López Obrador informó que siete gasoductos inactivos le significan a la Comisión Federal de Electricidad un costo aproximado de 16 mil millones de pesos anuales, por lo que negociará con las empresas encargadas de construirlos un pago menor en tanto aquellos no entren en operación. Además el mandatario señaló que los consorcios beneficiados tienen en su nómina a exfuncionarios del sector y son cercanos a las anteriores administraciones priistas y panistas, por lo que puede haber conflictos de interés. Sin embargo, este semanario encontró que algunos colaboradores del gobierno actual están en una situación similar.
Un intrincado programa de contratos para la construcción de gasoductos que beneficia a empresas energéticas, directorios plagados de exfuncionarios públicos ligados con grupos de poder, asociaciones adicionales con empresas implicadas en escándalos de corrupción y, finalmente, un costo estimado en 16 mil millones de pesos para este año, han desatado un nuevo debate nacional.
La mañana del lunes 11, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó en su habitual conferencia las condiciones en las que se encuentra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), destacadamente en relación con siete gasoductos operados por particulares, a quienes se les paga sin que sus obras operen, con lo que colocó en la mira a las empresas IEnova, Carso y TransCanada.
A dichas empresas se suma Fermaca, beneficiaria de dos de los gasoductos aludidos por el mandatario. La relevancia de esta firma surgió cuando el presidente anunció que daría a conocer los conflictos de interés del presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer, quien negó haber incurrido en irregularidades y tener relación con las adjudicaciones de gasoductos.
Ante la advertencia del presidente, García Alcocer reveló el viernes 15 que su primo político, Santiago García Castellanos, dirige una filial de Fermaca.
El fenómeno de las “puertas giratorias” (revolving doors), como se conoce el paso de servidores públicos al sector privado y viceversa, continuó por segunda semana en la discusión pública sobre el sector energético, particularmente en el rubro de electricidad, pues las empresas aludidas utilizan dicho patrón.
El consejo de administración de IEnova, poseedora de dos de los siete gasoductos inactivos, lo preside Carlos Ruiz Sacristán, director de Pemex en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y secretario de Comunicaciones y Transportes en el de Ernesto Zedillo.
La directora general de la firma es Tania Ortiz Mena, prima de la actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco Ortiz Mena, cuya relación familiar fue expuesta por este semanario (Proceso 2198). La funcionaria hizo pública su declaración de conflicto de interés el martes 12.
En la misma edición de Proceso se dio a conocer también que González Blanco había designado subsecretaria de Planeación y Política Ambiental a Katya Puga Cornejo, quien durante el periodo de transición se encargó de planear la consulta indígena para la construcción del Tren Maya. Hasta 2017 Puga Cornejo se desempeñó como responsable de consultas en la Secretaría de Energía peñanietista.
La subsecretaria ha sido señalada por comunidades que consiguieron amparos contra los gasoductos como la responsable de amañar las consultas, particularmente en el caso del gasoducto Guaymas-El Oro, uno de los que el gobierno de López Obrador señaló como inconcluso y con un costo no devengado con un servicio.
La integración de políticos y exfuncionarios en los directorios, así como de relaciones familiares, es el común denominador de las empresas aludidas. Por ejemplo el Grupo Carso, en su filial energética adjudicataria del gasoducto Samalayuca-Sásabe, tiene en su consejo de administración mayoritariamente a familiares y socios de Carlos Slim, entre ellos a Arturo Elías Ayub, yerno del magnate pero también hermano de Alfredo, quien fue director de la CFE con los presidentes Zedillo, Fox y Calderón.
El conglomerado mantuvo en su consejo de administración a Fernando Solana Morales, político priista de la vieja guardia, fallecido en 2016, quien en el sexenio de Carlos Salinas fue canciller hasta 1993, cuando se le designó secretario de Educación Pública hasta el fin de la administración.
En tanto, TransCanada, poseedora de tres de los gasoductos parados (uno en asociación con IEnova), tiene en su directorio a Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo del excandidato presidencial y exsenador priista Francisco Labastida Ochoa.
La mañana del lunes 11, López Obrador anunció su intención de negociar con las mencionadas firmas a fin de modificar lo que llamó “contratos leoninos”, pues sin haber concluido los gasoductos que se les contrataron, reciben pagos que podrían llegar este año a los 16 mil millones de pesos, como detalló Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE.
