El tiempo se le agota a Gran Bretaña: el 29 de marzo quedará fuera de la Unión Europea –en lo que se ha llamado “Brexit duro”– y aún no logra un acuerdo, el que sea, con el bloque comunitario. La semana que concluye fue catastrófica para la premier Theresa May, cuya propuesta de negociación con Bruselas sufrió una derrota histórica en el Parlamento, pero que aun así conserva su puesto. Mientras tanto, la incertidumbre política ya llegó a los mercados financieros.
Londres.- Afuera del Palacio de Westminster (sede del Parlamento) cientos de personas se manifestaban, algunas a favor y otras en contra del Brexit; muchas celebraban la histórica derrota del gobierno de la premier Theresa May en su propuesta de salida de Gran Bretaña del bloque de la Unión Europea (UE).
Eran poco más de las 19:30 horas del martes 15 y las autoridades parlamentarias anunciaban –en sesión televisada– que el plan acordado por May en Bruselas –el que incluye el llamado “backstop irlandés”– durante los últimos dos años había sido rechazado en la Cámara de los Comunes por 432 votos. A favor estuvieron sólo 202 diputados.
Es la peor derrota de un gobierno ante el Parlamento de Gran Bretaña en la historia del país; superó la sufrida en 1924 por el laborista Ramsay MacDonald, quien en octubre de ese año perdió por 166 votos y no por 230, como May.
Tras el anuncio, la premier confirmó que aceptaba la derrota de los legisladores y que se sometería a un voto de no confianza (uno que podría defenestrarla) presentado por el opositor Partido Laborista. La mandataria, claramente abatida pero aún enérgica, dijo que en caso de superar el voto de no confianza se reuniría de inmediato con los parlamentarios para tratar de encontrar puntos en común para un acuerdo a negociar nuevamente con la Unión Europea.
“Este Parlamento ha hablado y el gobierno escuchará. Está claro que la Cámara de los Comunes no apoya este acuerdo, aunque el voto no nos dice nada acerca de qué acuerdo apoyan”, agregó la líder de los conservadores.
Los costos
Gran Bretaña tiene como plazo el 29 de marzo antes de abandonar la UE. En caso de no alcanzarse un acuerdo para entonces, el país saldrá del bloque comunitario sin plan alguno y dependerá enteramente de las reglas impuestas por la Organización Mundial del Comercio.
Sería el “Brexit duro”, con el cual Gran Bretaña rompería todo lazo con la UE y no estaría obligado a pagar el dinero que le debe a Bruselas, es decir los 39 mil millones de libras esterlinas (o 42 mil millones de euros) de la llamada “factura del divorcio”.
Expertos, analistas económicos y el propio gobierno coinciden en que la falta de un acuerdo antes del “divorcio” será catastrófica para el país, que sufrirá graves consecuencias financieras, sociales, económicas, de transporte, seguridad, infraestructura y muchas otras.
Tras la breve ponencia de May, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, confirmó la realización de un voto de no confianza contra el gobierno, que de todos modos May superó el miércoles 16 por una mayoría de 19 votos (306 a favor y 325 en contra). El hecho de que la primera ministra lograra mantener su puesto descarta una elección general, como pedía la oposición laborista.
Una vez asegurado su cargo, May rei-teró que se reunirá con las autoridades de los bloques parlamentarios, incluidos el Partido Conservador y el Democrático Unionista, “para identificar qué se requiere para obtener el apoyo del Parlamento”.
La primera ministra tiene previsto iniciar una nueva ronda de negociaciones en Bruselas (sede de la UE), aunque sólo hasta que obtenga un consenso en el Parlamento británico. May sigue sosteniendo que cualquier acuerdo “debe respetar el resultado del referéndum” de 2016, en el que 52% de los británicos votó por abandonar el bloque comunitario.
Todo indica que descartará la opción de un segundo referéndum, algo que ya reclaman cerca de 100 parlamentarios y también la mayoría de los militantes del Partido Laborista. Tampoco considerará la opción de que Gran Bretaña se sume a la Unión Aduanera de la Unión Europea ni acepte el libre movimiento de ciudadanos del bloque.
