En una acción arbitraria, carabineros chilenos asesinaron por la espalda a un mapuche el pasado 14 de noviembre. La ejecución extrajudicial provocó de inmediato una reacción airada de la comunidad indígena, que llamó la atención del país y que pronto se convirtió en noticia internacional. El asesinato trató de ser encubierto por las más altas autoridades de Chile –incluido el presidente Piñera–, lo que tiene al gobierno con sus peores índices de popularidad y a Carabineros, bajo una minuciosa investigación.
Ercilla, Chile.- La ejecución extrajudicial de Camilo Catrillanca Marín –nieto del jefe de jefes mapuche Juan Catrillanca– derivó en una crisis institucional que tiene contra las cuerdas al presidente Sebastián Piñera. Y la situación de Carabineros de Chile es peor: no sólo su credibilidad está por los suelos, sino que su alto mando está amenazado por la justicia.
El asesinato fue cometido por una patrulla del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE) –conocido como Comando Jungla– a las 16:54 horas del pasado 14 de noviembre, en Temucuicui, comuna de Ercilla, en la región de La Araucanía.
La creación del Comando Jungla fue anunciada el 28 de junio por Piñera. Es un grupo de carabineros formado en la selva colombiana, adiestrado en lucha antiterrorista y cuya misión sería acabar con la violencia mapuche. Utilizó como base la Prefectura de Fuerzas Especiales de Pailahueque, en Ercilla, que hasta hace menos de un lustro era un Liceo Politécnico.
El 14 de noviembre los efectivos de la base de Pailahueque realizaban un despliegue –que incluía la participación de un centenar de efectivos del GOPE apoyados con tanquetas y helicópteros– para capturar a ladrones que acababan de robar tres coches en la comuna de Ercilla.
Patrullas blindadas que se internaban en Temucuicui interceptaron a Catrillanca, quien viajaba en un tractor, acompañado por un muchacho de 15 años, de iniciales MPC.
Testigo clave
Como se ha comprobado en la investigación policial –proceso que ha concentrado el interés de la opinión pública y en el que cada día hay nuevas revelaciones–, MPC es el único testigo de la muerte de Catrillanca que ha dicho la verdad, transformándose en un actor clave de esta historia.
El 19 de noviembre MPC declaró al subinspector de la Policía de Investigaciones (PDI) Carlos Vásquez y al fiscal investigador Roberto Garrido, que el 14 de noviembre “queríamos matar un cordero, pero nos faltaba cilantro, entonces el peñi (amigo) Camilo se subió al tractor y me dijo que lo acompañara”.
De pronto Camilo le dijo a su acompañante que “se devolverían” porque “andaba el pájaro volando” en referencia al helicóptero de Carabineros. Mientras intentaban retornar a su casa por un atajo, se toparon con los uniformados: “Escuché un disparo de escopeta en la parte lateral del tractor. Saltó pintura. Entonces Camilo se echó hacia atrás y se devolvió por el mismo camino que veníamos (cuando) vi que desde el otro costado salieron dos carabineros de entre las espinas”.
Continuó: “Empezaron a disparar a la parte trasera del tractor, eran hartos disparos, se escuchaba como ráfaga (…) en un momento mi peñi Camilo me dijo ‘agáchate’ (…) más su voz era más bajoneada, distinta a como (hablaba) siempre (…) ahí fue cuando a mi peñi le salió líquido de la nariz”.
El menor contó que se bajó con las manos arriba y le avisó a la patrulla del GOPE que su compañero estaba herido. Pero no lo tomaron en cuenta y sólo se dedicaron a golpearlo e insultarlo, dejando en completa indefensión a Catrillanca, que agonizaba mientras de su cabeza ya manaba masa encefálica, como dijo el carabinero que le dio los primeros auxilios, el teniente Edgardo Aguilar, de las Fuerzas Especiales (FE), quien llegó al lugar entre cinco y 10 minutos después de los disparos.
Aguilar trasladó al comunero herido al Centro de Salud Familiar de Ercilla, donde éste falleció a las 18:16 horas.
Como se estableció en las conclusiones del Informe Preliminar de Autopsia 548 del Servicio Médico Legal, fechado el 15 de noviembre y elaborado por la tanatóloga Lorena Ibacache, la causa de muerte fue “traumatismo craneoencefálico abierto complicado” derivado de un proyectil de guerra que se incrustó 16 centímetros “desde atrás hacia adelante y ligeramente desde abajo hacia arriba”.