En las conferencias de prensa matutinas no se informó con precisión si se detectaron actos de corrupción que pudieran procesarse, pero el presidente insistió en que cumpliría los contratos e intentaría convencer a las empresas de cambiar su tarifa por el servicio que no están prestando.
Ironías transexenales
El 14 de agosto de 2013, con las campanas al vuelo por el avance en las reformas estructurales que surgían del llamado Pacto por México, el entonces presidente Enrique Peña Nieto presentó con su secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, la “estrategia de suministro de gas natural”.
Dijo el entonces mandatario: “Es una ironía que siendo México un país tan rico, especialmente en gas, tengamos que importar una tercera parte de la demanda que hay en el país”. Y urgió a la aprobación de la Reforma Energética.
La declaración fue en sí misma una ironía, pues la estrategia planteaba un incremento en la importación de gas natural mediante gasoductos internacionales, que terminarían beneficiando a empresas donde posteriormente estallaron escándalos de corrupción.
Por ejemplo, la reforma preveía la extensión del gasoducto Los Ramones, uno de los más costosos del sexenio anterior y que implicó la asociación de Pemex con IEnova en una razón social que estableció sin transparencia un contrato con Odebrecht.
También incluyó los gasoductos que se habían contratado o se contrataron apenas aprobada la Reforma Energética, entre ellos los que López Obrador señaló por los pagos sin operación, los cuales se adjudicaron bajo licitación:
El Tuxpan-Tula, adjudicado a TransCanada por 400 millones de dólares, fue suspendido por amparos interpuestos en las comunidades de Pahuatlán y Tlacuilotepec, Puebla, por falta de consulta indígena. Debió entrar en operación en marzo de 2017.
El Tula-Villa de Reyes, adjudicado a la misma empresa por 550 millones, suspendido también por amparos de comunidades indígenas y el cual debió arrancar el año pasado.
Dicha empresa, en asociación con IEnova, consiguió la construcción del gasoducto Brownsville-Tuxpan, por 2 mil 11 millones de dólares, y tampoco está en operación.
En tanto, IEnova consiguió el gasoducto Guaymas-El Oro, cuyas obras están detenidas por un amparo a la comunidad yaqui de Loma de Bácum.
A su vez Fermaca posee el contrato para los gasoductos La Laguna-Aguascalientes, por 372.6 millones, y el Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, por 293 millones de dólares. En el primer caso los amparos son por despojo de tierras e impactos ambientales; el segundo, sólo por impactos ambientales.
Respecto del Grupo Carso, el amparo fue interpuesto por el ejido Agua Prieta por despojo de tierras, en un conflictivo proceso en el que afloraron indicios de corrupción de autoridades locales, trampas y evasión de indemnizaciones.
Si hasta antes de la “estrategia” Peña Nieto consideraba irónico que se importara gas, al terminar su administración dejó a la CFE pagando miles de millones anuales por gas que no se recibe.
Irregularidades en la incógnita
El pago de la CFE a las mencionadas empresas por gasoductos que no operan fue identificado desde 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en su revisión de 2017 le dio seguimiento, pero no se han concluido los procedimientos que recomendó para subsanar las irregularidades.
De acuerdo con la Auditoría 492/2016 (Título: Gasoductos para el Servicio de Transporte de Gas Natural), la ASF estableció que cuatro gasoductos gozaban de un pago identificado como “Costo fijo por capacidad”, que la CFE devengaba por existir un “caso fortuito”, es decir, debido a que había obras que no se pudieron continuar a causa de los amparos interpuestos por comunidades, particularmente el gasoducto El Encino-Topolobampo, adjudicado a TransCanada.
Esta empresa invocó este “costo fijo por capacidad”, a consecuencia de “caso fortuito”, en su respuesta del lunes 11 a López Obrador.
La auditoría mencionada estableció, en el caso del gasoducto El Encino-Topolobampo, que el amparo de la comunidad de Repechique era previsible e identificable porque debió realizarse la consulta correspondiente, así que ahora debe abrirse un expediente por responsabilidad administrativa.
El caso de este gasoducto tiene además un probable sobrepago a TransCanada, pues en la Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-6-90TVV-15-0519-2018 se determinó investigar e iniciar procedimientos sancionatorios.
