de mencionar nombres de una investigación en curso, el fiscal Alejandro Gertz Manero advierte en entrevista con Proceso: “Vamos a ir tras quien tengamos que ir”, y añade que debe prepararse impecablemente el caso, porque “del lado de los presuntos responsables están los abogados más caros, más experimentados y más duros”.
A fin de tener un modelo para ejercer acción penal contra quienes en México participaron en el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitará información a las autoridades de Perú, país que “mayor éxito” ha tenido en sancionar a los implicados en esa trama internacional, al grado de que el mes pasado el expresidente peruano Alan García se suicidó cuando autoridades judiciales se disponían a detenerlo.
En Perú, la constructora brasileña Odebrecht implicó a funcionarios de alto nivel gubernamental que recibieron dinero para las campañas electorales.
En México, uno de los sospechosos de haber participado en la trama ilícita es Emilio Lozoya Austin, quien presuntamente recibió dinero de Odebrecht para canalizarlo a cuentas en paraísos fiscales, desde donde habría enviado recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
En entrevista con este semanario, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, aborda el caso Odebrecht así como el conocido como “estafa maestra”. Los dos, aunque de naturaleza distinta, son catalogados por él como crímenes de delincuencia organizada y de Estado.
Corrupción continental
Odebrecht está en el centro de un enorme escándalo de corrupción en América Latina después de que representantes de la empresa admitieron en 2016 –como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos– que se sobornó a funcionarios de la región a cambio de recibir contratos de obras de infraestructura.
–¿Va a ir tras Lozoya? Si es un crimen que se puede encausar como un delito de Estado, ¿irá tras Peña Nieto? –se le pregunta a Gertz Manero.
–Vamos a ir tras quien tengamos que ir. Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar.
“Creo que lo que debemos tomar en cuenta es que ese asunto se destapó en Estados Unidos; los americanos dieron toda la información de una especie como de modelo de operación de esa empresa que se dedicó a generar una estructura de soborno internacional en toda América Latina, como en su momento se conoció.”
Gertz apunta que es un modelo que explicaron con toda claridad, que era la hipótesis y la premisa con que ellos arrancaron, diciendo que iban a obtener el favor de los países latinoamericanos a través de buscar figuras de muy alto nivel que les abrieran las puertas a base de un proceso de corrupción. A partir de ese momento fue cuando salieron los casos de todos los países.
“Después de todos estos años, el único país que no ha tenido resultados somos nosotros; es un tema que se ha ido arrastrando. Hay una enorme desconfianza y es uno de los símbolos de una procuraduría que estaba diseñada para ser el verdugo de sus enemigos y el encubridor de sus cómplices; de esa manera, cualquier asunto que se atrasara años y años iba a convertirse en algo sumamente sospechoso. Cuando empezó la nueva fiscalía, lo lógico era entrar al análisis de lo que había en el expediente.
“Le puedo decir a usted todo lo que no vaya a ser un obstáculo en el proceso penal que vayamos a iniciar, porque, de acuerdo con la legislación procesal actual, los límites se nos han cerrado mucho.”
El fiscal señala: “Encontré una gran cantidad de información que se fue levantando y que en muchos aspectos tenía grandes atrasos; y había que hacer todo lo posible por que se redujeran lo más pronto. Que hubiera una lógica de una hipótesis que nosotros no hubiéramos inventado, sino que es exactamente la misma que se ha dado en todos los países de América Latina en donde se han hecho estos procedimientos que conocemos”.
Gertz Manero no puede pensar que el caso mexicano sea un asunto establecido entre dos personas o con el representante de una empresa, sino como parte de toda esa organización criminal que se construyó. Además, los propios funcionarios brasileños fueron, en ese sentido, muy claros al dar toda la información que dieron en las diligencias que se llevaron a cabo allá, donde se estableció con muchos países, incluido México, que ellos darían la información siempre y cuando sus empleados y la gente de Brasil no fueran sujetos a un proceso por esta razón.
“Estamos ordenando lo que se haya hecho, adelantando y terminando los procedimientos penales y las estructuras de prueba que estaban de alguna manera atrasadas o que no se habían completado”, señala.