En el nuevo cronograma político, May anunciará su plan de acción este lunes 21 en una ponencia especial en la Cámara de los Comunes, donde dará a conocer cuáles serán los pasos a seguir de su gobierno.
Varios de los ministros de May –entre ellos Philip Hammond, de Hacienda– le han pedido que busque una solución “pluripartidista”, aceptando la propuesta laborista de mantener el acceso al Mercado Común, a la Unión Aduanera y aceptar el libre movimiento de personas.
Sin embargo, algunos de los funcionarios más euroescépticos de la administración, entre ellos Andrea Leadsom, la líder de la Cámara de los Comunes, y Penny Mordaunt, secretaria de Desarrollo Internacional, demandan una revisión del llamado backstop irlandés, una especie de protección o plan de contingencia que pretende evitar una “frontera dura” como la que existía hace 20 años en Irlanda, para separar una república que seguirá formando parte de la UE y un territorio que quedará fuera.
En caso de que May no logre un cambio de postura de Bruselas, el ala euroescéptica de su gabinete le exigirá entonces avanzar con una salida “sin acuerdo” (el “Brexit duro”) que afectaría por lo menos 8% de la economía británica al llevar al cierre de miles de fábricas y a la consecuente pérdida de decenas de miles de empleos.
Para uno de los principales “arquitectos” del movimiento por el Brexit, el excanciller Boris Johnson, la histórica derrota del gobierno en el Parlamento le dará a May “un enorme mandato” para regresar a Bruselas y buscar “un mejor acuerdo”.
Volatilidad financiera
Por su parte y en un intento por calmar los volátiles mercados financieros, la noche del martes 15 Philip Hammond se reunió con las autoridades del sector de negocios, incluidos funcionarios de la Cámara de la Industria y la Cámara de Comercio, para tratar de tranquilizar a los empresarios y banqueros cada vez más frustrados por la creciente incertidumbre política en el Reino Unido.
Durante la charla, muchos increparon a Hammond acerca de por qué el gobierno se niega a descartar la posibilidad de un no acuerdo y de esa forma garantizar una relativa calma para inversores y el sector comercial.
La incertidumbre por el Brexit ya se está haciendo notar en la economía británica, por ejemplo con el anuncio a comienzos de enero de la automotriz Jaguar Land Rover, que confirmó el despido de unos 4 mil 500 trabajadores por la situación de inestabilidad.
Tras la derrota en el Parlamento, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, escribió en su cuenta de Twitter que el Reino Unido debería apoyar ahora la opción de un segundo referéndum. “Si es imposible llegar a un acuerdo y nadie quiere un no acuerdo, ¿quién tendrá finalmente la valentía para decir cuál es la única solución positiva?”, tuiteó.
Tanto Tusk como el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, mantuvieron reuniones con May, y ambos se mostraron pesimistas por la parálisis política en el Reino Unido.
“El tiempo se está acabando”, vaticinó Juncker a modo de advertencia. “Tomamos nota de la votación en la Cámara de los Comunes. Del lado europeo, el proceso de ratificación del acuerdo de salida continúa”, aseveró.
En defensa del papel que jugó el principal negociador de la UE para el Brexit, el francés Michel Barnier, Juncker dijo que el funcionario “demostró creatividad y flexibilidad durante todo el proceso”, como también “buena disposición al ofrecer más clarificaciones y garantías” pedidas por Londres.
“Opción de Noruega”
Lo cierto es que en el Parlamento británico no parece haber consenso en torno a las opciones sobre el Brexit.
En todo caso, las principales alternativas necesitarán una extensión del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que prevé un mecanismo para la retirada voluntaria y unilateral de un país de la UE, más allá del plazo máximo del 29 de marzo.
La opción que apoya May es aprovechar su derrota en el Parlamento para pedirle a Bruselas que haga más concesiones, especialmente en torno al backstop irlandés. Pero por ahora la UE se ha negado a reabrir las negociaciones pertinentes y ha dicho que el acuerdo pautado “es el único posible”.
La posibilidad de un no acuerdo es elevada, aunque el Parlamento ya se pronunció mayoritariamente contra esa opción, incluidos conservadores, laboristas, liberales democráticos y la bancada de los nacionalistas de Escocia; y también maneja la alternativa conocida como la “opción de Noruega”.
