Señor director:
Le agradeceré publicar en la revista Proceso la siguiente denuncia dirigida al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, y al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Respetables abogados:
Sigue la corrupción, la impunidad y las complicidades en las instituciones que ustedes representan y que son base del estado de derecho, la procuración de justicia y el respeto de los derechos humanos.
Ninguna de las dos instancias ha estado a la altura de los graves problemas que afronta nuestro país en materia de corrupción, que ha permeado en los tres niveles de gobierno.
Me refiero al problema que se ha denunciado desde 2008: la delincuencia organizada dentro de los 17 penales veracruzanos, en los que hay aproximadamente 22 mil internos, quienes son víctimas directas, y casi 80 mil personas (familiares), víctimas indirectas de la delincuencia organizada conformada por funcionarios de Veracruz y por células criminales solapadas y protegidas desde el más alto nivel del gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares.
La carpeta de investigación Fed/Ver/satux/0002513/2017 refiere probables hechos delictivos del fuero federal que involucran a Yunes Linares, a su secretario de Seguridad Pública, Jaime Ignacio Téllez Marié, al director general de Prevención y Reinserción Social, Raúl Platón del Cueto Morales; al encargado del Cereso de San Andrés Tuxtla, Jorge Luis Cruz Naranjo; al subdirector de Custodia y Vigilancia, Jesús Santos Urieta, y a custodios afines a la delincuencia organizada.
Aunque el Ministerio Público Federal Antonio Alejandro Cardiel Espinoza pretende dar un sesgo a los hechos denunciados, ya se interpuso una denuncia ante la Visitaduría General de la PGR para sancionar los probables hechos de corrupción del agente ministerial y para que la investigación sea atraída por la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada).
Respecto de los derechos humanos y de que la CNDH conoce a fondo este problema, la Tercera Visitaduría se deslindó del problema, no investigó y dio por cerrado el caso. Así están los derechos humanos, así se “protegen” en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Pedí una audiencia con su presidente –petición que fue interceptada por el visitador adjunto de apellido Severiano Morales– con fundamento en el artículo 8 constitucional. Se viola la Constitución al no concederme el derecho de audiencia.
La violencia que se vive en Veracruz muchas veces se origina desde sus cárceles. El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, debe investigar y no esperar a que Yunes Linares le solicite la “limpia” de la delincuencia organizada de los Ceresos del estado, porque nunca va a suceder, debido a la protección que el gobierno veracruzano brinda a estos grupos criminales.
Atentamente:
F. Luis Rodríguez Pérez, sociólogo
