El movimiento estudiantil de 1968 concitó la atención global. Gobiernos de todo el mundo estuvieron pendientes del desarrollo del conflicto, en parte porque temían por la seguridad de sus atletas enviados a los Juegos Olímpicos. Diversas embajadas reportaban regularmente lo que sucedía en la capital mexicana: marchas, represión… y muertes. Cables desclasificados de las cancillerías de Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, Bélgica y la República Federal de Alemania –consultados por Proceso–, dan cuenta de las visiones de los embajadores, que si bien condenaron la represión y señalaron la incapacidad del gobierno para operar políticamente, no pudieron sustraerse de la versión oficial: los estudiantes eran manipulados por “agentes externos” (los comunistas eran el blanco favorito) y la matanza de Tlatelolco fue “una batalla” desatada por francotiradores que dispararon primero contra los militares.
Si el parámetro fuera el número de informes de inteligencia que en 1968 enviaron las agencias estadunidenses sobre el movimiento estudiantil y la matanza de Tlatelolco, el gobierno de Lyndon B. Johnson debió haber estado bien enterado de lo que ocurría en México. Pero no fue así, porque en su mayoría eran superficiales, confusos, contradictorios, frecuentemente inexactos y no pocas veces tendenciosos a partir de la versión oficial del gobierno mexicano y la paranoia anticomunista del estadunidense.
Tanto así, que en una carta confidencial del 11 de octubre el Departamento de Estado reclamó a la embajada de Estados Unidos en México que “sus reportes sobre los acontecimientos… no se compaginan adecuadamente con los informes de prensa y de inteligencia”. Y el 14 de octubre, en un telegrama secreto, le exigió un “análisis profundo” sobre las causas de la agitación estudiantil y otros disturbios: “Se requiere y urge un riguroso análisis intelectual de esta naturaleza”.
Aparte de la embajada, eran cuatro los integrantes de la “comunidad de inteligencia” de Estados Unidos que reportaban a su gobierno: la Oficina de Inteligencia e Investigación (INR), la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Cada uno reportaba sobre sus áreas de competencia, pero también sobre asuntos generales, que eran donde saltaban las divergencias.
En su libro El 68. Los estudiantes, el presidente y la CIA, Sergio Aguayo, investigador de El Colegio de México, cuenta por ejemplo la estrecha relación entre el jefe de la estación de la CIA en México, Winston Scott, y los expresidentes Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, quienes ingresaron a la nómina de la agencia junto con otros 11 funcionarios del área de seguridad, en un programa de agentes secretos identificados con el nombre común de Litempo.
“La Dirección Federal de Seguridad (DFS) ayudaba a Estados Unidos a vigilar y controlar a cubanos, soviéticos y exiliados y estadunidenses desencantados que pasaban por México; y la CIA correspondía informando cada día al presidente sobre lo que hacían los enemigos del régimen”, escribe Aguayo.
En este contexto Scott, quien se quedó más tiempo del usual en México (1958-1969) y compartía el fervor anticomunista de Díaz Ordaz, ayudó al gobierno mexicano a construir el relato de que el movimiento estudiantil del 68 era en realidad “parte de una conspiración internacional armada por soviéticos y cubanos”. Y sobre esta base convalidó la versión oficial de los hechos ocurridos la noche del 2 de octubre en Tlatelolco.
En un cable confidencial enviado en los primeros minutos del 3 de octubre, la Estación de la CIA en México expone que “los primeros disparos fueron realizados por estudiantes que habían asumido posiciones en la terraza del edificio Chihuahua… Muchos de ellos estaban armados y algunos con armas automáticas. Las tropas del ejército que después ingresaron a este edificio descubrieron una gran cantidad de armas y municiones”.
Según la agencia, los soldados sólo habrían respondido al fuego de los estudiantes, por lo que subestima las bajas, aunque reconoce la presencia de francotiradores. “Las víctimas de la noche y primeras horas de la madrugada incluyen 24 civiles muertos y 137 heridos, muchos de ellos estudiantes… también hubo bajas entre los soldados, porque estuvieron expuestos al fuego de francotiradores apostados en los pisos altos de edificios adyacentes”.
Aguayo rememora que, según fuentes de la embajada estadunidense, “Scott presentó 15 versiones diferentes y a veces contradictorias sobre lo ocurrido en Tlatelolco”. Sin embargo, alarmado por la supuesta presencia de armamento soviético, el entonces Consejero de Seguridad Nacional, Walt Rostow, pidió al jefe de la CIA en México que se lo confirmara. No pudo hacerlo. Tampoco tenía “evidencia concluyente” sobre la presencia de extranjeros ni la “verificación” de unos rifles con los números de serie supuestamente borrados. En los primeros meses de 1969, Scott fue finalmente relevado de su cargo.
