La calidad de la democracia de Chile fue cuestionada: Francia dio asilo político a un exguerrillero chileno a quien Santiago quiere juzgar por el asesinato de un senador y el secuestro del hijo de un empresario. La nación sudamericana denunció el golpe y su diplomacia trató de hacer cambiar de opinión a París, alegando que la dictadura acabó hace tiempo… pero sus palabras no tuvieron efecto. Y a eso se suma que México también rechazó el pedido de extradición de otro excombatiente clandestino porque el delito prescribió.
Santiago.- El asilo político otorgado por Francia al exguerrillero chileno Ricardo Palma Salamanca –coautor del asesinato del senador derechista e ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán Errázuriz– causó un terremoto político en Chile.
La razón: al justificar su decisión, Francia cuestionó la institucionalidad construida en Chile en su transición a la democracia, iniciada en marzo de 1990.
En efecto, el martes 6 el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, encabezado por Jean-Yves Le Drian, comunicó que el caso de Ricardo Palma Salamanca “se refiere a la historia de Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet”, y añadió que, en ese contexto, “la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas (OFPRA) ha determinado de manera independiente, en el marco de la legislación francesa, sobre la solicitud de asilo presentada”.
El gobierno francés afirmó esto pese a que al momento de ocurrir el asesinato de Guzmán en Chile (1 de abril de 1991) gobernaba el democristiano Patricio Aylwin, primer presidente de la transición.
Sobre Palma Salamanca –quien cometió sus crímenes en tanto militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fracción Autónoma (FPMR-A)– pesa un juicio de extradición solicitado por la justicia chilena luego de que, en febrero pasado, éste fue detenido en Francia.
El requerimiento considera las condenas emanadas en Chile, a mediados de los noventa (dos cadenas perpetuas), por el asesinato de Guzmán y por el secuestro –en septiembre de 1991– de Cristián Edwards del Río, hijo del dueño del diario El Mercurio.
La Corte de Apelaciones de París postergó –en audiencia del 10 de octubre– para el 12 de diciembre la revisión del pedido de extradición de Chile. Esto lo hizo a solicitud del abogado de Palma Salamanca, Jean-Pierre Mignard, quien argumentó que era necesario conocer el dictamen de la OFPRA antes de tomar una decisión en esta materia.
Palma Salamanca llegó a Francia escapando de México luego de que su compañero del FPMR, Raúl Escobar Poblete, Comandante Emilio, cayó detenido el 30 de mayo de 2017 en San Miguel de Allende, acusado de ser líder de una banda de secuestradores.
Poblete y El Negro Palma han sido motejados como “los pistoleros de la transición”. No sólo serían los autores materiales del asesinato de Guzmán (crimen que, en Francia, la defensa de Palma dijo que éste confesó en Chile bajo torturas) y del secuestro de Edwards.
Cuando eran muy jóvenes, entre 1989 y 1990, también asesinaron a otros tres personeros de la dictadura, incluyendo al comandante retirado y exjefe de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, Roberto Fuentes Morrison, considerado uno de los mayores represores de aquel periodo de la historia chilena.
Pero sin duda que el asesinato del abogado Jaime Guzmán es el más sobresaliente, dado que éste fue el artífice principal de la Constitución Política de 1980 –aún vigente– y fundador y líder de la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los partidos más poderosos de la transición y que se ha ocupado de resguardar, con mucho éxito, el legado político de la dictadura (1973-1990).
Palma y Escobar protagonizaron –el 30 de diciembre de 1996– la fuga de prisión más espectacular que se recuerde en Chile: desde un helicóptero, un comando del FPMR arrojó una canasta a la que Palma y otros tres connotados guerrilleros del Frente se treparon y huyeron, en medio del fuego cruzado.
“Impasse”
Al conocerse el otorgamiento de asilo a Palma Salamanca, la reacción del gobierno derechista, encabezado por Sebastián Piñera, fue muy fuerte, casi destemplada.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín –famoso por sus otrora estrechos vínculos con la organización nazi avecindada en Chile denominada Colonia Dignidad–, expresó en Twitter el mismo viernes 2: “Francia otorga asilo político a Palma Salamanca, condenado por tribunales chilenos como autor material del asesinato de un senador en plena democracia. Más puede la política que el derecho, más puede la izquierda cuando la víctima es de derecha. Así se degradan las instituciones”.
