El viceministro colombiano de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, sostiene que el gobierno de Juan Manuel Santos no hizo concesiones a la guerrilla, durante las conversaciones de paz, para que dejaran de fumigarse las plantaciones de coca, como afirma a Proceso el comisionado nacional de seguridad de México, Renato Sales Heredia. Por lo mismo, dice el entrevistado, es falso que a ello se deba la “inundación de cocaína” en México y otros países de la región. Y aclara que antes de las pláticas con las FARC, la Corte Constitucional de Colombia ya le había ordenado al gobierno suspender la aspersión de glifosato a los cultivos.
WASHINGTON.- El gobierno de Colombia rechaza los argumentos de que el aumento en la producción de cocaína se deba a presuntas concesiones que hubiera hecho a las FARC, como parte de los acuerdos de paz.
Según dijo a Proceso Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad de México, uno de los factores externos de la creciente violencia que afecta al país es una especie de “tsunami” de cocaína colombiana.
Eso, dijo el funcionario mexicano, es resultado de que el gobierno de Juan Manuel Santos aceptara una condición de las FARC para firmar los acuerdos de paz: “Que no se erradicarán ni fumigarán” los plantíos de coca en Colombia.
Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, de la administración de Santos, se apresura a negar esa versión: “Fueron dos sentencias de la Corte Constitucional de Colombia –el máximo órgano judicial–, en las cuales se le dan órdenes al gobierno de suspender la aspersión con glifosato, por los daños a la salud y los daños ambientales que se estaban evidenciando en los territorios y en las comunidades donde se estaba usando esa herramienta”.
Entrevistado vía telefónica por este semanario, Fernández de Soto explica que la orden constitucional emitida en 2015 no tiene relación con lo negociado con las FARC para la firma de la paz en 2016.
Y acota: “No es que haya sido una decisión de gobierno, tampoco es derivada de algún asunto relacionado con la negociación de paz que se estaba llevando a cabo en ese momento; había dos sentencias de la Corte Constitucional en ese sentido. El gobierno (de Santos) tenía la obligación de cumplir con esa disposición judicial.
Sales Heredia declaró: “Hay muchísima cocaína en el país (México), derivado de otro factor externo, de otro factor geopolítico que poco se ha comentado y que tiene que ver con la negociación de las FARC con el gobierno (de Santos).
“Una de las condiciones que pusieron las FARC para sentarse en la mesa con el gobierno y para combinar el proceso de paz fue que no se erradicará ni se fumigará la planta de coca. Eso implicó un ‘tsunami’ de coca en Latinoamérica; no sólo en México.”
El viceministro colombiano acepta el hecho de que en su país hay una creciente producción de cocaína por parte de los grupos criminales. Sin embargo, asegura que antes de que se instrumentara la orden constitucional contra la fumigación aérea, hubo incremento en los sembradíos de hoja de coca.
“La herramienta estaba perdiendo eficacia y eso se evidencia en la medida de que los cultivos de coca empezaron a trasladarse para, digamos, desviar el impacto de la aspersión. Los cultivos empezaron a emigrar hacia los parques nacionales, por ejemplo, a áreas protegidas en donde no se podía de ninguna manera fumigar con el glifosato”, puntualiza.
La siembra de hoja de coca en laderas de montañas o en los parques nacionales, de acuerdo con Fernández de Soto, imposibilitaba el acceso de avionetas y aviones de fumigación.
“Empezaron en áreas protegidas, en laderas de montañas, empezaron a sembrar en la frontera con Ecuador y Perú, donde se había llegado a un acuerdo con los dos países de no fumigar en la zona fronteriza para no afectar con el glifosato las comunidades de esos países”, matiza el viceministro.
El replanteamiento
Los productores de hoja de coca en Colombia, campesinos y narcotraficantes, también mezclaron cultivos de hoja de coca con cultivos lícitos. “En el sur del país –dice–, donde se encontraban cultivos extensos de palma africana, era muy difícil, prácticamente imposible, fumigar desde al aire sin afectar los cultivos lícitos, de modo que tenemos que adaptarnos a una nueva realidad; además de obedecer órdenes judiciales que se le estaban dando al gobierno por parte de las altas cortes”.
A raíz del impedimento judicial para las fumigaciones aéreas, el gobierno de Santos replanteó la lucha contra las drogas y el narcotráfico.
Uno de los nuevos objetivos –o por lo menos en los que se ha puesto énfasis– es el desmantelamiento de las estructuras financieras de los narcotraficantes y de la infraestructura de protección y producción que favorece a la interdicción e incautación de cocaína ya producida.
“Si seguíamos concentrando esfuerzos en el eslabón más débil de la cadena –los campesinos– o el cultivo –que era lo más fácil de reemplazar–, digamos que estábamos perdiendo la oportunidad para realmente impactar donde más duele a esas estructuras: sus finanzas, la producción y la comercialización con el tema de interdicción”, destaca el colaborador del presidente Santos.
En la valoración de 2015 sobre la siembra de hoja de coca, el gobierno de Santos concluyó que 60 o 70% de los cultivos estaban concentrado en 10 o 12 municipios.
“El problema de cultivos ya no estaba disperso en el territorio nacional, sino concentrado en unos territorios, principalmente en el nororiente, frontera con Venezuela. En el occidente, en la zona que llamamos Bajo Cauca, en la parte de Antioquia. También en el sur, en la frontera con Ecuador, principalmente en el municipio de Tumaco. Y en el suroriente, en la región selvática del Guaviare, donde hay cultivos”, cuenta el funcionario colombiano.
