La Fiscalía General de Chihuahua consiguió reconstruir minuto por minuto el artero asesinato de la periodista Miroslava Breach, perpetrado el 23 de marzo del año pasado. Sin embargo, la familia de la víctima lucha para que no sólo se castigue a los autores materiales, ya que especialistas de la fiscalía estatal admiten que los sicarios no pudieron tomar por sí mismos la decisión de cometer el crimen. Mientras tanto, las autoridades estatales y federales pugnan por quedarse con la investigación y los jefes del grupo delictivo Los Salazares siguen controlando el narcotráfico e imponiendo a las autoridades de la región de la Sierra Tarahumara.
Son las 6:48 de la mañana del jueves 23 de marzo. El jefe de sicarios realiza la cuarta llamada desde el celular 614 456 0634. La periodista Miroslava Breach Velducea sale de reversa en su camioneta roja para llevar a su hijo a la escuela. Un sujeto que empuña una pistola acelera la zancada. Uno-dos-tres disparos al parabrisas. Uno-dos-tres balazos frontales a la víctima. Uno-dos tiros desde la ventanilla izquierda: siete proyectiles impactan la cabeza, una mano, el corazón, el cuerpo de Miroslava.
A las 6:49 con 52 centésimas de segundo, otro cómplice le confirma al jefe de sicarios, quien trae un móvil con lada de Navojoa, Sonora: la orden ha sido cumplida.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua estableció minuto por minuto la coordinación de tres asesinos materiales, a partir de una amplia investigación basada en evidencias, testimonios y el análisis de 53 llamadas a celulares realizadas entre los criminales desde las 6:20:07 horas del jueves 23 hasta las 20:55 del día siguiente.
Para el fiscal Augusto César Peniche Espejel y el gobernador Javier Corral el caso está prácticamente resuelto: fueron sólo tres los ejecutores. Ni un minuto de cientos de horas de audios y videos, ni una palabra de los 35 testimonios, nada entre miles de cuartillas con declaraciones y evidencias, incluidas las investigaciones periodísticas de quien fuera 20 años corresponsal de La Jornada, han permitido al fiscal detectar indicios de la posible autoría intelectual de capos mayores del narcotráfico en la región. Tampoco encuentra responsabilidad de exalcaldes, jefes policiacos, funcionarios municipales, ni de políticos priistas o panistas, entre ellos los que grabaron llamadas telefónicas a Breach para entregarla al grupo criminal Los Salazares, como lo admitieron en sus declaraciones el vocero estatal del PAN, Alfredo Piñera Guevara, y el expresidente municipal de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz.
En cuanto al fiscal, vale recordar la última columna de Breach (“Don Mirone”, 22 de marzo de 2017), en víspera de su muerte:
“El ahora fiscal Peniche también tuvo una responsabilidad directa en el empoderamiento de esos grupos criminales. Él fue delegado de la PGR, ni más ni menos; y como tal, necesariamente tendría que haber tenido conocimiento del mapa de la delincuencia organizada en la entidad.”
Entre noviembre de 2010 y agosto de 2015, en el sexenio de César Duarte, Peniche ocupó ese puesto estratégico.
Contra la atracción del caso
A punto de cumplirse el primer aniversario del homicidio, la Procuraduría General de la República (PGR) prepara la atracción del caso Breach a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE)
Un sicario está muerto, el autor intelectual ya fue capturado y “sólo nos queda una orden de aprehensión por ejecutar”, dijo Javier Corral durante su primer informe de Gobierno en febrero pasado.
Además, ponderó el “intenso y efectivo trabajo de investigación, de despliegue policial, de trabajo pericial y de análisis de información realizado por más de 50 especialistas en diferentes rubros”, pues concluyó: “en menos de 60 días logramos identificar a tres sujetos que participaron en la planeación, organización y ejecución de ese cobarde crimen”.
En cambio, la PGR considera necesario ahondar en la investigación.
Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la FEADLE, se reunió en Chihuahua con los hermanos Breach Velducea a principios de marzo, a fin de notificarles que se ejercerá la atracción del caso. “No queremos que se enteren por los medios”, les dijo, y se dijo convencido de que se requiere profundizar las líneas de investigación. En esa reunión participaron representantes de la asociación Propuesta Cívica, que otorga asesoría jurídica a los hermanos de Miroslava.
“Suponemos que eso significa que retomarán el móvil de la narcopolítica, que indagarán la presunta responsabilidad de criminales y políticos vinculados de algún modo al asesinato de mi hermana”, comentó Rosa María Breach tras enfatizar que su familia desea una investigación científica y que no se encubra a nadie.
–¿Confían en la PGR? ¿En la FGE? Con la pugna por el poder que ahora se desarrolla en México, ¿creen que usarían el caso Miroslava en una guerra sucia?
