“Gobierno de los jueces” lo llama Felipe González; otros califican el fenómeno como “judicialización de la política”. El hecho es que el presidente español, Mariano Rajoy, delegó en el Poder Judicial la solución de un problema básicamente político y social: el movimiento por la independencia de Cataluña. Y la solución judicial fue tajante: los líderes catalanes –algunos exiliados en países europeos– fueron a dar a la cárcel. A esas medidas reaccionó la ciudadanía con movilizaciones callejeras y bloqueos de carreteras promovidos por los Comités de Defensa de la República, las bases más radicales del ala soberanista.
Madrid.- La solución a la crisis en Cataluña requiere de un gran pacto con base en la “política con mayúsculas”, debido a que hasta ahora “nos amparamos en las togas, porque como políticos somos unos inútiles. Una vez que ese proceso llega a un determinado punto de saturación, la justicia empieza a tomar decisiones políticas. Eso se llama gobierno de los jueces”, planteó el expresidente español Felipe González la tarde del pasado jueves 22.
Fue una clara crítica a Mariano Rajoy, quien primero como líder de la oposición y luego como presidente (desde diciembre de 2012) ha recurrido continuamente a la justicia para hacer frente a la deriva catalana, pese a ser un tema eminentemente político y social.
González expresó su deseo de que al magistrado Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo encargado de la principal investigación contra el procés, “no se le ocurra meter a (Jordi) Turull (exportavoz de la Generalitat y frustrado candidato a ser investido presidente de Cataluña, esa misma noche) en la cárcel”, porque “al independentismo no hay que destruirlo, hay que ganarlo”.
Su llamado cayó en oídos sordos: una de las decisiones más importantes sobre el futuro de Cataluña no se tomó en el Congreso de los Diputados ni en el Palacio de La Moncloa, sino en el antiguo Monasterio de la Visitación de las Salesas Reales, sede del Tribunal Supremo, en esta capital.
La tarde del viernes 23 el juez Llarena descabezó casi por completo el liderazgo del independentismo, con su auto de procesamiento contra 25 exconsejeros de la Generalitat, políticos y dirigentes sociales –de 28 investigados– por los presuntos delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia, por impulsar desde las instituciones públicas y asociaciones civiles catalanas un plan predeterminado para celebrar el referéndum del 1 de octubre (1-O), que les permitiera declarar unilateralmente la independencia de esa comunidad autónoma.
Llarena consideró que se trata de un ataque al Estado constitucional, de “una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno”.
Ese “diseño criminal”, afirma, sigue “latente”, por ello ordenó el ingreso en prisión incondicional, sin fianza, de cuatro exconsejeros del presidente destituido, Carles Puigdemont: Turull, que con su entrada en prisión vio truncada su intención de presentarse a una segunda sesión de investidura como presidente de Cataluña, que el Parlament tenía convocada para la mañana siguiente.
También fueron encarcelados los exconsejeros Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), Raúl Romeva (Exteriores) y Dolors Bassa (Trabajo), así como la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, bajo el supuesto de que la medida cautelar era por el riesgo de “fuga” y de “reiteración delictiva”.
Todos ellos habían comparecido ante el tribunal el 4 de diciembre, aunque alcanzaron libertad bajo fianza, siendo la de Forcadell la más elevada –150 mil euros– por su destacado papel en el Parlament al tramitar la propuesta de resolución que desembocó en la declaración de independencia. En su declaración ante el juez, la diputada acató la intervención que el gobierno central hizo de las instituciones catalanas con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y argumentó que “la independencia fue simbólica” y sin efectos jurídicos.
Europa y ONU entran al conflicto
La misma noche del viernes 23, el magistrado reactivó la orden europea de detención y entrega contra cinco de los procesados que están fuera de España.
El 5 de diciembre, al atraer la causa judicial completa, Llarena paralizó la primera orden europea dictada previamente por su compañera de la Audiencia Nacional, la juez Carmen Lamela, porque había altas posibilidades de que Bélgica extraditara a los políticos reclamados sólo por delitos menores, concretamente por malversación, ya que en su legislación no se prevé el delito de rebelión.
Pero el domingo 25 las cosas dieron un giro. A las 11:17 horas, en cumplimiento de esa orden europea reactivada, la policía alemana detuvo a Puigdemont en la localidad alemana de Schuby, cerca de Hamburgo.