Como pudo establecerse en el peritaje balístico de la PDI, el autor del tiro fue el sargento e instructor de tiro Carlos Alarcón, quien disparó al menos siete veces contra los ocupantes del tractor.
La comedia de mentiras
El impacto por la muerte fue inmediato. El pueblo de Ercilla fue copado por comuneros mapuches que, al saber de la muerte de Catrillanca, bloquearon calles y apedrearon la comisaría local. Así se inició un proceso de movilizaciones en territorio mapuche pero que casi inmediatamente se expandió por todo Chile. Un clamor nacional exigió “¡Justicia para Camilo Catrillanca!”.
Sin embargo, en las primeras horas las autoridades policiales y políticas intentaron convertir a las víctimas en victimarios. Luis Mayol, gobernador de la Región de la Araucanía. afirmó –apenas cuatro horas después de ocurrida la muerte de Catrillanca– que lo sucedido se dio en el contexto de un caso de “delincuencia común”. Añadió que “la persona fallecida tiene antecedentes por receptación de vehículos”.
El propio Piñera insistió en esta versión al sostener que, aunque lamentaba la muerte de Catrillanca Marín, estimaba que los carabineros “tienen el derecho a defenderse cuando son atacados”.
Esta declaración la hizo Piñera en Singapur –donde participaba en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático– un día después de ocurrido el crimen y pese a que oficiales del alto mando de Carabineros ya sabían que Catrillanca había sido ejecutado por la espalda.
El director de Carabineros, general Hermes Soto, reforzó este discurso al señalar desde Santiago –a tres horas de ocurrido el hecho– que Catrillanca “había participado en distintos delitos” y “ya había sido detenido por la misma causa”.
A diferencia de lo ocurrido en otros asesinatos de mapuches cometidos por carabineros, esta vez el Ministerio Público se mostró diligente en la búsqueda de la verdad, probablemente acicateado por la enorme presión ciudadana que apuntaba en ese sentido.
A las 19:00 horas de ese 14 de noviembre el fiscal del Ministerio Público Enrique Vásquez solicitó al general Mauro Victtoriano, jefe policial de la IX Zona de Carabineros, que dispusiera que todos los involucrados en la operación que terminó con la vida de Catrillanca se presentaran a declarar en las oficinas de dicho ente de Collipulli.
Los cuatro miembros de la patrulla del GOPE que abatió a Catrillanca atendieron dicho llamado a las 23.30 horas de aquel día. Para sorpresa de los fiscales Vásquez y Roberto Garrido, lo hicieron con una declaración conjunta escrita en un papel con membrete de Carabineros, que llevaba por título “Declaración voluntaria de personal aprehensor”. Llevaba la firma del suboficial Patricio Sepúlveda, de los sargentos Carlos Alarcón y Raúl Ávila y del cabo Braulio Valenzuela.
Allí se aseguraba que ellos fueron atacados “con armas de fuego” y que como respuesta efectuaron “disparos disuasivos y controlados a lugares seguros”. Además, en dicha declaración conjunta los policías afirmaron que al momento de ocurrir los hechos no portaban las cámaras GoPro que habitualmente llevan en sus cascos o en el pecho.
El contenido de esos dichos fue reafirmado por esos policías en las declaraciones individuales que debieron hacer en el transcurso de la madrugada del 15 de noviembre.
Al prestar esas declaraciones se encontraba presente el abogado de Carabineros Cristián Inostroza Quiñiñir, que había viajado la tarde del día 14 desde Santiago, enviado por Hermes Soto, junto al inspector de Orden y Seguridad, general Christián Franzani.
La madrugada del 15, Franzani se apersonó en el Ministerio Público de Collipulli, donde arengó a los efectivos del GOPE para que ratificaran las mentiras sostenidas en su declaración conjunta.
Esto fue reseñado por Soto en un informe entregado al ministro del Interior, Andrés Chadwick, el 5 de diciembre en La Moneda, y que determinó la exoneración de Franzani.
Sin embargo los fiscales pronto se percatarían de la falsedad de este entramado. Lo primero que resultó determinante para ello fue la declaración entregada en la noche del 14 de noviembre por MPC a los abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que lo visitaron en la comisaría de Collipulli, donde el menor estaba ilegalmente detenido, acusado de ser parte del robo de vehículos que desató la operación policial.
El menor aseguró que los policías les dispararon por la espalda y sin mediar provocación; y que al menos uno de ellos portaba una cámara en su casco.
