LONDRES.– Entre junio y julio últimos murieron 721 migrantes en el Mediterráneo. La mayoría provenía del norte de África. Viajaban en frágiles embarcaciones y escapaban de detenciones arbitrarias, explotación laboral, torturas y otros abusos.
Un informe de Amnistía Internacional (AI) –“Entre el horror y el mar azul: Europa abandona a refugiados y migrantes en el centro del Mediterráneo”– señala que los gobiernos europeos “siguen tratando el fenómeno como si fuera una emergencia de proporciones inmanejables, generando miedo y adoptando políticas que priorizan las fronteras sobre la vida humana”, pese a que en el último año descendió el número de personas que cruzó por la vía marítima.
El documento destaca que dichas políticas europeas, en lugar de resolver el problema de migración “con medidas justas, coordinadas y humanas, exacerban aún más la situación”.
“La Unión Europea falló a la hora de reformar el sistema de Dublín”, dice el reporte en referencia a la legislación que establece los criterios y mecanismos para determinar al Estado miembro de la UE responsable del examen de una solicitud de protección internacional –estatuto de refugiado o de protección subsidiaria– presentada por un ciudadano de un tercer país o un apátrida.
De acuerdo con esta legislación, el primer país que recibe a un migrante asume la responsabilidad de revisar su solicitud de asilo. Ello ha puesto la presión migratoria en los primeros países de arribo de migrantes y “ha incentivado a Italia y Malta a tomar medidas unilaterales”, subraya el documento.
Estas medidas incluyen la negativa a que los inmigrantes desembarquen, la suspensión de operaciones de rescate, la criminalización de organismos no gubernamentales que trabajan para rescatar a refugiados y migrantes en el mar y la contratación de terceros (como los guardacostas libios) para realizar operativos en el mar, “haciendo que ese cruce del Mediterráneo sea incluso más peligroso”, destaca el documento.
AI explica que dichas “políticas inhumanas” afectan a los más vulnerables: personas desesperadas que buscan escapar de conflictos bélicos, víctimas de tráfico humano, embarazadas, sobrevivientes de torturas y niños pequeños.
“Esas personas terminan a merced del mar, con riesgo de ahogarse o quedan en manos de autoridades libias abusivas que las llevan a centros de detención donde la tortura es moneda corriente. O simplemente son abandonadas durante días tras ser rescatadas, debido a que ningún país europeo está dispuesto a asistirlas”, agrega.
El informe indica que sólo en dos días, entre el 19 y 20 de junio pasados, aproximadamente 220 personas murieron ahogadas en tres incidentes separados ocurridos a varios kilómetros de la cosa de Libia.
Explica que en los primeros siete meses de 2018, mil 111 personas fueron reportadas muertas o desaparecidas al cruzar el Mediterráneo para alcanzar las costas europeas.
El documento considera inexplicable que la UE esté endureciendo sus medidas en relación con los refugiados y migrantes que tratan de cruzar, pese a que la cifra de recién llegados hasta finales de julio pasado se redujo a su nivel más bajo en los últimos cinco años: 18 mil 645 casos. Este número representa una caída de 80% en relación con el mismo periodo de 2016 y 2017.
“Desde comienzos de junio pasado, la decisión de Italia de suspender su rol de liderazgo a la hora de coordinar operativos de rescate en el centro del Mediterráneo y su nueva política de rechazo al desembarco de botes que transportan refugiados y migrantes rescatados hizo que el sistema de búsqueda y rescate sea poco confiable, impredecible y punitivo”, alerta el documento.
Persecución
De acuerdo con el informe, tanto rescatistas como personas salvadas terminan varadas en el mar durante días, incluso semanas, “debido a que cada desembarco es negociado individualmente”.
“Existe, además, el riesgo concreto de que los capitanes de las embarcaciones, frente a la incertidumbre por el lugar y fecha de desembarco, se nieguen a responder a llamadas de auxilio en momentos en los que cada vez menos rescatistas están disponibles para operativos de socorro y ayuda”, expone el reporte.
AI advierte sobre el peligro de que ahora los capitanes de las embarcaciones que pasan por el Mediterráneo obedezcan a las autoridades libias para que dejen en su territorio a los migrantes rescatados. El riesgo radica en que estas personas pueden ser enviadas de zona libia a otros países para ser lastimadas, violándose así las leyes europeas e internacionales de derechos humanos.
AI expone que el pasado 30 de julio el buque italiano Asso Ventotto hizo exactamente eso, “sentando un peligroso precedente”.
El documento sostiene que las autoridades italianas y maltesas hostigan cada vez más a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a salvar vidas en el mar, las cuales “están reduciendo masivamente los operativos vitales de rescate en el Mediterráneo”.
“En lugar de ser aplaudidas por su labor, estas ONG, que en 2017 y hasta mayo de 2018, realizaron cerca de 40% de los operativos de rescate en el mar, enfrentan ahora calumnias, intimidación y hasta juicios. Las autoridades italianas han confiscado recientemente un número de buques de organizaciones no gubernamentales.
“Las naves que siguen operativas enfrentan rechazo y demoras antes de permitírseles desembarcar a rescatados, contraviniendo las leyes internacionales”, explica.
La investigación expone la existencia de decenas de demoras innecesarias en el desembarco de migrantes y refugiados rescatados, la mayoría de los cuales requiere asistencia urgente, pues se trata de personas traumatizadas por los naufragios o que están heridas. Además, entre los migrantes viajan embarazadas y niños pequeños.
“Algunas de esas personas que desembarcaron en Italia estaban severamente deshidratadas y desnutridas. Padecieron meses sin comer adecuadamente y fueron víctimas de otros abusos bajo cautiverio en Libia, antes de partir al peligroso viaje para cruzar el mar”, dice el informe.
Explica que las terribles condiciones y el trato inhumano que sufren muchos refugiados y migrantes en los centros de detención de Libia “constituyen, muchas veces, la razón misma por la cual esas personas intentan escapar, cruzando el Mediterráneo”.
Pese a ello, tanto Italia como el resto de la UE están reforzando sus políticas de apoyo a los guardacostas libios, con el fin de prevenir la partida de migrantes y acelerar las intercepciones de botes y su regreso a territorio de ese país, donde son recluidos de manera arbitraria en centros manejados por la Dirección General para Combatir la Inmigración Ilegal.
Según AI, el número de estos detenidos ascendió significativamente en los últimos meses: de 4 mil 400 en marzo pasado a más de 10 mil a finales de julio, incluidos dos mil mujeres y niños.
“La UE e Italia continúan con estas políticas sin importarles la suerte que corren aquellos retornados a Libia ni los antecedentes de violaciones de derechos humanos por parte de los guardacostas libios o su incapacidad para garantizar rescates efectivos y adecuados en aguas internacionales”, subraya el informe.
Agrega que tanto la UE como Italia, que dependen cada vez más de las labores de los guardacostas libios, no demandan controles a esas autoridades ni salvaguardas para aquellos que son regresados a Libia.
“Por ende, esos países se han vuelto cómplices de violaciones de derechos humanos que refugiados y migrantes seguramente enfrentan”.