En La Moneda –palacio de gobierno– el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo ese día que el asilo a Palma “no cumple con los requisitos de la Convención de Ginebra, por cuanto en Chile existe un pleno estado de derecho democrático, como le consta en profundidad y cabalidad al Estado y gobierno francés”.
Chadwick fue más allá e informó que el gobierno decidió convocar, para dar explicaciones, al embajador de Francia en Chile, Roland Dubertrand. El lunes 5 Carolina Valdivia, subsecretaria de Relaciones Exteriores, le entregó a éste una “nota de disconformidad”.
Un día antes Piñera –entrevistado en el programa El Informante, de Televisión Nacional de Chile– afirmó que Francia “se equivocó” dado que, a su entender, los crímenes por los que se acusa a Palma fueron juzgados “en plena democracia, con estado de derecho, con un Poder Judicial independiente”.
Piñera puso en duda la supuesta autonomía con la que actuaría la OFPRA y anunció el envío de una carta al presidente francés, Emmanuel Macron, en la que pediría revertir lo hecho.
El martes 6 el secretario general de la UDI, Issa Kort, manifestó que la declaración de la cancillería francesa “demuestra una ignorancia inaceptable con respecto a la historia judicial de Chile”. Añadió: “Con esta declaración se demuestra que Francia se convierte en el país ideal para que los terroristas del mundo vayan a buscar asilo; total… van a conseguir siempre una mirada ideológica”.
La UDI –junto con Renovación Nacional– es uno de los dos principales partidos de la oficialista Chile Vamos, coalición que sustenta en el poder a Piñera.
El viernes 9 –tres días después del varapalo de la cancillería francesa– el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, dijo que “Francia debe mostrar toda su coherencia en la lucha contra el terrorismo”, y agregó que cuando París “ha solicitado apoyo internacional para la lucha contra el terrorismo, que lamentablemente ha sufrido, las fuerzas democráticas han respaldado a ese país”.
Ampuero –quien en la pasada administración de Piñera (2010-2014) fue embajador en México y ministro de Cultura– remató: “Es triste el error, la tergiversación de la realidad histórica por parte del comunicado de la cancillería francesa”.
El Senado chileno, por casi unanimidad de sus miembros, aprobó el miércoles 7 un proyecto de acuerdo en el que pide a Piñera “agotar instancias para revertir el asilo a Palma Salamanca y para que de esta manera se restaure el respeto por la soberanía y legitimidad de las instituciones políticas y judiciales de la República de Chile, cuya autonomía es puesta en tela de juicio por la decisión en cuestión”.
Además, la Cámara Alta urgió a Piñera a nombrar a la brevedad embajador en Francia, puesto que tras ocho meses en el gobierno no lo ha hecho. Tal iniciativa fue presentada por el Partido Socialista y recibió el respaldo de todos los senadores presentes, oficialistas u opositores, con la salvedad del único representante del izquierdista Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre.
Cuando la élite chilena no terminaba de procesar la noticia del asilo a Palma, se tuvo conocimiento en Santiago –el martes 13– de que la justicia mexicana no accedió a iniciar el proceso de extradición, solicitada por Chile, de Escobar Poblete, requerido por su eventual responsabilidad en el secuestro de Cristián Edwards. El fundamento: “El delito invocado se encuentra prescrito”.
Todavía se espera que México se pronuncie respecto de otra solicitud de extradición que pesa sobre este exguerrillero: la relativa al asesinato de Guzmán.
Se debe recordar que en septiembre de 2015 India rechazó la solicitud de extradición de la ciudadana francesa Marie Emmanuelle Verhoeven, requerida por el juez instructor del caso Guzmán, Mario Carroza, por su eventual participación en este crimen.
En septiembre de 2010 la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina –en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner– le otorgó asilo a otro de los presuntos implicados en el asesinato de Guzmán: el jefe del FPMR-A, Galvarino Apablaza, quien siempre ha negado toda participación en ese homicidio.
Democracia tutelada
El asilo a Palma animó un amplio debate relativo a la institucionalidad chilena y a la calidad de su democracia. El escritor, periodista y diplomático Jorge Edwards, quien oficio como embajador en Francia durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-14), expresó al diario La Tercera (lunes 5) que “los franceses no confían en que en Chile exista un estado de derecho, una Constitución, un sistema judicial, ese es el fondo del asunto”.
