La banca múltiple nacional está controlada por siete instituciones crediticias cuyos consejos administrativos incluyen los apellidos Slim, Azcárraga, Baillères, Larrea, Garza Sada, Aramburuzabala, Beckmann, Quintana, Servitje, Hank, Ramírez Magaña, Chedraui… Ellos y otros son la élite de la cúpula empresarial que ahora se muestra alarmada por la propuesta de los legisladores de Morena de acotar los cobros de comisiones y otros servicios bancarios. No es para menos: sus ingresos por esos cobros en 2017 equivalen a 2.4% del Producto Interno Bruto.
En 2017, mientras el gasolinazo causaba estragos en la economía de los hogares y la inflación hundía los salarios de 41% de la población debajo de la línea de bienestar, los bancos tuvieron ingresos netos por 526 mil 246 millones de pesos –7.6% más que el año anterior– a raíz del cobro de comisiones y tasas de interés a usuarios y empresas nacionales.
En otras palabras, después de cubrir sus gastos, los bancos obtuvieron ganancias por 437 mil millones de pesos por el cobro de tasas de interés, así como 88 mil 440 millones por las comisiones. Este monto equivale a 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB) o al gasto público invertido en el sector Salud en 2017.
Las cifras provienen de un análisis detallado sobre las tasas de interés y las comisiones que cobra la banca múltiple publicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en junio pasado. Según el documento del órgano fiscalizador, los bancos tuvieron ingresos netos por 2 billones 449 mil millones de pesos entre 2012 y 2017 por esos conceptos.
La banca múltiple del país está conformada por 48 instituciones crediticias, pero siete bancos –conocidos cono el G7– concentran ocho de cada 10 activos, indica la ASF. Ellos son Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, Inbursa, Santander y Scotiabank, que en conjunto manejan las cuentas de nómina y nueve de cada 10 tarjetas de crédito.
En su “Evaluación al sector financiero de México”, publicado en marzo de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial destacan que la banca múltiple mexicana opera bajo “una competencia monopolística”.
Los consejos de administración del G7 reúnen la cúpula de la élite empresarial mexicana: los integran 16 miembros de las 35 familias más adineradas del país –según la revista Forbes–, así como 24 integrantes del exclusivo Consejo Mexicano de Negocios (CMN), al que López Obrador tachó de “minoría rapaz” durante la campaña presidencial. Incluyen los apellidos Slim, Azcárraga, Baillères, Larrea, Garza Sada, Aramburuzabala, Beckmann, Quintana, Servitje, Hank, Ramírez Magaña y Chedraui, quienes amasaron fortunas durante las privatizaciones realizadas en la administración de Carlos Salinas de Gortari (Proceso 2160 y 2167).
También aparecen representantes del grupo de tecnócratas que, al frente de las instituciones económicas del país, implementó el modelo neoliberal en los últimos 30 años: al menos 23 consejeros del G7 encabezaron o laboraron en las secretarías de Hacienda o de Energía, el Banco de México –uno de los órganos encargados de regular el sector banquero–, así como de Pemex durante los sexenios de Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero –quien encabezará la Secretaría de Gobernación en la administración de Andrés Manuel López Obrador– incluso llegó a estar en el consejo de administración de Banorte junto con su esposo Eduardo García Villegas, titular de la notaría capitalina 15, ubicada en el lujoso barrio de Las Lomas. Al ser elegida senadora de la República, Sánchez Cordero renunció a su puesto en Banorte.
En ese pequeño mundo, los 124 consejeros de los bancos del G7 –ya sean titulares o suplentes, accionistas o independientes– son frecuentes los vínculos familiares, sin importar el banco, y al menos 98 de ellos figuran en los consejos de administración de grandes grupos fundados por otros integrantes de las instituciones crediticias.
Así, por lo menos ocho consejeros son o lo fueron también de Televisa –cuatro integrantes de la familia Azcárraga destacan en cuatro bancos–, y por lo menos cinco tuvieron participación en Fomento Económico Mexicano (FEMSA), la embotelladora de Coca Cola de la que tres multimillonarios mexicanos actuales heredaron su fortuna.
No pocos de los consejeros del G7 fueron beneficiados por el rescate bancario de 1995, en el que el gobierno de Ernesto Zedillo nacionalizó las deudas de los bancos y las concentró en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), ahora llamado Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).
Hasta el pasado 31 de octubre, 23 años después del rescate, la sociedad mexicana debía 1 billón 19 mil millones de pesos para resarcir la deuda del IPAB, según los estados financieros más recientes de la institución.
Cobros exorbitantes
Gracias a los cobros de comisiones y tasas de interés, el sector de la banca múltiple incrementó sus márgenes y obtuvo un resultado neto acumulado de 137 mil 735 millones de pesos el año pasado, cifra superior en 20.9% a la de 2016, según la ASF.
Y tales prácticas deberían redituar todavía más este año, pues entre julio de 2017 y agosto pasado la cartera de crédito comercial creció 7%, el crédito al consumo subió en 1.7% y los préstamos para comprar viviendas aumentaron en 3.8%.
Cada año, los mexicanos se endeudan más con los bancos, al ritmo sostenido de 6.9% anual desde 2012. Al cierre del año pasado la banca múltiple tenía 4 billones 506 mil millones de pesos de créditos vigentes –alrededor de 2 billones más que en 2012–; la mitad de ellos eran créditos comerciales, 15.5% de consumo, 15.4% hipotecario y el 20.3% restante abarcaba créditos a entidades financieras y gubernamentales.
