Presidente de El Salvador entre 2004 y 2009, Tony Saca malversó fondos públicos para volverse multimillonario. Sometido a juicio, el exmandatario reconoció abiertamente sus delitos y el modo en que los cometió, y ello le valió una sustancial reducción de su pena carcelaria. Para algunos salvadoreños, esa confesión pública fue una vil desfachatez; para otros es un triunfo histórico de la justicia, que logró que un expresidente sea ahora un “corrupto confeso”.
San Salvador.- El jueves 9, a las 09:00 horas, Elías Antonio Saca González, presidente de El Salvador entre el 1 de junio de 2004 y el 31 de mayo de 2009, se sentó a un lado del estrado del Tribunal Segundo de Sentencia, empuñó el micrófono, se acomodó los anteojos y confesó.
Con su abogado a un lado, reconoció que desvió millones de dólares de las arcas presidenciales para comprar apartamentos en las zonas residenciales más exclusivas de esta capital y hasta 400 manzanas de terrenos en el interior del país, por medio de dos amigos que se convirtieron en sus testaferros; pagar las tarjetas de crédito y un salario de 10 mil dólares a su esposa; financiar parte de la campaña electoral de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) en 2006; y para favorecer a sus empresas de publicidad.
Ante José Luis Giammattei, juez presidente del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, el exmandatario conocido como Tony Saca explicó que el mecanismo de corrupción que aplicó desde el primer día de su mandato lo heredó de su antecesor en el cargo, el fallecido Francisco Guillermo Flores Pérez:
Copió y aplicó el “reglamento interno de funcionamiento para el manejo, control y fiscalización de los fondos públicos, gastos reservados y secretos de la Presidencia de la República destinados a las actividades de inteligencia, clasificación, manejo y protección de la información y deber de guardar secreto de los colaboradores designados para el manejo de los gastos reservados y secretos”, con el que se autoavaló el uso discrecional de millones de dólares de la entonces conocida como partida secreta del gobierno central, partida que se financiaba con el tesoro del Estado.
Una vez aprobado el reglamento, el primer submecanismo fue emitir cheques a nombre de Saca y de Élmer Charlaix Urquilla, secretario privado de la Presidencia; luego el dinero era depositado en sus cuentas bancarias personales o en las de alguna de las cinco empresas del exmandatario: Promotora de Comunicaciones, Saca Mixco, Radiodifusión de El Salvador, Radiodifusión Usuluteca y Stereo 94.1 FM.
En 2006 el mecanismo fue levemente modificado: el expresidente dijo que ordenó a los gerentes financieros de la Casa Presidencial, Francisco Rodríguez Arteaga, Alberto Herrera Castellanos y Pablo Gómez, abrir 16 cuentas a sus nombres en los bancos Hipotecario –propiedad del Estado– y Cuscatlán, y desde esas cuentas el dinero fue desviado simulando pagos por servicios de publicidad a ANLE Publicidad, América Publicidad y Funes y Asociados; estas empresas posteriormente retornaban el dinero a las compañías de Saca y éstas, a su vez, lo retornaban al exmandatario comprando propiedades y pagándole 60 mil dólares mensuales por concepto de salario.
Con ese mecanismo fueron desviados 300 millones de dólares. Saca habría sido condenado, como máximo, a 30 años de cárcel si se le juzgara sólo por enriquecimiento. Pero con su confesión, su pena se reducirá a 10 años de prisión, de los que ya cumplió dos en detención provisional.
Saca también confesó que entre 2005 y 2006 decidió que necesitaba más dinero y buscó a su amigo de confianza Irving Tóchez Maravilla, dueño del despacho contable Tóchez Limitada.
Saca le preguntó cómo hacer para evitar ser descubierto. Su amigo le respondió que era fácil y puso a su disposición las sociedades –que tenían varios años de no reportar operaciones al Ministerio de Hacienda– RM, GDE, Osad, Grocorp y otras más, mediante las cuales compró la hacienda Lombardía, en Zacatecoluca; dos apartamentos en Santa Tecla; ocho porciones de una hacienda en Cuscatlán; un terreno en La Libertad; y los terrenos en los que construyó las dos mansiones a las que se mudó tras terminar su periodo presidencial.
Tóchez Maravilla, sobrino de Rosalío Tóchez Zavaleta, expresidente de la Corte de Cuentas de El Salvador, se convirtió en testaferro de Saca.
Pero las sociedades de Tóchez fueron insuficientes para mover el dinero y entonces Saca se acercó a otro amigo de confianza, Jorge César Hernández, y le sugirió usar sus empresas para triangular dinero.
Tóchez, Hernández y los propietarios de las empresas de publicidad cobraron 20% por cada servicio que le hicieron a Saca. Cada mes recibían 100 mil dólares procedentes de las arcas del Estado.
El estratega invisible
El de Hernández es uno de los casos más especiales. En los años del desfalco fue el gerente de noticiarios de Tele Corporación Salvadoreña (TCS), la más grande e influyente televisora nacional, y el conductor estrella de Frente a Frente, el principal programa de entrevistas televisivas del país. Esa era su identidad visible.
