Está por comenzar a circular el libro ¿Cómo nos arreglamos?, escrito por quien fuera fiscal anticorrupción de Nuevo León –el primero en el país–, Ernesto Canales. En la obra y en entrevista con Proceso, el exfuncionario narra todas las trabas que se le pusieron a su trabajo en aquel estado y cómo se le impidió fincarle cargos al exgobernador Rodrigo Medina, pese a que había descubierto toda la trama de corrupción armada por el político priista y su padre. Y abunda en el sinsentido de un Sistema Nacional Anticorrupción que, sostiene, sólo servirá de “salvoconducto” para funcionarios deshonestos.
MONTERREY, NL.- Ernesto Canales, exfiscal anticorrupción de Nuevo León, denuncia en un libro que el sistema nacional en la materia es una farsa, pues la supuesta independencia que busca obtener sólo sirve para someter al titular del puesto a los partidos políticos, que son los que lo designan por medio de sus diputados.
En ¿Cómo nos arreglamos? Testimonio del primer fiscal anticorrupción en México (Grijalbo, 2018), su primer libro, Canales Santos no se guardó nada; desde Nuevo León, donde ocupó el puesto poco más de dos años, denuncia cómo el Sistema Nacional Anticorrupción, contrario a su propósito, se ha convertido en un “salvoconducto” para los funcionarios deshonestos.
En su obra, de próxima aparición, el ahora designado subprocurador de transición en la entidad señala cómo su esfuerzo para procesar a Rodrigo Medina fue saboteado desde el interior del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, que no pudo conseguir que los funcionarios del primer nivel entregaran a la Fiscalía investigadora información clave para someter a juicio al priista, que es retratado aquí casi como un cleptómano.
Luego de reconocer que no será él quien lleve a prisión a Medina, señala que la Operación Tornado, que dio origen a la macroinvestigación contra decenas de funcionarios del anterior sexenio nuevoleonés, estuvo bien integrada, pero no tuvo funcionamiento óptimo debido a que la Fiscalía Anticorrupción carecía de peritos que dieran seguimiento a las indagatorias.
Al relatar la trama de corrupción que hubo en el sexenio pasado en el estado, también hace un señalamiento inquietante al exdirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, que habría otorgado una millonaria obra a constructores allegados al exgobernador, favor por el que recibió, a cambio, la concesión de decenas de taxis en Nuevo León.
Canales actualmente se desempeña como subprocurador anticorrupción de transición y sabe que la publicación de este libro le puede costar el trabajo, pues al hacer las revelaciones sobre las investigaciones puede ser cuestionado sobre su imparcialidad.
“Voy a seguir (en la Subprocuraduría) si me dejan. A lo mejor con la publicación del libro ya piensan que tengo algún impedimento para hacerlo, del tipo de conflicto de intereses, no sé”, señala.
Esperanza y frustración
Canales Santos ocupa actualmente la Unidad de Transición de la Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León. Su trabajo es desahogar los expedientes que quedan de funcionarios que fueron vinculados en su gestión. Ahora que ha sido sustituido por un nuevo fiscal anticorrupción, designado por el Congreso local, sólo espera sacar adelante el trabajo antes de entregar el puesto.
En el libro explica que en sus orígenes profesionales era un abogado que se desempeñaba en la iniciativa privada y trabajaba como activista en el organismo Renace, que fundó para combatir las injusticias del sistema penal.
En 2015, cuando Jaime Rodríguez ganó la gubernatura de Nuevo León, fue invitado por Fernando Elizondo a formar parte del primer gobierno independiente en la historia partidista de México. Aunque inicialmente le ofrecieron la Procuraduría estatal, finalmente aceptó asumir el puesto de subprocurador anticorrupción.
En su libro señala que aceptó porque quería poner en práctica los juicios orales y el recientemente creado sistema de justicia penal acusatorio, que él había impulsado.
Sin embargo, al entrar al servicio público la realidad le mostró su rostro más decepcionante. Entendió que el Sistema Nacional Anticorrupción, que avanzó por los escándalos en los que se involucró el presidente Enrique Peña Nieto, resultó ser un fiasco y un contrasentido, pues durante los cinco años que duró su instrumentación no se llevó a cabo ninguna acción para combatir el delito.