–¿Cuáles? –pregunta la reportera.
–Me tengo que ir con cuidado, no quiero cometer alguna indiscreción que vaya a lastimar el proceso. Todos los elementos para probar que hubo un acto o una serie de actos de corrupción que llevaron a obtener un beneficio por parte de esa empresa tienen que ser analizados cuidadosamente en razón de cuáles fueron esos beneficios, cuáles fueron esos contratos, etcétera.
–Las cuentas en paraísos fiscales, el dinero que se desvió a la campaña de Peña Nieto, al PRI… ¿de todo esto estamos hablando?
–¡De todo! ¡Todo! Estamos hablando de algo que desde el punto de vista procesal, para quien tiene experiencia en esas materias, es muy importante, porque nosotros podemos tener una convicción, una certeza moral, pero si no la podemos probar, no vamos a tener éxito procesal.
–Pero eso ya se probó en otros países con los resultados procesales que se tienen en esas naciones. Lo lógico es que aquí se tengan los mismos resultados –se le señala.
–Esa es la hipótesis que tengo. Es decir, buscar no sólo lo que se haya hecho aquí, porque eso ya lo tengo y me puede llevar a una serie de procedimientos pero no al fondo del asunto. Si obtengo de una manera legal el modus operandi en los países de éxito, va a ser un antecedente que puedo aportar y con base en esos antecedentes, buscar las pruebas que vayan a confirmar esa hipótesis que tenemos pero que hay que probarla.
“El grado de adelanto que tengo me permite iniciar la judicialización en 60 días y dejar el expediente abierto para irlo fortaleciendo a raíz de las responsabilidades penales que vaya encontrando en el camino. Esas hipótesis que está presentando, y que son de sentido común, son las mismas que estamos presentando”, afirma.
Anuncia que esto se va a resolver en un plazo relativamente corto, cuando menos en su primera parte: “Presentaré la judicialización. Luego me dan la audiencia. Esto va por el nuevo sistema. También se aplican las leyes del momento en que se cometió el delito; si hay un cambio en la ley sustantiva, se aplica la vigente en ese momento, pero yo no veo que eso sea ningún obstáculo que sea preocupante, que pueda lastimar el resultado”.
–¿Qué países proporcionaron información? ¿Brasil, Estados Unidos…?
–Brasil nos da la información con la que nosotros hemos empezado (imagínese: hemos recibido 300 mil expedientes), pero en la parte que yo he logrado ver de todos estos expedientes no he visto ningún otro apoyo internacional y yo sí lo quisiera pedir, primero a los países que han tenido éxito procesal, como Perú. Es el que mayor éxito procesal ha tenido.
“Esta es una información que tiene un peso social enorme. Cualquier afirmación que se diga en torno tiene consecuencias muy serias. Hay algo muy interesante: cuando alguien es víctima de un delito, nos acompañamos de un abogado defensor, y la contraparte, el responsable del delito, va a llevar a su defensor y ambos vamos a litigar frente al agente del Ministerio Público (AMP), que en las procuradurías del fuero común se vuelve una especie de árbitro que en muchas ocasiones está al mejor postor y eso lo sabemos todos.
“En el fuero federal, cuando se defienden los intereses de la Nación, las cosas son distintas. Le voy a decir por qué: porque del lado de la Nación están los agentes de lo que era la PGR y del lado de los presuntos responsables están los abogados más caros, más experimentados (como Javier Coello Trejo) y más duros que hay en el sistema del fuero mexicano.”
Gertz considera que ya no será igual, porque la fuerza procesal de quienes se van a defender por medio de todos sus abogados y lo que ellos representan, se va a confrontar con un AMP que puede ser un agente muy capaz, honorable, pero ya no es el mismo nivel de equilibrio, “porque nos vamos a enfrentar a una contraparte que no es fácil, que va a pelear el asunto”.
–¿Son más fuertes los abogados?
