Tantas décadas del uso faccioso de las leyes para favorecer los intereses de un pequeño grupo, autoritario y neoliberal, nos han acostumbrado a desconfiar de las resoluciones judiciales. Este sano “sospechosismo” (Santiago Creel dixit) es aún más arraigado en materia electoral. La disputa descarnada por el poder político somete a los magistrados electorales a presiones particularmente fuertes.
Muchas veces las sentencias de los tribunales electorales son francamente aberrantes. Algunos casos recientes incluyen, por ejemplo, el otorgamiento del registro como candidato presidencial a Jaime Rodríguez Calderón, a pesar de que a todas luces incumplía con los requisitos, así como los rebuscados intentos de parte de tribunales electorales locales de desaparecer diputados plurinominales de Morena.
En semanas recientes, sin embargo, diferentes salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han dado claras muestras de sus convicciones democráticas. Específicamente, en cuatro casos recientes los magistrados han resistido las presiones antidemocráticas y prefirieron emitir fallos ejemplares.
En primer lugar, la Sala Superior del TEPJF revocó la multa del Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena por supuestamente triangular recursos de campaña por medio del fideicomiso Por los Demás. Como ya hemos analizado en otros espacios (véase https://bit.ly/2DITjzI), esta multa de 197 millones de pesos se basó en una utilización facciosa de la ley con un evidente fin revanchista en contra de Andrés Manuel López Obrador. Tal y como los magistrados federales señalan en su sentencia, el INE jamás presentó evidencia alguna que demostrara que los recursos del fideicomiso se hubieran utilizado con algún fin partidista o electoral.
La multa impulsada por los consejeros electorales Ciro Murayama y Marco Baños se basó en meras especulaciones. El simple hecho de que López Obrador hubiera hecho un llamado público para que militantes de Morena y la ciudadanía en general hicieran aportaciones a favor de la reconstrucción de viviendas después del terremoto, de ninguna manera implica que los recursos manejados por el fideicomiso Por los Demás hayan sido utilizados para las campañas electorales.
El origen y el destino de los recursos son dos temas distintos. El INE tendría que haber investigado a fondo y demostrado el uso electoral de los recursos antes de aplicar la multa correspondiente. La revocación por el TEPJF de la sanción del INE fue un acto necesario de justicia.
Un segundo caso clave son las decisiones de las Salas Regionales del TEPJF, con sedes en la Ciudad de México y en Toluca, de rectificar la distribución de diputados plurinominales en Guerrero y el Estado de México. Tal y como hemos expuesto en otra parte (véase https://bit.ly/2OgDrbp), en ambos estados los tribunales electorales locales al servicio del PRI y el PRD recurrieron a disparates jurídicos y aberraciones interpretativas con el fin de eliminar la mayor cantidad de diputaciones plurinominales posibles a Morena. Fue evidente la “operación política” de parte de los gobernadores Alfredo Del Mazo y Héctor Astudillo con el propósito de evitar una presencia mayoritaria de la oposición democrática en sus congresos locales respectivos.
Sin embargo, las Salas Regionales del TEPJF demostraron una notable independencia de estas presiones al revocar las sentencias locales y recomponer la asignación de los diputados plurinominales correspondientes de acuerdo con una metodología que respeta fielmente las reglas y los principios en la materia.
Un tercer caso reciente fue la decisión de la Sala Superior del TEPJF de ordenar un recuento total de la votación para la elección del gobernador en Puebla. Frente al estrecho margen entre el primero y el segundo lugar de menos de 5%, las evidencias con respecto a la posible comisión de un fraude mayúsculo en aquel estado y el caótico desaseo del Instituto Electoral del Estado de Puebla a la hora de contar, recontar y reportar los resultados de la elección, los magistrados federales ordenaron un proceso de limpieza general del escrutinio y cómputo de la elección.
Si bien todavía queda pendiente la resolución respecto de la nulidad o la validez de la elección en su conjunto, la decisión de recontar todas las boletas, aún en las casillas donde no hubiera irregularidades aparentes, envía una clara señal en contra de la impunidad en materia electoral. Esta es precisamente la decisión que no quisieron tomar los magistrados electorales en 2006, frente al reclamo generalizado de la población a favor del “voto por voto” en la contienda entre Felipe Calderón y López Obrador.
Finalmente, un cuarto caso positivo es la decisión de la Sala Regional de la Ciudad de México del TEPJF de anular la elección para alcalde de Coyoacán. Esta elección fue a todas luces irregular, incluyendo el ejercicio de presión sobre los beneficiarios de los programas sociales, la descarada compra del voto y el ejercicio constante de intimidación psicológica y violencia política de género en contra de la candidata de Morena, María Rojo.
La mafia política de Coyoacán, encabezada por el exdelegado Mauricio Toledo, hizo todo lo posible por cerrarle el paso a Morena en una demarcación que considera propiedad personal. Tienen miedo de que una alternancia podría destapar la cloaca de la corrupción que desde hace una década corroe esa delegación, ahora alcaldía.
Siempre habrá actores políticos corruptos que le apuestan al fraude y la manipulación electoral. Tal como señalamos en la presentación del informe Claroscuros del proceso electoral de 2018, elaborado por el proyecto universitario Diálogos por la Democracia (https://dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/informe/), quedan muchos pendientes todavía para establecer auténticos procesos democráticos.
Pero lo más grave es cuando las mismas instituciones electorales solapan y apoyan directamente a los fraudulentos. Y estas cuatro decisiones recientes dan esperanza de que posiblemente el derecho electoral mexicano finalmente esté empezando a recuperar su vocación constitucional de defender la democracia y ponerse al servicio de la ciudadanía.
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