El plan de seguridad del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, implica varios cambios a la fallida estrategia de su antecesor, el también panista Miguel Márquez. Sin embargo, causa escepticismo porque ratificó en sus cargos al procurador y el secretario de Seguridad que perdieron la batalla contra la violencia en la administración pasada. En entrevista con este semanario, el gobernador justifica su decisión y revela cómo acordó con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, algunas medidas para combatir el tráfico de combustible robado de la refinería de Pemex en Salamanca.
GUANAJUATO, Gto.- En el poco más de un mes que lleva su administración, el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha hecho infructuosos intentos por contener la lucha de la delincuencia organizada por la ordeña y compraventa de combustible de los ductos de Pemex, ante lo cual prepara una serie de medidas correctivas.
Sin embargo, organizaciones sociales y empresariales, como la Coparmex local, son reservadas en sus previsiones, mientras que la oposición advierte que el “golpe de timón” en la política de seguridad que el panista anunció en su campaña tampoco es promisorio, ya que consiste en tomar decisiones a través de un consejo estatal, asignar más dinero a un fondo estatal que bajará a los municipios, más policías y agencias del Ministerio Público.
Pero la decisión que generó más críticas es la ratificación del secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, y del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre. El gobernador dio sus razones en una entrevista con este semanario:
“No tengo tiempo que perder, necesito que no haya curva de aprendizaje, que no tengan pretexto; en lo que cambio gente se pierden por lo menos seis meses en lo que esté tomando decisiones y otros seis en dar resultados… Ahora, en este gobierno nadie es inamovible, nadie, ellos o quien sea, si no da resultados, se va. A mí no me importa ni le tengo miedo a los cambios.”
Rodríguez Vallejo enfrenta los reclamos de cúpulas empresariales, partidos de oposición y organizaciones que le exigen los resultados inmediatos y contundentes que prometió en seguridad y anticorrupción, ya que su antecesor, el también panista Miguel Márquez, ha sido señalado de participar en operaciones inmobiliarias irregulares con empresas en el Puerto Interior y el proyecto del nuevo estadio del equipo León.
En cuanto a la inseguridad, del 1 de enero al 30 de septiembre pasados se ha registrado un promedio de 14 personas asesinadas cada día, lo que da 3 mil 857 en total.
Además, según el corte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de ese periodo muestra que por primera vez el número de homicidios dolosos o intencionales (2 mil 469) supera al de los culposos (mil 388). En más de 2 mil de esos crímenes se utilizaron armas de fuego.
Septiembre, el mes de su arranque, ha sido el peor del año para Rodríguez Vallejo (aún no se conoce el corte de octubre), con un promedio de 16 asesinatos por día (para un total de 497 en el mes, 334 de ellos dolosos).
No obstante, el sociólogo y analista Saúl Arellano observa que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta 2 mil 253 homicidios dolosos en 2017, es decir 830 más de lo que registra el SESNSP.
El SESNSP recaba los datos de las carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público, mientras que el Inegi cruza datos de la Secretaría de Salud (certificados de defunción), los servicios médicos forenses y el Registro Civil.
“Según el Inegi, Guanajuato es el estado que tiene el mayor diferencial entre estadísticas con el SESNSP… Pero aun con eso, según los datos del secretariado, hay una media mensual de 223 homicidios con armas de fuego de enero a agosto y en septiembre fueron 287; esto pinta para superar al peor mes, que fue mayo, y como el peor año en homicidios.”
A principios de octubre, cuando arrancaron las nuevas administraciones municipales, efectivos de la Marina patrullaron el estado, particularmente Apaseo el Alto, gobernado por Morena, y el triángulo del sur en el que se confrontan el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa, de origen local y fortalecido por otros grupos delictivos que resisten al CJNG.
La organización civil México Evalúa reveló, en un informe sobre el robo de combustible en el estado, que más de la mitad de los homicidios dolosos se concentran en León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya, municipios del corredor industrial, así como en Pénjamo, en el suroeste y colindante con Michoacán.
Según ese documento, entre el año pasado y el actual Guanajuato pasó del primero al tercer lugar en número de tomas clandestinas de hidrocarburo. Los homicidios dolosos no disminuyeron:
“Los homicidios cometidos en la entidad este 2018 ya superan en 77% el número de víctimas de 2017, faltando tres meses para que acabe el año. La tasa de homicidio doloso mensual en Guanajuato es del doble que la nacional. Para septiembre alcanzó los 5.2 homicidios, mientras que la tasa promedio del país se encuentra en dos homicidios.”
Según el citado informe, “al analizar la distribución de la violencia letal de Guanajuato encontramos un patrón visible: los homicidios se concentran en municipios en donde se ha disparado el robo de combustible en los últimos años”, añade.
Al respecto, el gobernador dice en la entrevista que “el gobierno federal no está poniendo orden en Pemex; no hay otra manera de explicarse el gran flujo de combustible robado, que no hay en los ductos, sino en la refinería. Tengo las cifras del Ejército: hay 70 ductos abiertos en este momento (en territorio estatal). ¿Qué explicación dan?
“No hay manera de explicar el robo de combustible sin la complicidad de adentro de Pemex (en la refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca) y no tenemos facultades para entrar.”