Todos estos vaivenes pueden seguirse a través de los documentos confidenciales o secretos de los servicios de inteligencia estadunidenses arriba mencionados, desclasificados total o parcialmente a solicitud del National Security Archive (NSA, https://nsarchive.gwu.edu), una organización civil con sede en Washington que invocó para ello la Freedom of Information Act.
Archivos medianamente abiertos
El NSA empezó a trabajar sobre el movimiento estudiantil del 68 y la masacre de Tlatelolco en 1994, y publicó sus primeras pesquisas en 1998.
Luego, en 2003, la directora del Proyecto México del NSA, Kate Doyle, presentó un expediente mucho más completo, que compartió con Proceso a través de la serie Archivos Abiertos. Finalmente, en marzo de este año se liberó un paquete adicional con 11 archivos de la CIA.
Cuenta Doyle que para estos últimos la solicitud se presentó en 2008. En 2012 la CIA desclasificó algunos documentos, pero todavía muy censurados; y en 2013 unos cuantos más. Entonces se promovió un segundo amparo ante una entidad especial, el Interagency Security Classification Appeals Panel, que tardó otros cuatro años en emitir su fallo.
Diez años en total para una serie de “cables de información de inteligencia” de la CIA, muchos todavía con tachaduras, que en sí no revelan nada nuevo, ya que se basan en su mayoría en despachos de prensa, documentos públicos y acontecimientos que se dieron a la vista de todos. Es más, sobre la trágica noche del 2 de octubre no dicen nada, ya que las fechas saltan del 11 de septiembre al 14 de octubre.
En todo caso lo que puede resultar interesante es que no sólo se dio seguimiento a las movilizaciones estudiantiles en la Ciudad de México, sino también a otras en estados como Puebla o Veracruz. También se destacan las pugnas entre moderados y radicales, universitarios y politécnicos, y las “juventudes comunistas” por volver a clases o seguir con la huelga y hacer crecer la lucha con más demandas sociales y a un nivel nacional.
En el afán por vincular a los estudiantes con cubanos y soviéticos se dan algunos reportes singulares. Por ejemplo, que los veracruzanos no sabían organizar manifestaciones y el consulado cubano en el puerto les aconsejó realizar un mitin sorpresa frente al palacio de gobierno estatal. Que el padre del Che Guevara le envió una carta al Consejo Nacional de Huelga, felicitando a sus líderes y a los estudiantes, y exhortándolos a continuar la lucha. O que estudiantes del IPN pidieron películas comerciales a la embajada soviética, para transmitirlas y reunir dinero para el movimiento.
Como para contrarrestar, en un punto se cita a un “ciudadano mayor”, cuya opinión coincidiría con sectores de las clases medias y altas en cuanto a que los alegatos del gobierno sobre la influencia comunista en la agitación estudiantil eran un simple “arenque rojo” (una pista falsa), y que obedecían a una insatisfacción mucho más profunda y extendida entre la población.
En un afán de análisis, el informe consigna que “las demandas públicas de los estudiantes ni siquiera expresan las verdaderas exigencias del momento. La gente ha perdido la confianza en el gobierno y en sus líderes. La demanda no expresada es por un sistema de gobierno más honesto, más representativo y más receptivo”. Y “el actual gobierno de México es deshonesto desde la cúpula hasta la base”.
En este contexto, “la izquierda sólo está explotando el descontento. Y la razón por la que el público en general no se expresa más abiertamente ni apoya a los estudiantes, es porque la mayoría está atada a un sistema clientelar y siente que no puede dejarse identificar hasta que tenga una oportunidad segura de cambiar las cosas”.
Coincidentemente, en un memorándum confidencial de la embajada de Estados Unidos del 23 de septiembre de 1968 se asienta un comentario similar del rector de El Colegio de México, cuyo edificio había sido ametrallado unos días antes. Víctor L. Urquidi atribuyó la agitación estudiantil a las pobres condiciones sociales del país y criticó duramente al gobierno. Sus declaraciones fueron calificadas como “cándidas y sorprendentes”, aunque el documento reconoce que “reflejan claramente el ánimo que cunde entre la comunidad académica”.
