Una ola de denuncias por irregularidades inundó los medios y los tribunales electorales durante la jornada electoral del pasado 1 de julio, durante el conteo de los votos y después de que las autoridades electorales de Puebla dieron como ganadora a la candidata de la coalición Por Puebla al Frente, Martha Érika Alonso. Aunque en principio se desecharon las quejas del morenista Miguel Barbosa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontró una gran cantidad de irregularidades que vulneraron la certeza de los comicios y ordenó un recuento total de los votos.
En un hecho calificado como “histórico” por la propia magistrada presidenta Janine Madeline Otálora Malassis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió por unanimidad un recuento total y nuevo cómputo de los votos en los 26 distritos de Puebla para la elección a gobernador, al documentar un “número de irregularidades tal que no permite tener certeza” sobre los resultados de los comicios del pasado 1 de julio en el estado.
La diferencia entre Martha Érika Alonso, la esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle, y el candidato de Morena, Barbosa Huerta, fue de 122 mil 36 votos, es decir, 4.04% de la votación, y los siete magistrados del TEPJF decidieron que era procedente el recuento total.
El recuento en las 7 mil 174 casillas se iniciará el 24 de septiembre y “puede prolongarse durante una semana”, admite la magistrada Otálora Malassis, en entrevista con Proceso sobre los alcances de esta decisión, que abren la posibilidad de anular los comicios para gobernador.
Barbosa Huerta celebró la “decisión histórica” del TEPJF, pero aclaró que “no tenemos confianza en lo que se vaya a encontrar”, ya que “todo el material que va a ser abierto y contado ha estado en manos de quienes han manipulado la elección”.
El exsenador afirmó ante medios de comunicación que “el recuento no garantiza toda la limpieza de la elección” porque “los pillos electorales fueron los mismos: el Instituto Electoral del Estado y los consejos distritales”.
El aspirante morenista indicó en su comunicado del 19 de septiembre que “la manipulación sobre el material electoral del Instituto Electoral del Estado y sus direcciones, así como de los consejos distritales electorales y los consejos municipales electorales, ha sido permanente, antes, durante y después de la jornada electoral, sosteniendo de nuestra parte que la certeza en los resultados y la cadena de custodia en el material está perdida”.
No mencionó nada sobre el juicio que interpuso para anular la elección, pero Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales (FEPADE) y asesor de Morena en el caso de Puebla, comentó a este semanario que la decisión del TEPJF “es una buena señal”.
“El problema es que, si lo que vimos en el hotel donde alteraron las actas estaba avanzado, los paquetes electorales deben estar alterados”, afirmó Nieto Castillo.
Sobre la violación del proceso de custodia y la anulación de los comicios a gobernador, la magistrada presidenta del TEPJF aclara que “corren por pistas separadas” y que, efectivamente, el recuento no significa automáticamente una anulación o una valoración sobre las dudas frente a la cadena de custodia de los paquetes electorales.
“El proceso de la anulación de la elección sigue en el Tribunal Electoral de Puebla y tienen hasta el 10 de octubre para resolver sobre este tema. El caso de la impugnación por la presunta violación de la cadena de custodia de los paquetes electorales aún está en el Tribunal de Puebla. El recuento total y estos dos temas corren por ‘pistas separadas’”, aclara.
Sin embargo, Otálora Malassis recuerda que hay un antecedente en el caso de Apizaco, Tlaxcala, donde en 2015 se anularon las elecciones municipales al acreditarse que se violó la cadena de custodia de los paquetes electorales.
–¿Cuál es el objetivo principal de un recuento total en el caso de la elección de Puebla? –se le pregunta a la presidenta del TEPJF.
–Lo fundamental es que tanto los ciudadanos como los actores políticos tengan la certeza de que sus votos fueron contados y se contaron bien. El valor más importante es la certeza. Cada partido va a tener un representante en cada una de las 60 mesas de conteo de los votos y podrán observar qué sucederá en este proceso.
–¿Por qué se decidió un recuento total?
–Porque las inconsistencias que tenemos en nuestros expedientes son tan graves que ameritaban un nuevo recuento.
La magistrada Otálora Malassis ejemplifica esas irregularidades: en los distritos 8 y 9, correspondientes a Huejotzingo y a la capital de Puebla, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue menor de 1%. En Huejotzingo fue de 0.17% y en la capital de 0.23%.
En Huauchinango de Degollado el acta señala que el recuento se llevará a cabo en 50 casillas y luego se afirmó que se llevó a cabo en 65, además de que los anexos son ilegibles. En el distrito 3 de Zacatlán “simplemente en el expediente no obra acta alguna”.
En los distritos 4 y 6 el acta remite a un anexo en el que se señalan las casillas recontadas, pero este anexo “no obra en el expediente”.
En el distrito 15 se crearon dos grupos de trabajo para hacer el recuento, “pero no se especifica en qué casillas se realizó, ya que se supone que están en un listado anexo que tampoco obra en el expediente”.