Escepticismo
Preocupado por la violencia, pero también por la percepción social, el equipo de Rodríguez Vallejo decidió que él no hablara de esos temas a los medios. Desde que era gobernador electo advirtió que no respondería preguntas al final de una reunión o al salir de ella, específicamente sobre la inseguridad.
Tras varias solicitudes y semanas de espera, accedió a la entrevista con Proceso. El primer tema fue la “nueva política de comunicación”:
“Parte de la estrategia de seguridad es también unificar los criterios de comunicación. Hay muchos actores involucrados en el tema: procurador, secretario de Seguridad, secretario de Gobierno, mandos policiacos, el propio gobernador… Existía mucha información que a veces se contrapunteaba por las diferentes visiones de los cargos. Consideramos importante tener un solo canal de comunicación para mandar los mensajes a la ciudadanía, por eso hemos decidido nombrar un vocero.”
Esa tarea se le asignó al exfuncionario de la PGR Marco Antonio Sánchez Aparicio, nombrado secretario del Sistema Estatal de Seguridad.
–¿Qué le abona esta nueva política a la transparencia y rendición de cuentas? –se le pregunta.
–Creo que no ha funcionado la comunicación como tal en el tema de la seguridad. Tenemos un problema muy grave en la percepción. Estamos también trabajando en una comunicación más asertiva. Cuando ocurre un hecho se genera un lapsus de versiones, necesitamos salir pronto a decir qué está pasando. Necesitamos un vocero y centralizar la información.
Sánchez Aparicio ha salido ante medios en pocas ocasiones, una de ellas el pasado 23 de octubre, cuando pidió a los medios no referirse al hallazgo de una fosa clandestina cerca de Irapuato porque “los cuerpos estaban al ras del suelo”.
El gobernador acepta que el robo de combustible es “uno de los factores, no el único”, que incidieron en la criminalidad que ahoga el estado, según el diagnóstico que recibió de su antecesor Miguel Márquez, y de los titulares de Seguridad Pública y procuraduría, a quienes ratificó.
–¿La refinería de Salamanca debe permanecer?
–En mi reunión privada con el presidente electo le comenté que tenemos una refinería que opera a 30%, que tiene un gran riesgo de accidente por lo viejo de las instalaciones, que contamina gravemente; que dos presidentes, Calderón y Peña Nieto, se comprometieron a reconfigurarla y jamás hicieron nada, aunque estuvo presupuestado.
“Mi planteamiento concreto al presidente electo fue: si en la estrategia no está contemplado reconfigurarla, preferiríamos que la cierre porque en estas condiciones es un peligro en todos los sentidos, ya no es conveniente su operación. Y si contempla la reconfiguración, que incluya también el plan de seguridad para evitar el robo de combustible.”
La respuesta de López Obrador fue que no cerraría esas instalaciones porque las necesitaría para bajar el precio de la gasolina. “Hizo el compromiso de invertir 4 mil 900 millones de pesos en la reconfiguración durante los próximos dos años. Lo felicité por la decisión. Recibo la noticia con muy buen ánimo; sólo espero que sea una realidad y no se quede como con los presidentes anteriores”.
Sobre los otros factores de la violencia, Rodríguez Vallejo señala que “se cometió el error de poner a las policías municipales a combatir al narco” junto con las corporaciones estatales y federales, en operativos y patrullajes conjuntos.
Exdirectores de policías municipales consultados afirmaron que la estrategia del gobierno anterior detonó una ola de asesinatos de uniformados: este año fallecieron más de 50 efectivos estatales y municipales.
“En materia de inteligencia se daba la información precisa en las reuniones de coordinación: dónde están (los líderes delictivos), cómo se distribuyen, dónde operan… y luego en los operativos con fuerzas estatales y Ejército, mandaban a los municipales por delante”, dijeron los exdirectores a condición de que no se publicaran sus nombres.
En los últimos seis años los policías municipales disminuyeron de 8 mil 500 a 6 mil por bajas y sobre todo por deserción.
“Esto es un notable debilitamiento; se incrementaron los delitos que impactan directamente a la ciudadanía, como robo de casa habitación y a cuentahabientes o lesiones. La policía se empezó a coordinar, a hacer recorridos por las ciudades, pero no combatieron estos delitos; terminas cuidando a población y descuidando el territorio, los límites con otros estados, las carreteras, la infraestructura (ductos, oficinas, instalaciones) cuando quien tiene que cuidar a la población es la Policía Municipal, que ya está muy debilitada”, admite Rodríguez Vallejo, en una crítica implícita a su antecesor.
En consecuencia, dice el mandatario, una de sus primeras medidas en el rubro será la desaparición del mando único, pues “los alcaldes se confiaron” y dejaron de hacer lo que les correspondía.
El “golpe de timón” anunciado incluye un andamiaje legal para crear un consejo estatal de seguridad en el que participen alcaldes, secretarios de Seguridad, externos y fuerzas federales. En esa instancia “se delinearán las estrategias necesarias, se bajarán por regiones y tendrá un gran fondo de dinero” operado mediante un programa estatal similar al Fortaseg federal, a cambio de que los municipios también inviertan en contrataciones y mejores sueldos para sus policías.
“Voy a reorientar el gasto, voy a recibir críticas –asume el panista–, pero yo tengo que devolver la paz y la tranquilidad a los guanajuatenses, y necesitamos dinero.”
