El Plan Frontera Sur del gobierno de Enrique Peña Nieto incrementó las deportaciones de migrantes centroamericanos a fin de que no llegaran a Estados Unidos, conforme las prioridades del gobierno de Donald Trump. Sin embargo, ese programa y el enfoque de la migración como un riesgo de seguridad nacional desaparecerán en el gobierno de López Obrador, afirma en entrevista el sociólogo Tonatiuh Guillén, quien encabezará en Instituto Nacional de Migración.
A tres semanas de que Andrés Manuel López Obrador asuma el gobierno, México tiene encima la atención internacional: por lo menos 7 mil centroamericanos atraviesan el país rumbo a Estados Unidos en cuatro caravanas, que retan las medidas antimigrantes establecidas en el sexenio de Enrique Peña Nieto y la furia xenófoba de Donald Trump.
Tonatiuh Guillén López, quien encabezará el Instituto Nacional de Migración (INM) en el gobierno entrante, promete darles un giro radical a las prácticas en la materia. Asegura que acabará con las deportaciones sistemáticas, el Plan Frontera Sur, así como la captura y el encarcelamiento de migrantes “como primera instancia”.
“El gran desafío del nuevo diseño de la política migratoria es trascender el concepto de contención y consolidar el concepto de derechos humanos y de desarrollo (…), sacar la movilidad de las personas del mapa de la seguridad nacional”, dice el sociólogo entrevistado por Proceso.
–¿No habrá más redadas en las vías del tren? ¿No más operativos nocturnos o en los autobuses en los estados del sur?
–No. Cuando hablamos del respeto a las personas, a los derechos humanos y a su cuidado, hay prácticas que no pueden estar en el escenario del INM. En general, todo esto que se llama operativos debemos cambiarlo sustancialmente.
–¿No sólo cambiarle el nombre?
–No sólo el nombre, sustancialmente.
Plantea que, “en el corto plazo”, el gobierno entrante adoptará medidas para que las personas “tengan las opciones para moverse en México de manera formal… No sería el concepto de garantizar un paso seguro, porque se presta a todas las malas interpretaciones del mundo. Es, más bien, formalizar la presencia (de las personas migrantes) de tal manera que todos los canales de movilidad los puedan tener accesibles”.
El académico afirma que “la política mexicana de los últimos años estuvo concentrada en la detención y la deportación”, y tuvo su “clímax” el pasado 19 de octubre, cuando agentes de la Policía Federal rociaron con gases lacrimógenos a miles de personas aglutinadas en el puente fronterizo entre Guatemala y México para impedir que ingresaran a este país.
“Fue la punta más explícita de un posicionamiento de fuerza del gobierno mexicano frente a una migración que huye de condiciones conocidas por todos… Tengo la convicción de que ese enfoque se modificará rápidamente”, dice.
Para su futuro titular, el INM “ideal” es la antítesis del actual: además de abandonar métodos represivos y de darles refugio a niños y adolescentes, promete que las autoridades migratorias operarán de manera transparente y cesarán las acciones hostiles hacia organizaciones y albergues:
“La sociedad civil ha sido la instancia más relevante en la atención de las necesidades vitales de las personas en tránsito. Estas iniciativas merecen el mayor reconocimiento y agradecimiento. No podemos trabajar como partes confrontadas”.
Por esa razón, abunda, la política de Estado de AMLO en la materia se articulará alrededor del respeto a los derechos humanos y de proyectos de cooperación y desarrollo con Honduras, El Salvador y Guatemala, que México encabezará como “líder moral” y con valores de solidaridad idénticos a los que tuvo “en los setenta y ochenta”.
Congruencia
Que México no violente a los migrantes en tránsito por su territorio parte de un principio de “congruencia”, señala Guillén López. Explica: “Por ley, México tiene el compromiso de tratar a la migración de cualquier país, pero especialmente la que viene en estas condiciones materiales, de manera similar a la que quisiéramos que traten a los mexicanos en Estados Unidos”.
Señala que “el gran tema va a ser la frontera con Estados Unidos”, ya que el gobierno de Donald Trump “va a tener que modificar su actitud en términos de fantasmas, y más en términos de realidades”.
Añade: “Habrá que tener otro diálogo. Estados Unidos deberá reconocer que es parte de su responsabilidad, no sólo como espacio de refugio, sino parte de su responsabilidad de largo tiempo, de sus intervenciones en Centroamérica, de haber demandado fuerza de trabajo durante mucho tiempo, así como de haber metido la mano en la política y el poder en Centroamérica. Ojalá y el cambio político en Estados Unidos revierta estas posiciones imperialistas”.
–¿Pero y si no?
– Y si no, seguiremos en problemas –dice, y suelta una carcajada.
Ya serio, dice: “Ojalá. Porque una solución civilizada y de largo plazo supone a Estados Unidos en un horizonte de otro nivel en su calidad internacional”.
El pasado 29 de octubre, cuando la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó a Guillén como comisionado del INM lopezobradorista, afirmó que “los migrantes y la política migratoria deben ser sujetos plenos de derecho, no serán criminalizados, estigmatizados ni perseguidos, y este equipo honrará esta encomienda”.
El perfil de Guillén: doctor en sociología por El Colegio de México y durante los últimos cinco años presidente de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) en Tijuana, contrasta con los perfiles policiacos de Gerardo Elías García Benavente y Ardelio Vargas Fosado, los dos comisionados que dirigieron el INM durante el sexenio de Peña Nieto.
Estos últimos pertenecieron al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y le dieron al tema migratorio un enfoque represivo con el pretexto de la seguridad nacional. En sus gestiones, el INM rebasó a las autoridades de Estados Unidos en centroamericanos deportados: fueron 658 mil, entre ellos 136 mil menores.
