Con el argumento de que México “es un país presidencialista”, Andrés Manuel López Obrador ya empezó a dar muestras de que tomará acciones autoritarias, un estilo que se creía superado en el país luego de la derrota del PRI: incorporó a su aún inexistente gabinete a personajes que el domingo 1 ganaron lugares –que no ocuparán– en el Senado o la Cámara de Diputados, “sugirió” nombramientos que corresponden al Poder Legislativo; aún sin ser presidente electo marca la agenda nacional, y colaboradores suyos contradicen ya algunas de sus ofertas de campaña.
La tarde del 26 de junio, Andrés Manuel López Obrador, en un acto de campaña en el municipio mexiquense de Los Reyes La Paz, respondió a un reportero estadunidense que lo cuestionó sobre el carácter unipersonal de su propuesta anticorrupción: dijo que México es un país presidencialista y que, para erradicar la corrupción, el ejemplo del mandatario en turno es lo más importante, aunque eso no se entendiera sin los referentes históricos mexicanos.
Tal idea, palabras más o menos, ya la había delineado varias veces, desdeñoso de los sistemas de transparencia y anticorrupción a los que llegó a llamar “fifís”, calificativo que usó también con especialistas y miembros de organizaciones ciudadanas que los promovían.
Con la victoria del domingo 1, López Obrador desató una frenética actividad que lo ha llevado a recorrer las formas del presidencialismo. Y aunque aún no tiene el nombramiento de presidente electo, sus posiciones y declaraciones ya provocan polémica.
Pronto acaparó la agenda pública y se reunió, a petición suya, con el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional; dio forma a varias de sus propuestas de campaña; se reconcilió con el sector empresarial y anunció nombramientos de lo que será su gabinete, con margen hasta para “dar línea” al Poder Legislativo.
La noche del domingo 1, en sus dos mensajes triunfales dijo que será respetuoso de las libertades, la división de poderes y la autonomía de estados y municipios, como ya lo había hecho en su cierre de campaña.
Pero el miércoles 4 invitó a Alejandro Solalinde a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cuyo actual presidente le queda un año en el cargo y cuya normatividad prefiere un abogado. Aunque el sacerdote declinó, nadie reparó en que la designación de ese puesto le corresponde al Senado.
Al día siguiente anunció el primer cambio de un gabinete que aún no existe: Héctor Vasconcelos, anunciado en diciembre como el futuro canciller, se retiraba para ocupar el escaño ganado en el Senado; en su lugar quedará Marcelo Ebrard Casaubón.
Entonces López Obrador incurrió en un segundo desliz: durante la conferencia de prensa para el anuncio, admitió que si bien no era su facultad, vería “muy bien” que Vasconcelos presidiera la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.
No fue todo. El miércoles 11, lejos de la “sana distancia” que se exigía al PRI y al PAN cuando sus candidatos llegaban a la Presidencia, tuvo un encuentro con los legisladores electos de Morena y ahí anunció, cual cabeza de partido, que Ricardo Monreal sería el jefe de la bancada morenista en el Senado.
Lo justificó así: “Es un compromiso, no es una orden. Es un compromiso político que tenía la obligación de transmitir, como el compromiso, no orden, de considerar a Héctor Vasconcelos como coordinador de Relaciones Exteriores. Son los únicos dos compromisos políticos que se hicieron en la campaña”.
Ese mismo día marcó la agenda de reformas que necesita para iniciar “la cuarta transformación del país”, pues el virtual presidente electo viene afirmando que su programa de cambios será tan relevante como la Independencia, la Reforma y la Revolución.
Las iniciativas que plantea integrar López Obrador se corresponden con sus ofertas de campaña:
Una ley que regule el Artículo 127 constitucional para que nadie pueda ganar un salario más alto que el del presidente; la creación de la Secretaría de Seguridad Pública; la eliminación de fueros y excepciones para representantes populares o gobernantes por sufragio, incluido el presidente en funciones, y tipificar como delito grave los actos de corrupción.
Además, anunció el traslado del Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa; la revocación de la reforma educativa en su contenido laboral; el establecimiento constitucional del carácter público y gratuito de la educación en todos los niveles; la revocación de mandato y la consulta ciudadana; en su caso, la modificación de las leyes para que se incremente el salario mínimo en la frontera norte, y un reordenamiento administrativo con el fin de aplicar un plan de austeridad gubernamental.
Electos para no ejercer
La incorporación al gabinete de personajes que acompañaron a AMLO como candidatos a cargos de elección popular va en aumento. Electos para ser diputados o senadores, algunos de ellos ni siquiera llegarán a tomar posesión o, de hacerlo, deberán renunciar días después, una vez iniciado el proceso de transición.
Presentados en diciembre como miembros del “gabinete” que lo acompañaría de ganar la Presidencia, Morena había hecho candidatos al Senado a quienes serán titulares de las secretarías de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como plurinominal, así como de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, cuya fórmula ganó en Sonora.
Además, como secretaria de Energía anunció a Rocío Nahle, quien deberá también dejar el lugar en el Senado. Mario Delgado se perfila para la dirección de Pemex, aunque éste ganó la diputación federal por el distrito VI, de Iztacalco.
