El exgobernador de Chihuahua César Duarte prácticamente “le entró a todo” en la corrupción política durante su administración: creó una unión ganadera, por medio de su esposa se volvió accionista del Banco Unión Progreso, compró decenas de ranchos “por las buenas y por las malas”, creó compañías farmacéuticas que ganaron licitaciones y hasta su hijo se convirtió en socio de una constructora con obras públicas en Quintana Roo.
Su herencia fue “un manejo desordenado de la administración pública y una corrupción manifiesta”, sostiene Arturo Fuentes Vélez, el responsable de investigar el desorden financiero que dejó el priista Duarte, en particular el escandaloso caso del Banco Unión Progreso.
Fuentes Vélez, secretario de Finanzas en el gobierno del panista Javier Corral, advierte: “Esas irregularidades se realizaron con el consentimiento de la Secretaría de Hacienda y de autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que dirigió Jaime González Aguadé, actual ‘coordinador empresarial`’ en el equipo de campaña de José Antonio Meade”.
Desde que Corral asumió el poder en Chihuahua, en 2016, canceló todas las cuentas con ese banco, creado en Ciudad Delicias, que llegó a tener más de 4 mil 500 socios y a finales de 2017 apenas tenía mil 500, dice Fuentes Vélez a Proceso.
El miércoles 14, la Procuraduría General de la República (PGR) dio “carpetazo” al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal contra Duarte, prófugo desde el año pasado, precisamente por el caso del Banco Progreso.
La PGR notificó el “no ejercicio de la acción penal” al líder de la Unión Ciudadana de Chihuahua, Jaime García Chávez, quien interpuso desde septiembre de 2014 la primera denuncia penal contra el entonces mandatario priista y Jaime Herrera, quien se desempañaba como secretario de Hacienda en la entidad, por el presunto desvío de millones de pesos del erario para este banco.
Tras conocerse la resolución de la PGR, Corral anunció que interpondrá un amparo y subrayó que las investigaciones de la Fiscalía General del Estado han demostrado que existió fraude bancario y lavado de dinero de su antecesor, quien continúa prófugo.
Corral afirmó que la decisión de la PGR tiene “sorprendida e indignada” a la ciudadanía de Chihuahua porque “todos saben de la riqueza desmedida del exgobernador”, a quien le han asegurado 21 propiedades, 17 de las cuales son ranchos y otras cuatro bienes, uno de ellos de 30 mil hectáreas, más grande que el territorio de la capital chihuahuense.
En franca crítica a la PGR, Corral declaró que la unidad que investigaba la denuncia, presentada desde hace tres años y medio contra Duarte, “fue a tratar de justificarle posibilidades de ingreso, o fuentes de ingreso, para justificar que de su patrimonio podía hacer el depósito de 75 millones de pesos” que lo convirtió en propietario de 14% de las acciones de Banco Unión Progreso.
Complicidad de la CNBV
La demanda original de Jaime García Chávez dio origen a la averiguación previa PRG/UEAF/001/2014-19. El activista ciudadano documentó ante la PGR que hasta octubre de 2014 el gobierno de Duarte realizó depósitos por casi 80 mil millones de pesos en más de 350 transferencias, utilizando dinero público y de origen dudoso para impulsar tanto al Banco Progreso como a la Unión de Crédito Progreso, de donde eran socios el propio Duarte y Jaime Herrera Corral –quien fue director general de la unión de crédito en 2010 y en 2012 fue nombrado secretario de Finanzas del gobierno de Chihuahua–, sin renunciar a la sociedad financiera.
La documentación entregada a la PGR incluyó la creación del fideicomiso número 74474, abierto en 2012 por Duarte, con dos años al frente del Ejecutivo estatal, y por su esposa Bertha Olga Gómez-Fong, con un fondo de 65 millones de pesos provenientes del presunto desvío de fondos públicos.
En el acta de ese fideicomiso aparecen tanto Duarte como su esposa, cuyo propósito fundamental era realizar “aportaciones para futuros aumentos de capital y, en el futuro, adquirir derivados de dichas aportaciones, las acciones del banco que integrarán el patrimonio del presente fideicomiso”.
El “banco” significaba “la institución de banca múltiple que se pretende crear y operar como resultado de la reestructura a denominarse Banco Progreso Chihuahua S.A. de C. V., institución de banca múltiple”, según el acta del mismo fideicomiso.
