Del vocero de Hacienda
Señor director:
En referencia al artículo principal de este semanario fechado el 11 de marzo (edición 2158), con el título “Videgaray y Meade, copartícipes de una multimillonaria estratagema electoral”, me permito subrayarle que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lleva a cabo la programación, presupuestación y ejecución del gasto público en estricto apego al principio de imparcialidad, previsto en el artículo 134 constitucional, por lo que no atiende, en ningún momento, a situaciones electorales ni está sujeta a partido u organización política alguna.
Las transferencias de recursos a las entidades federativas –participaciones y aportaciones– se realizan de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. Dichas transferencias son vigiladas constantemente por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, integrada por los secretarios de finanzas de los estados.
Los apoyos adicionales que se otorgan a todas las entidades federativas, previa firma de convenio, son un mecanismo que atiende a las solicitudes que las mismas ingresan para atender sus necesidades de fortalecimiento financiero. Los convenios establecen las disposiciones que deben observar las entidades federativas para el ejercicio, transparencia y rendición de cuentas de los subsidios otorgados, con base en lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. Estos recursos son auditados y fiscalizados por las instancias establecidas en nuestro marco legal.
Este tipo de transferencias tienen un fundamento económico y presupuestario que data desde principios de la década de los 90, donde el gobierno federal instrumentó diversos mecanismos de coordinación intergubernamental destinados a coadyuvar, en el marco del federalismo hacendario, al fortalecimiento de las haciendas locales.
La información de dichos apoyos es pública, al igual que los demás fondos del Ramo General 23, y se encuentra en el Portal de Transparencia Presupuestaria. https://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#MapasRamo23
Por último, le reitero que todas las operaciones de la SHCP se realizan con estricto apego al marco normativo y atendiendo de manera responsable las finanzas públicas del país.
Atentamente:
Alejandro Rodríguez Cortés, titular
de la Unidad de Comunicación Social
y Vocero de la SHCP
Respuesta del reportero
Señor director:
Me sorprende que la Secretaría de Hacienda mande una carta aclaratoria en la que no aclara ni desmiente nada del texto que pretende criticar. Carta que, estoy totalmente seguro, no redactó Alejandro Rodríguez Cortés, que es muy apreciado y respetado entre los reporteros que cubrimos la fuente de economía y finanzas.
Entonces me dirijo al o a los funcionarios que se esconden bajo la firma del titular de la Unidad de Comunicación Social y Vocero de la SHCP.
En primer lugar, la carta de Hacienda no pone en duda la veracidad de los datos publicados: que los mil 481 millones de pesos incluidos en el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FFF) del Ramo 23, para 2016, fueron inflados por la SHCP hasta 62 mil 258 millones de pesos, y distribuidos entre las distintas entidades federativas sin ningún criterio aprobado por la Cámara de Diputados; tampoco, que los 3 mil 243 millones de pesos aprobados para 2017 se convirtieron, a su vez, en 55 mil 461 millones de pesos, que también fueron distribuidos sin ningún criterio conocido.
En segundo lugar, hace referencia a la Ley de Coordinación Fiscal, la cual no regula las transferencias ubicadas en el Ramo 23. Respecto a “los apoyos adicionales” que se otorgan a las entidades federativas, sólo señala que requieren la firma de un convenio, señalando como fundamento legal lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Sin embargo, en el reportaje publicado se pone en duda esa base legal, cuestionamiento que no se objeta en la carta, cosa que me sorprende aún más, porque el hoy titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, fue jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y subsecretario de Ingresos, ambos cargos en la misma dependencia en la administración de Felipe Calderón.
En tercer lugar, en la carta se afirma que “este tipo de transferencias tienen un fundamento económico y presupuestario que data desde principios de la década de los 90”, sin señalar, de manera explícita, ningún fundamento legal.
En conclusión, la carta no responde a ninguno de los señalamientos respecto a la forma como la SHCP infla de manera exponencial el monto de recursos aprobado por los Diputados para el FFF del Ramo 23 ni –lo más preocupante– la manera discrecional en que distribuye esos fondos entre las distintas entidades federativas. Ni un comentario a la mayor preocupación planteada en mi texto, que es –de acuerdo con el análisis del doctor Juan Moreno Pérez– la existencia de monto de recursos por 2 mil 537 millones de pesos aprobados en el FFF del Ramo 23 para el presente año electoral de 2018, los cuales, tomando como base lo sucedido, y no desmentido, en 2016 y en 2017, puede resultar inflado por la SHCP hasta 50 o 100 mil millones de pesos, y distribuido de manera discrecional utilizando criterios electorales.
Atentamente:
Carlos Acosta Córdova