–¡No! Es más fuerte la cantidad de dinero y la masa crítica que ellos mueven, y nosotros tenemos que equilibrar eso con un ejercicio impecable. Por eso ve usted que en muchos aspectos, y sobre todo en el pasado, los resultados de la PGR son los que usted conoce y yo acabo de criticar con toda claridad. En este caso tengo que igualar las fuerzas.
–¿El mismo AMP que abrió el caso es el que lo va a continuar?
–No. Tengo que fortalecer la presencia del Ministerio Público y la fuerza de la institución, por la importancia que este caso tiene para la vida de la Nación. Tenemos que pelear este asunto muy bien. No estoy descalificando a los AMP ni a los peritos que han estado trabajando en este caso, de ninguna manera, pero sí tengo que fortalecerlos.
Considera que tiene que ser un equipo que analice con gran sentido de autocrítica cada una de las acciones, de las diligencias, de las pruebas que se vayan constituyendo: “Nos estamos enfrentando a un enemigo frente al cual no nos podemos dar el lujo de perder. ¡Yo no me lo voy a dar! Estamos hablando de que se refuerza el equipo, los que estaban continuarán porque tienen todos los antecedentes, ellos han realizado y revisado una serie de diligencias”.
–¿Cuándo recibirá la información de Perú?
–Espero recibirla en un momento paralelo, después de que haga la primera judicialización, porque no me voy a esperar a recibirla. Cuando la tenga, la voy a guardar para las posibles vinculaciones que tenga el caso, para irlo fortaleciendo con responsabilidades distintas a las que estoy judicializando.
–En este caso, ¿qué avance lleva? Supongo que las cuentas de paraísos fiscales ya se probaron.
–Esta información que le doy le pido que la tomemos como avance, porque en el momento en que judicialicemos vamos a tener mayor libertad de informar a la opinión pública de cuáles son los elementos con los que estamos trabajando, sin que ello nos vaya a causar un daño fundamental en el proceso.
“Conforme avancemos y la estructura del sistema procesal lo permita, toda la información que sea posible va a estar a disposición absoluta para que sea conocida; habrá versión pública de acuerdo con los límites que nos ponga el sistema procesal. Va a ser una lucha muy reñida, no va a ser un asunto fácil”, vislumbra el fiscal.
De la “estafa maestra”
a Ayotzinapa
En lo que se refiere al caso conocido como la “estafa maestra”, señala:
“Está en la misma situación, con una diferencia: que la “estafa maestra” no viene de un modelo que se repitió en América Latina. En mi opinión es una maquinación hecha en México, sin ninguna vinculación hasta ahorita con ningún modelo extranjero. Ésta es una diferencia fundamental.”
–¿Quién la inició? ¿De quién fue la estrategia?
–El informe inicial viene de la ASF (la Auditoría Superior de la Federación). Ellos, en la tarea de fiscalización que tienen como función fundamental, encontraron toda esa serie de conductas delictivas que iban de una secretaría a un centro de estudios superiores, y regado por todo el país. Allí comenzaron esos procesos que señalo con precisión en los que se han ido judicializando.
–¿Hasta dónde está implicada Rosario Robles?
–Volvemos a lo mismo. No me lleve a los riesgos de poner en peligro el resultado de mi trabajo.
–¿Cuánto tiempo le llevará a la FGR?
–Quiero seguir estos procedimientos individuales con todas las judicializaciones, sentencias cuando sea posible, y no detener ese procedimiento que ya está establecido pero ir sosteniendo la tesis que estoy sosteniendo con base en el dictamen de la ASF, en la que se ve que en todo el territorio nacional, en dos secretarías de Estado y en una serie de instituciones de educación superior, se arma toda una serie de delitos que por lógica no pueden ser independientes unos de otros.
–¿Ya reestructuró la investigación?
–No. Esta parte de la investigación es la hipótesis de la que voy a partir. Apenas estoy expresando, tomando, toda la información que viene de la ASF, obteniendo la información que está en todas las instituciones en que ha intervenido, y partiendo del principio de que voy a pedir también información en todas las instituciones que tuvieron que ver en eso, no como los que organizaron eso, sino que tuvieron cualquier conocimiento de las “distracciones” del presupuesto, de las necesidades específicas.