De acuerdo con la ASF, no se realizó un análisis de evaluación financiera para determinar la viabilidad de los proyectos correspondientes a 14 centrales eléctricas que dieron origen a la construcción de los gasoductos revisados. Añadió que, en relación con ellos, durante 2017 se realizaron pagos de cargos fijos por cerca de 4 mil millones de pesos, además de compromisos por montos similares durante 25 años.
Proceso consultó a la CFE y a la Secretaría de la Función Pública sobre las investigaciones y expedientes abiertos por los gasoductos detenidos que puedan implicar a servidores públicos, conforme a las recomendaciones de la ASF en las dos auditorías mencionadas. Hasta el cierre de esta edición (viernes 15) no hubo respuesta.
En cuanto a los amparos promovidos por las comunidades, López Obrador anunció que las visitaría para convencer a la población de desistirse de los procedimientos, como lo hizo con otro proyecto en similares condiciones en Morelos, donde los opositores al Proyecto Integral Morelos, de la CFE, mostraron su descontento con el mandatario, quien a su vez el domingo 10 los calificó de radicales.
Conflictos de intereses
La lista de las “licitaciones principales”, como definió la CFE en el sexenio de Enrique Peña Nieto a los más onerosos contratos, permitía observar que las mayores beneficiarias de los contratos en el sector eléctrico fueron empresas que entre sus ejecutivos contaban con exfuncionarios de las últimas cinco administraciones, así como a los favorecidos con las privatizaciones de la década de los noventa.
En su edición 2063, fechada el 14 de mayo de 2016, Proceso publicó información sobre diferentes exservidores públicos y políticos en activo que, ya en el sector privado, conseguían jugosos contratos (“CFE, mina de oro para Slim y tecnócratas”).
López Obrador aludió a ese reportaje en sus conferencias de prensa del miércoles 13 y el jueves 14. En esa ocasión Proceso documentó, por ejemplo, los negocios de la actual senadora panista Xóchitl Gálvez, una de las legisladoras más incisivas en la revisión de perfiles para renovar cuatro asientos vacantes en la CRE y quien es dueña de Hightech Services, empresa que junto con Catsco, Dina, Obras Especializadas del Pacífico y Actividades de Construcción y Servicios El Roble, consiguió un contrato con la CFE por 86 millones de dólares en agosto de 2015.
En otra licitación, realizada en octubre de 2015, el mismo consorcio –pero sin la participación de Dina, propiedad del priista Raymundo Gómez Flores– obtuvo un contrato por 12 millones de dólares (para sumar cerca de 100 millones en dos contratos) para instalar redes de transmisión en Sonora y en Baja California.
Hay otros conflictos como esos. Además del caso de la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco, destaca el del senador morenista Armando Guadiana Tijerina, presidente de la Comisión de Energía en el Senado.
Originario de Coahuila, es uno de los principales productores de carbón del país y tiene a su nombre concesiones de proveedor de la CFE. Una de éstas fue identificada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual emitió la recomendación 62/2018 por violaciones a derechos de seguridad jurídica, salud, medio ambiente y vivienda.
El organismo autónomo dirigió su recomendación a varias dependencias federales y locales que permitieron la explotación carbonífera en una zona habitacional, lo cual provocó daños a los habitantes de las poblaciones de Cloete y Agujita. Entre las concesiones identificadas destaca Cloete Sur, propiedad del senador.
En su edición 2197, del pasado 8 de diciembre, Proceso publicó un reportaje sobre los giros empresariales de Guadiana, que entre sus concesiones cuenta con dos para la exploración de hidrocarburos con dos de sus empresas. Éstas cuentan con cuatro acuerdos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para 40 solicitudes de gas asociado al carbón que, cuando sus empresas lo extraigan, podrán venderlo a la CFE.
En sus redes sociales el senador de Morena negó tener conflicto de intereses, aunque admitió dedicarse a la extracción de carbón mineral y se comprometió a conseguir que la CFE construya una carboeléctrica en Coahuila.
Además, su empresa principal, Minerales Industrializados, formaba parte del Clúster Energético de Coahuila, una asociación creada por el exdirector de Pemex Rogelio Montemayor Seguy a fin de impulsar el fracking, polémica actividad extractiva que López Obrador prometió no utilizar, pero que el 30 de enero la secretaria de Energía, Rocío Nahle, admitió que sí se utilizará.