“En 2015 se incautaron 255 toneladas de cocaína, todo un récord; en 2016 aumentaron a 362 y en 2017 fueron 416. Se podría decir: a más cultivo, mayor potencial de producción; por lo tanto, están incautando más. Lo cierto es que los niveles que tenemos de cultivos en este momento son similares a los de 2007”, señala.
Sin embargo, los decomisos de cocaína que expone el gobierno de Santos reflejan incrementos notables de la droga –pese al cumplimiento de la orden de la Corte– y pueden interpretarse como evidencia de la sobreproducción de la famosa droga colombiana.
Según los datos proporcionados por el Ministerio de la Defensa, la superficie donde se cultiva la hoja de coca es de 146 mil hectáreas. En 2017 el gobierno colombiano destruyó 4 mil 300 laboratorios, centros de procesamiento o cristalizaderos.
El Clan del Golfo, la principal agrupación criminal dedicada al trasiego de cocaína, tiene nexos con sus contrapartes de Centroamérica y México; entre las mexicanas, el viceministro identifica a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación.
“En las operaciones sistemáticas que hemos emprendido contra ellos (el Clan del Golfo) –como la Operación Agamenón– les dimos de baja a su número dos, a su número tres; ahora están con toda voluntad de someterse a la justicia y entregarse a las autoridades para desmantelarse como organización criminal. Estamos en ese proceso”, subraya el entrevistado.
La cooperación internacional
El gobierno colombiano afirma que en 2017 neutralizaron a 3 mil 300 cabecillas y miembros de estructuras criminales del narcotráfico. En paralelo, Santos se trazó como meta erradicar forzosamente 50 mil de las 146 mil hectáreas dedicadas a la siembra de la hoja de coca; incluso sostiene que destruyó 52 mil 571 hectáreas.
En esas faenas participaron soldados, policías y grupos móviles de erradicadores, dice. Y presume: “No se había hecho una labor de erradicación forzosa manual de esta dimensión en décadas”.
–Se habla de que varios integrantes de las FARC rechazaron su reinserción social por medio de los acuerdos de paz y ahora se dedican a la producción de cocaína. ¿Es cierto? –se le pregunta al viceministro.
–Distintos grupos ilegales han tratado de copar espacios que dejaron las FARC, entre ellos el ELN (Ejército Nacional de Liberación). Hay grupos residuales de las FARC que no se acogieron a los acuerdos y están dedicados al narcotráfico, particularmente en el sur del país. Están plenamente identificados; son objetivos militares de alto valor y están siendo atacados con toda contundencia.
El gobierno de Colombia apela a la cooperación internacional para lograr el éxito en la lucha contra la producción y tráfico de drogas.
En este contexto y sin mencionar explícitamente lo señalado por el comisionado Sales Heredia, Fernández de Soto utiliza estadísticas del gobierno de Estados Unidos para exhibir fallas en la estrategia multilateral:
“El reporte de la DEA, emitido a finales del año pasado, da cuenta que en la frontera entre México y Estados Unidos lograron incautar alrededor de 10 toneladas de cocaína… Nosotros, con las capacidades que tenemos –nada comparables a las de Estados Unidos–, incautamos 416 toneladas el año pasado. ¿Quién debe estar haciendo un poco más de trabajo?”
Con base en informes de la Organización de las Naciones Unidas sobre la producción anual de cocaína, estimada en 700 u 800 toneladas, el gobierno de Santos se ufana de estar incautándose anualmente de más de la mitad de la droga elaborada.
–Hay informes de inteligencia en Estados Unidos según los cuales, en los últimos años, se detectó en Colombia mayor presencia de ciudadanos mexicanos relacionados con el Cártel de Sinaloa –se le comenta.
–No tengo comentarios al respecto. No quiero dar detalles de temas que no tengo presentes. Eso es un tema para hablarlo con la Cancillería, con las autoridades de migración y los órganos de inteligencia. Sólo digo: cualquier realidad que haya en ese sentido, corrobora la necesidad de que nuestros gobiernos trabajen más estrechamente.
–Se menciona que los narcotraficantes mexicanos han desarrollado una semilla de hoja de coca resistente a las fumigaciones –insiste el corresponsal.
–No quiero entrar en detalles. Las estructuras criminales que están detrás del narcotráfico están innovando, buscan una adaptación permanente para salirle al paso al avance y efectividad de las acciones del Estado contra ellos. Evolucionan en la forma de producir la cocaína, en las rutas de comercialización. Hoy en día, por ejemplo, no hay casi rutas aéreas ilegales de comercialización, de nuestro espacio aéreo.
“Prácticamente hemos logrado eliminar eso. Estamos viendo que (el trasiego) está más concentrado en lo marítimo y lo terrestre. Y ellos (los narcotraficantes) van adaptándose; no descarto que estén buscando también innovación y adaptándose en materia de cultivos, buscando mayor rendimiento o cosechas por año. Cosas de esa naturaleza.
–¿El Ministerio de Defensa de Colombia ha escuchado o tiene conocimiento de que hay mexicanos sembrando coca en Colombia?
–No voy a hacer comentarios al respecto. No quiero comprometerme con una afirmación en ese sentido.