Ésta consiste en culminar el periodo de transición post-Brexit en diciembre de 2020 e ingresar a partir de entonces a la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), a la que pertenecen cuatro países que decidieron no sumarse a la UE: Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza.
Esa adhesión daría acceso a Gran Bretaña al Espacio Económico Europeo, compartido con los países comunitarios, algo pedido por el sector financiero y bancario de la City londinense.
La llamada “Noruega plus” mantendría al Reino Unido dentro de la Unión Aduanera y del Mercado Común, sea permanentemente o hasta que se encuentre una solución al problema fronterizo de Irlanda. Esta versión del Brexit limitará el daño económico al país, pero necesitará que se mantenga el libre movimiento de personas, algo que rechazan los parlamentarios euroescépticos.
Pero varios parlamentarios noruegos han dicho que no permitirán que el Reino Unido ingrese a la EFTA.
Otra opción es la que maneja la oposición laborista encabezada por Corbyn. La creación de una unión aduanera distinta a la de la UE, pero que permita a las empresas británicas que dependen de cadenas de suministro, comerciar con el bloque comunitario.
Esa opción, según el laborismo, resolvería la cuestión de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Sin embargo, hasta ahora May ha argumentado que esa alternativa va contra el resultado del referéndum de 2016, ya que –según ella– la población votó mayoritariamente por abandonar la UE y así poder establecer sus propios acuerdos comerciales con el resto del mundo.
Finalmente, una opción que toma fuerza en el Parlamento, y en todo el país, es la de un segundo referéndum o “voto de la gente”. Aquellos a favor –tanto laboristas, como conservadores, liberales democráticos y nacionalistas escoceses– sostienen que resolverá el actual impasse en el Parlamento y se le permitirá a la población optar por seguir en la UE, apoyar el polémico acuerdo que logró May con Bruselas o abandonar el bloque sin acuerdo.
De todos modos May considera que esa alternativa generará “divisiones enormes” en la sociedad británica, además de “erosionar” masivamente la confianza del electorado en los políticos.
División y arrepentimiento
Fuera del Parlamento de Westminster, la división entre manifestantes de distintos bandos ejemplificó, el martes 15, las divisiones que hay en toda la nación; según los últimos sondeos, más de la mitad de los británicos quiere ahora permanecer en la UE, debido a los costos económicos que representaría el Brexit.
Por su parte, las protestas de los Chalecos Amarillos (defensores del Brexit duro) fueron mínimas, nada comparable a las violentas manifestaciones de semanas anteriores; se cree que están a la espera de lo que hará el gobierno.
“El acuerdo de May es terrible”, dice a Proceso el taxista Colin Grostate, con una pancarta a favor del Brexit. “Todos sabemos que el acuerdo es malísimo, menos Theresa May. Esa mujer está loca”, afirma.
Grostate, como la mayoría de los manifestantes en pro del Brexit que están afuera del Parlamento, llevaba un chaleco amarillo, según él “como mensaje de solidaridad con los manifestantes en Francia”.
Para el taxista, “hay muchos parlamentarios que quieren traicionar el resultado del referéndum de 2016 (…) Votamos por la libertad (del Reino Unido) y no por el dinero. No dijimos que queríamos ser más ricos o más pobres. Votamos porque queremos ser libres (de la UE)”, continúa.
“Estoy preparado para morir por este voto. Si no abandonamos la Unión Europea para el 30 de marzo, habrá miles como yo que saldremos a las calles para protestar”, remata.
Para la ciudadana alemana Alena Useinviz, que se manifestaba afuera del Parlamento junto con otros europeos, el problema es que el acuerdo de May “quita derechos” a los comunitarios que residen en el Reino Unido: “He vivido más de 10 años legalmente en este país. He pagado mis impuestos. He trabajado toda mi vida. Ahora tengo que solicitar un permiso para permanecer aquí. Y esto no me gusta nada”, cuenta a Proceso.
“Lo mejor que pueden hacer las autoridades es permitirle a la población que vuelva a decidir en un referéndum. Ese voto debería estar abierto para los ciudadanos europeos que viven aquí, como también para los británicos que están en Europa”, continuó.