Pero la secreta era la de ser el estratega oculto del equipo de comunicación política del entonces mandatario. Mario Huezo, fiscal del caso, preguntó a Saca durante la audiencia cuáles eran las funciones de su asesor. Su respuesta fue que era el encargado de “mandar mensajes correctos a la población” con la “cobertura periodística favorable y amplia”.
A TCS pertenecen los canales de televisión abierta 2, 4 y 6 y en ellos se transmiten los noticiarios Tele 2, El Noticiero y Noticias 4 Visión. Desde por lo menos los ochenta y hasta la fecha son los noticiarios de mayor audiencia en el país. La familia Eserski es la propietaria.
Saca negó recordar si había dado dinero a otros periodistas.
Por sus servicios como asesor Hernández ganaba 10 mil dólares mensuales. Pero no fue el único que se benefició de la partida secreta. Saca, siguiendo antigua tradición que existe por lo menos desde los sesenta –tiempos de la dictadura militar, la Presidencia de José Napoleón Duarte y los cuatro gobiernos de Arena–, también implementó los sobresueldos o “complementos salariales” para ministros, viceministros, presidentes de entidades autónomas y otros funcionarios de menor rango, que en una oficina de gobierno llegaban a cobrar hasta 10 mil dólares mensuales.
Los sobresueldos pagados entre 2004 y 2009, que jamás estuvieron previstos en la ley, ascienden a más de 191 millones de dólares.
Saca y sus cómplices se limitaron a confirmar la acusación que la Fiscalía General de la República defendió desde octubre de 2016, cuando lo capturó mientras celebraba la boda de su hijo Gerardo en una hacienda en La Libertad.
En ese entonces la tesis fue: los imputados crearon un mecanismo con el que disfrazaron la sustracción de dinero del Estado y lo desviaron para beneficio personal y de terceros.
El martes 7, en la primera audiencia de vista pública, el exmandatario anunció que pretendía confesar a cambio de reducción de la pena por los delitos de lavado de dinero y peculado, es decir, apropiación indebida de dinero del Estado. Ese día también anunciaron su intención de confesar Charlaix Urquilla; César Daniel Funes Durán, exsecretario de Juventud; y Julio Rank Romero, exsecretario de Comunicaciones.
Funes Durán, acusado de lavado de dinero, se enfrenta a una condena de cinco años de cárcel de los que ya cumplió dos en detención provisional. Lo mismo que Rank Romero.
En el segundo día de la audiencia se sumaron a la fila de los confesos Jorge Alberto Herrera Castellanos y Francisco Rodríguez Arteaga. Pablo Gómez se negó y, aunque no lo dijo al micrófono, sí lo dijo en voz alta en la sala de audiencias: “Yo no voy a mentir”.
Herrera, Castellanos y Gómez fueron esenciales en este caso. También en la acusación que la fiscalía presentó a principios de este año contra el expresidente Mauricio Funes por los mismos delitos: lavado de dinero y peculado. “Fueron los empleados operativos”, explicó Huezo.
Para Rodríguez Arteaga, exjefe de la Unidad Financiera Institucional de la Casa Presidencial en el periodo 2004-2009, la fiscalía pedirá tres años de cárcel por el delito de lavado de dinero, más tres años por el delito de peculado o apropiación indebida de fondos públicos. En total se enfrentará a seis años de cárcel, de los que deberá restar los dos que ya cumplió en detención provisional en el centro penal La Esperanza, en Mariona.
Para Jorge Alberto Herrera, exjefe de tesorería de la Unidad Financiera Institucional, la fiscalía pedirá tres años de prisión por el delito de peculado o apropiación de dinero del Estado. Le restará un año por cumplir.
Con este caso queda escrito un mecanismo que también puede ser repetido en la imputación contra Funes, actualmente asilado en Nicaragua: Herrera, Rodríguez y Gómez también pueden pedir reducción de la condena a cambio de confesar.
Este mecanismo fue aplaudido por Jean Manes, embajadora de Estados Unidos en El Salvador, quien dijo que este caso demuestra que “nadie está por encima de la ley” y que incluso en su país, 95% de las acusaciones se resuelven por esta vía.
Pero no a todo el mundo satisfizo la estrategia de la fiscalía: los partidos de izquierda y centroizquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y Cambio Democrático se quejaron del hecho de poner en un plato el desfalco de 300 millones de dólares y en otro los 25 millones de dólares que la fiscalía se propone arrebatar al expresidente.
Ese acuerdo, que puede interpretarse como una victoria amarga, lo avaló Douglas Meléndez, fiscal general, pero su defensa pública la hizo Jorge Cortez, jefe anticorrupción de la fiscalía. Éste dijo, el martes 7, que la ley permite llegar a este tipo de acuerdos y que lo más destacado era que por primera vez en la historia salvadoreña alguien conseguía convertir en corrupto confeso a un expresidente.
–¿Es ésta la justicia de la fiscalía? – preguntó un periodista a Cortez en un receso durante la audiencia.
–…
–¿Es ésta la justicia de la fiscalía? – repreguntó el periodista.
Cortez dio la vuelta y volvió a entrar a la sala de audiencias vigilada por media docena de custodios del sistema penitenciario, armados hasta los dientes.