Añade que está a punto de judicializar: “Lo que creo es que hay instituciones del Estado mexicano que debieron conocer este asunto y que tienen que rendir cuentas: como la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la parte en que se manejan los subsidios a las universidades”.
–Al decir que las instituciones tienen que responder por esto, damos por hecho que hablamos de los funcionarios que estaban en ese momento, ¿verdad?
–¡Pero por supuesto! Acuérdese de que el Estado mexicano es una persona moral y se expresa en materia penal en razón de personas físicas.
El de Tlahuelilpan es otro de los casos polémicos para el Estado mexicano. En la presentación del informe de sus 100 primeros días al frente de la FGR, Gertz aseguró que tiene conocimiento de quién inició el fuego y quién incitó a la gente a congregarse en el lugar.
En la entrevista precisa: “Todas las pruebas están terminadas. Lo único que falta es un peritaje independiente, porque el de Pemex –que es juez y parte– está mostrando una serie de protocolos que no coinciden con las necesidades de emergencia que se dieron en ese caso. Por eso necesito un peritaje que sostenga qué es lo que se utiliza técnicamente en un caso de una crisis tan terrible como la que allí se suscitó. El asunto ya lo tengo totalmente terminado”.
–¿Por qué los peritajes no correspondieron a las necesidades?
–Por una razón sencilla: los protocolos dicen que en caso de una emergencia se tienen hasta 10 o 12 horas para actuar, cerrar los ductos y realizar una serie de acciones, y eso no tiene una correspondencia con el hecho de que haya una crisis humana como la que hubo. Doce horas para cerrar los ductos en una emergencia de esta naturaleza. ¡Imagínese! Tardaron cuatro horas y mire lo que pasó.
–¿Vamos a la Subdirección de Seguridad Física de Pemex?
–Sí. Es el caso de una persona cuyo nombre ya es público, el general Eduardo León Trauwitz, quien fue titular de esa área.
–Del general León Trauwitz incluso publicamos una denuncia, y tengo conocimiento de que ustedes citaron a declarar a quienes se menciona en ella (Proceso 2215).
El fiscal acepta tácitamente y añade que el próximo viernes 17 se iniciará la audiencia.
–¿Lleva las de ganar, igual que en los otros casos?
–Siempre llego a los juicios con la intención de ganar –asienta Gertz.
–¿La investigación se realiza ampliamente dentro de Pemex o sólo se limita a la actividad que el general tuvo dentro de la institución?
–Es más amplia en el sentido de todas las pruebas que se aportan para el caso que se va a judicializar. Vamos a dejar desgloses y abiertas las carpetas para integrar todas las responsabilidades penales que vayan saliendo.
Finalmente, en torno al caso Ayotzinapa, el fiscal señala: “Tengo la convicción de que es necesario cambiarlo, y no porque esté haciendo una descalificación de quien está allí. Por razones de claridad y transparencia lo planteé como lo hice”.
Gertz Manero afirma que analiza todas las líneas de investigación que sean necesarias, sobre todo las planteadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su último informe.
“Creo que el trabajo de la CNDH es el resumen más preciso de investigación y hay que confrontarlo con todas las actuaciones, que son tan contradictorias; porque se han contradicho todo lo que se puede imaginar. Estas contradicciones tienen que ser absolutamente resueltas, porque si no, vamos a volver a lo mismo.”
–¿Se le va a pedir al Ejército que proporcione toda la información?
–Sí. Las premisas de la Comisión de la Verdad y la realidad de la situación social de ese caso ya no dan lugar a ningún tipo de objeción para dar toda la información que se requiera. Estoy esperando que nos podamos juntar con la CNDH, la Comisión de la Verdad y los padres para que lleguemos a una conclusión.
El fiscal general acepta que hay peritajes que son irrepetibles y muchos en que se violó la cadena de custodia: “Habrá que reponer algunos procedimientos y habrá que ratificar otros, porque si volvemos a lo mismo de lo que han hecho anteriormente, vamos a tener los mismos resultados”, concluye.