También senador electo, el exdirigente del PAN Germán Martínez Cázares ya fue anunciado como futuro titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que no ocupará su escaño.
Hay más casos de diputados electos que irán al gabinete: coordinadora de campaña de López Obrador y una de las figuras con mayor presencia en medios, Tatiana Clouthier, quien logró una curul plurinominal, se incorporará a la Secretaría de Gobernación, posiblemente como subsecretaria, lo mismo que Zoé Robledo, diputado federal electo por el distrito IV de Chiapas.
En lugar de Sánchez Cordero será senadora la dramaturga y actriz Jesusa Rodríguez; en vez de Martínez Cázares, el expriista Pedro Miguel Haces Barba.
Por Alfonso Durazo quedará Arturo Bours, primo de Eduardo Bours, exgobernador priista de Sonora; por Nahle vendrá la morenista Gloria Sánchez Hernández. En lugar de Tatiana Clouthier será diputada la activista Mercedes Murillo.
Los anuncios aún continuarán y, excepto Vasconcelos, nadie se ha planteado ocupar el cargo para el que fueron elegidos.
Aunque los anuncios de los perfiles mencionados no causaron mayor polémica, de los tres planteados para el rubro de seguridad al menos uno generó inconformidad hasta entre los seguidores de López Obrador, que colocaron en redes sociales la etiqueta #MondragonNoEsElCambio.
Y es que se integrarán a la secretaría de Gobernación Leonel Godoy y Joel Ortega, en tanto que como nuevo asesor de seguridad se presentó a Manuel Mondragón y Kalb, secretario de Seguridad en el gobierno capitalino de Marcelo Ebrard, comisionado nacional de Seguridad al iniciar la actual administración federal y a quien se atribuye la represión masiva de marchas en la Ciudad de México a partir del 1 de diciembre de 2012, justamente en protestas contra la llegada al poder de Enrique Peña Nieto, a quien se acusaba de fraude contra López Obrador.
Contradicción y polémica
En el tercer debate entre candidatos presidenciales, efectuado el 12 de junio, AMLO señaló a sus adversarios José Antonio Meade y Ricardo Anaya como autores del gasolinazo.
Sus críticas a los incrementos a las gasolinas fueron puntuales contra el gobierno de Peña Nieto, cuyo secretario de Hacienda era Meade, y de hecho, una oferta de campaña, reiterada una y otra vez después del domingo 1, es precisamente que ya no habrá “gasolinazos”.
El miércoles 4, durante su encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial, López Obrador expuso: “No va a haber déficit ni gasolinazos”. Con instantes de diferencia, su perfilado secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, aparecía en televisión como invitado del noticiario Despierta con Loret. Ahí fue cuestionado sobre la aplicación de un control estatal sobre el precio de las gasolinas.
Urzúa respondió: “Creemos que no puede haber movimientos abruptos en el precio de la gasolina; es decir, estamos pensando en incrementar cada año por la inflación el precio. O sea, en términos reales no se va a incrementar pero en términos nominales sí, por la inflación”.
–¿Se va a regresar a un precio controlado de la gasolina? –se le preguntó.
–Como está ahora. En este momento está controlado, no parece pero sí, porque el gobierno federal lo que está haciendo es bajar o subir el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Es lo mismo que haríamos nosotros.
Una y otra vez en sus discursos de campaña, y durante dos semanas desde que se anunció su victoria electoral, López Obrador ha generado polémica al delinear decisiones que asumirá su régimen. Destacan la designación de coordinadores estatales del gobierno federal para sustituir las delegaciones federales, una medida que no había anunciado pero que forma parte de su plan de austeridad, como sí había hecho con la descentralización de secretarías, dependencias y entidades federales para distribuirlas por el país, algo que ya ratificó.
También destaca la reproducción del modelo de zonas económicas especiales, anunciada por Alfonso Romo, quien se perfila para ser jefe de la Oficina de la Presidencia. En los aspectos generales, dicho esquema es similar al plan anunciado por Peña Nieto.
Y, quizás la decisión más conflictiva, que ya obligó a debatir con representantes de la sociedad civil, tiene que ver con la demanda de una Fiscalía General de la República (FGR) autónoma respecto del Ejecutivo, un asunto para el que AMLO propone una reforma al Artículo 102 constitucional; el objetivo: facultar al presidente para la designación de un fiscal que se encargue de la atribución específica de investigar y perseguir los delitos que quebranten la seguridad pública, a fin de lograr la necesaria y no siempre existente coordinación entre el Ministerio Público y las policías.
En una entrevista publicada en este semanario (Proceso 2150), uno de sus asesores en materia de seguridad, Alejandro Gertz Manero, explicó la decisión, precisamente, basándose en el ejercicio presidencialista como lógica ante el tema de la FGR:
“Creo que él tiene un concepto muy claro de que finalmente el responsable es el presidente de la República. Éste es un régimen presidencialista. Los secretarios de Estado son subordinados del presidente, y la responsabilidad política y la conducción del Poder Ejecutivo es del presidente.”