De acuerdo con la ASF, “el mayor ingreso por intereses del sistema proviene del crédito al consumo” –que abarca las tarjetas de crédito y los créditos de nómina, entre otros–, pues “el riesgo inherente a este tipo de créditos se asocia con tasas de interés, sobre todo a la que accede la población de bajos ingresos”. De ello, la banca sacó ganancias por más de 198 mil millones de pesos el año pasado.
En materia de comisiones, los bancos cobraron más de 127 mil millones de pesos a los usuarios en 2017: 55 mil millones por operaciones de crédito y 72 mil millones por “otras comisiones” –lo doble de lo cobrado en 2012– por servicios que les costaron, en realidad, 39 mil 200 millones de pesos.
El sistema de comisiones responde a una estructura piramidal: los bancos manejan 35 categorías de referencia de las comisiones, las cuales abarcan 3 mil 864 “productos” que, a su vez, se dividen en 26 mil 780 conceptos de cobro al usuario. En lo relativo a las hipotecas, por ejemplo, existen 3 mil 343 conceptos de cobro.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, la reforma fiscal implementada en 2014 no tuvo impactos en las altas tasas de interés que cobran los bancos, y tampoco cambió los Márgenes de Intermediación Financiera, que en México se ubican entre 8% y 8.6%, tasas “superiores a los de diversos países desarrollados y en desarrollo con características económicas comparables a las de México”.
La ASF señaló que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se negaron a establecer límites máximos a las tasas de interés, con el pretexto de que “se podrían generar ineficiencias en el mercado crediticio”, y ello a pesar de que “76 países, tanto desarrollados como en desarrollo, han establecido límites a sus tasas de interés”.
Por otra parte, observó que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) no llevó a cabo investigaciones para determinar si los bancos se pusieron de acuerdo sobre las tasas de interés y las comisiones que cobran ni emitió recomendación al respecto, a pesar de la extrema concentración de los activos en manos de los bancos del G7.
Magnates y tecnócratas
Tan sólo en el consejo de administración de Banamex figuran 14 integrantes de la lista de Forbes o del CMN, entre ellos Roberto Hernández Ramírez, María Asunción Aramburuzabala Larregui; Germán Larrea Mota Velasco, de Grupo México; Bernardo Quintana Isaac, de ICA; Daniel Javier Servitje Montdull, de Grupo Bimbo, o Elmer Fernando Franco Macías, de Pinfra. Su presidente, Manuel Medina Mora Escalante, es primo del exprocurador Eduardo Medina Mora, al que Peña Nieto designó como ministro en la SCJN.
Cinco consejeros de BBVA Bancomer pertenecen a uno de estos dos clubes exclusivos –Forbes o CMN–, entre ellos Alejandro Ramírez Magaña, el presidente de Cinépolis, quien encabeza el CMN y tuvo un enfrentamiento con López Obrador durante la campaña presidencial.
Inbursa y Banorte son prácticamente negocios familiares: el primero forma parte del imperio de Carlos Slim Helú y es presidido por su hijo Marco Antonio Slim Domit; en él figuran su sobrino Héctor Slim Seade y su yerno, Arturo Elías Ayub. En Banorte, el gigante financiero de Carlos Hank González –hijo de Carlos Hank Rhon y nieto de Roberto González Barrera, el fundador de Grupo Maseca–, figuran cuatro miembros de la familia González.
Otros integrantes de la lista de Forbes y del CMN mueven sus intereses en la banca múltiple pero fuera del G7: el multimillonario Ricardo Salinas Pliego controla Banco Azteca, que cobra intereses de 100% en créditos al consumo, según la ASF. Además, el magnate Olegario Vázquez Raña –de Grupo Empresarial Ángeles– fundó Multiva, y Alfredo Achar Toussie –de Comex– está en el consejo de administración de banca Mifel.
Al menos 23 de los consejeros del G7 tuvieron algún cargo público en las administraciones federales pasadas. El priista Jaime Serra Puche, otrora subsecretario de Hacienda y secretario de Comercio de Salinas, preside por el consejo de administración de BBVA Bancomer, en el que también tiene un asiento José Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda con Fox y subgobernador del Banco de México durante el sexenio de Salinas.
Sus dos sucesores en el cargo en Banxico –Everardo Elizondo Almaguer en el gobierno de Zedillo, y Guillermo Güemez García, en el de Fox y parte del de Calderón– también son consejeros en el G7: el primero en Banorte; el segundo en Santander, mientras que Guillermo Babatz Torres, expresidente de la CNBV –que, al igual que Banxico, regula el sector bancario–, preside el consejo de Scotiabank.
Arturo Manuel Fernández Pérez, el actual rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) –del que egresaron los promotores del modelo neoliberal–, operó el programa de desregulación económica en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial durante el sexenio salinista; es ahora consejero en BBVA Bancomer.
Carmen Patricia Armendáriz Guerra, consejera en Banorte, participó en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y posteriormente fue vicepresidenta de supervisión en la CNBV, y en el mismo banco está Héctor Federico Reyes-Retana, quien fundó ProMéxico y dirigió Bancomext.
En los consejos de administración del G7 figura también Alfredo Elías Ayub, subsecretario de Minas e Industria Básica en el gobierno de Salinas y director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante los sexenios de Zedillo, Fox y Calderón. Alfredo tiene un asiento en el consejo de administración de Banorte, mientras que su hermano Arturo es consejero de Inbursa.
La lista no termina aquí: Jesús Reyes-Heroles González Garza, director de Banobras en el gobierno de Salinas, secretario de Energía en el de Zedillo y director de Pemex en el de Calderón, es consejero en Santander –su hermano, Federico, lo es en HSBC–; Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía y directora de Banobras en el sexenio de Calderón, es consejera en Scotiabank; y María de Lourdes Melgar Palacios, subsecretaria de Hidrocarburos con Peña Nieto, tiene un asiento en Santander.