El diario editorializó ese mismo día: “En la medida en que a Palma se le ha concedido asilo, implícitamente hay un reconocimiento por parte de Francia de que la justicia en nuestro país no es capaz de brindar las garantías necesarias para un proceso justo ni asegurar la integridad del acusado”. Muchos otros piensan algo similar.
Boris Yopo, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, del Ministerio de Defensa, aseveró que Francia, al justificar el asilo a Palma Salamanca, sugirió “que, al menos en los noventa”, en la primera fase de la transición, en Chile no había una verdadera democracia, sino una democracia tutelada”.
En entrevista con Proceso, Yopo considera que esta percepción tiene sustento. Recuerda que en los noventa –y hasta marzo de 1998– Pinochet se mantuvo como comandante en jefe del ejército, que en aquel tiempo había senadores designados, que los jueces de la Corte Suprema de la época habían sido nombrados por el dictador.
Sociólogo experto en relaciones internacionales, explica que estas situaciones no han pasado inadvertidas en el extranjero: “Claramente a nivel internacional existe una percepción muy instalada de que la transición en Chile se prolongó mucho tiempo y que en un principio no había condiciones para un juicio justo”.
El experto estima que otro factor que jugó en contra de la pretensión chilena de extraditar a Palma Salamanca fue que en noviembre de 2013 la Corte Suprema de Chile rechazó otorgar la extradición de 10 agentes de la dictadura chilena, condenados en rebeldía en Francia por los asesinatos de cuatro ciudadanos galos, en crímenes cometidos a partir del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
“Eso de todas maneras pesó en la decisión. Es evidente que en estos casos opera un criterio de reciprocidad que no está estipulado en ningún tratado pero que tiene mucha importancia”, afirma Yopo.
Agrega que en la decisión francesa tuvo que haber influido el hecho de que cuando Pinochet fue detenido en Londres (16 de octubre de 1998) el gobierno de Chile –entonces encabezado por el democristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle– exigió que el exdictador fuera liberado y devuelto a su país.
A cambio se comprometió a que en Chile sería enjuiciado por sus crímenes. Sin embargo, ese compromiso se cumpliría muy acotadamente y Pinochet moriría –el 10 de diciembre de 2006– sin haber pasado ni un día en la cárcel.
“La imagen de Pinochet al retornar a Chile –el 2 de marzo de 2000– bajándose del avión en silla de ruedas y luego poniéndose de pie ante las cámaras, recorrió el mundo”, recuerda Yopo.
El analista manifiesta que, considerado todo lo anterior, “es normal que en el extranjero se diga: ‘En Chile no hay justicia… los militares siguen decidiendo’. Es algo que está instalado en la memoria colectiva del mundo, pese a que en los últimos años ha habido cambios y ya hay una justicia un poco más democrática y equilibrada”.
Tampoco ayuda a la causa de La Moneda –asegura el experto– el que la Corte Suprema, en el transcurso de este año, haya liberado a varios exmilitares autores de crímenes de lesa humanidad.
Yopo –quien fue embajador en Sudáfrica– comenta además la reciente decisión de la justicia mexicana en relación con el Comandante Emilio. “México tiene una historia de haber sido uno de los países más solidarios con los exiliados chilenos y hay una sensibilidad particular respecto a la dictadura de Pinochet; cualquier cosa que signifique facilitar las cosas a personajes que estuvieron con Pinochet –como es el caso del actual ministro de Interior– genera mucha resistencia en México”.
En otro sentido Yopo dice que el asunto Palma está evidenciando las debilidades de la política exterior chilena, cuyas falencias –según su parecer– habrían aumentado bajo la actual administración.
Sostiene que el canciller Ampuero “pesa muy poco en el gobierno” y que las decisiones de política exterior las toma Piñera. La mejor expresión de esto sería el que aún no se designe embajador en varios importantes países, como ocurre con Francia.
“Otro canciller se habría parado frente al presidente y le habría dicho: ‘Esto es impresentable. Tenemos que hacer algo’. Pero aquí se demuestra que Ampuero no pesa nada”.