Escribe Canales: “La creación del Sistema Nacional Anticorrupción fue un salvoconducto para que continuara la impunidad. Esta ironía llegó a niveles épicos, pues los expertos centraron la discusión en quién debería designar al fiscal y no se percataron de que la solución era otorgarle independencia a éste.
“No es posible documentar la manipulación de la cúpula del poder, pero el hecho es que cinco años después de haber sido creado, el Sistema Nacional Anticorrupción no ha tenido ninguna consecuencia significativa en la lucha anticorrupción a nivel nacional. Todo lo contrario, el color de la casa presidencial fue un preludio del que sería todo el sexenio de Peña Nieto en este tema: ¡Se fue en blanco!”
En Nuevo León, ya instalado como el zar anticorrupción, Canales enfrentaba una enorme presión social y mediática, pues El Bronco había prometido en campaña encarcelar a Medina y a sus funcionarios corruptos.
Hubo varias reuniones en las que pidió a los funcionarios de primer nivel del gobierno estatal que le proporcionaran información sobre las gestiones del sexenio de Medina. Pero ni el mandatario pudo contra la indiferencia de sus subordinados. El subprocurador señala que fue engañado por el secretario de Obras Públicas, Humberto Torres Padilla, y por el de Finanzas y Tesorería, Carlos Garza.
Sobre la oficina encargada de crear infraestructura dice Canales: “¿Qué tanto estaba encubriendo este secretario o qué tanto no apreciaba la labor de la fiscalía? Aunque el gobernador lo ordenara y el secretario asintiera en las reuniones, después nos enfrentábamos con su desinterés”.
Sobre la Tesorería, precisa: “ Aunque es de ayuda, la confianza no puede romper todas las barreras e inercias, como, por ejemplo, las de la Tesorería que nunca nos facilitó, ni dosificadas, sus armas de investigación fiscal y financiera, por temor, decían, a represalias de Hacienda federal”.
De cualquier manera, Canales dio a conocer el 3 de junio de 2016 la Operación Tornado, con la que se pretendía procesar a decenas de funcionarios que, en esa primera etapa, eran acusados de desviar unos 3 mil 600 millones de pesos del erario.
El pez gordo era el gobernador Medina de la Cruz. Y junto a él, como artífice del entramado de la corrupción, era señalado su padre, Humberto Medina Ainslie, quien, se sabía en la localidad, era el encargado de asignar toda la obra pública del gobierno de su hijo.
Relata Canales en el libro: “La corrupción corría por camino doble: uno dominado por el equipo de Medina y el otro por su padre. Era verdad lo que se decía en la calle: las personas encargadas de las áreas de compras y finanzas obedecían en los hechos al padre del gobernador y no a los titulares de las dependencias”.
Considera uno de sus grandes éxitos haber encerrado en el penal de Topo Chico a Rodrigo Medina, aunque fuera unas horas, el 26 de enero de 2017, al vincularlo por los delitos de peculado y daño al erario, pues con ello le demostró a la ciudadanía que los corruptos de más alto nivel sí pueden pisar la cárcel. Sin embargo, luego de que fuera liberado por un amparo amañado, los esfuerzos posteriores para procesarlo fueron tortuosos y decepcionantes, al grado de que provocaron que estuviera a punto de renunciar al puesto.
Además del bloqueo en el gabinete del Bronco, el subprocurador anticorrupción se enfrentó con un laberinto burocrático que terminó por derrotarlo. Como ejemplo señala, de nuevo, al tesorero Garza Ibarra, al que no menciona en todo el libro por su nombre.
“Nunca conseguimos que ejerciera su facultad de auditoría para investigar a los contratistas señalados. La Tesorería llegó al extremo de no aprobar fondos para que la fiscalía contratara expertos recolectores de estos datos de fuentes públicas. Lo peor era que tampoco se negaban definitivamente. Me traían como al tonto del pueblo”, reconoce.