El dirigente independentista fue detenido 30 kilómetros después de haber cruzado la frontera con Dinamarca. Volvía a Bruselas, donde residía desde el pasado 30 de octubre, cuando el gobierno de Rajoy intervino las instituciones catalanas y lo destituyó. En la ciudad belga diseñó su defensa y el plan para internacionalizar el conflicto catalán, para que interviniera la Unión Europea.
Puigdemont había acudido a una invitación del diputado Mikko Karna para impartir una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Helsinki, sobre ‘Pequeños Estados y política en las redes sociales en un mundo globalizado: hacia una república digital en Catalunya’.
En Helsinki, Puigdemont se enteró que el juez había reactivado la orden europea de captura contra él y los otros cinco políticos, refugiados en Bélgica, Escocia y Suiza. Entonces decidió cancelar sus actividades y regresar a Bruselas, pero no por vía aérea, como era su plan inicial, sino por transbordador y carretera.
Karna señaló en un comunicado que ambos debatieron durante la comida del viernes las opciones que se le planteaban ante la casi segura reactivación de la orden de detención. Una era quedarse en Helsinki y entregarse; otra, volver a Bruselas.
Tras la detención se supo que todos sus desplazamientos eran seguidos por agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Policía Nacional española, que pusieron en alerta a la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania para detenerlo.
La Policía Nacional publicó un inusual tuit que dice: “Gracias a una operación coordinada de los agentes de información de @policía y el CNI, Puigdemont ha sido detenido en Alemania”.
El expresidente fue conducido primero a una comisaría y después a la prisión de Neumunster, en el norte de Alemania, donde espera que la Fiscalía General de Schleswig-Holstein decida si lo entrega o no a la justicia española para enfrentar los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. De autorizarse, su extradición podría tardar de 60 a 90 días.
Sin proponérselo, Puigdemont se convirtió en una papa caliente para Alemania. Ahora la justicia germana deberá analizar si el delito de rebelión que esgrime Llarena tiene correspondencia en la legislación alemana. Las principales voces en España señalan que el que guarda similitud es el delito de alta traición, tipificado en el artículo 81 del Código Penal alemán, pero para ser acusado de ese delito debe existir “violencia o amenaza de violencia”, tema que centra la discusión entre juristas y periodistas.
Una de esas voces es la del portavoz territorial de Juezas y Jueces por la Democracia, Joaquim Bosch, quien explicó en la televisión española que “la decisión del tribunal alemán será clave para analizar si el requisito de violencia que exige la legislación alemana coincide con lo que aprecia el Tribunal Supremo español”.
La orden reactivada por el juez también incluyó a los exconsejeros Lluís Puig (Cultura), Toni Comín (Salud) y Meritxell Serret (Agricultura, Pesca y Ganadería), quienes huyeron con Puigdemont a Bélgica en octubre. La fiscalía belga no consideró necesario ponerlos en prisión.
En la lista, igualmente, está la exconsejera de Educación, Clara Ponsatí, quien sólo un mes antes decidió abandonar Bélgica y mudarse a Escocia para impartir clases en la Universidad de Saint Andrews. Ella se presentó en una comisaría de Edimburgo y un tribunal escocés le dio la libertad condicional a la espera de que se resuelva su extradición. El juez acusa a Comín y Ponsatí de rebelión y malversación, mientras que a Puig y Serret, de malversación y desobediencia.
En entrevista, el abogado Gonzalo Boyé, defensor de Comín y Serret y coordinador de la estrategia de las defensas de los cinco líderes en el extranjero, sostiene que, como hicieron en Bélgica, aportarán a Alemania sus alegatos sobre “los hechos” por los que se reclama a los defendidos, “y no por cómo califica judicialmente Llarena dichas conductas; es lo que llamamos doble incriminación”.
Considera que los hechos por los que se persigue a estos políticos fueron “encajados con calzador en las normas penales españolas”; sin embargo, ahora esa forma de interpretar y aplicar las normas, en su opinión, “no resistirá el filtro de la doble incriminación” en los países europeos donde están residiendo.
Tras reunirse con Puigdemont, en compañía del abogado de éste, Jaume Alonso-Cuevillas, Boyé dice que también aportarán los elementos para advertir que existe una “judicialización de la política” en España, con lo cual “no se dan las garantías fundamentales para que tengan un juicio justo”.
“El problema es que el señor Rajoy echó a andar la maquinaria de la justicia para tratar de resolver una crisis que es fundamentalmente política y social, y ahora muchas decisiones políticas (en Cataluña) están siendo combatidas con una serie de resoluciones judiciales”, sostiene.