“Por eso –abunda la magistrada–, a partir de todas estas inconsistencias decidimos que el caso amerita de manera evidentemente excepcional, lo enfatizo, ordenar el recuento de todos los distritos electorales de Puebla.”
En la sesión del 19 de septiembre, donde se decidió el recuento total, la magistrada presidenta citó una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el valor de la certeza en materia electoral y argumentó:
“Esto significa que la preparación, la realización y calificación de las elecciones deben revestir una total convicción, generar una situación de absoluta confianza por parte de los actores políticos y sociales, a efectos de que no queden vacíos interpretativos y dudas, para que, finalmente, los votos emitidos produzcan un resultado convincente por ser veraz.
“La forma en cómo se asentaron los datos relativos a la votación no puede, en el caso de Puebla, generar convicción ni absoluta confianza entre los actores políticos y sociales de los resultados de la elección para gobernador y tampoco de manera alguna para la sociedad.”
La ponencia
del magistrado Vargas
El autor de la ponencia que ordenó el recuento total fue el magistrado José Luis Vargas Valdez, considerado como el más cercano al PRI. En su resolución afirmó que “estamos en presencia de un caso sui géneris, derivado de la inconsistencia en la actuación de los 26 consejos distritales, lo que justifica un análisis directo, a mi modo de ver, de las irregularidades en función de los principios constitucionales que debe observar toda elección”.
Mencionó tres tipos de inconsistencias: primero, en 13 distritos el total de casillas cuya votación se ordenó recontar no coincide con las que finalmente fueron recontadas; segundo, en nueve distritos no se especificaron las casillas recontadas ni sus resultados; tercero, en seis distritos electorales no se asentaron los resultados de las casillas que fueron objeto del recuento.
“Esto demuestra que las actas de cómputo contienen inconsistencias que no permiten tener certeza de los resultados”, indicó el magistrado.
Recordó que la ley electoral de Puebla establece los supuestos en que las autoridades jurisdiccionales deben ordenar el nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida. Aclaró: “Si bien es cierto que en la legislación estatal no se prevé expresamente un supuesto que ordene el recuento de votación por irregularidades en la actuación de las autoridades acontecidas durante los cómputos… el legislador regula los supuestos ordinarios y no extraordinarios.
“Esto es así porque sería ilógico exigir a los congresos prever todas aquellas circunstancias e hipótesis irregulares que puedan presentarse y que se haga depender de cuestiones de hecho, máxime cuando sean imputable a las autoridades.”
En entrevista con Televisa, el magistrado Vargas Valdez negó que su sentencia respondiera a las presiones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador: “Somos ajenos a estas cuestiones. ¿Cuál es el poderoso? Todavía está Peña Nieto en funciones, aún no entran al poder los nuevos partidos”.
El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera coincidió con el argumento del magistrado Vargas y afirmó que “no se sabe con exactitud cuál fue la totalidad de actas recontadas. Algunas de estas actas están incompletas o no constan en el expediente”.
Fuentes Barrera planteó que en el recuento, el cual se iniciará esta semana, “deben seguirse todos los protocolos de seguridad necesarios a efecto de garantizar y proteger la integridad de los paquetes electorales; la pertinencia del recuento total de la votación recibida en la totalidad de las casillas radica precisamente en lo que se busca, que es garantizar la certeza en el resultado de la elección”.
El estudio de la Ibero
Antes de la resolución del TEPJF, el doctor Miguel Santiago Reyes Hernández, académico de la Universidad Iberoamericana del estado, documentó que las autoridades electorales de la entidad pasaron por alto nueve errores de cada 10 casos tomados en la muestra de su estudio Inconsistencias graves en la elección a gobernador en Puebla.
En el estudio se analizaron 898 casillas; 12.1% de ellas se seleccionaron por la importancia de sus irregularidades. Se halló que en todas existe una diferencia de más de 20% entre el número de quienes votaron para gobernador y los que lo hicieron para presidente de la República.
“El 1 de julio pasado dejaron atrás el robo de urnas físico y la manipulación de los representantes de casilla, para abrir paso a los delincuentes cibernéticos, quienes afectan directamente en una decisión que debiera ser de la ciudadanía poblana”, afirmó el investigador Reyes Hernández en la conferencia de presentación de los resultados.
El estudio decidió tomar la información de la página oficial del Instituto Electoral del Estado y, luego de auditar ante notario público, se hallaron irregularidades como las siguientes: no existe un listado nominal único y se detectó una diferencia de 19 mil 808 personas entre la información del INE y la del IEE; hubo una diferencia de 64 mil 118 votos totales para presidente de la República y para gobernador; y se registraron errores en 92.1% de las actas investigadas.
En su conferencia de prensa el académico señaló que al comparar las actas con errores y el conteo distrital oficial las cifras tampoco son compatibles; por lo tanto, asienta, “el fraude está en el conteo oficial”.
