BOGOTÁ.- Desde 1984, cuando el jefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, ofreció entregarse y ayudar a pagar la deuda externa a cambio de una rebaja de su sentencia, diferentes gobiernos de Colombia han estado abiertos a negociar con el narcotráfico para intentar frenar el delito y la violencia que genera.
Ahora mismo hay contactos entre abogados del Clan del Golfo, el mayor cártel colombiano en la actualidad, e intermediarios que tienen el aval del gobierno para propiciar el sometimiento a la justicia de unos 3 mil hombres de esa organización criminal, a cambio de una rebaja de penas.
“Estamos buscando la creación de un marco normativo para lograr ese propósito”, dice a Proceso el senador Iván Cepeda, quien ha sido facilitador del diálogo entre el gobierno y abogados del Clan del Golfo, el principal abastecedor de cocaína de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas.
A diferencia de México, donde el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, propuso explorar fórmulas para reducir la violencia en el país, incluso “decretar una amnistía” a narcotraficantes, en Colombia lo que se busca es que estos criminales se entreguen a la justicia y reciban, como retribución, sentencias menos drásticas.
El senador Cepeda señala que Colombia lleva más de 30 años en un proceso de violencia asociada al narcotráfico “y las estrategias con las que hemos enfrentado este asunto han fracasado estruendosamente”.
Entonces, agrega, “hay que ensayar otras fórmulas, otros mecanismos y otros modelos que no impliquen la impunidad ni la complicidad con estas organizaciones, pero que busquen caminos más eficaces para enfrentar este fenómeno”.
A lo largo de los años Colombia ha ido afinando su ordenamiento jurídico para propiciar el sometimiento de narcotraficantes. El Código Penal colombiano prevé rebajas de penas de hasta 50% para criminales que se entreguen y colaboren en las investigaciones.
Reducción de daños
En mayo de 1984 el expresidente Alfonso López Michelsen se reunió en el hotel Marriott de Panamá con Pablo Escobar y su socio, Jorge Luis Ochoa, quienes le ofrecieron la entrega de la cúpula del Cártel de Medellín a la justicia, la repatriación de sus capitales y pagar parte de la deuda externa a cambio de una rebaja de penas y que no los extraditaran a Estados Unidos.
Esa propuesta nunca prosperó por la gran indignación que había en el país por el homicidio del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido semanas antes. Pero siete años después, en 1991, Escobar y los hermanos Jorge Luis, Fabio y Juan David Ochoa se sometieron a la justicia tras una negociación con el gobierno.
El director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta, dice que las negociaciones con los narcotraficantes pueden servir para contener temporalmente la violencia asociada a ese delito, pero no aporta una solución de fondo.
“Estas negociaciones están dirigidas a la reducción de daños, a disminuir la violencia. Eso ocurrió en los noventa, cuando el Cártel de Medellín había desatado una guerra narcoterrorista contra el Estado y el gobierno negoció la entrega de Pablo Escobar”, asegura Zuleta.
Escobar se entregó a la justicia en junio de 1991 a cambio de ser recluido en una cárcel que él mismo mandó construir, de que no lo extraditaran a Estados Unidos y le rebajaran sustancialmente la sentencia. Él calculaba que pasaría ocho años en prisión.
Pero en julio de 1992 el gobierno descubrió que Escobar mantenía el control de su estructura criminal y había convertido la prisión en un centro de torturas y ejecuciones de sus enemigos. El capo huyó durante un operativo para trasladarlo y en diciembre de 1993 fue abatido por la policía.
En cambio sus socios, Jorge Luis y Juan David Ochoa, pagaron cinco años y seis meses de cárcel y al cumplir sus condenas salieron libres y con sus expedientes judiciales limpios. Se dedicaron a explotar sus fincas ganaderas.
Para Zuleta, esa negociación con la cúpula del Cártel de Medellín logró su objetivo, porque acabó con el fenómeno del narcoterrorismo y redujo la violencia, aunque tal disminución “fue temporal”.
El experto en políticas antidrogas dice a este semanario que, en el caso de México, la violencia que produce el narcotráfico es un mal mayor que ese delito en sí mismo, por su impacto en la población.
“Si uno lo mira desde esa perspectiva, lo que necesita México son mecanismos de reducción de la violencia. Y si las eventuales negociaciones con los narcotraficantes se plantean desde esa perspectiva, probablemente se produzcan resultados”, afirma Zuleta.
El problema en México, señala, es que las organizaciones del narcotráfico están cada vez más atomizadas “y eso hace muy compleja cualquier eventual negociación”.
Al referirse a la propuesta de López Obrador de evaluar la conveniencia de “decretar una amnistía” para narcotraficantes, el académico colombiano considera que sería mejor hablar de rebaja de penas, penas alternativas o mecanismos de justicia restaurativa, que orientan las sanciones a satisfacer los derechos de las víctimas.
En Colombia ningún funcionario ha planteado nunca en forma expresa otorgar amnistías a narcotraficantes. Todos los acercamientos gubernamentales con esos delincuentes han buscado facilitar su sometimiento a la justicia a cambio de beneficios judiciales.
Entre otras cosas, porque los delitos de lesa humanidad que suelen estar asociados con esa actividad criminal (como secuestro, tortura, violación y masacres) no son amnistiables, no pueden ser indultados y nunca prescriben, según el derecho internacional.
Sin embargo, el proceso de paz que desarrolló entre 2003 y 2006 el entonces presidente Álvaro Uribe con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia es considerado por organismos humanitarios como una “amnistía de facto” que benefició a unos 31 mil 500 combatientes de esa organización contrainsurgente.
El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Camilo González Posso, estima que sólo 630 paramilitares, 2% del total, quedaron sometidos a procesos penales y el resto fue “amnistiado en los hechos”.
“Otoniel”
Entre las prioridades legislativas del gobierno de Juan Manuel Santos para este año figura un proyecto de ley “para el Sometimiento de Integrantes de Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados”.
Esa iniciativa, que será presentada ante el Congreso bicameral en marzo próximo, busca el sometimiento del Clan del Golfo a la justicia.
En septiembre pasado el jefe de esa organización y el delincuente más buscado de Colombia, Dairo Antonio Úsuga David, Otoniel, divulgó un video en el que ofrece entregarse a la justicia a cambio de una “salida digna y voluntaria” para él y sus hombres.
Una abogada suya consultada por este semanario y quien pidió el anonimato, dice que las expectativas de los integrantes del Clan del Golfo son que sus penas no excedan 15 años y que las puedan cumplir en “cárceles agrícolas”, donde desarrollen actividades productivas.
El gobierno, hasta ahora, les ha ofrecido rebajas de penas que permitirían sentencias de hasta 30 años, pero la abogada plantea que “es muy difícil que alguien se entregue a la justicia para pasar 30 años en la cárcel”.