Gran parte de esta política se generó en el marco del Plan Frontera Sur, que el presidente Enrique Peña Nieto lanzó en verano de 2014, semanas después que Washington activara un plan de emergencia ante la llegada de miles de niños migrantes no acompañados a su territorio.
Diseñado por la Secretaría de Marina, dicho plan incrementó las redadas contra los migrantes en los estados fronterizos y sobre todo en los alrededores del trayecto del tren de carga conocido como La Bestia, donde se llevaron a cabo 6 mil 880 operativos en tres años. En el primero, los albergues ubicados en la ruta migratoria reportaron un incremento de 85% en las agresiones de las autoridades contra migrantes.
–¿Continuará con el Plan Frontera Sur?, se le pregunta a Guillén.
–No. El Plan Frontera Sur no está ni bien escrito. En los hechos ha sido un programa de contención y deportación (…) Fue toda una infraestructura de contención migratoria, de fortalecimiento de la frontera en el sentido de barreras, de obstáculos; pero también ineficaz.
“El punto de llegada ideal, que estamos dibujando, es tener la mayor formalización posible del cruce de la frontera sur y reducir al mínimo los espacios de movimientos clandestinos. Tenemos que movernos de esta práctica de supervisión, de vigilancia cuasi policiaco, que al final de cuentas no resuelve nada y genera tensiones”.
Sombra de Washington
En febrero de 2016 el gobierno estadunidense había erogado 15 millones de dólares de la Iniciativa Mérida que fueron usados para financiar el Plan Frontera Sur, y planeaba invertir 75 millones más.
Trump negoció con el gobierno de Peña Nieto para profundizar el papel de México como filtro migratorio de Estados Unidos o “Tercer País Seguro”, a fin de que los solicitantes de asilo harían su trámite desde aquí, y ofreció 20 millones de dólares para contribuir a los gastos de deportación del INM (Proceso 2168).
–¿Considera que México está aplicando la política migratoria de Estados Unidos? –se le plantea a Guillén López.
–No lo podría asegurar, porque sería demostrar que hay un acuerdo que no conocemos y que es, además, subordinado. No lo creo, porque también tenemos nuestras propias inercias de contención (…) A propósito de la caravana, no han faltado dos, tres, 10, que plantearon asuntos xenofóbicos o racistas.
Sin embargo, reconoce que entre los gobiernos de Peña Nieto y de Trump “debe de haber mucha comunicación” en materia migratoria, pero en el próximo gobierno será distinto:
“Todos estos acuerdos y esas formas de diálogo, ese diagnóstico que se hace de la problemática, deberá cambiar de piso. Un ejemplo muy clarito está en el discurso de Trump, cuando dijo que venían criminales, gente mala y hasta infiltrados de Medio Oriente. ¿Cuál fue la política que derivó de esto? Censuró y le quitó el costo humano al drama que se está viviendo aquí. Entonces pudo llamar al ejército de Estados Unidos a la frontera para nada, o llenar de púas debajo de los puentes.
“Estas políticas de contención no han resuelto el tema. Los flujos los hemos tenido de manera más intensa en la última década; se han agudizado y estamos en un punto límite, están creciendo”.
Al preguntarle si, cuando esté al frente el INM, permitirá el ingreso de agentes estadunidenses a los centros de detención migratoria y las garitas mexicanas esparcidas en la región fronteriza, Guillén ya no es contundente: “Es parte de las revisiones que tendremos que hacer. El INM tiene responsabilidades que son propias y me encantaría más permitir el acceso a medios de comunicación a los centros de detención”.
–¿Cree que reciba presiones directas de agencias de Estados Unidos?
–Ninguna. Diálogos, podemos tener todos los que sean necesarios, pero presiones… yo creo que no sería una palabra adecuada para dialogar.
“Las caravanas son una expresión pequeña de la movilidad de escala mucho mayor que viene de Centroamérica. Cada año hay estimados de 200 mil personas o poco más que vienen de esa región. Solamente de Honduras puede haber entre 50 y 60 mil algunos años”.
El futuro titular del INM reconoce que la decisión de los migrantes de viajar en caravana es un “mecanismo de defensa” y además un “recurso político” para mejorar las condiciones de su trayecto hacia la frontera norte de México. Cuando lo hacen solos y clandestinamente, dice, se enfrentan a “riesgos de todo tipo”, como los grupos del crimen organizado, la autoridad mexicana que detiene y deporta a nueve de cada 10, y algunos policías o agentes del INM que los extorsionan.
Según la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), una de cada cuatro de las 3 mil 177 agresiones reportadas en 2017 contra migrantes (ocho veces más que en 2013) fueron perpetradas por agentes del Estado, y en 15% de ellas fueron señalados como responsables agentes del INM.
Por eso, el sociólogo aspira a dirigir una institución “sin quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni denuncias por corrupción”.
Durante el sexenio que termina, el INM formó parte de las 10 instituciones más señaladas por la CNDH. En 2017 el ombudsman recibió 582 quejas relativas al instituto y le dirigió 16 recomendaciones. En la más reciente, emitida el pasado 30 de abril, la comisión documentó actos de tortura realizados por agentes migratorios y guardias privados contra un hondureño en Tijuana, a quien le fracturaron una costilla y la nariz, además de mantenerlo incomunicado tres días.
Revertir tales métodos brutales, abunda Guillén, implicará una revisión del personal a través de exámenes de confianza y capacitación, entre otros, así como de los procedimientos aplicados, a fin de reducir los “espacios de discrecionalidad” de los agentes en el terreno.
Pero insiste: los abusos contra los migrantes son producto de la “visión de seguridad nacional” con que los gobiernos anteriores abordaron el fenómeno migratorio, y que la administración entrante “abandona”.