–No queremos que nos pongan en medio de sus pugnas. Tampoco permitiremos que manchen la memoria de Miroslava, quien siempre se distinguió por su trayectoria ética y profesional en el ejercicio del periodismo. Somos muy claros: sólo queremos justicia.
Rosa María recuerda que su familia ha tenido que librar una ardua lucha, que incluye solicitudes de amparo en tribunales federales, para que se reconozcan sus derechos como víctima indirecta y se le dé acceso a las investigaciones. “Invocamos un derecho consagrado en la Carta Magna, en tratados internacionales firmados por México; es un derecho elemental previsto en el Código procesal de nuestro país y en la Ley General de Víctimas, pero resultó difícil que nos lo reconocieran”.
En noviembre último, cuando Rosa María Breach ya había conseguido el amparo federal y sus hermanos seguían la misma senda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos empezó a intervenir en el caso. A partir de eso, el fiscal Peniche concertó una reunión y firmó un acuerdo para reconocerlos como víctimas indirectas. Hábilmente, pidió que la familia interpusiera un amparo ante la inminente determinación de la PGR de atraer el caso.
Ahora la familia Breach analiza con sus asesores si se desiste de ese amparo.
En entrevista con Proceso, el fiscal general expresa su rechazo a que la FEADLE atraiga el caso y su “preocupación” de que lo ponga “en riesgo” de quedar impune.
“Inmediatamente después de que sucedieron los hechos, ellos (el personal de la FEADLE) iniciaron también una carpeta de investigación. Nosotros le hemos solicitado a la propia PGR que nos provea de la información que pudiera existir en su carpeta de investigación para ver qué es de utilidad en esta etapa de juicio contra esta persona. No obstante, todavía no hemos tenido respuesta”, dice.
Según Peniche, la atracción sería contraproducente en este momento en el que la FGE tiene una persona detenida, los ministerios públicos de Chihuahua asignados al caso conocen bien la investigación y cuentan con 10 años en el sistema de juicios orales, en tanto que está próximo el enjuiciamiento de El Larry.
“Vemos con preocupación una determinación de esta magnitud (…) podría traer implícitos algunos riesgos o debilidades en la continuación de las etapas procesales, y así lo haremos valer nosotros en su momento, en cuanto se nos notifique formalmente una notificación del juez correspondiente”, puntualiza el fiscal.
Al preguntarle las razones por las que la PGR pretende atraer el caso, y si ello tiene que ver con la pugna de Javier Corral y la federación por la extradición de César Duarte y la detención del secretario adjunto del CEN del PRI, responde: “Resulta difícil comprender cómo, casi un año después, quieren atraer la investigación, cuando durante un año ellos tuvieron también una carpeta de la investigación”.
El muerto, el preso y el prófugo
Ramón Andrés Zavala Corral, el sicario de 25 años que descargó su arma sobre Miroslava, fue encontrado muerto en una brecha de Álamos, Sonora, el pasado 19 de diciembre. Fue silenciado una semana antes de que la Policía Federal (PF) aprehendiera a Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, en el poblado sonorense de Etchojoa.
El gobernador Corral dijo que ese operativo de la PF se derivó de las investigaciones de la FGE y contó con la colaboración estratégica del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Wilbert Jaciel Vega Villa, el tercero de los copartícipes en el asesinato de la periodista, sigue prófugo.
El secretario general de gobierno de Chihuahua, César Jáuregui Robles, confirmó que la investigación estatal señala al chinipense Vega Villa –también emparentado con Los Salazares y estudiante de licenciatura de motricidad humana en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua– como el conductor del auto Malibú gris en que se trasladó el asesino de la periodista.
Primero, Jáuregui Robles afirmó que Vega Villa fue detenido días después del crimen y rindió declaración, pero “como en su momento no se tenían pruebas suficientes, fue puesto en libertad, por lo que hoy es prófugo y no un testigo protegido”. Posteriormente el gobierno estatal trató de matizar.
En tanto, El Larry solicitó el 27 de febrero el amparo de la justicia federal contra el auto de formal prisión e impugnó la veracidad de los testigos que declararon contra él. Negó su participación en el asesinato de la periodista y argumentó que al menos cuatro testigos con identidad reservada se contradicen, además de que sus declaraciones deben anularse porque no contaban con un abogado cuando las emitieron.
Sin embargo, la FGE confía en la solidez de las pruebas que incriminan a Moreno Ochoa como organizador del homicidio. Además de los testimonios, existen evidencias técnicas y periciales que confirman que los tres implicados actuaron en la misma zona, en coordinación constante, y que estuvieron juntos antes y después del homicidio, del 22 al 26 de marzo, en la casa que tiene en Chihuahua la esposa del Larry, Cruz del Rosario Pérez Vega.
