Señor director:
Con relación a la nota titulada “Las mexiquenses, bajo el ‘chantaje rosa’”, publicada por Veneranda Mendoza en la edición impresa de Proceso, en su número 2158, me permito hacer las siguientes precisiones:
“Familias Fuertes Salario Rosa” es un programa social de Nueva generación que combate la pobreza de las mujeres amas de casa en el Estado de México.
De ninguna manera es una estrategia electoral, como se dice en la nota. Es falso que se exija la credencial de elector como único instrumento de identificación de las beneficiarias. Por tanto, no hay ningún uso electoral en el Salario Rosa, como se pretende suponer.
Si bien las reglas de operación publicadas en la Gaceta del Gobierno, el 22 enero de 2018, establece como requisito “presentar copia de identificación oficial vigente con fotografía y domicilio en el Estado de México y original para su cotejo”, no es éste el único mecanismo para identificar a las beneficiarias.
Se toman también como válidas las identificaciones que marca la ley, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: pasaporte vigente, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; cédula profesional, expedida por la Secretaría de Educación Pública; cartilla del servicio militar nacional, expedida por la Secretaria de Defensa Nacional; identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida por el gobierno federal, estatal, municipal o del Distrito Federal.
Tratándose de extranjeros, el documento migratorio vigente que corresponda, emitido por la autoridad competente: certificado de matrícula consular, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores o en su caso por la oficina consular de la circunscripción donde se encuentre el connacional.
Sin embargo, resulta obvio que las beneficiarias mexiquenses del Salario Rosa carecen de este tipo de documentos, por su escasez de recursos. Este programa busca, mediante mecanismos diseñados por especialistas, empoderar a las mujeres vía apoyos económicos y también en especie.
El apoyo económico consta de un salario de dos mil 400 pesos bimestrales, mientras que el apoyo en especie busca brindarles capacitación para el autoempleo que desarrolle sus habilidades y capacidades educativas, así como en proyectos productivos, acompañamiento psicológico y legal.
El objetivo es el empoderamiento de un sector que por muchos años fue olvidado. Busca, además de reconocer su trabajo, ayudarles a que sean autosuficientes.
Las beneficiarias del programa son identificadas por el lugar en el que viven y, de acuerdo con la vocación económica de su comunidad, se les ofrecen cursos para que puedan desempeñar un trabajo que también les genere ingresos.
Muchas de las beneficiadas requieren asesoría legal para resolver temas de maltrato o violencia, por lo tanto, se les ofrece asesoría gratuita para resolver estas situaciones y, de igual forma, se les otorga asesoría psicológica, para que entiendan lo valiosas que son y, con esa base, puedan salir adelante por ellas mismas.
La operación del programa Salario Rosa se enmarca dentro la ley y sus montos se ajustan a los parámetros del Presupuesto de Egresos del Estado de México 2018.
El programa es una de las vertientes con la que la administración del gobernador Alfredo Del Mazo Maza combate la violencia contra las mujeres. Una de las formas de violencia contra la mujer es la pobreza, por eso la importancia del empoderamiento que les brinda el Salario Rosa, mediante recursos económicos y capacitación.
Empoderar económicamente a las mujeres impacta en uno de los indicadores de violencia más recurrente, que es la violencia económica.
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el tener un mayor acceso a activos/autonomía financiera puede reducir el riesgo de experimentar violencia de varias formas: permitir a las mujeres salir de una relación violenta. Facilitar buscar apoyo en la justicia y recursos legales o acceder a los servicios de salud para asesoramiento. Permitir tener un mayor poder de negociación dentro de la relación/hogar.
Si bien la violencia contra las mujeres se da en todos los estratos socioeconómicos, quienes viven en la pobreza son más vulnerables. Ello porque, al no tener independencia económica, muchas no ponen fin a las relaciones en las que sufren maltrato, de acuerdo con la ONU Mujeres donde presentan casos específicos.