A menos de dos años de esa operación de Duarte y su esposa, en marzo de 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), encabezada por González Aguadé, autorizó la creación del Banco Unión Progreso, producto de la fusión de la casa de cambio Unica, de la Unión de Crédito Progreso y de la sociedad financiera popular (Sofipo) Akala, que para entonces tenía 4 mil 500 socios y una participación del 4.48% del mercado como proporción de sus activos.
Según el comunicado de la CNBV, Banco Unión Progreso serviría para atender “las necesidades de los segmentos de Mipymes (Micro, Pequeñas y Mediana Empresas), industria agroalimentaria, personas físicas e instituciones financieras no bancarias, a través de la oferta de diversos productos y servicios de crédito, captación y divisas”.
González Aguadé, exresponsable de la supervisión del sistema bancario y financiero del país, renunció el 17 de diciembre de 2017 a la CNBV para integrarse al equipo de campaña de José Antonio Meade como responsable de la coordinación empresarial.
González Aguadé autorizó la creación del Banco Progreso a pesar de que en 2013 la propia CNBV multó a la unión de crédito con 11.6 millones de pesos por irregularidades graves, como realizar operaciones con personas físicas que no contaban con actividad empresarial, por recibir préstamos de personas que no eran socios y por “maquillar” como cartera vigente lo que era cartera vencida.
En marzo de 2015, el propio González Aguadé afirmó en entrevistas de prensa que no habían encontrado irregularidades en la constitución del banco, e incluso ignoró la alerta de la calificadora Moody’s, que en 2014 advirtió que en el futuro banco existían conflictos de interés por la participación de funcionarios del gobierno de Chihuahua como accionistas.
Según la PGR, no encontraron elementos para procesar a Duarte por los delitos de defraudación bancaria que le permitieron adquirir el 15% del banco.
El demandante Jaime García Chávez tiene aún 15 días hábiles para manifestar alguna inconformidad. El abogado y activista ciudadano declaró que “este es el presagio, es el antecedente, el paso previo a decretar la impunidad de César Duarte y Jaime Herrera. No pensamos que el procurador vaya a decir algo diferente”.
Consideró asimismo que existe contubernio entre las altas esferas de poder en México, pues “hay algo muy fuerte entre Peña Nieto, Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones y César Duarte, que se le protege a lo máximo que se puede”.
En su blog y en mensajes que circulan en las redes sociales García Chávez sentencia: “El gobierno federal está sujeto al chantaje de César Duarte”.
Y añade: “Otro beneficiario sería Herrera Corral, quien inexplicablemente goza de libertad y vive tranquilamente en la ciudad de Delicias, como si no hubiera cometido incalificables traiciones y delitos contra el patrimonio de los chihuahuenses”.
Los otros delitos
A pesar de este “carpetazo”, la PGR mantiene la investigación contra César Duarte por 11 causas penales y sigue vigente la ficha roja emitida el 31 de marzo de 2017 para la localización del exmandatario, quien presuntamente se encuentra en Estados Unidos.
Sobre él existen ocho peticiones formales de extradición, solicitadas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, una de ellas por presuntos delitos electorales cometidos por el priista, el único de los exgobernadores que abandonaron el poder en 2016 y que está siendo investigado.
El gobierno de Corral emprendió una intensa investigación en contra de Duarte y la red de colaboradores suyos por desvío de recursos públicos. Esta investigación generó desde el 15 de diciembre de 2017 fuertes tensiones con el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el PRI y, en especial, con la Secretaría de Hacienda.
En esa fecha fue detenido Alejandro Gutiérrez, exoperador de la dirigencia nacional del PRI, señalado como uno de los responsables del desvío de 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda a las campañas priistas.
Otra de las graves irregularidades del gobierno de Duarte es el desaseado manejo de la deuda pública de Chihuahua, que incrementó 210% en su administración (pasó de 12 mil 457 millones a 42 mil 176 millones de pesos) y la polémica “bursatilización” de un excedente de 6 mil millones de pesos por ingresos del Fideicomiso Carretero, vigente hasta 2038, pero que comprometen los recursos de futuras administraciones.
En su última maniobra como mandatario, con el aval de la mayoría priista en el Congreso local, Duarte benefició a bancos como Interacciones, Inbursa, Multiva y Banorte, según los propios reportes del Fideicomiso Carretero.