En esa vivienda de la calle Arroyo del Sacramento, del Fraccionamiento Balboa, fueron recibidos El Larry y sus acompañantes por su sobrina Anahí Ángela Villalobos Pérez, también originaria de Chínipas y agente de la Policía Procesal del Estado desde hace seis años. Ella vivía ahí entonces porque Pérez Vega, la esposa de Larry, es su tía materna, como declaró bajo el nombre de “Rubí” en su testimonio, sometido a investigación y acopio de pruebas periciales por la FGE.
La sobrina de Moreno Ochoa continúa en la corporación policiaca estatal.
A causa de los reportajes de Miroslava Breach y Patricia Mayorga publicados el 4 de marzo de 2016 en La Jornada y Proceso, respectivamente, el PRI se vio obligado a retirar candidaturas a los miembros de ese grupo delictivo. En Bachíniva quitó de la postulación para la alcaldía a Silvia Mariscal, suegra del capo Arturo Quintana, El 80; en Chínipas se frustró la aspiración de Juan Salazar Ochoa, sobrino del cabecilla de Los Salazares.
Sin embargo, los hermanos Adán y Crispín Salazar mantuvieron en la dirección de Seguridad Pública a otro de sus sobrinos, Martín Ramírez Medina, quien ocupa el cargo desde 2013.
Hugo Schultz, quien fuera presidente municipal de Chínipas entre 2013 y 2016, fue ubicado por Breach como “el mensajero del narco”. Sin embargo, el gobierno de Javier Corral lo nombró coordinador de Educación de la Región Serrana en la Dirección de Educación Básica de la Secretaría de Educación y Deporte, cargo que dejó recientemente.
Entre tanto, en Chínipas, el grupo criminal Los Salazares continúa imponiendo gobernantes. El Diario de Juárez publicó el pasado 7 de marzo que el PRI postuló como candidato a presidente municipal a Salomé Ramos Salmerón, cuñado del capo Jesús Alfredo Salazar.
Sigue la fiesta del narco
A las 7:10 de la mañana del viernes 24, un día después del asesinato de Miroslava, entró al celular de Jaciel Vega (614 128 8303) una llamada desde un teléfono con lada del Estado de México. La conversación del hombre que desde entonces está prófugo duró minuto y medio.
Ese día celebraba su cumpleaños Jesús Alfredo Salazar Ramírez El Muñeco, nacido en Chínipas en 1974, quien para muchos es el verdadero líder de Los Salazares y el principal lugarteniente del Cártel de Sinaloa durante el apogeo de Joaquín El Chapo Guzmán.
El patriarca de la familia es Adán Salazar Zamorano, quien formó la banda a principios de los años noventa y el próximo 14 de septiembre cumplirá 74 años. Está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2 de El Salto, Jalisco, desde febrero de 2011.
A su vez, El Muñeco está preso desde noviembre de 2012 en el Cefereso número 1 El Altiplano, en Almoloya, Estado de México. Sin embargo, a decir de algunos vecinos, en su cumpleaños se realiza una fiesta maratónica en Chínipas.
En gran jolgorio, con carreras de caballos, jaripeo, bailes y comilonas, las bandas norteñas cantan hasta el amanecer corridos dedicados a Jesús Alfredo en los que se reconoce su liderazgo en el grupo criminal que controla la siembra de mariguana y el trasiego de cocaína en vastas regiones de la Sierra Tarahumara y de Sonora. Uno de ellos dice:
Con orgullo porta en alto la bandera Salazar,/ es aliado al cártel del señor Chapito Guzmán./ ¿Quieren otro poco de información?, con gusto, ahorita les diré yo, / su nombre: Alfredo Salazar.
Y sigue:
Justiciero o El Pelos, como lo quieran llamar,/ también responde al Muñeco, otros así le han de apodar./ No importa, es la misma celebridad,/ el que lidera esa organización, les dicen la Gente Nueva,/ Alfredo Salazar nació para mandar.
Marzo de 2017 no fue excepción. Mientras Chihuahua lloraba la muerte de Miroslava, en Chínipas, su tierra natal, la fiesta se prolongó hasta el domingo 27. De ahí que se difundiera en varios medios que el asesinato de la periodista “fue un regalo del Larry a su jefe con motivo de su cumpleaños”.
Reporteros locales dicen que desde los pasillos de la FGE se difunde esa versión, lo que desalienta la continuidad de la investigación.
Sin embargo, especialistas en evaluación delictiva de la FGE señalan que en el organigrama de Los Salazares El Larry está por debajo de al menos ocho superiores, entre ellos Crispín Salazar Zamorano, hermano de don Adán, y del propio Jesús Alfredo, junto a sus otros hermanos y primos.
El bajo nivel de un jefe de sicarios como Moreno Ochoa hace imposible que tome decisiones importantes, como el asesinato de una periodista. Los especialistas estiman que sentencias de muerte como esa provienen de mandos más altos y que Larry probablemente sólo cumplió una orden, dispuesto a pagar el precio. (Con información de Marcela Turati.)