Y es que tras la intervención del gobierno y del Parlamento catalán con la aplicación del artículo 155, las distintas fuerzas independentistas volvieron a refrendar en las urnas, el 21 de diciembre, la mayoría absoluta en unas elecciones convocadas por el gobierno de Rajoy. Pero la actuación de la justicia mantiene en parálisis la posibilidad de formar un gobierno.
Llarena también emitió el viernes 23 una nueva orden europea de captura contra Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y portavoz parlamentaria de la alianza Junts pel Sí, quien huyó a Ginebra la madrugada de ese día para no acudir al citatorio del Tribunal Supremo; sus compañeros sí lo hicieron y quedaron presos.
En el auto de procesamiento, el juez da a Rovira un papel muy destacado en las reuniones donde se decidió la hoja de ruta del proceso independentista. Horas antes de huir, la diputada de ERC participó en la sesión vespertina del jueves 22 en la que Turull intentó ser investido presidente y se mostró preocupada ante la posibilidad de que al otro día fuera a prisión.
Rovira viajó a la misma ciudad a la que también huyó la exportavoz de la Candidatura d’Unitat Popular, Anna Gabriel, procesada por un delito menor –desobediencia– que no implica cárcel, sólo multa e inhabilitación.
En contraste, también España sufrió un revés al conocerse el martes 27 la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU de admitir a trámite la demanda de Puigdemont contra la “vulneración de sus derechos políticos en España”, al impedirle ser investido nuevamente presidente de Cataluña.
Esta decisión de la ONU se suma al dictamen de la semana anterior también de admitir a trámite una demanda similar de Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Impedido Puigdemont de ser investido desde Bruselas, dejó el paso a Sánchez, a quien tampoco se le permitió ser investido.
Sin embargo, la ONU además de admitir a trámite la demanda de Sánchez, dictaminó medidas cautelares y advirtió a España que debía garantizar sus derechos políticos.
Y es que el auto de Llarena del pasado viernes 9 para impedir a Sánchez la investidura, provocó gran polémica, porque se anticipa a hechos no sucedidos, como asegurar que existe “riesgo de reiteración delictiva”, por formar parte de una candidatura electoral “que se ha opuesto, expresa y permanentemente, a abordar cualquier gestión política que no sea la de implementar la república que declararon”.
Política tras las rejas
La cúpula del independentismo ya había sufrido un primer golpe judicial el 2 de noviembre, cuando Lamela, entonces a cargo de la causa judicial, ordenó el ingreso en prisión del exvicepresidente y exconsejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras.
También fueron encarcelados el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, y los líderes de organizaciones sociales, Jordi Sánchez, de la ANC; y Jordi Cuixart, de Ómnium Cultural, las dos entidades con mayor protagonismo en la construcción del plan independentista.
Este hecho profundizó más la fisura en la cohesión del núcleo duro de los secesionistas, que había provocado la previa huida a Bruselas de Puigdemont, a espaldas de Junqueras y del resto de dirigentes independentistas.
La consejería de Junqueras fue el principal objetivo de los cateos del pasado 20 de septiembre por una comisión judicial y la Guardia Civil, que irrumpieron en busca de pruebas sobre las partidas presupuestales destinadas a la organización del referéndum del 1-O y a la creación de una estructura recaudatoria para la nueva república.
El caso de Forn, consejero bajo cuya dirección recaen los mossos d’esquadra (la policía catalana), es particularmente delicado debido a que se acusa a la policía autonómica de inactividad para frenar el 1-O y de espiar a policías nacionales y guardias civiles para hacer fracasar las acciones que buscaban impedir el referéndum.
En especial se le acusa de no apoyar a la citada comitiva judicial en la intervención en la Consejería de Economía, asediada por decenas de manifestantes, lo que constituye el hecho en el que se centra buena parte de la acusación de violencia que permitiría aplicar el delito de rebelión.
Sánchez y Cuixart fueron acusados de ser “promotores y directores” de ese asedio porque se mantuvieron al frente de las concentraciones “durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes”, dicta el auto de Lamela.
El miércoles 28, la mayoría independentista en el Parlamento reivindicó simbólicamente el derecho de Puigdemont, Sánchez y Turull de ser investidos y pidió la libertad de los diputados presos.
Las medidas judiciales, aunque tienen casi descabezado al núcleo duro del independentismo, obtuvieron como reacción la movilización en las calles y bloqueos de carreteras de los llamados Comités de Defensa de la República, las bases más radicales del ala soberanista.