El día 15 la directora del INDH, Consuelo Contreras, informó a Radio Cooperativa de estas declaraciones del menor, dando cuenta también de que el informe preliminar de autopsia confirmaba que el disparo que recibió Catrillanca fue realizado “por la espalda” y se introdujo en la parte posterior de la cabeza. Hubo revuelo nacional.
En paralelo, los fiscales del Ministerio Público ordenaron a la PDI requisar las grabaciones hechas por el personal de Fuerzas Especiales. A diferencia de lo que hicieron los agentes del GOPE, los jefes de FE no escondieron ni destruyeron los registros audiovisuales y el 15 de noviembre los entregaron.
De esta manera, a 24 horas del homicidio, los fiscales del Ministerio Público ya habían podido comprobar que la versión oficial era mentira.
No obstante, el gobierno tardaría algunos días en reconocer la verdad. Pero lo hizo. Según lo que señaló el diario La Tercera el 12 de diciembre, apenas la tarde del 17 de noviembre Soto informó de este nuevo escenario mediante una llamada a Chadwick.
La mañana siguiente éste daba una conferencia de prensa desde La Moneda –flanqueado por su viceministro del Interior Rodrigo Ubilla y el jefe de Carabineros– en la que reconocía que existieron registros de video de la operación en que murió Catrillanca, aunque aclaró que quien los hizo –el sargento Raúl Ávila– destruyó la tarjeta de memoria que los contenía.
Chadwick también dio a conocer que los cuatro efectivos implicados fueron expulsados de la institución policial y que el jefe de Orden y Seguridad de La Araucanía, Victtoriano, y el prefecto de FE, el coronel Iván Contreras, habían renunciado.
Peligro en La Moneda
El caso Catrillanca ha derivado en una crisis en el gobierno, que lleva un mes intentando capear el temporal. A las protestas por el crimen, que aún no se apagan, se suma una enorme baja en la popularidad en las encuestas. Según un estudio de la consultora Cadem –del 28 de noviembre–, el Ejecutivo cuenta con el respaldo de sólo 31% de la población, mientras 60% lo desaprueba.
La situación de Carabineros es peor, puesto que la aprobación a esta institución disminuyó de 67% a 39% en las semanas posteriores al asesinato. Esto mientras la institución es investigada por sucesivos e interminables fraudes y desfalcos internos, en procesos que se conocen como el “Pacogate”.
La oposición de centroizquierda se ha unido para cuestionar el accionar del Ejecutivo en este caso. El miércoles 12 Chadwick fue interpelado por la Cámara de Diputados y debió responder un amplio cuestionario de la diputada socialista mapuche Emilia Nuyado.
Aunque logró sortear este reto, Chadwick debió declarar ese mismo día –en el Palacio de La Moneda– ante el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, quien también interrogó a Ubilla.
Aunque ambos declararon como testigos y no como imputados, su situación es compleja, pues ya obran en la causa antecedentes que dan cuenta de que al menos Ubilla estuvo en permanente contacto –en las horas posteriores al asesinato de Catrillanca– con Franzani, principal articulador de la operación que pretendió desvirtuar la verdad.
Quien más ha contribuido a convencer a los fiscales de que existió una orden para mentir ha sido el homicida, Carlos Alarcón. Éste emitió el domingo 2 un video –desde su prisión en Temuco– en el que reconoció que junto a sus colegas del GOPE dio declaraciones falsas. Pero aseguró: “Aquí hay gente que nos hizo mentir”.
Esto generó un amplio revuelo en el país y reuniones urgentes en La Moneda entre Piñera y el alto mando de Carabineros, en las que el mandatario le habría exigido a las autoridades policiales decir toda la verdad y entregar un informe detallado de lo realmente sucedido.
Las revelaciones de Alarcón motivaron que el Ministerio Público le tomara un nuevo testimonio, lo que se concretó el lunes 3. Entonces confesó que a las 21:00 horas del 14 de noviembre, en la comisaría de Pailahueque, se tramó la farsa. “La reunión debe haber durado como una hora antes de ir a declarar a la fiscalía de Collipulli y durante ese tiempo el abogado Cristián Inostroza nos dijo lo que teníamos que decir y mi mayor Manuel Valdivieso (jefe del GOPE en La Araucanía) lo apoyaba”.
De acuerdo con esta versión –dada a conocer por La Tercera el miércoles 12–, Inostroza les preguntó a los policías si portaban cámaras. Ávila dijo que sí “y ante esto el abogado nos señaló que la versión sería que nadie andaba con cámaras”, declaró Alarcón.
Tanto Inostroza como Valdivieso han sido expulsados de Carabineros e imputados en el caso Catrillanca, por obstrucción a la justicia.