Atentamente:
Jorge Alberto Pérez
Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México
Respuesta de la reportera
Señor director:
H
e leído con atención las observaciones de Jorge Alberto Pérez, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, al material titulado “Las mexiquenses, bajo el ‘chantaje rosa’”, publicado en la edición 2158 de Proceso y suscrito por una servidora.
A lo largo del texto se esgrimen elementos que sustentan el tinte electoral del programa Salario Rosa. El trabajo recaba la queja entablada por Morena ante el INE y la advertencia de la representación del PRD ante el IEEM en el sentido de que es necesario cotejar los padrones de beneficiarias con los del PRI. Además, también se expone la solicitud del diputado local Víctor Bautista para que se aclare su operación.
A estas inquietudes se suma la entrega masiva de los beneficios, pese a la prohibición en una tesis jurisprudencial de la Sala Superior del TEPJF, como lo refirió Morena; su amplia promoción, la cual no se explica si el alcance es limitado a 111 mil beneficiarias; el apogeo del programa en la víspera de la contienda, pese a que podría ser operado sin complicaciones después de la jornada electoral; así como el hecho de que fue una de las principales ofertas de campaña del gobernador en turno y el énfasis, durante los eventos de distribución, en el cumplimiento de la promesa.
Aunque afirma que para efectos de enrolamiento de las beneficiarias se toman como válidos otros documentos establecidos por ley y distintos a la credencial de elector, lo cierto es que éstas alternativas –por omisión o dolo– nunca se mencionan en las reglas de operación.
En su carta justifica “que las beneficiarias mexiquenses del Salario Rosa carecen” de los otros documentos de identificación “por su escasez de recursos”, lo que no necesariamente aplica, por ejemplo, en el caso de la “identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida por el gobierno federal, estatal, municipal o del Distrito Federal”.
Cierto es que el apoyo económico ofertado a las beneficiarias se complementa con otros en especie, pero el objetivo general de las reglas de operación enfatiza como eje del programa los dos mil 400 pesos bimestrales, cuando plantea “disminuir la condición de pobreza extrema o de vulnerabilidad (…) mediante la entrega de apoyos monetarios, a través de transferencias”. Esa es la principal característica del programa difundido desde la campaña, a tal grado que por eso se llama “Salario rosa”.
Usted insiste en la intención de “empoderar” a las mujeres a través de este mecanismo, lo que resulta loable. Sin embargo, si los recursos fluyen una sola ocasión, como también está previsto en las reglas de operación, difícilmente dos mil 400 pesos serán suficientes para “conceder poder” –según el uso del término en sociología política– a este sector y mejorar sus condiciones de vida.
En caso de que la beneficiaria realice un esfuerzo, no use el Salario rosa para atender su demanda inmediata de alimentación o traslado –se antoja complicado si hablamos de mujeres con tres carencias sociales– y lo ahorre para costear la materia prima y/o herramientas para el autoempleo, un apoyo bimestral es insuficiente para el arranque.
Si bien el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoce que la autonomía financiera reduce el riesgo de sufrir violencia, medio salario mínimo es insuficiente para hablar de independencia económica, sobre todo cuando se tienen hijos.
La ayuda psicológica ofertada como parte del programa ya existía mediante la Línea 01 800 Sin Violencia, y vía las Unidades de Atención para Mujeres, sus Hijos e Hijas en Situación de Violencia. Para acceder a esa atención no se requiere ser beneficiaria.
La asesoría legal que lo complementa tampoco es novedosa. En teoría, no se requiere la tarjeta rosa para solicitar este apoyo al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social ni en los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, a menos que a partir del programa se priorice a unas y se descuide a otras. En todo caso, acerca la información y el servicio a las asalariadas.
La nota no cuestiona los presupuestos asignados al programa, muestra el aumento de un año al otro y lo contrasta con los recursos asignados para atender otra problemática que afecta a las mujeres mexiquenses y requiere una solución tan urgente, pero de mayor envergadura: los asesinatos de género. Es incongruente abanderar la protección integral de las mujeres, si no se garantiza antes su integridad física y el acceso a la justicia.
Atentamente:
Veneranda Mendoza