En la introducción de los documentos presentados en 2003, Doyle plantea que reportar durante la crisis desde la embajada era confuso, “probablemente porque sus funcionarios eran más cercanos que los de otras agencias estadunidenses a la clase política mexicana y tendían a creer su propaganda”. En consecuencia, adoptaron la versión de que las protestas estudiantiles estaban inspiradas por comunistas de línea dura, y que tenían vínculos con Moscú y La Habana. Además una de sus principales fuentes de información era Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación y encargado de frenar a los estudiantes.
Algo similar ocurría con la CIA, que si bien además de las fuentes gubernamentales recababa información de inteligencia sobre el terreno, “poco hacía para analizarla y poner los hechos en contexto”, de modo que con frecuencia ésta parecía contradictoria. Un tanto más concretos eran los informes de la DIA y el FBI, tal vez porque se centraban en sus respectivas áreas de seguridad; y la que intentaba un enfoque más analítico era la INR, del Departamento de Estado.
Tlatelolco
Pero en general, todos estos miembros de la “comunidad de inteligencia” estadunidense cojeaban del mismo pie. Se basaban en lo evidente, pero sin hacer un correlato ni ahondar en sus causas y consecuencias. Y probablemente lo que mejor lo ilustre es lo que informaron sobre Tlatelolco.
La embajada estadunidense calificó los hechos como “los más graves desde que se iniciaron las protestas estudiantiles”, pero básicamente se sumó a la explicación oficial y de la CIA. Aunque dijo no tener información de cómo los francotiradores se situaron en los edificios, consideró que “el hecho de que pudieran ocupar posiciones (y aparentemente emboscar al Ejército), debiera ser obvio incluso para los opositores, y diluir el contraargumento de que el gobierno provocó los hechos”.
Aunque como ya se dijo después pidió un análisis más profundo, en una primera instancia el Departamento de Estado calificó la violencia del 2 de octubre como “resultado de una provocación por parte de estudiantes extremistas y una sobrerreacción de las fuerzas de seguridad”. Y atribuyó el estallido a una confusión entre el Ejército y fuerzas de seguridad”, aunque “otros implican a un grupo trosquista no identificado, denominado ‘Brigada Olimpia’”.
Una semana después, el INR analizó que “si bien el gobierno ha buscado acusar a los comunistas de estar detrás de los desórdenes… no parece darse cuenta de que los extremistas, aun con la ayuda de elementos extranjeros, difícilmente podrían haber sostenido la agitación durante un periodo tan largo, si la insatisfacción de los estudiantes no estuviera tan extendida y arraigada”. De todos modos, aconsejó a los funcionarios estadunidenses “evitar dar la impresión de que Washington no tiene confianza en el régimen [mexicano]”.
La CIA, como también ya se consignó, fue la que más cabalmente asumió la versión oficial. Todavía un mes después, el 1 de noviembre, sugería que la “nueva izquierda (los estudiantes extremistas) busca prolongar la agitación y continuar sus provocaciones contra el gobierno mexicano”. Y adelantaba que en caso de que fracasaran las prácticas conciliatorias, ya se preparaban dos unidades militares de mil 500 hombres.
El informe de la DIA ni siquiera aborda el 2 de octubre, pero después retoma la formación de estas dos unidades militares especiales y habla también de la “Brigada Olimpia”. En un cable del 23 de octubre, informa que el general José Hernández Toledo, herido en Tlatelolco, se recupera en el Hospital Militar. Y agrega que el Ejército mexicano tiene detenidos a 18 extranjeros (incluidos varios cubanos) en el Campo Militar Número 1.
Por lo que toca al FBI, envió un confuso informe en el que acusaba a un “grupo de choque de extremistas de izquierda”, de haber comenzado el tiroteo, y calculó que unas 200 personas habrían resultado muertas o mortalmente heridas en Tlatelolco.
Pero sus preocupaciones se centraban en “elementos subversivos de Estados Unidos” que podrían viajar a México para participar en las protestas estudiantiles, perturbar los Juegos Olímpicos y hacer labores de espionaje. Concretamente le preocupaba que pudiera haber expresiones del “black power”.
Pese a que al final todas las agencias coincidieron en que la represión había afectado de alguna manera la imagen del gobierno mexicano, ninguna consideró que esto pusiera en riesgo su estabilidad. Cuando el secretario de Estado, Dean Rusk, rindió un informe sobre México al presidente Johnson, ante su próxima visita a Díaz Ordaz en 1969, le aseguró que éste “mantiene un firme control sobre su gobierno y continúa disfrutando de un gran apoyo”.