La derrota
La creación del Sistema Nacional Anticorrupción dio pie en Nuevo León a que los diputados de la pasada Legislatura local apuraran la creación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que, según señala, fue un fraude, pues pretendía darle autonomía al quitarle al gobernador la facultad de nombrar al fiscal general y a los titulares del combate a los delitos de corrupción y electorales.
Sin embargo, esta iniciativa, que fue respaldada de buena fe pero con ingenuidad por organismos privados, permitió que fueran los legisladores locales del PRI y del PAN quienes eligieran al comité seleccionador, que fue el que filtró los nombres de los elegidos.
De esta manera fue nombrado fiscal general Gustavo Guerrero, que había sido presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado en tiempos de Rodrigo Medina.
“Por si quedara cualquier duda acerca de las intenciones de los diputados, éstos designan al exmagistrado Gustavo Guerrero como fiscal general del estado, quien ha controlado el Poder Judicial local como presidente del Tribunal Superior de Justicia por varios periodos.
“Es quien decidió el nombramiento de su actual presidente. Con esta formación definida ahora por el PRI, como partido mayoritario, ¿qué posibilidades reales hay de que los jueces y el fiscal vayan a actuar con independencia del interés partidista de proteger a Medina y socios?”, se queja Canales.
Lo mismo pasó con el nombrado fiscal anticorrupción, Javier Garza y Garza, que lo sustituyó. Este funcionario es hermano de Alejandro, que fue procurador de Justicia en el sexenio de Medina.
A esto se agrega que el defensor de Medina es su exprocurador, Javier Flores quien, según Canales Santos, tenía “estrechas relaciones” con los fiscales que perseguían al priista vinculado, pues había sido su jefe, una condición que revelaba un claro conflicto de interés.
Con los cambios provocados por el SEA y la llegada de un nuevo fiscal, los agentes ministeriales que llevaban casos de funcionarios corruptos fueron removidos, lo que significa que los entrantes empezarán de cero. Además, Garza y Garza determinó aplicar una “tregua electoral” durante las campañas pasadas, lo que inmovilizó los expedientes.
Antes de que Canales saliera, hubo numerosas audiencias que fueron postergadas “por los motivos más absurdos”, para esperar que entrara Garza al relevo.
Mientras observa cómo se consume su tiempo como efímero fiscal anticorrupción en Nuevo León, Canales deja a sus lectores una serie de preguntas que Medina de la Cruz no ha respondido:
“¿De quién es el departamento en Santa Fe que habita?, ¿de qué cuenta bancaria salen los pagos por el arrendamiento?, ¿quién le paga y cuánto a sus abogados Zínser, Flores y demás?, ¿cómo paga el avión privado cuando viaja a Monterrey para asistir a audiencias y entrevistas en la fiscalía y aterriza en Saltillo para que no se entere la prensa?
“¿Quién le paga a sus empleados domésticos, los mantenimientos de casas y el rancho?, ¿quién cubre las cuotas de las tarjetas de crédito?, ¿qué saldos tiene en sus cuentas bancarias?, ¿con qué dinero viaja al extranjero?, ¿quién paga las colegiaturas de sus hijos?”
En su relato, el todavía funcionario revira a Ochoa Reza. Al hacer referencia al Grupo Allende, que controlaba la construcción de obra pública en Nuevo León, en supuesto contubernio con el padre de Medina, Canales señala que a este grupo de empresarios la Comisión Federal de Electricidad le dio un contrato de millones de dólares para construir el gasoducto Texas-Monterrey. La obra fue otorgada pese a que la firma contratada carecía de antecedentes, experiencia y dimensiones.
Y señala Canales: “Más o menos al mismo tiempo, el gobierno de Medina otorgó permisos al líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, en aquel entonces director general de la CFE, por 60 taxis. ¿Por qué la CFE otorga la concesión del gasoducto a un grupo nuevo, relativamente pequeño y sin experiencia? (…) ¿Hubo sobreprecio en la cotización de este gasoducto? ¿Se canalizaron recursos federales a Medina mediante este contrato? ¿Será un repago por servicios del exgobernador o un depósito a ser devuelto? ¿Es intercambio por lo de los taxis? ¿Sabremos las respuestas?”
